El Sexto Juzgado Unipersonal de Trujillo y La Esperanza ordenó la ubicación y captura de César Combina, militante de Avanza País que tenía intenciones de postular a la presidencia con el partido del tren. Esta decisión judicial se tomó luego de que Combina no asistiese a las audiencias correspondientes por al juicio oral por una presunta difamación agravada en contra del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Debido a estas mismas ausencias, Combina fue declarado reo contumaz.
Categoría: Política
Betssy Chávez: Perú no debe otorgarle el salvoconducto, dice excanciller González-Olaechea
El excanciller Javier González-Olaechea afirmó que el Estado peruano debe «negarle el salvoconducto» a la expremier Betssy Chávez «para no consolidar lo que ha sido una treta» de su parte y «una premeditada, continua y actitud de vieja data» del gobierno mexicano.
El extitular de Relaciones Exteriores recordó que si bien la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático reconoce que el país asilante —que en este caso específico es México— es el que califica el asilo y lo otorga sin necesidad de una justificación, esa misma norma, en su artículo 3, establece una excepción, «y es que cuando alguien —en este caso la señora Betssy Chávez— está incurso en un proceso como imputada por autoridad competente ante tribunales competentes en un proceso ordinario, dicho proceso es ilícito».
«Creo que correspondería al Estado peruano negarle el salvoconducto para no consolidar lo que ha sido una treta por parte de la señora Chávez, que no asistió a las audiencias a las que fue convocada», dijo, y enseguida cuestionó también la «premeditada, continua y de vieja data actitud la familia López Obrador que ha sido abiertamente hostil, maltratando el derecho constitucional y haciendo uso y abuso de la Convención de Caracas».
González-Olaechea advirtió que negarle el salvoconducto a Chávez no tendrían consecuencias negativas para el Estado peruano sino más bien positivas «por cuanto se invoca el párrafo primero del artículo tercero que establece con toda claridad que en su calidad de imputada (el asilo) es ilícito, es ilegal, contra la razón», subrayó.
«Las consecuencias son positivas desde el punto de vista del derecho porque lo que ha hecho México es un uso y abuso del derecho internacional público y de la Convención de Caracas, y pretende burlarse del Perú y en este caso sustraer de la justicia a una persona que está claramente comprometida en un intento de golpe de Estado bajo la figura de conspiración según el Código Penal», reiteró.
«La consecuencia política sería positiva desde el punto de vista interno porque con claridad el mensaje sería: ‘no vamos a permitir que se utilice un instrumento jurídico para evadir impunemente la justicia’; y entonces se constituye —porque hay otros que están haciendo cola y pudieran intentar hacer lo mismo respecto al mismo intento golpe de Estado— en un mensaje que sería: ‘no vamos a fomentar como parte de la lucha contra la corrupción y como parte de la lucha contra la impunidad que se le saque la vuelta al Perú por la vía del asilo», prosiguió.
Consultado sobre la posibilidad de que el Estado peruano sea demandado por incumplimiento de la convención ante la Corte Internacional de Justicia, el excanciller refirió que «como todos los juicios», este podría prolongarse siete u ocho años y es más probable —continuó— de que antes de que eso se resuelva «la familia política ampliada de López Obrador y la señora presidenta (Claudia) Sheinbaum llegue a su fin y cambie el giro político del gobierno mexicano.
Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso
El registro audiovisual del evento en el que Keiko Fujimori anunció su cuarta postulación a la presidencia ha sido ocultado o eliminado de las plataformas digitales YouTube y Facebook. Al intentar acceder a la transmisión, que originalmente fue difundida en vivo, el enlace figura ahora con el mensaje de «contenido no disponible».
Esta desaparición se produce luego de que un reportaje emitido por Sol TV revelara un presunto uso indebido de recursos públicos durante la filmación del mitin. Según la denuncia periodística, para la grabación del acto político se habría utilizado una cámara perteneciente al Congreso de la República, yendo contra el principio de neutralidad electoral y peculado de uso al usar bienes del Estado para fines proselitistas.
Keiko Fujimori borró el post de Facebook donde se podía ver el mitin del anuncio de su candidatura. Foto: Facebook
Link de la transmisión de Facebook del mitin de Keiko Fujimori. Foto: Facebook
Como respuesta, el Parlamento anunció que dos trabajadores fueron despedidos: Edwin Levano, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso y Daniel Luza, técnico y camarógrafo bajo el cargo de Levano. Fuentes del Congreso revelaron a este diario que fue el mismo fujimorista Rospigliosi quien recomendó a Levano como jefe del mencionado despacho, luego de que fuera personero de Keiko Fujimori en las elecciones de 2021.
Fernando Rospigliosi altera la portada de La República
Mediante una publicación en X, el presidente del Congreso subió solo una parte de la portada de este diario de la fecha 4 de noviembre, enfocándose solo en el titular: «Cámara que se usó en mitin de Keiko salió de oficina a cargo de Rospigliosi». A la imagen le agregó el siguiente texto de forma sarcástica: «Gracias al imparcial y objetivo diario La República por dedicarme su portada el día de hoy. Sin duda, el uso irregular de una cámara del Congreso es el problema más importante del Perú. Y es de palpitante actualidad, ocurrió hace 5 días en Trujillo. ¡Aprendan periodistas! ¡Ni la fuga y asilo de la golpista Betssy Chávez, ni el paro de transportistas pueden competir conmigo!».
Sin embargo, su acusación irónica fue desmentida por varios internautas, quienes le dijeron que comparta la portada completa, pues la fotografía y la otra mitad de la primera página del diario es sobre el asilo a Betssy Chávez.
Martín Vizcarra: Subcomisión aprueba informe final que acusa al expresidente por delito de concusión
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final de la denuncia constitucional acumulada que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el presunto delito de concusión. Ello, por el caso vacuna contra el COVID-19.
Denuncias constitucionales
Se trata de una denuncia acumulada por la 086, presentada por Yvan Quispe; la 195, formulada por los excongresistas Manuel Merino, Leonardo Inga y Luis Roel Alva; y la 265, realizada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
El congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, afirmó en el informe que se le imputa al exmandatario haber abusado de su cargo para inducir al investigador principal de la vacuna candidata Sinopharm para que entregue dosis en su beneficio personal y el de su entorno cercano.
En cuanto a Mazzetti, se le atribuyó haber inducido a otro de los investigadores del mismo equipo, la entrega de varias dosis para ella y su entorno.
Con 11 votos a favor, 1 con reserva, dos en contra y 1 abstención se aprobó el informe final. Por lo tanto, el caso deberá pasar a la Comisión Permanente, que deberá nombrar una subcomisión acusadora, con la finalidad de sustentar y formular la acusación ante el Pleno del Legislativo.
Otros casos en sesión
En la misma sesión, la Subcomisión aprobó otros don informe de calificación. El primero de estos, responde a la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana en contra de la congresista María Córdova Lobatón, por el presunto delito de peculado doloso por utilización.
El documento declaró la denuncia improcedente, pues no satisface el criterio material de procedencia establecido en el Reglamento del Congreso, y fue aprobado con 14 votos a favor.
El segundo informe es una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, contra la congresista Hilda Portero López, por el presunto delito de concusión. Se le acusa de haber inducido a trabajadores a entregar dinero para comparar sillas de ruedas para su labor social. El informe concluyó que es una denuncia improcedente y fue aprobado con 14 votos.
Es así, como se aprobó el informe final contra Martín Vizcarra y su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el caso de la vacuna contra el COVID-19, aprobándose por el presunto delito de concusión.
Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026
A pocos meses de las elecciones generales 2026, Yonhy Lescano, quien postuló a la presidencia en 2021 con Acción Popular, ofreció duras críticas a su expartido y pidió que no brinden «ni un solo voto por ellos».
Durante su vivita a su natal Puno, el también exparlamentario aseguró que el ‘partido de la lampa’ ha traicionado al pueblo. «Se ha echado a los brazos del fujimorismo, del porkismo, ha cogobernado con Dina Boluarte y, ahora, cogobierna con José Jerí (…) No voten por este partido porque ha defraudado terriblemente», manifestó.
Lescano, quien catalogó estas acciones como un «pacto mafioso», afirmó que su arrastre electoral en el 2021 permitió que Acción Popular tenga una bancada de 16 parlamentarios, a quienes los tildó de traidores. Él contó que a los pocos días de ser elegido lo desconocieron y la mayoría de ellos terminaron involucrados en el caso «Los Niños».
Lescano sobre expulsión de Butters en Puno: «Se han hecho respetar»
En otro momento, el ahora postulante por Cooperación Popular se refirió a la convulsionada visita de Phillip Butters al altiplano. Él consideró que la actitud de los juliaqueños contra el periodista fue una expresión de indignación y, a la vez, una forma de hacerse respetar frente a quien consideran que los agravió.
«Puno ha hecho respetar su autoestima y la dignidad de los peruanos», precisó. Tras ello, sostuvo que si Rafael López Aliaga, César Acuña o Keiko Fujimori llegan a esta región, lo harán protegidos por la Policía Nacional, pues de no hacerlo quedarían vulnerables al rechazo del pueblo. Asimismo, aseguró que si son echados por la población o insultados es porque son reconocidos como «parte del pacto mafioso».
Yonhy Lescano también se pronunció con relación a la determinación de asilo político de Betssy Chávez en México. “La mafia se ha impuesto sobre la ley y cualquiera se escaparía”, acotó. Para él, Pedro Castillo y la expremier no cometieron delito.
“Es patético el canciller Hugo de Zela, cuando dice que hay que romper relaciones diplomáticas con México. ¿Y por qué no reclamaron cuando Alberto Fujimori se asiló en Chile?», expresó.
Gobierno de José Jerí otorga un «plazo perentorio» a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país
El gobierno de José Jerí dispuso un «plazo perentorio» para que la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Tatiana Ornelas Loera, tras el asilo político a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, deje el país. La medida fue conocida a través de redes sociales luego de que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país de la mandataria Claudia Sheinbaum.
«¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornelas, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país», se lee en el post.
De Zela informó ante la prensa tomó conocimiento de que Chávez había solicitado el asilo político y se encontraba en la embajada. Cabe recordar que la ex ministra es procesada por los delitos de rebelión y conspiración debido a su participación en los hechos del pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.
Según el canciller, la medida adoptada por México constituye «una violación al principio de no intervención reconocido por el Derecho Internacional».
Aunque se rompieron las relaciones diplomáticas, el canciller precisó que las oficinas consulares de ambos países continuarán funcionando con normalidad para atender a los ciudadanos peruanos en México y mexicanos en el Perú.
Betssy Chávez, quien fue ministra de Trabajo y luego presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo, enfrenta un juicio que se desarrolla en la sala de audiencias del Penal de Barbadillo.
La Fiscalía solicita una condena de hasta veinticinco años de prisión por su presunta implicancia en el intento de golpe de Estado. En los últimos meses, la ex primera ministra se ausentó de varias audiencias judiciales, una de ellas con un certificado médico cuya autenticidad fue cuestionada los magistrados.
A raíz de este incidente, su abogado, Raúl Noblecilla, fue expulsado del proceso y sancionado con dos meses de suspensión profesional por presentar documentación inconsistente y mantener una conducta considerada dilatoria.
El tribunal advirtió además que, de persistir las inasistencias, Chávez podría ser declarada reo contumaz. Es importante resaltas que ya hubo enfrentamientos diplomáticos entre México y Perú cuando se concedió asilo a la esposa e hijos de Pedro Castillo tras su destitución.
Abogado de Bettsy Chávez: «No responde al teléfono»
El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, afirmó que no tenía conocimiento de una solicitud de asilo político por parte de su defendida ni de que se encontrara en la embajada de México. Señaló que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación y que desde hace varios días no ha logrado comunicarse con la ex primera ministra, quien no responde a sus llamadas, por lo que desconoce su paradero.
«Yo he intentado (comunicarse con ella), por supuesto, y su teléfono está o malogrado o fuera de servicio o apagado, pero no hemos logrado tener comunicación. Y no ahora, yo ya le he llamado, como también lo dijo el doctor Romero, el doctor Barranzuela también le ha llamado, pero lamentablemente no hemos tenido la suerte (de una respuesta)», declaró para La República.
ENFOQUE REAL 