JNE descarta el voto digital para las Elecciones Generales 2026: los motivos y la respuesta de la ONPE

El voto digital no se aplicará en las Elecciones Generales 2026. Así lo confirmó este lunes 22 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que su Pleno aprobara una opinión técnica desfavorable sobre el sistema desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como resultado de una auditoría realizada por un equipo especializado. No obstante, el organismo electoral no descartó que esta modalidad pueda utilizarse en futuros comicios.

Según la normativa electoral, el voto digital es una modalidad alternativa al sufragio presencial que permitiría a determinados grupos de ciudadanos emitir su voto por internet, previa identificación con DNI electrónico.

En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que la opinión técnica aprobada evaluó aspectos como la viabilidad del sistema, el respeto del cronograma electoral y la oportunidad para implementar esta modalidad de votación en el actual proceso. Al respecto, advirtió que el sistema “no está culminado, presenta deficiencias y nadie puede garantizar que esté listo para el 12 de abril”.

Burneo precisó que, si bien la ONPE viene desarrollando en paralelo una auditoría al sistema de voto digital a cargo de una empresa estadounidense —cuyos resultados se conocerán hacia el 30 de diciembre—, el JNE ya cuenta con un informe final que concluye que no hay margen para su aplicación dentro de los plazos electorales. Según indicó, la ejecución del programa ha variado respecto de lo inicialmente informado por la ONPE.

«Nuestra opinión es clarísima en ese sentido. El voto digital no va para las Elecciones Generales 2026. No podemos arriesgar a que, de pronto, un grupo de personas, como las casi 10 mil [que se registraron para hacer uso eventualmente del voto digital] puedan -por un tema de deficiencia en el desarrollo del sistema- no ejercer su voto», indicó al ser consultado por RPP sobre si la postura adoptada por la JNE sobre el voto digital es definitiva.

«A la fecha, si nos preguntan, no está garantizado que el 12 de abril [estos ciudadanos] puedan ejercer el voto a través del voto digital. Porque la solución [tecnológica del voto digital] tiene muchas deficiencias. Eso lo decimos claramente, con independencia de lo que diga auditoría internacional. Solo sabemos que va a emitir un informe preliminar», añadió.

Burneo Bermejo aclaró que la decisión no afecta el derecho al voto de los ciudadanos previamente inscritos para la modalidad del voto digital y aseguró que “está absolutamente garantizado el ejercicio del voto para los más de 27 millones de peruanos», tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

«El voto convencional está garantizado tanto por el JNE como por la ONPE, para todos los grupos priorizados, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional», indicó.

Roberto Burneo, presidente del JNE, en conferencia de prensa. | Fuente: RPP

¿Qué advertencias identificó la auditoría?

Durante la conferencia de prensa, Carlos Rodríguez, director de Fiscalización Electoral Digital del JNE, señaló que el equipo auditor identificó deficiencias en la infraestructura tecnológica del sistema de voto digital, debido a que esta no se encontraba completamente implementada, validada ni operativa. Esta situación impidió que se pudiera verificar adecuadamente la seguridad, la resiliencia y la continuidad operativa del sistema.

«En materia de seguridad digital, la ONPE aún no había realizado el servicio de ethical hacking, por lo que no se contaba con información suficiente para determinar si la solución tecnológica del voto digital era segura o presentaba vulnerabilidades. Además, considerando que se emitirían votos desde el extranjero, no existían garantías de que el sistema pudiera asegurar la integridad y seguridad de esos sufragios», señaló.

Rodríguez indicó que el equipo auditor también identificó, entre otros aspectos, vulnerabilidades en el sistema que no garantizaban el secreto del voto y advirtió que el proyecto no contaba con el sello de accesibilidad digital, requisito que certifica que las personas, con o sin discapacidad, puedan acceder y utilizar los servicios o plataformas digitales de la administración pública en igualdad de condiciones.

Defensor del Pueblo defiende a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza otorgarle pensión vitalicia

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre el informe del Congreso de la República que rechaza otorgar pensión vitalicia a la vacada expresidenta Dina Boluarte. En ese contexto, Gutiérrez salió en defensa de Boluarte al cuestionar al Parlamento por su decisión.

El titular de la institución argumentó su posición al argumentar que Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional en 2022, motivo por el cual debe percibir una pensión mensual.

«Los expresidentes tienen sucesión constitucional porque está legislado en la Constitución Política, con todos los derechos que esto implica, que es muy distinto a una sucesión legal que no está en la Constitución porque lo demás estaría alejado del principio de legalidad, de taxatividad y sería una afrenta al Estado constitucional de derecho «, expresó durante una entrevista para RPP.

En esa misma línea, Gutiérrez se refirió al Legislativo tras su decisión de no otorgarle pensión vitalicia a Boluarte. «El Congreso no puede legislar, no puede tomar decisiones en función a lo que le resulte más favorable en su imagen ante la opinión pública, sino en función a lo que dice la Constitución y la ley».

Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

Un informe del área de Asesoría Laboral del Congreso de la República reveló que la expresidenta Boluarte no cumple con los requisitos para recibir dicho beneficio. Según la información obtenida por el programa Cuarto Poder, Boluarte no fue elegida presidenta mediante voto popular, sino que asumió el cargo por sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo.

“La pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la Nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicios al país. Por ello, necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro”, señala el informe.

Entre los beneficios que la expresidenta solicitaba se incluía la asignación de un trabajador bajo la modalidad CAS, con un salario mensual de 3.700 soles, mediante contratación directa. Además, Boluarte requería la provisión mensual de 150 galones de gasolina.

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

A puertas de las elecciones generales del 2026 y luego de la anulación de sus comicios internos, la agrupación Acción Popular decidió suspender toda participación electoral inmediata y recomponer su dirección tras una tensa jornada partidaria.

En un plenario realizado este sábado en Lima, el partido Acción Popular acordó por unanimidad declarar la vacancia de Alfredo Barnechea como presidente de su Consejo de Plan de Gobierno. La dirigencia argumentó que el excandidato presidencial incumplió durante más de un año con la elaboración del plan de gobierno que le fue encargado y tampoco acudió a rendir informe ante la asamblea.

Julio Chávez, presidente del partido, calificó la ausencia de Barnechea como “una falta de respeto” y sostuvo que la decisión responde a una sanción interna por no presentar avances.

Además, el plenario ratificó el cese de Cinthia Pajuelo como presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE), al considerar concluido su mandato. El resto de integrantes del comité también presentó su renuncia.Comunicado de la Presidencia de Acción Popular sobre acuerdos del Plenario Nacional. Fuente: Julio Chávez / X

Renovación interna y veto a postulaciones externas

Durante la sesión, Chávez anunció que Acción Popular no autorizará que sus militantes postulen como invitados por otras agrupaciones en las Elecciones Generales 2026. Aquellos que deseen hacerlo deberán renunciar al partido.

Según el dirigente, la medida busca proteger la institucionalidad de la organización luego del escándalo por la exclusión de la contienda electoral. El plenario acordó además realizar una auditoría interna a las cuentas partidarias desde junio de 2023 a la fecha.

“Vamos a renovarnos por completo y prepararnos para participar con nuestros cuadros en las elecciones regionales y municipales del próximo año”, declaró Chávez a RPP.

El nuevo plenario nacional se convocó para el 27 de diciembre, con el objetivo de elegir un nuevo comité electoral y definir reglas internas hacia el proceso subnacional de 2026.El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

Amenazas y denuncias penales agravan crisis partidaria

Tras la reunión, Cinthia Pajuelo denunció que viene recibiendo amenazas de muerte y solicitó garantías para su vida. Afirmó que la vacancia constituye una narrativa impulsada por la facción liderada por Chávez y aseguró que su mandato culminó legalmente.

Pajuelo afronta una investigación fiscal vinculada al presunto fraude en el padrón del proceso interno, al igual que Barnechea y otros 26 supuestos suplantadores. Todos deberán afrontar un proceso en el Ministerio Público.Presunto fraude en Acción Popular: Cinthia Pajuelo bajo investigación fiscal

¿Por qué el partido quedó fuera de las elecciones 2026?

Acción Popular fue excluido de las Elecciones Generales 2026 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló sus primarias internas mediante Resolución N.º 0745-2025-JNE, el pasado 11 de diciembre.

La decisión se sustentó en la adulteración del padrón de delegados que elegirían a los candidatos parlamentarios, tras detectarse sustituciones irregulares en nueve regiones. Según informes de ONPE, la presidenta del CNE accedió de forma exclusiva al sistema, reemplazó delegados proclamados e incorporó afiliados no electos.

La oficina electoral trasladó el caso al JNE por falta de competencia para corregir el padrón. Tras la anulación, el partido quedó sin autorización para participar en las elecciones nacionales, profundizando la crisis en una de las agrupaciones políticas más tradicionales del Perú.

Martín Vizcarra es trasladado al Hospital de Ate Vitarte por una crisis hipertensiva severa

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado este jueves 19 de diciembre al Hospital de Ate Vitarte luego de sufrir una crisis hipertensiva severa.

Vizcarra presentó una descompensación en horas de la mañana, lo que obligó a su traslado inmediato al establecimiento de salud para recibir atención médica especializada.

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) no ha emitido, por el momento, un comunicado sobre el traslado del exmandatario ni sobre las medidas adoptadas tras la emergencia médica.

Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión tras haber sido hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio, en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, vinculados a su gestión como gobernador regional. La sentencia fue dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, que ordenó su detención inmediata en sala.

Precisamente el último miércoles, esta sala penal aceptó el recurso de apelación presentado por el expresidente contra esta condena.

Equipo Lava Jato presenta acusación contra Gonzalo Monteverde

El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó una acusación formal ante el Poder Judicial contra el empresario Gonzalo Monteverde, otras seis personas naturales y 21 personas jurídicas por el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y transferencia agravada por pertenencia a organización criminal.

Este requerimiento fiscal, contenido en más de 3,700 folios, solicita que se imponga 33 años de pena privativa de libertad para Monteverde, sindicado como operador financiero de Odebrecht en Perú. Según la acusación, fue responsable de generar los flujos de dinero ilícito que sirvieron para financiar el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña —conocido como la Caja 2— así como para el uso de dinero en efectivo dentro del país.

Red de empresas y vínculos con campañas políticas
La Fiscalía también ha incluido en la acusación a seis personas naturales, entre ellas María Isabel Carmona, Sara Andrade y Karla Ganoza, con penas solicitadas que oscilan entre los 13 y los 33 años de prisión.

Además, se ha requerido la disolución de 21 personas jurídicas presuntamente utilizadas para canalizar fondos ilegales, entre las que destacan Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC.

El documento fiscal sostiene que el dinero recibido por Monteverde fue usado no solo para sobornos, sino también para financiar campañas políticas, incluyendo la de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Esta acusación se basa en evidencia recabada por el Equipo Especial a lo largo de los últimos años.

Prófugos desde 2019 y recompensa vigente
Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona cuentan con órdenes de captura nacional e internacional desde el año 2019. Ambos se encuentran prófugos de la justicia.

El Ministerio del Interior mantiene activa una recompensa de medio millón de soles por información que permita la ubicación y captura de Monteverde. Esta medida forma parte del Programa de Recompensas contra el crimen organizado y la corrupción.

Caso Odebrecht y nueva acusación del equipo Lava Jato
La acusación presentada por el fiscal Pérez es la número 32 que emite el Equipo Especial Lava Jato en el marco del caso Odebrecht, una de las investigaciones más grandes sobre corrupción en la historia reciente del país.

Este caso ha involucrado a exfuncionarios públicos, empresarios, intermediarios y estructuras empresariales utilizadas para canalizar pagos ilícitos tanto en Perú como en otros países de América Latina.

Keiko Fujimori: Poder Judicial evaluará el archivo del caso Cócteles este viernes 19 de diciembre

El Poder Judicial, mediante el juez Wilson Verástegui, evaluará el pedido presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, que solicita la anulación de la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular y otros 14 investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Cócteles. El magistrado analizará este pedido este viernes 19 de diciembre.

La solicitud se presenta luego de que, en octubre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar la investigación contra Fujimori Higuchi y otros coimputados por los supuestos aportes ilegales recibidos durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

El juez Wilson Verástegui deberá emitir un pronunciamiento sobre si corresponde o no archivar el caso Cócteles, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó que se inhibiera de seguir interviniendo en el proceso, tras un informe periodístico difundido que lo vinculó con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Sin embargo, en noviembre de este año, el Poder Judicial emitió una resolución en la que ordenó que el juez continúe con el trámite en todos los incidentes vinculados al caso Cócteles.

En ese contexto, el juez Verástegui Gálvez evaluará dicho pedido presentado por la abogada de Keiko Fujimori.

Asimismo, también se revisará la solicitud presentada por la defensa legal del exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, así como de Antonia Gutiérrez y Adriana Tarazona, para que la sentencia del Tribunal Constitucional se extienda a sus casos y sean excluidos del proceso penal del caso Cócteles.

La sesión está programada para el viernes a las 9 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional, en el Centro de Lima. A la audiencia deberán acudir las partes procesales de manera presencial con la finalidad de que expongan sus alegatos ante el juez.