Martín Vizcarra Cornejo, expresidente del Perú, exgobernador regional de Moquegua o “El Lagarto” para muchos, ha llegado a la recta final de sus sospechosas maniobras con dinero del Estado. Desde las nueve de la mañana, estará sentado en el banquillo de los acusados para enfrentar el juicio oral por actos de presunta corrupción.

El caso está vinculado al “Club de la Construcción” durante su gestión en Moquegua (2011-2014). Luego de más de cuatro años de investigación, el fiscal Germán Juárez Atoche le imputó finalmente la recepción de sobornos recibidos a cambio de adjudicar millonarios proyectos de infraestructura en la región.

Obrainsa, ICCGSA, Casa y otras empresas le habrían dado un total de 2.3 millones de soles, antes de lograr hacerse de las obras Hospital Regional de Moquegua y Lomas de Ilo.

El “Club de la Construcción” funcionaba como un cartel de constructoras que manipulaban licitaciones de obras públicas a nivel nacional. Las firmas que integraban este grupo se coordinaban para repartirse contratos, mientras sobornaban a funcionarios clave para asegurarse de obtener los proyectos más lucrativos.

En esta trama aparecen las cómplices por excelencia del caso Lava Jato en el Perú: Odebrecht y Graña y Montero, hoy rebautizadas como Novonor y Aenza, a fin de evitar que su imagen corporativa siga manchada. Pero en lo referente a Vizcarra, lo recopilado por Juárez Atoche toca a Obrainsa, ICCGSA y Casa.

En lo referente al Hospital Regional de Moquegua, varios colaboradores eficaces han delatado al “Lagarto” como solicitante de coimas por la adjudicación del respectivo contrato. La obra fue asignada al consorcio ICCGSA-Incot, y los informates aseguran que el exgobernador recibió aproximadamente 1,3 millones de soles (cerca de 350 mil dólares) en pagos ilegales.

Respecto al proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el modus operandi sería el mismo. En estos casos, es clave el testimonio de José Miguel Hernández, otrora mano derecha de Martín Vizcarra, tanto en el GORE como luego en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y finalmente encabezando el Poder Ejecutivo.

Mano derecha lo delata
El exministro de Desarrollo Agrario se declaró culpable de haber servido como intermediario entre la constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Vizcarra Cornejo por un supuesto soborno de S/ 1.3 millones.

Hernández, con código de colaborador 01-2020, admitió su delito, lo cual fue homologado. Con esta condena adelantada, deberá cumplir una pena privativa de libertad suspendida un año y con el pago de 150 mil soles de reparación civil. Además, fue suspendido por medio año para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público imputa al exgobernador de Moquegua haber hecho un pacto ilícito con Elard Tejeda Moscoso (directivo de Obrainsa), quien le habría girado dos cheques del BBVA en 2014.

Vizcarra habría enviado a su amigo Hernández a la CADE 2013 para reunirse con Rafael Granados (exgerente comercial de ICCGSA) a pedirle S/1.300.000.

A pesar de las numerosas evidencias y las declaraciones en su contra, el acusado ha negado rotundamente todas las acusaciones, insistiendo en que se trata de una “campaña de desprestigio”. No obstante, de confirmarse su participación en estos actos de corrupción, podría enfrentar penas severas por delitos de colusión y cohecho.

Pero no todas son malas noticias para el “Lagarto”. Si bien Juárez Atoche ha solicitado quince años por cohecho, no hizo lo mismo por colusión. Esto fue corregido por Margarita Salcedo, quien desde el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional le aclaró que, si Vizcarra se había puesto de acuerdo con por lo menos cinco personas, eso encajaba con el tipo penal de colusión.

“Si el otro delito de colusión que se encuentra en trámite se llegara a dar, serían 10 años más. En total serían 25 años, que se le estaría imponiendo al señor”, declaraba hace unas semanas el fiscal a Exitosa.

Cargo pendiente

A propósito, esta situación trae a colación la ubicuidad del Equipo Lava Jato, el cual ha tenido una especie de relación simbiótica con su ahora acusado. Juárez Atoche es fiscal provincial en este grupo especial, y su coordinador es Rafael Vela.

A fines del 2018, Martín Vizcarra era presidente de la República (había sucedido al renunciante Pedro Pablo Kucysnki, quien había cobrado dinero de Odebrecht), pero dejó sus obligaciones como jefe de Estado en Brasil, y regresó al  Perú para hacer gestiones a favor de Vela.

El coordinador del Equipo Lava Jato y su más mediático acompañante, José Pérez, acababan de ser removidos de sus puestos por el entonces titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry. Este último les había retirado la confianza porque se negaban a reunirse para darle transparencia a sus negociaciones con los brasileños, las cuales dieron paso a un acuerdo secreto de colaboración eficaz.

Este aparente favor (se repuso a ambos funcionarios) ahora se ve recompensado –voluntaria o involuntariamente- por un trámite en suspenso. Si bien Salcedo aprobó el inicio de juicio oral, fue removida de su cargo antes de que pudiera evaluar la acusación por colusión.

Es decir, la defensa legal de Vizcarra podría solicitar que el juicio por cohecho se suspenda, ya que por los mismos hechos en una figura penal adicional, no se le podría procesar. Esta decisión pendiente correspondería a Lolo Fernando Valdez Pimentel, flamante titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Nuevas demoras

La decisión original de Salcedo se dio a fines de junio, y días después, Ugaz Zegarra Abogados Asociados –estudio que defendía al “Lagarto” – anunciaba que se alejaba de la defensa técnica.

“Por razones de índole contractual, ponemos en conocimiento a su despacho que renunciamos al patrocinio del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el proceso penal que se le sigue, por lo que no deberá notificar documento alguno al domicilio procesal consignado y a la casilla electrónica señalada”, se indicó.

Esto no varió lo anunciado, de que este 28 de octubre empezaría la audiencia de juicio oral. Se ha fijado el inicio a las nueve de la mañana, hasta la una de la tarde como máximo. Esta diligencia se retomará el cuatro de noviembre, esta vez de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lo que se sabe es que el acusado de recepción de coimas ha solicitado al Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional (encargado de realizar el juicio) postergar todo, por un “contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso”. De acuerdo a su defensa, se estaría por vulnerar el principio “non bis in ídem” y del “principio de legalidad procesal penal”.