El Tribunal Constitucional (TC) aprobó por mayoría el recurso de habeas corpus para dejar sin efecto el juicio contra Keiko Fujimori sobre el caso «Cócteles». Votaron solo cinco de los siete magistrados. Para los que votaron a favor, la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular y otros investigados «carecía de sustento jurídico y era opuesta a lo establecido en la Constitución Política».

Los magistrados que votaron a favor de la jefa de Fuerza Popular fueron: Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Francisco Morales, Pedro Hernández y Helder Domínguez.

Con esta decisión, se declara la nulidad de todo lo visto sin necesidad de ir a juicio. Tal como lo advirtió el Ministerio Público, esta decisión impactará en los casos de otros partidos y políticos como Ollanta Humala, Susana Villarán o Vladimir Cerrón.

Para el TC, su decisión de archivar el caso se basa en que, «el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial fue incorporado al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre del 2016 a través de la Ley 27765. Es decir, luego de que los presuntos delitos cometidos por Keiko Fujimori se habían llevado a cabo».

«En tales circunstancias, interpretar que hubo un delito como el imputado, presupondría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, así como una evidente afectación al principio de legalidad penal», argumentan quienes votaron a favor de la tres veces candidata Keiko Fujimori.

El segundo punto que menciona el TC para sustentar su fallo es que el delito de organización criminal por el cual se investigaba a Keiko Fujimori, «no se condice en lo absoluto con una finalidad plenamente legítima como es el ganar las elecciones».

Magistrados del TC no equiparan querer ganar las elecciones a un propósito de carácter delictivo

Lo que significa que los magistrados a favor de Fujimori Higuchi consideran que los «cócteles» en los que se recaudó fondos que no fueron bancarizados y recogidos por ella y su esposo Mark Vito en maletines por la noche, y luego haber ‘pitufeado’ los mismos, no puede considerarse como una estrategia que armó una organización criminal para lavar dinero ilícito en las campañas políticas del 2011 y 2016.

«(…) No se puede equiparar una finalidad política como es ganar las elecciones a un propósito de carácter delictivo, siendo totalmente erróneo que la captación de aportes para financiar una campaña, represente un actuar ilícito», expresó el TC.

Como se recuerda en la última audiencia realizada el 1 de setiembre se evaluó la demanda con la que Keiko Fujimori buscaba que el TC, ordene el archivo definitivo de su proceso por lavado de activos en torno a los presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales, conocido como el Caso Cócteles.

La resolución del Tribunal Constitucional elegido por este Congreso, dispone así, “la nulidad y dejar sin efecto toda investigación y la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de su partido político en el marco del Caso Cócteles”, por el que la investigaba el Ministerio Público y cuyo juicio oral se había iniciado en el año 2024.

Presidenta del TC votó en contra de anular el caso Cócteles

La resolución del Tribunal Constitucional tiene 148 hojas que incluyen los dos votos singulares en los que se pronuncian los dos magistrados que no votaron a favor.

Fue la presidenta del TC, Luz Pacheco, uno de los magistrados que votó en contra de anular el caso Cócteles «porque es una invasión a la justicia penal». La titular del TC advierte tácitamente que «el Tribunal Constitucional ha ordenado que se archiven los cargos de lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori».

El otro magistrado que tuvo también un voto singular en contra de anular este caso de lavado de activos fue Manuel Monteagudo Valdez.

Como se sabe, la Fiscalía sostenía que, a través de los ‘cócteles’ que realizaba Fuerza Popular, se intentó blanquear el dinero recibido para las campañas electorales del 2011 y 2016 para la candidata Keiko Fujimori, pero para el Tribunal Constitucional, el máximo órgano defensor de la Constitución del Perú, la investigación y acusación carece de sustento jurídico o como algunos analistas están refiriendo, el lavado de activos, no es lavado de activos.