La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al juez Juan Carlos Checkley que revoque la medida de comparecencia con restricciones dictada contra la exministra Betssy Chávez, al considerar que ha incumplido las normas de conducta establecidas por el Poder Judicial.
Chávez Chino, procesada por el presunto delito de rebelión, se asiló en la embajada de México en Lima justo cuando el juicio oral ante la Corte Suprema ingresaba en su etapa final. Esta decisión se dio luego de que la exministra dejara de asistir a las últimas audiencias, pese a que se le había advertido que, de no presentarse el martes 4 de noviembre, se ordenaría su captura.
La inasistencia reiterada y el intento de eludir el proceso judicial mediante el pedido de asilo constituyen, según la fiscalía, una clara transgresión a las obligaciones impuestas como parte de su régimen de comparecencia. Por ello, Ávalos ha solicitado que se le imponga prisión preventiva, la cual será evaluada por el juez Checkley el 13 de noviembre.
«En consecuencia, a criterio de este Despacho Supremo, la prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad, resulta útil y adecuada para alcanzar el fin constitucional de asegurar la realización del proceso penal, así como garantizar la comparecencia del imputado y evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad», señala el requerimiento fiscal.
El Pleno del Congreso de la República declaró este jueves persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que otorgara asilo diplomático a la extitular del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez.
Con 63 votos a favor y cuatro en contra, el Parlamento adoptó esta medida por lo que consideraron como una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país, así como una ofensa al “sistema democrático nacional” de parte de la mandataria mexicana.
La medida será oficiada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se difunda a través de los canales diplomáticos y que se ejecute.
Sustento
Durante el debate de la moción impulsada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, el vicepresidente de dicho grupo de trabajo, Ernesto Bustamante, expresó su rechazo al actuar del Gobierno de México, encabezado por Sheinbaum, en el asunto de Betssy Chávez.
En esa línea, señaló que la mandataria mexicana «está en cama con el narcotráfico» y que prueba de ello es que el Gobierno de Donald Trump la tiene en la mira, en el marco de su lucha contra dichas organizaciones criminales.
“Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada”, dijo.
El expresidente Pedro Castillo protagonizó este miércoles 6 de noviembre un nuevo incidente en el juicio oral que enfrenta por el delito de rebelión, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Durante la audiencia, el chotano ignoró las reiteradas órdenes de la jueza encargada y utilizó su turno de acreditación para lanzar un extenso discurso de tinte político, en el que volvió a presentarse como una supuesta víctima de persecución.
“El 7 de diciembre, señores jueces, cuando traslado la inquietud del pueblo peruano a un discurso, lo hice porque cuando asumí el gobierno llevé a cabo consejos de ministros descentralizados (…) El pueblo lo que pedía es que trabajemos de acuerdo con el Congreso, el Poder Judicial, las autoridades, los alcaldes, los gobernadores regionales… Que eliminemos esos organismos paralelos al Gobierno”, expresó Castillo.
Castillo insistió en continuar con su discurso Lejos de seguir el procedimiento establecido, el golpista insistió en continuar con sus palabras, pese a la advertencia clara que hizo la magistrada en un inicio.
“Como se le ha dicho en todas las sesiones, es el momento de su acreditación; de no hacerlo, se da por concluida su intervención”, le recordó la jueza en un principio.
El exmandatario, sin embargo, elevó el tono y arremetió contra las instituciones del Estado. “¡Más del 90 % del pueblo dice que no tiene confianza en el Poder Judicial!”, replicó con voz alta.
Juez lo frenó y lo llamó al orden Ante la desobediencia del acusado, uno de los jueces del tribunal intervino para poner fin al episodio y recordarle las normas del proceso judicial.
“Tiene que esperar el momento oportuno. Acá solamente es para identificarse. Si después lo quiere hacer (hablar), lo hace. Señor Castillo, termine de hablar, acredítese, terminamos con el señor Llerena y le tomamos su examen ahora, con el procedimiento que corresponde”, indicó el magistrado.
No obstante, Castillo persistió con sus declaraciones fuera de lugar, lo que motivó una reacción firme del juez: “Va a escuchar nuestra respuesta en la sentencia que se dicte, tomando en cuenta lo que está diciendo”, advirtió el magistrado, dejando claro que las provocaciones del reo no pasarían desapercibidas en el proceso.
A más de un mes de asumir la presidencia del Perú, José Jerí decidió mantener por 30 días más el plan de seguridad ciudadana de 2019 creado por el Gobierno de Martín Vizcarra, una estrategia planteada para cinco años y que a pesar de que debió ser modificada en 2023, se mantuvo por dos años más, reflejando la ineficiencia y desinterés de las autoridades en el combate de las extorsiones y homicidios.
«El último plan de seguridad anual que indica la ley 27933 se confeccionó en el año 2012, al 2025 tienes 13 años que no hay plan anual. En 2013 a medio año hicieron un plan quinquenal que era del 2013 al 2018 y en 2019 hicieron otro igual hasta el 2023, pero en el año 2024 ya no hubo plan y este año tampoco. Es decir, hubo dos años que no hubo planes de seguridad y por eso aumenta la delincuencia», explicó el exgeneral de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.
Sabiendo este contexto, el presidente interino, José Jerí optó por una criticada continuidad: mantuvo sin cambios la estrategia previa, incluyendo el cuestionado uso del estado de emergencia por 30 días, una medida cuya recurrente aplicación no ha logrado revertir la inseguridad ciudadana. Como consecuencia, durante su primer mes en el máximo cargo del Estado se registró 180 muertes por homicidio y decenas de extorsiones en sectores vitales como escuelas, negocios y transporte público.
En lugar de reconocer su error por mantener por un mes más el plan de seguridad ineficiente en su práctica, Jerí optó por «lavarse las manos» asegurando que planteará derogarlo. «Tenemos un plan de seguridad ciudadana vigente, a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad y que en la práctica no nos sirve (…) evalúen para derogar ese plan que está vigente«, expresó dirigiéndose al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Agregó que la nueva estrategia tendrá como ejemplo los planes de seguridad usados durante Gobiernos pasados: «Planes aquellos como los del 2013 o 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa», dijo Jerí, precisando que la crítica que hacía también la hizo cuando era congresista, entonces ¿por qué continuó por un mes con un plan de seguridad criticado anteriormente por él mismo?
Para el exgeneral PNP Pérez Rocha esta no sería más que una medida populista y que no se cumplirá: «Ya estamos en octubre y ese plan tiene que ser aprobado por todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). No hay tiempo, acá ni idea de qué cosa es seguridad ciudadana».
Además, Pérez Rocha también precisó que Jerí buscaría imitar las tácticas e imagen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solo para ganar popularidad. «Él está tratando de copiar las acciones y actividades que hace Bukele en El Salvador,» aseveró. Como evidencia, mencionó detalles como la vestimenta («camisa blanca y las mangas remangadas») y la anunciada licitación de centros penitenciarios con uniformes estandarizados.
Por su parte, Wilfredo Pedraza, quien fue ministro del Interior durante el año 2013, aconsejó que «un plan es útil en la medida que no sea tremendista en metas, que tenga presupuesto y que este se ejecute». Precisó que la virtud del plan de seguridad de su año fue que no se pusieron metas abstractas, sino metas específicas: equipamiento, compras de vehículos, reducir índices de la criminalidad. «Metas razonables (…) El plan del 2013 es mucho más real y por eso se llevó a cabo», añadió.
¿Por qué se esperaron 7 años para proponer cambiar el plan de seguridad?
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, indica que existen tres razones: «La autoridad de turno durante los últimos 10 años ha tenido muy poco tiempo para hacer algo, no le ha interesado el plan y la más importante, no han tenido capacidad de gasto, por ejemplo, el Ministerio del Interior, hace 30 días solo había gastado el 20% de su presupuesto en compra de equipamiento para la Policía», reveló.
Al ser consultado por el trabajo de José Jerí contra la inseguridad ciudadana, Pedraza precisó que se debe considerar que transcurra los 30 días después de declarar el estado de emergencia. Sin embargo, sí coincidió que el actual plan de seguridad debe ser derivado.
«Si un plan no se implementa en 10 años, es que no tiene valor o no se aplicó. Creo que reformularlo me parece una buena idea. Se puede hacer ahora para dejarlo como un documento de trabajo para el Gobierno que viene», indicó el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por el presunto delito de concusión. La decisión se adoptó con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
La investigación está relacionada con el caso ‘Vacunagate’, que trata de presuntos abusos cometidos mientras Vizcarra y Mazzetti ostentaban cargos públicos durante el proceso de adquisición de vacunas contra la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con el informe, la acusación reúne las denuncias constitucionales formuladas por los excongresistas Yvan Quispe Apaza, Manuel Merino De Lama, Leonardo Inga Sales y Luis Roel Alva, así como por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
El secretario ponente, Jorge Montoya Manrique, afirmó en su exposición que se acusa a Martín Vizcarra de haber utilizado su posición para solicitar dosis del ensayo clínico de la vacuna candidata a investigadores de Sinopharm, favoreciendo presuntamente a su entorno cercano.
Cómo se sabe, Martin Vizcarra recientemente inscribió su precandidatura en la plancha presidencial del partido político Perú Primero, agrupación que se ubica en los primeros lugares de las encuestas.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo (La Libertad) solicitó los descargos al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, por una supuesta infracción al principio de neutralidad. Ello debido al uso de una cámara del Congreso durante el mitín de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el 30 de octubre en Trujillo, cuando se anunció su cuarta precandidatura presidencial.
De acuerdo con la resolución N.º 00097-2025-JEE-PCYO/JNE al que tuvo acceso La República, el 3 de noviembre, la coordinadora de fiscalización adscrita al JEE presentó dos informes en los que, según indican, los dos funcionarios públicos presuntamente infringieron «las normas que regulan la neutralidad estatal en el periodo electoral, (…) debido al uso indebido de bienes públicos, a favor de la organización política Fuerza Popular».
En ese sentido, el JEE les otorgó hasta un día de plazo después de haber recibido la notificación, a través de la mesa de partes del Congreso, para brindar sus descargos.
Además, el organismo electoral dispuso que Rospigliosi y Forno habiliten una casilla electrónica en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que puedan recibir notificaciones que emita el Jurado Electoral Especial.
Precisamente, sobre Rospigliosi se prepara una moción de censura en el Parlamento. El último 4 de noviembre, la congresista Ruth Luque anunció que impulsará dicha medida en contra el titular de la institución no asumir «la responsabilidad política» por el uso del aparato tecnológico en el mitin de la lideresa.
Decisión de la resolución N° 00097-2025-JEE-PCYO/JNE
Los informes de fiscalización sobre presunta infracción al principio de neutralidad
Se tratan de dos documentos de fiscalización del JEE de Pacasmayo. El informe N.º 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE advierte que el oficial mayor del Congreso «no cauteló el uso adecuado de una cámara institucional, la cual fue empleada para filmar la actividad política de la organización Fuerza Popular». Dicho acto, señala el informe, «configura una infracción al artículo 32 del Reglamento sobre propaganda electoral»; es decir, al principio de neutralidad.
«La conducta del Oficial Mayor se adecua al tipo infractor por omisión impropia, al no haber activado mecanismos de control, trazabilidad ni prevención sobre el uso de bienes públicos bajo su competencia, vulnerando el principio de neutralidad electoral y el deber de vigilancia institucional», se lee en el documento.
Mientras que, por el lado de Rospigliosi, el informe resalta que este tiene «el deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia —como las cámaras institucionales inventariadas— sean utilizados exclusivamente para los fines propios de la función legislativa».
En ese sentido, el informe de fiscalización señala que «la omisión del presidente del Congreso en cautelar el uso adecuado de los bienes institucionales, y deslindar oportunamente la responsabilidad funcional, evidencia un incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control«.
Informe de fiscalización 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE
Además, el JEE considera que el comunicado emitido por la Oficialía Mayor el 2 de noviembre, si bien reconoce la existencia de una presunta inconducta funcional y anuncia la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, «no constituye un deslinde de responsabilidad respecto a otros funcionarios con deberes de vigilancia y control» del oficial mayor y Rospigiliosi.
Por otro lado, el informe N.° 000038-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE complementa el informe antes señalado e incorpora el análisis del artículo 33 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, sobre una eventual vulneración al principio de neutralidad de los trabajadores mientras ejercían funciones.
Renuncia del trabajador del Congreso no exime de responsabilidades
El informe recalca que, a pesar de que el trabajador del Congreso implicado renunció a su cargo tras revelarse la información, ello «no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada de los hechos ocurridos».
Además, conforme al principio de continuidad del procedimiento sancionador, el JEE puede seguir investigando los hechos a pesar de la dimisión del trabajador. «En este sentido, se aplica el aforismo jurídico “Renuntiatio non est absolutio”, es decir, la renuncia no equivale a absolución», indica el documento.
«Asimismo, el comunicado emitido por la Oficialía Mayor el 2 de noviembre de 2025, si bien reconoce la existencia de una presunta inconducta funcional y anuncia la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, no constituye un deslinde de responsabilidad respecto de otros funcionarios con deberes de vigilancia y control, como el Oficial Mayor y el Presidente del Congreso», agrega el informe.
Renuncia de trabajador involucrado no equivale a una absolución, señala informe de fiscalización
El 2 de noviembre, Rospigliosi minimizó el hecho a una «falta» cometida por un trabajador de la entidad. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), expresó «un trabajador cometió una falta, de inmediato se le inició proceso sancionador. Ya renunció».
ENFOQUE REAL 