Guido Bellido enfrenta juicio oral por terr***orismo: agente ‘Sacha’ asegura que congresista era enlace con los Quispe Palomino

El congresista Guido Bellido Ugarte se encuentra a puertas del inicio de su juicio oral por el delito de afiliación al terrorismo, enfrentando la posibilidad de una pena de 20 años de cárcel. La Fiscalía lo acusa de estar relacionado con los terroristas del VRAEM y se le imputa haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso, del autodenominado “Militarizado Partido Comunista del Perú” que opera en el VRAEM.

Bellido ha negado las acusaciones ante ‘Panorama’, calificándolas de un «invento» y un complot político que surgió durante la segunda vuelta electoral. El juicio oral está solo a falta de que se le ponga fecha.

Testimonio del agente ‘Sacha’

El testigo principal en el caso es Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como el agente ‘Sacha’. Villarroel afirma haberse desempeñado como «embajador» o enlace de los Quispe Palomino, líderes terroristas, y asegura que Bellido recibió encargos y paquetes de su parte. Los hechos habrían ocurrido en el 2018, en Cusco.

En enero de 2018, según la Fiscalía, Bellido recibió memorias USB que contenían «documentación de carácter terrorista». Sacha precisó ante Panorama que los paquetes lacrados contenían «chips» (memorias de celulares) con información, números telefónicos y contactos, y también USB. Estos elementos habrían sido utilizados por Bellido para lograr sus objetivos políticos y cumplir la misión encomendada por los Quispe Palomino, que era llevar el terrorismo al poder a través de la política.

Eddy Villarroel, quien fue nombrado agente especial por la Fiscalía, ha detallado que Bellido lo citaba en una oficina en el segundo piso, frente a la Universidad Nacional del Cusco. El testigo está dispuesto a ratificar en el juicio oral lo que tiene en conocimiento y sus conversaciones que se dieron en el campamento terrorista de los Quispe Palomino.

Bellido, visiblemente nervioso ante las cámaras de ‘Panorama’, negó haber tenido esa oficina o haber recibido el USB, desestimando la versión de Sacha. El exjefe de la DIRCOTE, Máx Anhuamán, respalda la credibilidad de Sacha, indicando que está probado que él estuvo con los Quispe Palomino.

Bellido y Bermejo, casos similares

El caso de Bellido ha sido comparado con la sentencia por terrorismo contra Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de cárcel. Bellido ha tratado de distanciarse de este caso, señalando que «lo de Bermejo es otro proceso».

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación abrió otra investigación contra Bellido por obstrucción a la justicia. Esto se debe al presunto intento de sobornar al testigo Sacha cuando Bellido ya era congresista, mediante una reunión confirmada en video en un baño turco, con un abogado de Perú Libre actuando como mensajero.

Finalmente, aunque Bellido insiste en que no hay ningún juicio oral y que lo que existe es una apelación, se señaló que en 2024 él votó a favor de la Ley 32130, que permitió precisamente a los acusados como él apelar el “auto de enjuiciamiento” (la resolución que faculta el inicio del juicio oral).

Nadine Heredia pide al Supremo Tribunal Federal de Brasil anular cooperación con Perú por pruebas ilícitas

La ex primera dama del Perú, Nadine Heredia, presentó una solicitud ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para anular toda cooperación judicial entre ambos países en los procesos relacionados con el caso Odebrecht.

Según fuentes brasileñas, la defensa de Heredia sostiene que las pruebas empleadas por la justicia peruana son ilícitas, al haber sido obtenidas de sistemas internos de la constructora carioca Odebrecht, como Drousys y My Web Day, sin el consentimiento legal de la empresa.

El pedido busca que el STF determine que Brasil no puede participar ni avalar procesos extranjeros basados en información obtenida irregularmente, una medida que podría tener impacto en múltiples investigaciones del caso Lava Jato.

Argumento de la defensa: cooperación basada en pruebas ilícitas

Los abogados de Heredia afirmaron que el Poder Judicial peruano emitió una orden de arresto en su contra apoyándose en documentos y registros que carecen de validez jurídica en Brasil.

«Autorizar una acción cooperativa sería equivalente a cooperar con la continuación de un proceso penal basado en pruebas ilícitas», indicaron los representantes legales de la ex primera ministra, citando criterios previos del Supremo Tribunal Federal.

Aunque la orden aún no ha sido distribuida oficialmente dentro del STF, se informó que el caso no fue analizado por el ministro Dias Toffoli, quien anteriormente había intervenido en procesos vinculados a la validez de la información obtenida de Odebrecht.

Heredia también busca invalidar los resultados compartidos entre las fiscalías de Brasil y Perú, alegando que estos no contaron con la debida autorización judicial de las autoridades brasileñas.

Contexto político y judicial del caso

Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, acusados de recibir aportes económicos de Odebrecht y del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

En abril de este año, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva concedió asilo diplomático a Heredia, decisión que impide su extradición al Perú y la protege de cualquier orden de captura.

Por su parte, Humala fue liberado bajo fianza, aunque sigue vinculado al proceso por presunto financiamiento irregular de sus campañas.

Las investigaciones del caso Lava Jato revelaron una extensa red de corrupción y sobornos entre Odebrecht, Petrobras y gobiernos latinoamericanos, incluyendo el de Perú.

Este nuevo pedido de Nadine Heredia ante el STF podría redefinir el alcance de la cooperación judicial entre Brasil y otros países que se apoyaron en las evidencias del sistema financiero de Odebrecht.

Ministro del Interior revela acuerdo del Gobierno sobre Betssy Chávez: “No le entregarán el salvoconducto”

El caso de Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, continúa generando controversia política y diplomática. Asilada en la embajada de México en Lima, su situación ha puesto bajo la lupa las decisiones del Poder Ejecutivo.

Durante un operativo en el Cercado de Lima, uno de los que abordó el tema fue el presidente José Jerí. EL mandatario fue claro al señalar que su gobierno aún no ha tomado una postura formal sobre el pedido de salvoconducto en favor de Chávez Chino.

“Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese”, declaró Jerí.

Betssy Chávez deberá permanecer en la embajada de México
Jerí precisó que, mientras no exista un pronunciamiento definitivo, Betssy Chávez deberá permanecer dentro de la sede diplomática en Lima.

“El efecto práctico es ese”, señaló, enfatizando que la investigada no podrá abandonar el país hasta que haya una decisión formal.

El gobernante afirmó que el país respeta los compromisos internacionales, aunque manifestó su preocupación por el uso político del derecho de asilo.

“Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene el sistema internacional, por eso el canciller ha hecho un pronunciamiento con la propuesta de modificar para que no se tergiverse la figura del asilo”, explicó.

Cancillería cuestiona la “desnaturalización” del asilo
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la forma en que algunos países vienen aplicando la figura del asilo. Según el documento, tras consultar con juristas de la región, se concluyó que desde la Convención de Caracas de 1954 “se ha producido una evolución negativa” en la interpretación de este derecho.

Ministro del Interior revela decisión del Gobierno

Por su parte, el ministro del Interior reveló la postura del Ejecutivo sobre Chávez, durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva.

“Este proceso lo sigue la Cancillería. Es un manejo interno con la decisión presidencial, como el señor presidente lo ha anunciado. No le van a entregar el salvoconducto, esa es la decisión del Gobierno”, precisó el titular del sector en el programa Milagros Leiva, Entrevista.

“Las personas al margen de la ley deben ser sometidas a la justicia”

El alto funcionario fue contundente al expresar su posición personal respecto al caso. “Por supuesto. Yo pienso que las personas que han infringido y están al margen de la ley, tienen que ser sometidas a la justicia peruana”, refirió Tiburcio.

Finalmente, el titular del Interior comentó que es definitiva la decisión del Ejecutivo. “Esa es la decisión del Gobierno. Betssy se quedará el tiempo que sea reglamentario o regulado, de acuerdo con lo establecido por las cancillerías”, agregó.

Congreso aprueba inhabilitar de cargos públicos por 10 años a Pedro Castillo y Betssy Chávez

Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años para ejercer función pública al expresidente Pedro Castillo, a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta por presunta complicidad en el intento de golpe de Estado en 2022.

El documento reúne las denuncias constitucionales N.° 547 y 575 y obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones.

El congresista Elías Varas, quien forma parte de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial y que antes integró Perú Libre, fue uno de los parlamentarios que votó en contra de la inhabilitación del exmandatario.

Sanción por responsabilidad compartida

Durante la sesión, la drástica sanción fue sustentada por la congresista Ana Zegarra, de Somos Perú, y responsabiliza a los exfuncionarios por su presunta participación en la planificación del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, considerado un  fallido intento de golpe de Estado.

Según las conclusiones del informe, Betssy Chávez y Willy Huerta habrían participado activamente en la elaboración y respaldo del discurso televisado con el que el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y el toque de queda nacional, medidas que derivaron en su inmediata vacancia y detención.

De ser aprobada la propuesta en las siguientes instancias legislativas, los tres implicados quedarían impedidos de ejercer cargos públicos por 10 años. El caso ahora deberá pasar a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la sanción definitiva.

Solicitan prisión preventiva contra Betssy Chávez

En tanto, el Ministerio Público también solicitó que se dicte prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino por infringir la comparecencia restrictiva impuesta en su contra tras ser liberada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.

A través de un escrito presentado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera al juez Juan Carlos Checkley Soria, pide que se revoque lo ordenado hacia la exministra de Pedro Castillo Terrones, en audiencia llevada a cabo el pasado 5 de septiembre. 

De acuerdo al texto, Chávez Chino incumplió con asistir a tres controles biométricos obligatorios (29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre) y también a cuatro sesiones del juicio oral por el caso ‘golpe de Estado’, el cual se le procesa por el presunto delito de rebelión.

El exmandatario Pedro Castillo, y dos de sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta están a pocas instancias de ser impedidos de ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años tras participar del intento de golpe de Estado en 2022.

Fernando Rospigliosi pide archivar denuncia por uso de cámara en mitin de Fuerza Popular

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un documento ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitando el archivo del procedimiento en su contra por una presunta infracción al deber de neutralidad.

La investigación se originó tras la difusión de un video donde se observa el uso de una cámara del Congreso en un mitin del partido Fuerza Popular el 30 de octubre de 2025.

El parlamentario fujimorista, en sus descargos, negó haber autorizado el uso del equipo congresal en dicha actividad partidaria.

Afirmó que el procedimiento “carece de fundamento” y explicó que, a través de las instancias internas del Congreso, ya se ha iniciado un proceso sancionador contra los responsables del uso indebido del bien público.

JEE evalúa posible infracción a la neutralidad electoral

Según el informe de fiscalización, el presidente del Congreso tendría una posible responsabilidad funcional por no haber garantizado el uso adecuado de recursos estatales.

El caso fue tipificado bajo el numeral 32.1.2 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, que prohíbe la utilización de bienes del Estado en favor de campañas o actividades partidarias.

El video, difundido por Sol TV y redes sociales, muestra que el evento correspondía a una actividad de Fuerza Popular, agrupación política a la que pertenece Rospigliosi.

El hecho ha generado cuestionamientos sobre si hubo o no una vulneración del principio de neutralidad que deben respetar los funcionarios públicos en contextos electorales.

Betssy Chávez violó normas de conducta, denuncia fiscal Zoraida Ávalos

La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al juez Juan Carlos Checkley que revoque la medida de comparecencia con restricciones dictada contra la exministra Betssy Chávez, al considerar que ha incumplido las normas de conducta establecidas por el Poder Judicial.

Chávez Chino, procesada por el presunto delito de rebelión, se asiló en la embajada de México en Lima justo cuando el juicio oral ante la Corte Suprema ingresaba en su etapa final. Esta decisión se dio luego de que la exministra dejara de asistir a las últimas audiencias, pese a que se le había advertido que, de no presentarse el martes 4 de noviembre, se ordenaría su captura.

La inasistencia reiterada y el intento de eludir el proceso judicial mediante el pedido de asilo constituyen, según la fiscalía, una clara transgresión a las obligaciones impuestas como parte de su régimen de comparecencia. Por ello, Ávalos ha solicitado que se le imponga prisión preventiva, la cual será evaluada por el juez Checkley el 13 de noviembre.

«En consecuencia, a criterio de este Despacho Supremo, la prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad, resulta útil y adecuada para alcanzar el fin constitucional de asegurar la realización del proceso penal, así como garantizar la comparecencia del imputado y evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad», señala el requerimiento fiscal.