Durante conferencia de prensa y a un día del paro de transporte por extorsiones, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez anunció que la presidenta Dina Boluarte firmó la contrarreforma que transfiere a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad para investigar delitos. Asimismo, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, agregó que la norma será publicada el día de mañana en el diario El Peruano.
La ley impulsada inicialmente por la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa fue aprobada en primera votación por el fujicerrorismo, Alianza Para el Progreso y sus aliados. Siete días después fue ratificada en segunda votación con 80 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones, con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Bloque Magisterial y Renovación Popular.
Norma promulgada por el Ejecutivo va contra la Constitución
La reforma del Código Procesal no solo limita las facultades de la Fiscalía, sino que también va en contra del artículo 159 de la Constitución Política del Perú. De acuerdo con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la Policía no está preparada para asumir este tipo de funciones fiscales, debido a que no cuenta con la infraestructura para las diligencias, además de no contar con el personal capacitado. «Claramente, vulnera nuestras facultades constitucionales para dirigir la investigación del delito desde su inicio. El Poder Ejecutivo tendría el control de las investigaciones en esa etapa. Eso va en contra de la Constitución», dijo el representante del Ministerio Público.
¿Qué dice el artículo 159?
El mencionado artículo de la Constitución del Perú precisa que corresponde al Ministerio Público:
- Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
- Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
- Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
- Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policia Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
- Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
- Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
- Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
Ministerio Público se pronunció contra la contrarreforma
El 11 de septiembre, los fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y de los Fiscales Provinciales, coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas y de los Equipos Especiales del Ministerio Público, en representación de todos sus integrantes a nivel nacional, alertaron que la contrarreforma que busca modificar y limitar las funciones constitucionales de los fiscales, afecta el derecho a un debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las personas que acuden al sistema de justicia.
Asimismo, afirmaron que la mencionada reforma legislativa es inconstitucional, pues pretende trasladar a la PNP aquellas investigaciones vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios de alto nivel y poder público, afectando la objetividad. Es así que solicitaron a la presidenta Boluarte que, observe la mencionada reforma, acción que no realizó y terminó por oficializarla.
Luciano López: «Es complicado que PNP investigue a Dina Boluarte, su jefa suprema, por encubrimiento a Vladimir Cerrón»
Tras la aprobación del proyecto de ley que modifica el nuevo Código Procesal Penal y otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de liderar las investigaciones preliminares de delitos, el abogado constitucionalista Luciano López advirtió en una entrevista con La República sobre los riesgos de esta contrarreforma.
López también señaló que es poco probable que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de esta ley, dado que recientemente no ha rechazado otros proyectos impulsados desde el Congreso.
Además, el abogado subrayó que la reforma incluye un artículo que no tiene relación con la propuesta principal y cuyo objetivo sería restringir a los fiscales para que no puedan opinar sobre casos específicos, limitando así su capacidad de expresión.
«Todo esto nos muestra que, aparentemente, la Policía Nacional ha actuado por omisión en la búsqueda real y efectiva de este prófugo de la justicia. Si esta ley hubiera sido ya publicada en El Peruano y debidamente promulgada, como es una norma procesal, debería aplicarse de manera inmediata. Entonces, ¿la investigación incipiente la va a manejar la Policía Nacional en contra de su propia jefa suprema? Es complicado; ese es el problema que surge en esta situación», sostuvo.
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