Periodista de Hildebrandt en sus trece: “La presidenta no comunicó a los órganos correspondientes sobre su ausencia”

La periodista, Sonia Suyón, aseguró que fuentes de Palacio de Gobierno le confirmaron que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se ausentó de sus funciones por espacio de 12 días mientras se recuperaba de una intervención estética realizada en 2023 en una reconocida clínica local.

En diálogo con el programa Nunca es tarde de RPP, la periodista, cuya investigación apareció en el semanario Hildebrandt en sus trece, afirmó que el seguimiento de la información se llevó a cabo durante varias semanas “con la confirmación de fuentes directas desde Palacio de Gobierno” que “están ahora y también que han trabajado con ella”.

Asimismo, indicó que la mandataria debería pronunciarse al respecto, pues habría cometido una infracción constitucional al omitir dicho procedimiento “porque ella no comunicó a los órganos correspondientes, en este caso al Congreso”.

Otro de los elementos de convicción con los que cuentan es que durante los días entre el 28 de junio y el 10 de julio del año pasado, la jefe de Estado no participó de eventos públicos y tampoco asistió a los consejos de ministros.

En ese sentido, mencionó que está corroborado que el 5 de julio hubo un consejo de ministros y que “nos informaron que ella no estuvo presente”.

Por otro lado, Suyón descartó que la intervención a la que se sometió Dina Boluarte fuera por motivos de salud y reiteró que fue por un sentido estético.

“Definitivamente fue por un tema estético, ella quería verse bien, es más cuestionaba muchísimo a la gente de prensa, a los fotógrafos, [les decía] que no salía bien. Incluso convocó a personal de prensa de la PCM y de Palacio y los acusó, en buena cuenta, que su popularidad estaba en picada porque no manejaban bien lo que ella estaba haciendo”, detalló.

Ruth Luque pide información sobre ausencia de Dina Boluarte en sus funciones por supuesta intervención estética

La parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, ha solicitado al Gobierno brindar información sobre las acciones que se dieron durante el tiempo en que la presidenta Dina Boluarte se habría realizado una intervención estética en el 2023.

«El ejercicio de la presidencia debe ejercerse con responsabilidad y respeto de la Constitución. Es imprescindible que este tema sea esclarecido y evitar los abusos del ejercicio del poder», escribió la legisladora en su cuenta de ‘X’.

Luque señala en su oficio que ha solicitado la agenda de Dina Boluarte correspondiente a los días 29 de junio al 9 de julio del 2023. La documentación del descanso médico por motivos personales prescrito a la presidenta de la República durante esas fechas.

Otro documento que ha requerido es el descuento de los haberes de Dina Boluarte correspondientes a ese lapso de tiempo, así como también las actas de las sesiones del Consejo de Ministros realizadas.

Patricia Benavides durante audiencia: “No lidero ninguna organización criminal”

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sustenta ante dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) su recurso para revocar la sanción en su contra.

Durante la audiencia ante los magistrados María Zavala Valladares y Marco Falconí, Benavides rechazó las acusaciones que la vinculan con una presunta organización criminal.

Declarándose inocente y con la ‘frente en alto’, la suspendida fiscal cuestionó el proceso disciplinario acelerado al que fue sometido, calificándolo de injusto y sin fundamentos constitucionales o legales.

La suspensión, que ya supera los cuatro meses, se basó en un informe que consideró como pruebas unos chats de WhatsApp que Benavides denuncia como manipulados.

Al abordar los procedimientos seguidos por la Junta Nacional de Justicia, el fiscal destacó la rápida escalada del proceso disciplinario, desde su apertura hasta la ejecución de la suspensión, alegando que se omitió el debido proceso y el derecho a la defensa.

Finalmente, Patricia Benavides pide a los miembros de la JNJ revertir a lo que calificó como un “hito nefasto” para la historia de la administración de justicia.

JNJ evalúa hoy apelación contra suspensión de Patricia Benavides

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, expone hoy su pedido de reconsideración contra la suspensión que le impuso la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo con la JNJ, la audiencia pública se iniciará a las nueve de la mañana y el informe oral se expondrá ante María Zavala Valladares y Marco Falconí.

Cabe precisar que ambos integrantes de la JNJ no estuvieron presentes en la audiencia donde se debatió la medida cautelar que pidió su suspensión.

El pasado 7 de enero el pleno de la JNJ aprobó suspender provisionalmente a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

A Benavides se le abrió un proceso disciplinario inmediato por las pesquisas que la sindican como presunta líder de una organización criminal y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que investiga ese caso.

Bancada de Fuerza Popular respaldó solicitud de abogado de Alberto Fujimori para que reciba pensión vitalicia

La bancada de Fuerza Popular, a través de un comunicado, respaldó la solicitud de Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, para que este reciba una pensión vitalicia por parte del Congreso de la República.

Como se recuerda, ayer, lunes, se hizo público el oficio remitido por el referido exmandatario y su defensa legal al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Florez, para que se le «otorgue la pensión establecida en la Ley N° 26519». Vale señalar que dicha norma fue oficializada durante su segundo mandato, en agosto de 1995.

«Tiene derecho a recibir una pensión»

La congresista Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, compartió en su cuenta de X (ex Twitter) un comunicado de la bancada naranja en el que se señala que Alberto Fujimori «tiene derecho a recibir una pensión», porque «derrotó» a los grupos terroristas.

«El presidente Alberto Fujimori tiene legítimo derecho a una pensión como expresidente de la República, no solo porque así lo dispone la Ley N° 26519, sino además porque con él se derrotó a Sendero Luminoso, al MRTA y a la hiperinflación y, a través de su gobierno se retomó la ruta del desarrollo de nuestra patria», indica el pronunciamiento.

Asimismo, el referido grupo parlamentario llamó a sus simpatizantes a «defender» al exmandatario de los «ataques de una mezquina minoría» que no le «perdonan» haber «vencido» a las huestes terroristas.

«Somos millones de peruanos los que estamos agradecidos con el ingeniero Fujimori por todo lo que hizo, y hoy corresponde que levantemos nuestra voz para defenderlo de los ataques de una mezquina minoría que vive obsesionada con nuestro líder histórico y no le perdonan que haya vencido al terrorismo y minimizado a sus aliados de la izquierda radical», puntualiza.

Elio Riera: La pensión la solicitamos «como un procedimiento regular»

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, en diálogo con RPP, señaló que el expresidente cumple con los requisitos establecidos en la ley para recibir la pensión vitalicia equivalente a S/15 600. En ese sentido, comentó que en el Parlamento puede entrar a debate para que tomen una decisión.

«La tesis que tenemos es la siguiente: el TC restituyó la validez de una resolución 281-2017 en la cual el indulto humanitario como tal y el derecho de gracia. El perdón como tal de los delitos y las sanciones penales que por extensión involucran como tal estas consecuencias accesorias y también el derecho de gracia», explicó.

En ese sentido, Riera recalcó que se cumplen los requisitos para acceder a la pensión en base al indulto humanitario que se hizo en 2017.

«Lo estamos solicitando como un procedimiento regular, como un expresidente. Cumple la ley, es un exmandatario, el TC ha otorgado un beneficio en función a una gracia presidencial, perfecto, que se evalúe», indicó.

Vale resaltar que la Ley N° 26519, promulgada el 4 de agosto de 1995, señala que «los ex Presidentes Constitucionales de la República gozarán, de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad».

«En caso de fallecimiento serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores si los hubiere. Si resultaran beneficiarios ambos simultáneamente, la pensión se otorgará a prorrata», señala el artículo 1.

No obstante, el artículo 2 indica que «el derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de ex Presidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes«.

PJ evalúa si Alberto Fujimori va a detención domiciliaria este viernes 10

El Poder Judicial programó para este viernes 10 de mayo, a las 10:30 de la mañana, la audiencia donde se evaluará la apelación de la Fiscalía contra la decisión de primera instancia que rechazó imponer detención domiciliaria contra el exdictador Alberto Fujimori por el caso Pativilca.

Luego de que fue excarcelado por orden del Tribunal Constitucional, la Segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos solicitó al Poder Judicial imponer 18 meses de detención domiciliaria contra Fujimori. Sin embargo, en enero de este año, el juez Littman Ramírez Delgado, declaró infundado el requerimiento y, en su lugar, impuso impedimento de salida del país por 9 meses.

Durante la audiencia a cargo del magistrado Ramírez Delgado, el exdictador intervino y alegó que podría “morirse en forma súbita”.

“En uno de los informes médicos se menciona muerte súbita. ¿Puede haber muerte súbita? Sí, señor magistrado, paro cardiorrespiratorio. Me han hecho la prueba y estoy sujeto a eso. ‘Fujimori puede morirse en forma súbita’. Pero, claro, se dice clínicamente estable. Estable estoy en estos momentos: no tengo arritmia, no me falta oxígeno porque estoy oxigenado. Estoy clínicamente estable, pero eso no quiere decir que no sufro graves enfermedades”, dijo Fujimori.

Alberto Fujimori indique que en cualquier momento podría sufrir un infarto

Ante la decisión desfavorable, el Ministerio Público buscará que, en segunda instancia, sí se logre variar el mandato de comparecencia simple que goza Alberto Fujimori y, a cambio, sea mandado a detención domiciliaria. La audiencia estará a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

PJ programa audiencia de apelación en el caso Pativilca

Fujimori pidió inhibición de la Sala Penal

De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae Perú, la defensa de Alberto Fujimori, el abogado Elio Riera, solicitó la inhibición de la Sala Penal por una supuesta falta de imparcialidad. Esto se habría manifestado, según el letrado, al haberse “emitido fallos vinculados al otorgamiento de medidas restricción de la libertad vinculados a su patrocinado en el presente caso lo que afectaría gravemente su imparcialidad al pronunciarse en el presente incidente”. Este colegiado, en 2022, cuando Fujimori fue liberado por segunda ocasión, revocó la comparecencia simple e impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

Sin embargo, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria no admitió el pedido de inhibición debido a que fue presentada fuera del plazo.

“Revisados los actuados se tiene que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, por intermedio de su defensa técnica, ha tenido conocimiento desde el momento en que se formó el cuaderno de variación de mandato de comparecencia simple por el de mandato de detención domiciliaria y en todo momento le fueron notificados todas las providencias emitidas tanto por esta Superior Sala y el señor juez penal. Desde el momento en que hubiera tenido conocimiento la causal de inhibición para presentarla, el plazo ya ha sobrepasado, conforme lo previsto en el artículo 54 incisos 2 y 3, del Código Procesal Penal. Tanto más, si la última notificación recepcionada por el abogado del acusado, fue realizada el 20 de marzo de 2024, habiendo presentado la inhibición contra los integrantes de la Sala Penal Superior, recién el 01 de abril de 2024, por lo que se deberá declarar inadmisible, por extemporáneo, la solicitud presentada”, resolvió el tribunal.

Sala Penal rechaza pedido de inhibición

Pese a que no prosperó su solicitud para apartar a los magistrados de la Sala Penal, el abogado Elio Riera confía en que la apelación de la Fiscalía será rechazada.

“Hemos demostrado en primera Instancia que no corresponde otorgar medida de restricción alguna contra mi patrocinado el expresidente Alberto Fujimori Fujimori. No existen elementos de convicción que sostengan responsabilidad alguna por el Caso Pativilca. Confiamos en la Justicia determine en segunda instancia la validez de nuestros argumentos”, manifestó Riera en X (antes Twitter).

Congresistas tendrán ingresos por un total de S/36,166 en mayo

Cuando el presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó al Pleno, el último jueves, que la Mesa Directiva “reexaminaría” su decisión de aumentar en S/3,383 la asignación por función congresal —para que esta pase de S/7,617 a S/11,000—, lo hizo con el único fin de evitar que algunos parlamentarios que cuestionaban la medida utilizaran el hemiciclo como una tribuna para expresar sus observaciones.

La jugada le salió bien al legislador de Alianza para el Progreso. Ese día nadie habló. Finalmente, el viernes, la Mesa —como era previsible— se mantuvo en sus trece y ratificó el incremento. Lo hizo dizque amparada en una opinión de la Oficialía Mayor que, trascendió, señaló que una rectificación era “inadmisible” por cuestiones de forma —porque no estaba dentro del plazo establecido— y de fondo —porque no se puede rectificar una decisión ya tomada—.

Pero también, y sobre todo, porque su controvertida decisión tiene el respaldo de las diez bancadas que el 5 de enero —como informó Perú21— le enviaron una carta al titular del Poder Legislativo para pedir que se reajuste el monto de la asignación con el fin de “cumplir a cabalidad” sus funciones. Solo Cambio Democrático-Juntos por el Perú no la suscribió y, según su vocera Sigrid Bazán, ni siquiera fue consultada al respecto.

Ahora que la directiva está oleada y sacramentada, cada uno de los 130 legisladores tendrá este mes de mayo un ingreso bruto de nada menos que S/36,166. Y es que el acuerdo Nº 118-2023-2024/MESA-CR precisa claramente que la “actualización” de esta suerte de bono se aplica desde la segunda legislatura del período 2023-24, es decir, que será retroactiva al 1 de marzo.

Así, a los S/15,500 de remuneración, S/2,800 por concepto de Semana de Representación y S/11,000 que a partir de este mes recibirán como bonificación por función parlamentaria, y que suman S/29,400 mensuales, se agregarán en esta ocasión otros S/6,755 que corresponden a los devengados de marzo y abril.

Fuentes de Perú21 revelaron, incluso, que no pocos legisladores pretendían que el reajuste se aplicara desde enero alegando que fue ese mes que se le presentó la solicitud a Alejandro Soto. Esta desproporcionada medida, sin embargo, no fue aceptada.

AUMENTO ENCUBIERTO

El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró “muy preocupante” que el Congreso apruebe este tipo de medidas que —dijo— “no solamente van en contra del sentido común, sino que, además, abundan en ese descontento que tiene la población respecto al Parlamento y que le hace daño a la democracia”.

En declaraciones a este diario, Urbina llamó la atención también sobre el hecho de que los legisladores pertenecen a partidos políticos cuyos líderes, indicó, deberían también pronunciarse. “Los congresistas llegan representando a un partido. Entonces, allí también debemos ser críticos y exigirles a esos líderes que se pronuncien. ¿Qué piensa César Acuña? ¿Qué piensa la señora Fujimori? Esto también habla muy mal de la organización de los partidos”, acotó.

Urbina advirtió, asimismo, que “el promedio de nuestros congresistas no ganarían lo que hoy ganan si no estuvieran en el Parlamento, y eso genera que no puedan realmente representar a la población”. “Tiene que haber una lógica entre el parlamentario y sus representados, una conexión. Hoy por hoy (los congresistas) se han vuelto una suerte de casta totalmente distinta a la población como tal”, puntualizó.

En otro momento, comentó que “en el fondo, este tipo de aumentos se dan en esos rubros para evitar que la ciudadanía los interprete como un aumento de sueldos, aunque en los hechos, eso es lo que son”, subrayó.

Fiscalía pide al PJ impedimento de salida del país por 36 meses para Joaquin Ramírez por presunto lavado de activos

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra el alcalde de Cajamarca y exsecretario General del partido Fuerza Popular, Joaquin Ramírez, investigado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del estado.

La Fiscalía contra el Lavado de Activos abocada al caso también solicitó similar medida contra el exasesor Pier Figari, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez y otras cinco personas que se encuentran comprendidas dentro de esta investigación.

Este pedido fiscal fue remitido al despacho del juez Víctor Zúñiga Urday quien programó para el 20 de mayo a las 08:30 de la mañana la audiencia en la que evaluará dicho requerimiento la cual se realizará de manera “presencial” en la sede de la Corte Superior Nacional ubicada en la cuadra 07 de Prolongación Tacna en el cercado de Lima.

En la resolución de programación de esta audiencia presencial, el juez Zúñiga Urday precisó que su despacho se abocará a conocer y resolver este requerimiento de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público a pesar de que se encuentre pendiente el pronunciamiento de fondo por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional respecto a las recusaciones presentadas en su contra para que no intervenga en este caso.

Las recusaciones fueron planteadas por las defensas técnica de Universidad Alas Peruanas y Harold Víctor Morales Rojas por tratarse de un requerimiento que restringe la libertad ambulatoria de los investigados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 52 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Joaquin Ramírez, estaría involucrado en diversos financiamientos de empresas con dinero de presunta procedencia ilícita e incluso en campañas políticas.