El fiscal integrante del caso Lava Jato del Ministerio Público, José Domingo Pérez, se refirió al juicio oral por el denominado caso cócteles que tiene como protagonista principal a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien es acusada de cometer los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, lavado de activos y organización criminal.
En ese sentido, el magistrado señaló que la expectativa de la Fiscalía era que el juicio contra Keiko Fujimori y otros 39 investigados sea instalado en los primeros días de julio, pretensión que fue aceptada por los jueces encargados de analizar el caso. Además, resaltó que los principales abogados defensores de los imputados «han aceptado los cargos que el Ministerio Público sostiene».
«La expectativa de la Fiscalía era que se instalara el juicio, pero, por otro lado, varios abogados y abogadas defensores solicitaban que no se instalara el juicio oral. En ese primer momento, creo que la Fiscalía logra que los jueces instalen el juzgamiento y, por lo tanto, es un aspecto favorable a la pretensión de la Fiscalía. Y el segundo momento que me parece muy importante es que las defensas, y sobre todo las principales defensas de los acusados y las acusadas, han aceptado que hay un hecho, han aceptado que los cargos que ha formulado la Fiscalía son ciertos», argumentó en entrevista con LP- Pasión por el Derecho.
«La Fiscalía no se equivocó», asegura fiscal José Domingo Pérez
Domingo Pérez aseguró que a lo largo de estos años, el Ministerio Público ha demostrado que ‘no se ha equivocado’ al señalar que personas vinculadas a Keiko Fujimori habrían recibido cuantiosas cantidades de dinero para las actividades del partido Fuerza Popular y que esta conjetura formulada por la Fiscalía ha sido ‘aceptada por los acusados durante las audiencias del juicio’ en el caso cócteles.
«La Fiscalía está demostrando que durante estos años, no se equivocó porque teníamos un caso en donde habíamos imputado que un grupo de personas lideradas por Keiko Fujimori estaban o habían recibido exorbitantes sumas de dinero para las actividades de Fuerza Popular y es finalmente lo que han aceptado los acusados en juicio. Entonces, en estos dos momentos, creo que la Fiscalía va ganando. ¿Qué es lo que viene? Es la parte seguida de aceptación o no formal de los cargos de los acusados y luego, si es que hay alguna aceptación, pasará la etapa o la fase de la conclusión anticipada», sostuvo.
Fiscal José Domingo Pérez señala que Fuerza Popular se ha instrumentalizado
«Fuerza Popular es un partido político en el cual se ha instalado una cúpula que instrumentaliza esta institución. Por lo tanto, hemos solicitado la disolución y liquidación a pesar de que se expidió una ley en el desarrollo de este proceso que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos e imposibilita que la decisión judicial en sentencia sea la disolución, tan solo podría ser la multa. Es por eso que el abogado defensor de Fuerza Popular no pide la exclusión procesal en este juzgamiento porque sabe que de ser culpables la sanción podría ser una multa si los jueces no hacen un control difuso de la aplicación de esta ley. Se puede disolver si los jueces consideran que esta ley beneficia solamente a los partidos políticos y que casualmente fue gestada por organizaciones políticas que están involucradas en procesos penales, podría inaplicar», enfatizó.
La congresista de Perú Libre, María Agüero, es señalada de recortar el 10 % del salario a sus trabajadores por el hecho de laborar en su depacho. Así lo informó el programa Punto Final.
Según el reportaje, la legisladora solicitó este dinero con ayuda de su chofer y hombre de confianza, César de la Cruz Canales. Los trabajadores del despacho congresal tenían que abonar el dinero en las cuentas de dicha persona.
«Ella me dijo que el partido (Perú Libre) tiene gastos, tiene logística y, por ende, teníamos que dar una especie de diezmo”, señala una extrabajadora de María Agüero, cuya identidad no fue revelada.
En el reportaje se hace mención a dos mujeres, Nataly Hérnandez Rojas y Lucette Mamani Fernández, quienes entregaban el 10 % de sus salarios. Aunque solo lo última continúa laborando con la parlamentaria y negó que diera aportes económicos.
César de la Cruz aclaró en el reportaje que ya no labora con la congresista Agüero y ante las consultas sobre las cantidades de dinero que entraban a su cuenta, señaló que en algún momento sus compañeros del despacho congresal le transfirieron dinero por préstamos que hacía.
Por su parte, la parlamentaria María Agüero negó las acusaciones cuando fue abordada por un reportero del programa dominical y aseveró que sus cuentas bancarias «son transparentes».
Los ‘Mochasueldos’
Con el caso de María Agüero se eleva a seis el número de parlamentarios señalados por recortar los salarios de sus trabajadores. Entre ellos están Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosio Torres Salinas y María Cordero Jon Tay.
En el caso de Cordero ella fue suspendida de sus labores como parlamentaria para que sea investigada por el Ministerio Público.
Víctor Torres Merino, amigo de Dina Boluarte y Nicanor Boluarte, confesó ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), cómo se realizaban las contrataciones dentro del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a favor de gente allegada al ámbito de la mandataria. Así lo reveló este domingo el programa ‘Punto Final’.
Según el reportaje, el mismo Merino entregó el pasado jueves su celular para que los fiscales revisen sus conversaciones por WhatsApp y Signal con Nicanor Boluarte, al que tenía guardado bajo el apelativo de ‘Silvestre’.
Víctor Torres ha proporcionado detalles ante las autoridades sobre la designación de Guido Flores como presidente del IPD, y cómo esta y otras decisiones fueron influenciadas por los hermanos Boluarte. Además, el colaborador eficaz ha revelado nombres de personas que recibieron contratos en la institución y otros programas estatales, como parte de una estrategia para «premiar» a quienes apoyaron la campaña de Dina Boluarte.
Entre las personas presuntamente beneficiadas en el reportaje se mencionan los nombres de Isabel Villegas Salazar, Fanny Huamán Huamán, Noemi Guerra Donato, Carlos Rivera Huaytalla, Andyela Negro Casimiro, Nataly Herrera Mendoza.
«Yo conversé con él (Guido Flores). Le dije: ‘La idea es que apoyes al gobierno y que estamos en un proyecto político, que estamos impulsando con Nicanor y necesitamos apoyes a la gente que apoyó en la campaña’, con locación de servicios. Y me dijo que ya», manifestó Torres ante Eficcop.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, señaló que los dichos de Torres deben ser corroborados y enfatizó que la versión acerca de entregar un currículo para favorecer un nombramiento es falso.
Posible prisión preventiva
El Poder Judicial postergó la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros para el próximo 21 de agosto a las 11:00 a. m. por el caso «Los waykis en la sombra».
A pedido de los abogados de los procesados para preparar su defensa, el juez Richard Concepción Carhuancho reprogramó la diligencia. En su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la institución precisó que la sesión judicial continuará el jueves 22 y viernes 23 de agosto.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder planteó el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), Mateo Castañeda (exabogado de la jefa del Estado), Jorge Luis Ortiz Marreros (extitular de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior), Jorge Chingay Salazar (amigo de Nicanor Boluarte), Noriel Chingay Salazar (exprefecto Regional de Cajamarca) y Zenovia Herrera Vásquez (exjefa del programa Qali Warma de la región de San Martín) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.
Según la Fiscalía, esta presunta red se dedicaba a designar prefectos y subprefectos a nivel nacional para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte.
El último viernes, el Congreso de la República promulgó la Ley 32107 que precisa la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, tras vencerse el plazo para que el Ejecutivo observara la normativa.
La ley establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
Al respecto, José Elice, exministro del Interior durante la presidencia de Francisco Sagasti, en diálogo con RPP, consideró que existió «un acuerdo» entre el Gobierno y el Parlamento para que entre en vigor esta norma.
«Es una facultad del Poder Ejecutivo o de la presidenta de la República promulgar o no una ley. El proceso de revisión de las leyes que aprueba el Congreso, dentro del Gobierno, es un proceso relativamente corto (…), son 15 días para promulgar u observar la ley, o no hacer nada para que el Congreso la promulgue. La promulgación indica el acuerdo del Gobierno con el Congreso sobre la necesidad de que esta ley entra en vigencia (…), o sea que sí hay un acuerdo entre ambos», indicó.
«Lo habrán analizado (…) dentro del Poder Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia, seguramente; y han dicho ‘bueno, sí, conviene que entre en vigencia esta ley, y ya está«, acotó.
«Frente al derecho internacional de derechos humanos, nos deja pésimo»
Elice señaló que el problema central de la promulgación de la norma es lo que revela sobre la actual posición del Perú frente al derecho internacional de los derechos humanos.
«Todos aquellos casos que se refieren a (estos) delitos cometidos antes de la fecha (julio del 2002) van a ser afectados, pero el problema con esta ley va más allá del texto normativo mismo que contiene (…) Es un tema, en principio, moral, y es un tema acerca de cómo queremos que sea nuestra relación con el derecho internacional y, en especial, con el derecho internacional de los derechos humanos», sostuvo.
«Entonces, el problema central es cuál es nuestra posición como peruanos frente al derecho internacional de los derechos humanos, que tiene un toda una estructura institucional y normativa que también es parte del ámbito institucional», agregó.
El exministro del Interior indicó que el derecho internacional de los derechos humanos tiene que ver «con la protección de aquello que debería ser más valioso para cada uno de nosotros y para la humanidad en general, que son aquel conjunto de derechos que protegen la vida, que protegen la integridad física, la dignidad de las personas, la libertad, y que lamentablemente, en diversos momentos de la historia universal, de la historia de nuestra región y de la historia de nuestro país, han sido violados de manera escandalosa».
«Moralmente (nos deja) muy mal, y frente al derecho internacional de los derechos humanos, pésimo (…) Es un tema moral, es un tema sobre cómo nos ubicamos frente al derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que nos hemos desubicado», resaltó.
«Controversia técnica en el ámbito del Derecho, continúa»
Por otro lado, Elice señaló que, con la promulgación de la norma, continuará la «controversia» en cuanto a la aplicación del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad en nuestro país, los cuales fueron suscritos por el Perú en los años 2002 y 2003, respectivamente.
«Esta convención entró en vigencia en 1968 y el Perú, en efecto, se adhiere a ella después, en el 2002. ¿Qué ocurre con esta adhesión? Que el Perú adhiere a la convención con una reserva; es decir, no dice ‘yo firmó la convención y que tenga vigencia plena en el país, en su integridad’, considerando que el artículo primero de la convención establece que se aplica a todos los delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el momento en que hayan ocurrido, y establece la imprescriptibilidad de estos delitos», explicó.
«Pero esa reserva se refiere a la aplicación del artículo 103 de la Constitución peruana que establece el principio de irretroactividad de las leyes que, en general, rigen desde el inicio de su vigencia para el futuro, salvo una excepción en materia penal que es cuando favorece al reo, lo que conocemos como irretroactividad benigna. O sea, se firmó con reserva y ese es todo un problema, hay todo un debate intenso en la doctrina penal sobre esto, no solamente en el Perú sino en el mundo», añadió.
En ese sentido, el extitular del Mininter resaltó que «desde el punto de vista técnico, el problema continúa».
«En la Convención Americana de los Derechos Humanos, exactamente artículo 9, si no me equivoco, se recoge el principio de irretroactividad, o sea que las disposiciones rigen para el futuro. A eso hay que añadir otro elemento más con relación al debate con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), con relación a la incidencia que tiene el SIDH en nuestra legislación. En la Constitución del 79, los tratados de derechos humanos tenían rango constitucional, desde la vigencia de la Constitución actual ya no, son parte del derecho nacional», remarcó.
«En un artículo de la Constitución, exactamente el que se refiere a la habilitación para presentar acciones de inconstitucionalidad, se dice que la acción de inconstitucionalidad se puede presentar contra las leyes y las normas con rango de ley, no con rango constitucional, y ahí están los tratados. Entonces, se le bajó la escala de gradación normativa del ordenamiento jurídico nacional», puntualizó.
El jueves 30 de abril de este año, hablando en nombre de la presidenta Dina Boluarte, su exabogado Mateo Castañeda ofreció al coronel PNP Harvey Colchado que lo ayudara a entorpecer el caso de los relojes Rolex contra la jefa de Estado. A cambio, Castañeda le garantizó a Colchado que la mandataria le perdonaría haber participado en el allanamiento de su residencia de Surquillo, el 30 de marzo de este año, y no le daría de baja en diciembre. Estos hechos fueron desmentidos por Castañeda y su defensa cuando los reveló a La República. Sin embargo, el coronel Colchado entregó los audios de sus reuniones con el abogado Mateo Castañeda, evidencia que el fiscal Carlos Ordaya ha incorporado en el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses para el letrado.
La grabación es legal porque el coronel Colchado la hizo como “agente encubierto” del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
“Ella (Boluarte) ya entendió”
También estuvo presente en la reunión del jueves 30 de abril el general PNP (r) Carlos Morán, quien, a solicitud de su abogado, Mateo Castañeda, buscó a Colchado. Morán y Colchado son grandes amigos. Dice la transcripción:
Castañeda: A ‘Bica’ (coronel PNP Walter Lozano, amigo de Colchado), le di un mensaje para ti, en el sentido de que podemos intercambiar figuritas. ¿Te dijo? Colchado: Me dijo que me iban a proteger, nada más. Castañeda: Yo le decía esto a ‘Bica’. Mira: ‘Dile a tu amigo que me consigna información del uno (el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena) (…).
Colchado: Ah, ya… Castañeda: Y de su adjunto (el fiscal supremo adjunto), el doctor Hernán Mendoza, que es del tema de los Rolex. Porque le hice comprender a ella (la presidenta Boluarte) (…) que él (Colchado) solamente ha obedecido una orden. ¿Quién consiguió la orden judicial? Es el fiscal. ¿Quién es tu enemigo? El fiscal de la Nación y el fiscal adjunto. Ellos son tus enemigos. Yo le dije a ‘Bica’, dile al amigo (Colchado) que intercambiemos figuritas’. Pues, si yo tengo algo de ahí, estaré en mejor posición. ¿Sabes cuál es la otra figurita? Lo de diciembre (los pases al retiro), seguro van a querer fregarte. Colchado: En diciembre son las invitaciones (al retiro).
Castañeda: Por eso, antes de eso, ¿cuándo hacen sus cuadros (de pases al retiro)?
Colchado: Noviembre para diciembre. Morán: A fines de octubre ya tienen todo ya.
Colchado: Entonces, ¿qué necesita? Castañeda: Información del FN (fiscal de la Nación) y de Mendoza. Colchado: ¿Lo que sea? ¿Laboral o personal? (…)
Castañeda: Sí, laboral, personal, lo que sea (…) Hay mucha ignorancia de cómo se mueve el mundo policial, fiscal, judicial. Y a ti te hacen ver con una reputación, o como una leyenda urbana, (así) te han construido, ¿no? Colchado: No saben que solo he ejecutado la medida (allanamiento). No he investigado nada. Castañeda: Eso es lo que yo le expliqué (a Dina Boluarte). Ella ya entendió. (…)”
El 15 de marzo, «Calín» (general PNP Carlos Morán) comunica a Colchado que la reunión con Castañeda será en el restaurante «Pescados» Capitales» y que la reserva está a nombre de «Mateo». Crédito: Eficcop.
Los encuentros de Mateo Castañeda con el coronel Harvey Colchado se iniciaron el jueves 14 de marzo de este año en el restaurante Pescados Capitales de Miraflores, bajo la coordinación del general PNP en retiro Carlos Morán. Castañeda era abogado de Morán y sabía de la estrecha conexión de este con Colchado. Morán entregó al Eficcop su teléfono celular y los peritos obtuvieron los mensajes por Whatsapp y otras grabaciones que confirman las coordinaciones que hizo con Mateo Castañeda para que se entrevistara con Colchado el jueves 14 de marzo, el lunes 25 de marzo y el jueves 30 de abril.
Transcripción de la reunión entre Colchado y Castañeda el 30 de abril, en la que el abogado de Dina Boluarte le hace ofrecimientos indebidos al oficial de la PNP. Crédito: Eficcop.
En los encuentros del 14 y 25 de marzo, Mateo Castañeda no era abogado de Dina Boluarte sino de su hermano Nicanor Boluarte. Recién el 5 de abril, la jefa de Estado presentó a Castañeda como su defensor en el caso Rolex. Esto ocurrió después del descerraje de la vivienda de la mandataria.
“Sí asistió la presidenta”
Una reunión trascendental que ha sido documentada por el Eficcop es la que sucedió el lunes 25 de marzo en el estudio de Castañeda, en Miraflores. Al encuentro organizado por Morán y Castañeda asistieron la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte. En ese momento, Castañeda no era abogado de la mandataria.
Harvey Colchado no se presentó, pero Carlos Morán, que estuvo presente, lo llamó desde su teléfono y le comenzó a hacer preguntas sobre el caso relacionado con Nicanor Boluarte. Morán y Colchado han proporcionado a los peritos sus teléfonos que acreditan que se comunicaron cuando Dina y Nicanor Boluarte se encontraban en el estudio de Castañeda. Además, se obtuvieron copias de los mensajes de Whatsapp que confirman las coordinaciones previas a la conversación donde estuvieron los hermanos Boluarte.
Estos hechos fueron corroborados por la Fiscalía:
“A las 18:28 horas del 25 de marzo de 2024, Carlos Morán le escribió por WhatsApp al agente encubierto ‘René’ (Harvey Colchado), acordando que en 30 minutos se reuniría con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Después, a las 18:31 horas, ‘René’ lo llamó por WhatsApp a Carlos Morán y acordaron que minutos después este último lo llamaría por WhatsApp y pondría el audio del celular en altavoz para que la presidenta Boluarte lo escuche. Lo descrito se corrobora con los registros de llamadas por WhatsApp que se adjuntan”. El Eficcop ha corroborado que existió el encuentro entre los hermanos Dina y Nicanor Boluarte con Mateo Castañeda y Carlos, y estos con Colchado por teléfono. El interés era quebrar la investigación a ‘Los Waykis en la Sombra’».
El 25 de marzo, Morán le avisa a Colchado que en 30 minutos se reunirá con «D» (Dina Boluarte) en el despacho de Mateo Castañeda. Morán luego lo llamó cuando se encontraba con la jefa de Estado y le preguntó sobre el caso de Nicanor Boluarte. Crédito: Eficcop.
“Todo será informado a la presidenta”
Señala el fiscal Ordaya en la solicitud de prisión preventiva por 36 meses para Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros cómplices:
“A las 20:51 horas del 25 de marzo, Carlos Morán, el contacto del agente encubierto ‘René’ (Colchado), se encontraba acompañado de la presidenta Dina Boluarte, el investigado Nicanor Boluarte y el abogado Mateo Castañeda, por lo que llamó por Whatsapp al agente ‘René’ (Colchado). Colocando su equipo celular en altavoz, Carlos Morán le preguntó cuál era el estado de la investigación contra Nicanor Boluarte. Ante lo cual, el agente encubierto ‘René’ (Colchado), le respondió que aproximadamente en tres meses se archivaba la investigación. Asimismo, en su condición de agente encubierto, y al conocer que la presidenta Dina Boluarte estaba escuchándolo, se comprometió a informar a través de Carlos Morán toda acción que la Fiscalía de la Nación realice contra la presidenta Dina Boluarte”.
En efecto, la idea de Morán y Colchado era dejar en evidencia que la presidenta Dina Boluarte, por intermedio de Mateo Castañeda, abogado de su hermano, Nicanor Boluarte, pretendía interferir en las investigaciones del Eficcop. El interés de la presidenta creció cuando estalló el caso Rolex y también contrató como defensor a Mateo Castañeda. Por eso, el 30 de abril, Colchado sostuvo una nueva cita con Castañeda, pero esta vez este actuaba en representación de la presidenta y de su hermano.
No existió la interferencia
El defensor de la mandataria Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, manifestó que de ninguna manera la jefa de Estado interfirió en las investigaciones contra su hermano y en el caso de los relojes Rolex.
“La interferencia está en la imaginación del fiscal. Es una de sus tantas fábulas. Desgraciadamente, se usa, una vez más, el nombre de la presidenta, en el marco de una conversación. Las personas somos presas y esclavos de nuestras expresiones y será Mateo Castañeda quien se hará responsable de sus diálogos”, dijo.
“Castañeda tiene calidad de testigo de referencia, y eso jurídicamente tiene un rigor probatorio muy huérfano”, afirmó Portugal.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria ratificó la decisión para anular la acusación penal contra el expresidente de la República, Alberto Fujimori, en el caso de las “esterilizaciones forzadas”. Cuando Fujimori estaba bajo el mando, se realizaron esterilizaciones mediante la técnica quirúrgica de ligadura de trompas sin consentimiento de las mujeres.
Este fallo a favor de Fujimori implica la invalidación de casi tres años de avances judiciales y el largo camino de las víctimas para encontrar justicia. Con esta resolución, el tribunal desestimó la apelación presentada por la Fiscalía de la Nación, la cual buscaba revertir la anulación dictada en primera instancia.
Es decir, se valida la resolución donde se anula el “auto de apertorio de instrucción” del caso. Esto luego de un recurso de amparo presentado por el congresista y exministro Alejandro Aguinaga, quien también está denunciado por este caso.
La decisión judicial hoy exime a Fujimori y otros acusados de seguir enfrentando estas acusaciones por presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves. Además, se regresa a una etapa de presentación para la Fiscalía.
ENFOQUE REAL 