JNE señala que publicidad estatal queda prohibida desde este jueves tras convocatoria de Elecciones Generales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la publicidad estatal quedará prohibida desde este jueves 27 de marzo, tras la convocatoria de Elecciones Generales para el 12 de abril de 2026, que realizó en vísperas la presidenta Dina Boluarte.

Así lo precisó la especialista de Fiscalización del JNE, Liz Barrera, quien indicó que esta norma rige desde el día siguiente en que el decreto supremo de la convocatoria sea publicado en el diario oficial El Peruano, lo cual sucedió este miércoles.

“La norma establece que una vez que nos encontramos en periodo electoral, es decir, si hoy se ha publicado en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que convoca a estas elecciones generales, desde el día de mañana nos encontramos en periodo electoral y desde, mañana rigen todas estas restricciones”, sostuvo.

Excepciones

Barrera dijo también que dicha prohibición está establecida en la Ley Orgánica de Elecciones, salvo se justifique en determinados criterios sobre los cuales se debe dar cuenta al JNE.

Según señaló, solo es posible realizar publicidad estatal si se justifica una necesidad o utilidad pública y esta no debe contener elementos prohibidos como relacionarse a una organización política mediante nombres, símbolos o textos. Además, tampoco pueden contener elementos en los que se identifique a un funcionario.

“Debemos tener en consideración adicional que tenemos varios procesos electorales en curso, tenemos las elecciones municipales complementarias, tenemos la consulta popular de revocatoria que ya se encuentra en este momento convocada y se suma a estas elecciones generales”, dijo.

“Entonces toda aquella publicidad estatal que es de ámbito nacional, todas las entidades públicas a nivel nacional están en la obligación de cumplir la normativa electoral relacionada a publicidad estatal”, añadió.

Fiscalización y sanciones

Explicó también que desde el JNE monitorean y supervisan las redes sociales de las entidades, así como todas sus plataformas para verificar que se respete las disposiciones establecidas en el reglamento o que reporten la publicidad necesaria o soliciten su autorización.

Asimismo, dijo que habrá fiscalizadores en las provincias y distritos encargados de velar por el cumplimiento de estas restricciones. Respecto de las sanciones por posibles faltas, la funcionaria dijo que estas van desde las 30 a las 100 unidades impositivas tributarias.

Fiscal de la Nación inicia diligencias por el pedido de declaratoria de ilegalidad al partido de Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso el inicio de diligencias por el pedido de declaratoria de ilegalidad al partido Fuerza Popular debido a una presunta conducta antidemocrática.

Espinoza delegó estas funciones al fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel Cruzado, quien se encargará de este procedimiento para definir si esta agrupación política, liderada por Keiko Fujimori, es declarada ilegal o no.

Esta solicitud fue presentada por la ciudadana Beatriz Cano, quien fundamenta su pedido señalando que Fuerza Popular tuvo conducta antidemocrática en tres situaciones específicas: los casos ‘Cócteles’, ‘Mamanivideos’ y las alegaciones no probadas de fraude en las elecciones presidencialeas del 2021 cuando Fujimori Higuchi perdió en segunda vuelta frente a Pedro Castillo.

Las diligencias que realizará el fiscal Dante Pimentel serán las de recabar un informe detallado sobre el estado actual ambas investigaciones en las que están involucrados tanto Keiko como su hermano Kenji Fujimori, también deberán recopilar las declaraciones públicas y los posts en redes sociales que realizó la lideresa de Fuerza Popular argumentando fraude electoral en su contra.

PARTIDO DE CARLOS ÁLVAREZ EN LA MIRA

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también ha iniciado diligencias preliminares para un pedido de declaratoria de ilegalidad al partido País para Todos, en el que milita el cómico Carlos Álvarez.

El Área de Enriquecimiento Ilícitos y Denuncias Constitucionales acogió una denuncia interpuesta por Javier Sulca Cáceres, quien era militante de la desaparecida Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.).

Blindaje total: Jefe del gabinete protege al ministro del Interior, y no renunciará a la PCM

Defensa cerrada. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó al ministro del Interior, Julio Díaz, y aseguró que no se apartará de la PCM, pese a la controversia generada por la investigación fiscal contra el titular del Interior.

Adrianzén cuestionó que, a menos de 48 horas de haber asumido el cargo, ya se exija la salida del ministro del Interior. Señaló que Díaz Zulueta explicó ante el Consejo de Ministros las denuncias que han generado atención mediática y aseguró que está colaborando con la Fiscalía.

«En ninguno de los casos tiene condena y, presumo, que a la brevedad todo quedará aclarado. Su afirmación ante el Consejo de Ministros es que no tiene responsabilidad en ninguno de los procesos en su contra», sostuvo el premier en conferencia de prensa.

El premier también minimizó la anterior afiliación política de Díaz. «No veo por qué tendría que ser una limitación. En todo caso, el ministro ha informado en su declaración jurada de intereses sobre su permanencia en esos partidos. Es un hecho público. Actualmente, no tiene militancia en ninguna agrupación política», enfatizó.

Conferencia de prensa del ministro del Interior.

Sobre si el ministro del Interior cuenta con la confianza del gabinete, Adrianzén respondió tajante: «Sí, goza de ella. Tanto él como cualquiera de los ministros que me acompañan en este momento están bajo permanente observación. Lo que esperamos son acciones y resultados concretos. Eso es lo que se le ha exigido y confiamos en que, en breve plazo, entregue resultados».

Respecto a su propia continuidad en el cargo y a posibles discrepancias con la jefa de Estado por el nombramiento de algunos ministros, el premier fue categórico: «No me voy a alejar del premiarato y voy a permanecer al lado de la presidenta Boluarte hasta que ella disponga lo contrario».

SOLO ESTÁ INVESTIGADO

El Ministerio del Interior publicó esta mañana un comunicado en el que señala que Díaz no posee procesos judiciales y solo posee una investigación fiscal.

No se esperaba que el sucesor de Juan José Santiváñez tuviera denuncias en el Ministerio Público, para evitar que, como él, termine perdiendo tiempo en su defensa. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte ignoró las recomendaciones de los expertos y designó a Julio Díaz Zulueta como nuevo ministro del Interior.

El propio Díaz Zulueta confirmó en su declaración jurada —publicada en la web del Mininter— que enfrenta una investigación en curso por presunto delito de negociación incompatible.

Según especialistas como el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, el perfil ideal para ser sucesor de Juan José Santiváñez debía ser el de un experto en lucha contra la criminalidad, sin denuncias ni procesos judiciales, para no malgastar su gestión defendiéndose en la Fiscalía, como le ocurrió a su antecesor, censurado la semana pasada por el Congreso.

Desde el Parlamento, además, no descartan citarlo para que explique la denuncia que tiene en la Fiscalía.

De otro lado, el Ministerio del Interior (Mininter) ha publicado esta mañana un comunicado en el que señala que Díaz Zulueta «no posee procesos judiciales ni administrativos en su contra».

El documento, difundido en su cuenta de X, añade que «desde noviembre de 2023, no tiene afiliación con ningún partido político». Esto, luego de que se revelara que perteneció a los partidos Alianza Para el Progreso (APP) y PRIN.

El comunicado también indica que Díaz Zulueta «viene cumpliendo con la asignación de alimentos, de acuerdo a ley, por lo que no genera ninguna incompatibilidad, restricción legal y/o moral para ejercer un cargo público».

Como se recuerda, tras su nombramiento, se reveló que el ahora titular del Mininter fue demandado por alimentos hasta en tres oportunidades.

Esto significa que los procesos de alimentos del ministro del Interior son de naturaleza civil y no han llegado al fuero penal, por lo que no existe ninguna investigación judicial en su contra.

NO SE LE VIO EN CUARTO DE GUERRA

Por la tarde, no se le vio al ministro del Interior en el cuarto día de trabajo del Cuarto de Guerra, que analiza la inseguridad ciudadana en el país.

Esta es la imagen de la transmisión en vivo en la que no aparece sentado, en la mesa, junto a Dina Boluarte, el titular del Mininter.

Fiscalía inicia diligencias para declarar ilegal partido en el que milita Carlos Álvarez

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha iniciado diligencias preliminares para declarar ilegal el partido País para Todos en el que milita el cómico Carlos Álvarez, proceso que podría truncar su participación en las elecciones del 2026.

El Área de Enriquecimiento Ilícitos y Denuncias Constitucionales acogió una denuncia interpuesta por el antaurista Javier Sulca Cáceres, quien era militante de Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.).

A. N. T. A. U. R. O., como se sabe, fue declarado ilegal este año por la Corte Suprema por violar el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas y se dispuso su disolución al advertirse que su líder Antauro Humala tenía un plan de gobierno y discurso antidemocrático.

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Sulca Cáceres, quien fue condenado a 16 años de cárcel por su participación en el ‘Andahuaylazo’, busca que se aplique similar criterio con País para Todos por supuestas expresiones de Álvarez.

De acuerdo a la disposición fiscal a la que accedió Perú21, emitida el 19 de marzo último, lo que el denunciante pone en cuestión son discursos públicos brindados por el humorista.

«Habría manifestado que a los violadores menores de edad se le debe aplicar la pena de muerte, que se debe expulsar a los ciudadanos extranjeros, que no está de acuerdo con la Corte Interamericana de San José, que no está de acuerdo con que se indemnice a los terroristas y se mantenga a los presos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defiende a los terroristas y delincuentes, para luego terminar diciendo que se debe imponer la pena de muerte y amenaza con tomar la justicia por mano propia si las autoridades no hacen nada al respecto», se lee en el documento.

javier sulca caceres — Javier Sulca Cáceres.

La fiscal Espinoza fijó el 2 de abril próximo la diligencia para escuchar las manifestaciones de Álvarez que Sulca Cáceres presentó en un USB.

El Ministerio Público podría iniciar un proceso similar al que atravéso A. N. T. A. U. R. O. si encuentra evidencias suficientes y presentar una denuncia ante la Corte Suprema.

Nuevo ministro del Interior y Santiváñez son investigados por la Fiscalía por presunta negociación incompatible

Julio Diaz Zulueta juró al cargo de ministro del Interior ayer, lunes, en una ceremonia en Palacio de Gobierno, presidida por la presidenta de la república Dina Boluarte y en la que también estuvo presente Juan José Santiváñez, cuya renuncia como titular de esa cartera fue aceptada horas antes por la mandataria.

Como se recuerda, Santiváñez Antúnez fue censurado por el pleno del Congreso el útimo viernes, con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Ese día, la jefa de Estado anunció que designaría en el cargo «a otro ciudadano valiente como él para que enfrente no solo al crimen organizado […] sino también para ordenar como debe de ser (sic) un ministerio que estaba capturado por las fuerzas oscuras».

Antes de jurar como titular del Mininter, Diaz Zulueta se desempeñaba como viceministro de Seguridad Pública desde enero de 2024, cargo en el que fue designado durante la gestión ministerial de Víctor Torres Falcón. Al mes siguiente de asumir dicha función, el 18 de febrero, Juan José Santiváñez fue nombrado jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter. Ya en mayo de aquel año, Santiváñez Antúnez asumió como ministro del Interior, y mantuvo en su puesto viceministerial a Julio Diaz.

Cabe indicar que, en una ceremonia realizada ayer en la explanada del Mininter, Juan José Santiváñez dijo que asumía su salida de la cartera «con mucha serenidad porque la gestión se está continuando con un gran líder que nos ha acompañado y estamos hoy cediendo la posta».

A través de documentos públicos, RPP pudo conocer que la Fiscalía dispuso investigar preliminarmente a Julio Diaz, en calidad de viceministro, y a Juan José Santiváñez, en calidad de jefe de Gabinete de Asesores del Mininter, como presuntos autores del delito de negociación incompatible. La defensa legal de ambos será asumida por el Estado por un monto ascendente a S/200 000.

Vladimir Cerrón: Corte Suprema absuelve a exgobernador de Junín por caso “Aeródromo Wanka”

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, del delito de colusión agravada en el denominado caso Aeródromo Wanka.

La citada sala presidida por el juez supremo César San Martín revocó la sentencia que condenó al exgobernador regional de Junín Cerrón a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Asimismo, redujo la reparación civil de 800 mil soles a S/250 mil que deberá pagar junto a los otros implicados en el caso.

La Corte Suprema sostiene que si bien el proceso de adjudicación del “Aeródromo Wanka” tuvo una serie de irregularidades, entre ellas la falta de opinión del Ministerio de Economía, de experiencia del consorcio y de la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no existe base probatoria para señalar que se quiso defraudar al Estado.

El juez San Martín indicó que a pesar de ello se trató de un proceso que siguió sus propios pasos desde la legislación sobre inversión privada, “aunque incumpliendo, pero no se ocultó ni fue clandestino que fue lo que al final de cuentas lo que determinó la intervención de las autoridades nacionales y la anulación del contrato”.

La Corte Suprema indicó que la única prueba fehaciente es la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de Junín y el consorcio, pero que esto no sería suficiente para probar el delito del que se acusa a Vladimir Cerrón.

“La lógica defraudatoria plasmada en la sentencia de vista (segunda instancia) no tiene base probatoria sólida”, señaló.