Ariana Orué: fotografías desmienten a congresista y confirman que su asesor Renzo Basurco es su cuñado

Según el reportaje de ‘Cuarto Poder’ emitido el pasado fin de semana, la congresista Ariana Orué habría contratado como su asesor II a Renzo Nicolás Basurco Echandía, quien, de acuerdo con la investigación, mantendría una relación sentimental con Shirley Orué, hermana de la parlamentaria, revelando un posible conflicto de intereses en su despacho.

Aunque Orué negó inicialmente la información, el mismo programa periodístico presentó nuevas pruebas fotográficas que confirman el vínculo: las imágenes muestran a Basurco Echandía proponiéndole matrimonio a Shirley Orué. En el fondo de la escena se aprecia una decoración donde se lee: «nuestro compromiso».

Pareja de hermana de Ariana Orué trabaja como su asesor. Foto: Cuarto Poder

Los beneficios que recibiría Renzo Nicolás Basurco Echandía

El joven no registra experiencia previa en el Estado y gana mensualmente 10 mil soles como asesor II de Ariana Orué. La pareja, que ya estaría comprometida, fue protagonista de varias denuncias, siendo la más polémica el haber manejado en estado de ebriedad.

A pesar de los partes policiales donde se describe a ambos como una pareja, la congresista Orué aseguró que ellos no tendrían ningún vínculo. Sin embargo, en julio del presente año formaron la empresa Africa Producciones Perú S.A.C.

Rospigliosi dice que Congreso no acatará ninguna decisión del PJ sobre accesitaria de Bermejo: «No deberían meterse»

El presidente del Congreso Fernando Rospigliosi, en declaraciones a la prensa, se pronunció respecto al pedido de Zaira Arias, accesitaria de Guillermo Bermejo, para acceder a la curul de dicho parlamentario, sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de afiliación a organización terrorista.

Al respecto, Rospigliosi Capurro indicó que cuenta con un informe de la Procuraduría del Legislativo que recomienda no activar el procedimiento «de reemplazo por accesitario», ya que no se aplicaría a este caso. No obstante, indicó que la decisión final podría ser tomada en una sesión del pleno.

«Precisamente, me han entregado un informe de la Procuraduría. Nosotros le pedimos un informe a la Procuraduría para ver, desde el punto de vista técnico y legal, qué cosa es lo que dicen, y ellos señalan que se sugiere no disponer la activación del procedimiento de reemplazo por accesitario previsto en el artículo 25 del reglamento, etc., en tanto dicho mecanismo no se encuentra previsto para el caso”, explicó.

“Este informe de la Procuraduría va a pasar a la Oficina de Asesoría Legal para que ellos también den su opinión. Luego de que tengamos las opiniones técnicas y legales del caso, la Mesa Directiva tomará una posición que será una recomendación para que el Consejo Directivo o, eventualmente, el Pleno tomen la decisión final”, señaló.

Además, indicó desconocer en cuánto tiempo el Parlamento podría tomar dicha decisión, ya que «hay una serie de procedimientos que hay que seguir».

«No lo sé. Ahorita estamos en semana de representación, no hay comisiones, no hay congresistas, nada. Esta señora debería aprender que así es el Congreso. El Congreso se toma su tiempo; hay una serie de procedimientos que hay que seguir, cosa que esta señora parece no entender. Así son las cosas”, remarcó.

Congreso no acatará eventual fallo favorable a Zaira Arias

Consultado sobre cuál sería la posición del Congreso ante un eventual fallo judicial favorable a que Zaira Arias acceda a la curul de Guillermo Bermejo, Fernando Rospigliosi dijo que el Parlamento no acataría esa decisión.

«El Congreso toma sus decisiones. El Poder Judicial no va a tomar ninguna decisión que afecte lo que haga el Congreso, y si la toma será ilegal y no la acataremos. El Congreso es el que toma las decisiones sobre su funcionamiento, nadie más. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial, así como el Ejecutivo toma sus decisiones, así el Congreso toma las suyas. Así que a mí no me vengan con esas historias», indicó.

«Hay jueces prevaricadores y corruptos que están tomando decisiones que no les compete. No deberían meterse en lo que hacen otros poderes. Y si alguien toma una decisión equivocada, pues el Congreso va a hacer respetar sus fueros. Tengan presente eso”, remarcó.

Además, Rospigliosi Capurro dijo no entender las motivaciones de Arias para ocupar un lugar en el actual Parlamento.

«Lo que a mí me sorprende es que esta señora que dice que este Congreso es una porquería, que es una dictadura, que los congresistas son tales por cuales esté como loquita para acceder a este Congreso que es tan malo. Yo no lo entiendo, pero en fin”, destacó.

¿Qué ha dicho Zaira Arias sobre acceder a la curul de Bermejo?

En una entrevista con RPP realizada el pasado viernes, Arias exigió al Congreso que se le permita asumir el escaño del congresista Guillermo Bermejo, ya que, de lo contrario, se estaría «vulnerando» la «representación» popular.

“Aquí lo que están vulnerando es el derecho al pueblo a tener su representación y no están respetando su reglamento, la Constitución. Y de pasada también están vulnerando mis derechos políticos. Es una muestra más de que no estamos en democracia, vivimos en tiempos de dictadura y que finalmente el Congreso hace lo que se le da la gana. Si esto me hacen a mí, que soy la representante legítima del pueblo para el Parlamento, podrás comprender que no les interesa en lo absoluto la vida de la gente”, cuestionó.

Arias Berrocal dijo también que el Legislativo estaría vulnerando su reglamento al no convocarla de inmediato para ocupar el puesto vacante.

Sin embargo, algunos congresistas han planteado la posibilidad de aplicar la figura de la silla vacía, lo que impediría la incorporación de Arias, quien calificó esta posición como una “interpretación antojadiza” de congresistas fujimoristas y aseguró que se trata de un acto de “persecución política” en su contra.

“Lo hacen porque soy yo, porque saben que he sido una voz contestataria y que vengo luchando contra esta dictadura congresal. El reglamento es bastante claro, no hay nada que interpretar”, señaló.

Ejecutivo destina más de S/200 mil para defensa legal de Ollanta Humala en proceso por el caso Gasoducto Sur

El Ejecutivo destinó más de S/200 mil para la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, en el proceso que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Según documentos a los que accedió RPP, el Despacho Presidencial convocó, el último viernes, a un proceso de contratación directa por la suma de S/291 600 para «contratar el servicio de defensa y asesoría legal» a favor del exmandatario, para el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

El servicio requerido por el Estado tiene como alcance «la defensa técnica del patrocinado, que comprende su defensa por la etapa intermedia en el proceso seguido ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada».

Esto incluye gestión de antecedentes y análisis del caso, patrocinio y asesoramiento integral, actuaciones procesales, ejecución de mecanismos de defensa y asesoramiento y acompañamiento en diligencias y audiencias.

Cabe destacar que este proceso de contratación directa inició un día después de que el Gobierno emitiera un decreto de urgencia para «establecer medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que coadyuven a la austeridad y a la eficiencia del gasto público» para el presente año.

Esto debido a que «el déficit fiscal anualizado se encuentra por encima de la meta fiscal para este año, en una situación donde los ingresos fiscales son menores a los estimados y el gasto público continúa incrementándose».

Por ende, el Gobierno destacó que las medidas establecidas en su decreto de urgencia permitirían «el cumplimiento de las reglas fiscales previstas […], a través de medidas que generen una mayor eficiencia y modulen el gasto público».

Defensa legal fue solicitada por Ollanta Humala

RPP pudo conocer que Ollanta Humala, el 11 de agosto pasado, solicitó al Ejecutivo que se le brinde «asesoría y defensa legal» en el proceso que afronta ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Para ese entonces, el exjefe de Estado ya había sido sentenciado a 15 años de cárcel, al hallársele responsable del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero ilícitos que recibió su partido político para las campañas presidenciales del 2006 y 2011.

Su pedido de defensa legal tuvo el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, que consideró que los hechos imputados ocurrieron cuando Humala Tasso se desempeñaba como presidente de la República, «al favorecer de manera ilícita al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano».

«Se le imputa haber intervenido en decisiones que beneficiaron a dicha empresa, mediante la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros funcionarios, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado», indicó la referida oficina. Por lo tanto, determinó «la procedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio por la etapa intermedia».

Así las cosas, el último 19 de agosto, 8 días después de que Ollanta Humala ingresara su solicitud, Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial, emitió la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, a través de la cual se declaró procedente «la solicitud de beneficio de derecho de defensa y asesoría legal» presentada por el exmandatario, y se dispuso que la «Oficina General de Administración realice las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos, en virtud al beneficio concedido».

Finalmente, dicha resolución sirvió como base para que el Despacho Presidencial iniciara el proceso de contratación directa de la defensa legal del expresidente.

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: «Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer»

Harvey Colchado, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y exjefe de la Diviac, anunció su intención de postular al Congreso en las elecciones 2026. El exoficial afirmó que ha decidido ingresar a la política para combatir la corrupción “desde el propio Estado”, luego de años de enfrentarse a organizaciones criminales desde el frente policial.

«Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer», declaró vía RPP.

Colchado también criticó duramente al Parlamento, al que acusó de aprobar “leyes pro crimen” y de proteger intereses particulares. Cuestionó la injerencia política en instituciones como el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, y señaló que el Perú necesita “limpiar la política para limpiar la justicia”.

El exjefe de la Divac se hizo conocido por encabezar operativos emblemáticos, entre ellos el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024, en el marco del caso Rolex. Días después, el coronel denunció presiones políticas y terminó siendo pasado al retiro, lo que fue interpretado como una represalia por cumplir con su deber.

Harvey Colchado presentó documento a José Jerí para derogar leyes pro crimen

El coronel en retiro presentó un documento técnico a José Jerí en el que solicita la derogación de varias normas del Congreso de la República que denomina “leyes pro-crimen”, al considerar que estas dificultan las investigaciones de la Policía y del Ministerio Público contra redes de corrupción y crimen organizado.

Según Colchado, dichas leyes —entre ellas la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, la redefinición de “organización criminal”, y el recorte de las competencias de la Fiscalía— debilitan las herramientas institucionales para combatir delitos graves. Además, anunció que publicará las votaciones de todos los parlamentarios que respaldaron esas normas para que la ciudadanía conozca “quiénes legislan contra el país”.

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad advierte que mientras permanezcan vigentes esas disposiciones, el Estado “no podrá enfrentar el crimen de forma efectiva”. Con ese argumento, demanda también el relevo de altos mandos policiales que, según él, no han garantizado la operatividad de las instituciones de seguridad.

¿Hizo mea culpa? Jerí hace balance de su primer mes en el cargo: «No hemos cumplido el objetivo»

Al cumplir su primer mes al frente de la República, el presidente José Jerí ofreció una entrevista a América Televisión, en la que hizo un balance de su gestión de transición, marcada —según dijo— por un estilo “más directo, presente y cercano a la ciudadanía”. En medio de un contexto político y social complejo, el mandatario destacó su intención de diferenciarse de sus antecesores y fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y la población.

Jerí afirmó que su equipo trabaja “con rapidez en la toma de decisiones” y que la comunicación con los ciudadanos se mantiene de forma constante a través de diversos canales, incluyendo las redes sociales. “Hay un gobierno a cargo del país”, subrayó, enfatizando que su modelo de liderazgo busca transparencia, contacto directo y resultados visibles. “Presencia, escucha y acción” fueron las tres palabras que utilizó para definir su estilo de gestión.

El presidente reconoció que la seguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones de su gobierno. Frente al incremento de homicidios y la sensación de inseguridad, admitió que los indicadores “aún no han mejorado”. Sin embargo, aseguró que el primer objetivo fue evitar que las cifras sigan aumentando, y que la siguiente etapa será lograr una reducción sostenida. “Estamos actuando en la calle, con presencia directa”, afirmó, dejando entrever un enfoque más operativo en las acciones del Estado.

Aunque no presentó cifras ni metas específicas, Jerí adelantó que los ministerios responsables serán los encargados de brindar esos detalles técnicos. Explicó que la prioridad actual es consolidar un plan de intervención inmediata en las zonas más afectadas por la delincuencia, mientras se fortalecen las coordinaciones con gobiernos regionales y locales. “Cada día nos planteamos nuevos objetivos frente a este problema”, aseguró.

«Un gobierno tiene que fijarse objetivos y metas y todo calendarizado porque si no, las buenas intenciones van volándose por ahí», expresó.

Además, cuestionó las críticas de algunas exautoridades: «Nos criticarán personas que su momento tal vez han podido hacer más y no han querido hacer. Y hay un montón de omisiones de parte de autoridades que han podido hacer cambios y nunca han querido hacerlos, pero eso ya lo detallaremos en su momento porque hay información relevante que la población debe saber por transparencia. Me refiero a una serie de funcionarios que no quisieron trabajar».

Asimismo, se refirió a las estadísticas del estado de emergencia hasta el momento.

«Las cifras que vamos manejando son alentadoras, pero no hemos cumplido con el objetivo todavía, el mínimo objetivo que nos estamos trazando», detalló.

En otro momento, el presidente fue consultado sobre las críticas relacionadas con su salario y respondió tajantemente: “Actualmente no cobro como presidente”. Detalló que mantiene su remuneración como congresista y que cualquier modificación en la escala salarial del Ejecutivo debe ser parte de una política integral. “No se trata de gestos aislados, sino de decisiones que respeten el equilibrio fiscal y el control del gasto público”, enfatizó, buscando poner fin a la controversia sobre el tema.

Asimismo, Jerí anunció el inicio de una gira nacional que se extenderá durante tres meses, con visitas programadas a diversas regiones dos veces por semana. El mandatario adelantó que recorrerá tanto capitales como provincias y distritos, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el territorio. “La presencia territorial es clave para recoger demandas y mostrar acción concreta desde el Ejecutivo”, afirmó y añadió que la primera parada será Huánuco.

A un mes de haber asumido la presidencia, José Jerí busca proyectar la imagen de un mandatario activo, que escucha y actúa, en medio de un país que exige respuestas rápidas y efectivas. Su promesa de estar “en la calle”, de recorrer el país y de mantener la comunicación abierta con los ciudadanos, marca el tono de una gestión que pretende recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que, como él mismo dijo, “hay un gobierno a cargo del país”.

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

La expresidenta Dina Boluarte se presentó en una audiencia ante el Poder Judicial donde confirmó la apertura de una cuenta mancomunada durante el periodo en que militaba en Perú Libre. La comparecencia buscó despejar dudas sobre su papel en la recaudación de fondos vinculados a la campaña electoral de 2021 y otras actividades partidarias.

La exmandataria explicó que su única actuación fue formalizar la creación de la cuenta conjunta con otra persona y que no participó en la captación ni en el registro de aportes. Dijo que no realizó depósitos personales y que la cuenta se habilitó con un fin concreto del partido, insistiendo en que no tuvo rol administrativo en la gestión de donaciones o gastos.

«Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no lo registraba. De hecho, señores jueces, yo tampoco aporté a esa cuenta. Se creó simplemente para esa finalidad», declaró.

Boluarte figura como investigada en el caso Los Dinámicos del Centro debido a su vínculo con el partido Perú Libre, organización que, según la Fiscalía, habría utilizado aportes de origen desconocido para financiar su campaña presidencial de 2021. El Ministerio Público sostiene que la exmandataria, en su calidad de integrante del partido y en ese entonces candidata a la vicepresidencia, participó en la apertura de una cuenta mancomunada empleada para recibir fondos sin sustento documentado, lo que encajaría en la presunta red de lavado de activos encabezada por dirigentes cercanos a Vladimir Cerrón.

Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país de 36 meses en contra Boluarte

El pasado 15 de octubre, el Poder Judicial rechazó el pedido de impedimento de salida del país de 36 meses en contra Dina Boluarte, solicitado por la Fiscalía en el marco del caso Los Dinámicos del Centro. El juez Lolo Valdez concluyó que no existen elementos suficientes que acrediten riesgo de fuga ni una participación comprobada de la exmandataria en presuntos actos de lavado de activos relacionados con las finanzas del partido Perú Libre.

Durante la audiencia, Valdez cuestionó la solidez de la imputación y sostuvo que los aportes bajo sospecha eran de montos “irrisorios”, que oscilaban entre S/100 y S/150, sumando alrededor de S/15.000. Según el magistrado, con esas cifras no se puede sostener la existencia de una organización criminal creada para lavar dinero.

El juez también valoró que Boluarte ha asistido a las citaciones judiciales y no ha mostrado intención de evadir el proceso. Pese a la decisión, la investigación fiscal por lavado de activos continúa abierta y el Ministerio Público anunció que presentará una apelación ante una instancia superior.