A menos de dos años de realizarse las elecciones 2026, el parlamentario de Somos Perú, Luis Cordero Jon Tay, presentó un proyecto de ley para que sentenciados por corrupción puedan tentar la presidencia del Perú.
En el documento presentado por Jon Tay se precisa que las autoridades que fueron condenadas por ese delito también tendrán la oportunidad de llegar a la vicepresidencia.
¿BENEFICIO PARA ALBERTO FUJIMORI? Luego de conocerse que Alberto Fujimori postulará a la presidencia del Perú, se presume que la iniciativa legislativa del exintegrante de Fuerza Popular, busca ayudar al exmandatario.
Finalmente, en la propuesta de Luis Cordero Jon Tay asevera que las penas dictadas, tienen que ayudar a resocializar a los condenados y así poder postular a un cargo público.
El congresista de Avanza País, Edward Málaga, ha presentado una denuncia constitucional ante el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. La denuncia está dirigida contra el expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Salud Víctor Zamora, en relación con el caso de las pruebas rápidas de COVID-19.
En ese sentido, la mencionada acusación señala que las exautoridades habrían infringido varios artículos de la Constitución al «transgredir» los artículos del Código Penal referidos a los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio doloso, así como contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y genérica en agravio del Estado peruano.
Málaga Trillo señaló que por estas acciones que habrían realizado Vizcarra Corjeno y Zamora Mesía, se solicita a los congresistas de la República que aprueben la referida denuncia constitucional e inhabilitar de toda función pública por el plazo de 10 años y «procesamiento penal».
«A los referidos altos funcionarios se les denuncia constitucionalmente por haber infringido los artículos 2.1, 7, 9, 39 ,118.3 y 128 de la Constitución Política del Perú, y transgredir los artículos 106, 428 y 438 del Código Penal, referido a los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de homicidio doloso, y los delitos contra la fe pública, en su modalidad de Falsedad Ideológica y Genérica, respectivamente, en agravio del Estado y la Sociedad, por lo que solicitamos su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años y procesamiento penal», se lee en la carta enviada al presidente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional, Eduardo Salhuana.
Edward Málaga sostiene que nueva denuncia constitucional presentada contra Martín Vizcarra es por homicidio y falsedad ideológica
El parlamentario de Avanza País señala que, en comparación con las otras denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra, subrayó que esta acusación plantea una nueva tesis «jurídico-penal», ya que se han agregado las figuras de homicidio doloso, falsedad ideológica y genérica como imputaciones penales en el marco de la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de la Covid-19 de la ciudadanía.
Instó a sus colegas parlamentarias que esta nueva denuncia debe ser evaluada e investigada de manera profunda a través de este nuevo enfoque, ya que, a su consideración, contiene ‘los debidos sustentos técnicos y científicos pertinentes’.
«Respecto a otras denuncias constitucionales presentadas sobre hechos relacionados al manejo de la pandemia por parte del gobierno del expresidente Vizcarra, es necesario aclarar que la presente denuncia plantea una nueva tesis jurídico-penal, pues postula las figuras de homicidio doloso, falsedad ideológica y genérica como imputaciones penales, adicionalmente a los hechos de corrupción en el marco de la adquisición de pruebas rápidas, y que ocasionaron las denuncias constitucionales ya presentadas. Por ello, consideramos necesario se realice una investigación profunda bajo este nuevo enfoque, con los sustentos técnicos y científicos pertinentes», indica.
Denuncia constitucional deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Asimismo, el legislador solicitó al titular del Parlamento Nacional, Eduardo Salhuana, que la denuncia constitucional presentada este lunes 12 de agosto sea remitida hacia la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones para que el titular de dicha mesa de trabajo y los integrantes de la misma evalúen si esta acusación seguirá los procedimientos que establece el Congreso.
«Señor presidente, solicito se sirva tener por interpuesta la presente denuncia constitucional, tramitarla con arreglo a la ley y remitir en el acto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», indica el representante del grupo parlamentario de Avanza País.
En la audiencia del lunes 12 de agosto, en el marco del juicio por el caso Cócteles, Keiko Fujimori Higuchi, ex candidata presidencial de Fuerza Popular, enfatizó ser inocente respecto a los cargos penales que le imputa el fiscal José Domingo Pérez. A diferencia de su padre, Alberto Fujimori, quien solía declarar «soy inocente», Fujimori Higuchi reafirmó su postura sin utilizar la misma frase. El caso Cócteles investiga presuntos aportes ilegales en las campañas electorales de 2011 y 2016.
En una audiencia virtual que no fue trasmitida por Justicia TV, Fujimori Higuchi respondió «no acepto los cargos, ni la reparación civil» cuando la presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Juana Mercedes Caballero le preguntó si aceptaba reconocer los delitos y acogerse a la terminación anticipada del proceso sin someterse al juicio público.
Si, la líder de Fuerza Popular respondía afirmativamente, el tribunal procedía a dictar la sentencia sin esperar a desarrollar el juicio e imponerle una pena menor al mínimo establecido en el Código Penal. La respuesta negativa la somete a la continuación del juicio público.
Derecho a declarar
Los acusados de se reservaron el derecho de declarar en juicio
El fiscal José Domingo Pérez pide una pena total de 30 años y 10 meses de prisión efectiva para Keiko Fujimori,la sumatoria de 15 años y 5 meses por organización criminal, 11 años y 4 meses por lavado de activos, 6 años y 6 meses por obstrucción a la justicia, en concurso real de delitos. Además, 2 años y seis meses por el delito de falsa declaración, que no se suma a las anteriores.
La misma respuesta negativa dieron los demás acusados, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz Garfías, Jaime Yochiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman, Adriana Tarazona, Mark Vito Villanela, Efraín Goldenberg Schreiber, Ricardo Briceño y los abogados Arsenio Oré Guardia, Giulliana Loza, Edward Garcia, entre otros.
Fujimori Higuchi y la mayoría de los acusados se reservaron el derecho de declarar en el juicio, sea durante la presentación de pruebas o en su alegato final de defensa. Solo dos procesados aceptaron ser interrogados en las audiencias públicas. Uno de ellos, el empresario y ex presidente ejecutivo de la Confiep, Ricardo Briceño.
El abogado Arsenio Oré Guardia expresó su preocupación de que probablemente, dado su avanzada edad, no esté presente cuando el juicio termine. En total, hay cuatro acusados que sobrepasan los 80 años de vida y se calcula, por la cantidad de testigos y documentos presentados por la fiscalía y los abogados defensores, que este proceso se alargue de cinco a seis años de audiencias, y ellos no puedan estar en condiciones físicas de concluir el proceso.
La Fiscalía de la Nación decidió archivar la denuncia contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, por el presunto recorte de sueldo, debido a que no existen suficientes pruebas que sustenten la acusación.
Según la disposición de la Fiscalía, la investigación por el delito de concusión en agravio del Estado que se le seguía a la parlamentaria fue archivada, ya que no se logró sustentar que Acuña hubiera pedido parte del sueldo a dos de sus trabajadores para costear el salario de un tercero.
«No procede formular denuncia constitucional contra María Grimaneza Acuña Peralta (en su condición de congresista de la República), como presunta autora , del delito contra la administración pública – concusión, em agravio del Estado. En consecuencia, se ordena el archivo de todo lo actuado en el presente caso en todos sus extremos», se lee en el documento.
Como se recuerda, esta denuncia corresponde a abril de 2023, cuando el abogado Carlos Herrera reveló al programa periodístico Beto a Saber que su salario como coordinador de la oficina descentralizada de la congresista era pagado con el sueldo de otros dos trabajadores de Acuña Peralta: Vanessa Llontop y Jesús Casas Rubio.
Fiscalía inició diligencias contra congresista de APP en el 2023
El 09 de mayo del 2023, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en contra la congresista de APP y realizó las diligencias correspondientes en su despacho.
Ministerio Público informó de diligencias en el despacho de María Acuña.
Por su parte la parlamentaria negó las acusaciones en su contra y aseguró que colaboraría con las autoridades e investigaciones que se realicen.
“… me pongo a disposición de las autoridades, puesto que considero que toda denuncia debe ser investigada y corroborada de manera objetiva y en base a pruebas”, indicó en su comunicado.
Congreso también blindó a María Acuña por denuncia de recorte de sueldo
Cabe señalar que en febrero de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales blindó a María Acuña y decidió archivar la denuncia constitucional en su contra por este mismo caso. La decisión se tomó con 15 votos a favor, 1 voto en contra y 3 en abstención.
El 4 de diciembre del 2023 la Comisión de Ética Parlamentaria también archivó el caso por amplia mayoría, pese a que Carlos Herrera reafirmó su acusación ante los miembros de dicho grupo de trabajo.
Según la versión de Herrera, Jesús Casas Rubio y Vanessa Llontop – ambos del despacho de Acuña – le dijeron que ellos se encargaban de cubrir su sueldo de entre S/ 1000 y S/ 1500.
Sin embargo, estos testigos negaron las acusaciones hechas por Herrera. La situación se complicó más cuando la Comisión de Ética le solicitó las conversaciones que puedan acreditar su versión.
Ante esto, el abogado afirmó que no contaba con estos acuerdos, pues sufrió el robo de sus celulares, no obstante tampoco hizo la denuncia ante la Policía.
Al oír a Llontop y Casas desmentir su versión, Herrera dijo sentirse sorprendido y pidió que se le levante el secreto de las comunicaciones a fin que su denuncia sea corroborada.
El testigo y aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto fue ofrecido como testigo en el juicio que se sigue a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi y otras 39 personas por el caso Cócteles, en la audiencia que se desarrolló este 12 de agosto, sin presencia de público ni acceso a la prensa.
Por su parte, el fiscal José Domingo ofreció como prueba nueva otros seis testigos y 29 documentos. Entre los nuevos testigos ofrecidos por la fiscalía están Aldo Mariátegui, el ex presidente Martín Vizcarra, el ex fiscal suizo Stefan Lenz, Iván Manchego y Ángel Bautista.
Los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado realizará mañana, martes 13 de agosto, un debate sobre la necesidad y el aporte que pueden ofrecer estos nuevos testigos, a fin de decidir si son admitidos y escuchados en las audiencias públicas de presentación de pruebas de cargo y descargo.
El abogado de Fuerza Popular, Christian Salas ofreció el testimonio de Jaime Villanueva y le corresponderá sustentar los motivos por los cuales considera que los jueces deben escuchar lo que tenga que decir sobre los aportes de campaña y la organización del referido partido político.
El abogado Humberto Abanto ofreció una serie de documentos emitidos por las autoridades judiciales y fiscales de Brasil como prueba nueva. Otros abogados también presentaron diversa documentación.
Estas nuevas pruebas y documentos se agregan a los más de 1,700 testigos y más de cinco mil documentos, de la fiscalía y los acusados, ya admitidos al juicio durante la etapa de control de acusación. La sobreabundancia probatoria podría hacer que este juicio demore hasta cinco años, para que se dicte sentencia.
La congresista Susel Paredes comentó acerca de la candidatura presidencial de Alberto Fujimori y la pensión vitalicia otorgada a su favor por el Congreso. Al respecto, la legisladora sustentó que se trataría de una estrategia de parte de Fuerza Popular debido a que, hasta ahora, Keiko Fujimori no ha logrado salir victoriosa en las urnas.
«Como Keiko no gana nunca, necesita a Alberto acompañándola en la campaña del 2026. Entonces, ahora sí necesita a su papá porque ve que sin su papá no gana», expresó durante una entrevista.
En tanto, referente a la pensión vitalicia, indicó: «Fujimori es un delincuente condenado. (…) Para tener una pensión no debes de tener acusación y a él se le acusó y se ganó la acusación. En el Poder Judicial arrancan todas las condenas de este delincuentes (…) De manera que no le corresponde. Si lo lees, ves que esa resolución es nula por ilegal».
ENFOQUE REAL 