El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), a través del Tribunal de Contrataciones Públicas, inició un procedimiento administrativo sancionador contra Cristal Rufina Quispe Cisneros, por presuntamente haber contratado con el Estado estando legalmente impedida.
De acuerdo con la Cédula de Notificación y el Decreto N.° 686040, el caso se encuentra vinculado a la Orden de Servicio N.° 606-2023, emitida el 15 de marzo de 2023 por el Gobierno Regional de Lima – Sede Central, por un monto de S/ 7,000.
¿Cuál es el presunto impedimento?
Según el informe del Órgano de Control Institucional (OCI), la investigada se encontraba impedida de contratar debido a que su madre, Arístida Rufina Cisneros Flores, fue designada como Directora Regional de Educación de Lima Provincias desde el 1 de enero de 2023.
La Ley de Contrataciones del Estado establece restricciones para familiares directos de funcionarios con capacidad de decisión dentro del mismo ámbito territorial.
El documento ya circula internamente
Registros administrativos muestran que la notificación fue:
– Registrada en Sede Central
– Derivada al Órgano de Control Institucional
– Remitida a la Gobernación Regional
– Enviada a la Subgerencia de Logística para conocimiento y acciones
Esto evidencia que el caso ya es de conocimiento de las principales instancias administrativas del Gobierno Regional.
¿Qué podría ocurrir?
De confirmarse la infracción, la sanción podría ser:
Inhabilitación temporal de 3 a 36 meses para contratar con el Estado.
Este caso vuelve a poner en debate los mecanismos de control sobre impedimentos por vínculo familiar en la contratación pública regional.
En una decisiva jornada de trabajo en la capital de la República, la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, sostuvo una reunión de alto nivel con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, con el objetivo de fortalecer la articulación intersectorial y acelerar la respuesta del Estado frente a la situación de riesgo generada por las lluvias intensas en la región.
La autoridad regional estuvo acompañada por el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ing. Janssen Guerrero, quien expuso el panorama técnico y operativo actual, detallando las intervenciones prioritarias en zonas vulnerables y la necesidad de respaldo normativo y presupuestal para su ejecución inmediata.
En el marco de la estrategia preventiva impulsada por el Gobierno Regional de Lima, se informó sobre acciones formales ante sectores clave del Ejecutivo:
Gestiones ante el MEF: Mediante el Oficio N.° 1969-GRL-GRDR-DRAL, se solicitó el financiamiento de 115 fichas técnicas destinadas a la limpieza y descolmatación de cauces.
Gestiones ante el MIDAGRI: A través del Oficio N.° 1970-GRL-GRDR-DRAL, se reiteró el pedido de recursos para estas mismas 115 intervenciones críticas.
Solicitud de Estado de Emergencia
La gobernadora regional remitió el Oficio N.° 020-2026-GRL-GOB solicitando la Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente para 117 distritos. Asimismo, de manera reiterativa, se enviaron los Oficios N.° 009-2026 y N.° 042-2026, solicitando la inclusión de 86 distritos adicionales ante el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.
A la fecha, se han registrado 161 emergencias en el territorio regional, reflejando la magnitud de los eventos asociados a las lluvias y la urgencia de acciones coordinadas.
La gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado enfatizó:
“No podemos esperar a que el desastre ocurra para actuar. La vida y seguridad de nuestra población requieren decisiones inmediatas y articulación efectiva entre los niveles de gobierno”.
El Gobierno Regional de Lima reafirma su liderazgo en la gestión del riesgo de desastres, priorizando la prevención, la protección de la vida y la seguridad de sus nueve provincias, en coordinación permanente con el Ejecutivo.
El cinismo de la gobernadora regional no tiene punto de comparación, demostrando una vez más que esta señora no tiene sangre en la cara y que siendo una mentirosa profesional pregona a los cuatro vientos que las autoridades mentirosas debieran ser vacadas.
En una ceremonia pública con motivo de una inauguración en Caqui-Aucallama, Rosa Vásquez con todo el desparpajo del mundo manifestó que las autoridades que les mienten a las personas y que no cumplen con sus promesas debieran ser vacadas. Resulta increíble cómo es que esta autoridad regional habla como si ella siempre hubiese cumplido con sus promesas o que jamás hubiese mentido a la población.
Tenemos que recordarle un caso dramático cuando jugó con los sentimientos de los directivos del colegio “Antonio Graña” y con la comunidad educativa en general al mentirles sobre la construcción de su plantel, los engaño inventando toda una patraña para decirles que la construcción estaría a cargo de una empresa minera bajo la modalidad de obras por impuesto, sin embargo luego se supo que todo fue un montaje, una tremenda mentira cuando la propia empresa minera emitió un pronunciamiento indicando que ellos nunca se comprometieron a ejecutar esa obra. Engañaron a los huandeños y miserablemente jugaron con sus sentimientos, pero aun así ella se llena la boca diciendo que las autoridades mentirosas debieran ser vacadas de sus cargos por lo que decimos que ella tendría que ser una de las primeras, porque esto de Huando no es el único caso de sus tantas mentiras, lanza piedras al cielo sabiendo que tiene trecho de vidrio, pero como su cinismo no tiene límites, nada le interesa aparecer como caradura… Esa es la gobernadora regional.
En un megaoperativo ejecutado la madrugada del 11 de febrero, la Policía Nacional del Perú logró la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal denominada “La Mafia del Jr. Lima”, dedicada —según las investigaciones— a la comisión de diversos delitos en la región Lima.
La intervención se realizó a las 03:30 horas, bajo la dirección de la Región Policial Lima Norte, a cargo del general PNP Manuel Wuilmer Farías Zapata, y con la participación de la División de Investigación Criminal (Divincri) Lima Norte, dirigida por el coronel PNP Richar Jesús Medina Velásquez.
El operativo se desarrolló de manera conjunta con representantes de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura y contó con el apoyo de personal de la Digimin, unidades de inteligencia de Huacho y efectivos de las Divopus de Huacho, Barranca y Huaral.
Durante la intervención se ejecutó el descerraje de diez inmuebles y la detención preliminar de los siguientes investigados: William Junior Navarro Nicho, alias “Junior”, José Alfredo Lindo Rondón, alias “Viejo”, José Alfonso Lindo Camones, alias “Cheftin” y Nilson Uriel Barzola Botonero (27), alias “Nilson”
Asimismo, se realizaron diligencias al interior del penal de Carquín contra los internos: Carlos Ader Patricio Sánchez, alias “Orejas” o “Scokony” y Diego Ceceus Zein Ramírez Zubieta, alias “Diogo”
De acuerdo con la Policía, esta presunta banda estaría implicada en delitos contra la tranquilidad pública (banda criminal), contra la vida, el cuerpo y la salud (sicariato), contra el patrimonio (extorsión agravada y robo agravado), así como delitos contra la seguridad pública por la fabricación, comercialización y uso ilegal de armas de fuego y municiones.
Como resultado del operativo, se incautó una pistola con dos cacerinas y municiones, además de equipos celulares y otras especies que serán sometidas a peritaje como parte de las investigaciones.
Las autoridades señalaron que las diligencias continúan con el objetivo de desarticular por completo esta presunta organización criminal y esclarecer los hechos en agravio de personas naturales, jurídicas y del Estado.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Hospital Huacho, Huaura, Oyón y Servicios Básicos de Salud (Hospital Regional de Huacho) contrató a una empresa para el suministro de 27 000 kilos de carne de pollo por un monto de S/ 399 600, pese a que esta no cumplía con requisitos esenciales como contar con carnet sanitario vigente ni acreditar experiencia en la especialidad.
Según el Informe de Servicio de Control Específico n.° 010-2025-2-4056-SCE, que evaluó el periodo del 7 de marzo al 14 de abril de 2025, la falta de habilitación sanitaria comprometió la salud pública al permitirse la contratación de un proveedor que no acreditó condiciones mínimas para la manipulación del producto, exponiendo a los pacientes a riesgos sanitarios.
Un informe fiscal y pericial ha puesto bajo la lupa una presunta red de irregularidades durante la gestión de Javier Alvarado en el Gobierno Regional de Lima, vinculada a la emisión de recibos por honorarios, el manejo de encargos económicos y la utilización de terceros proveedores que, según los documentos, presentarían evidentes coincidencias en su elaboración.
Un mismo puño gráfico en distintos proveedores
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la detección de similitudes en el puño gráfico es decir, la escritura manuscrita en recibos por honorarios correspondientes a distintos proveedores.
El denominado Puño Gráfico A aparece en recibos emitidos por diversos proveedores, entre ellos:
– José Figueroa Yanayaye
– Guillermo Conde Muchaypiña
– Maribet Serna Chipana
– Giovanni Muchaypiña Loyola
– Sebastián Velarde Alfonso
– Mayra Vásquez Quiroz
– Víctor Camara Morales
– Dayana Cortez León
– Alberto Cortes Villalobos
– Oscar Noel Cotera
– Mirtha Marcos de Anampa
– Margarita Ramírez Pineda
Pese a tratarse de personas distintas, los documentos consignan un mismo patrón de escritura en el llenado de los recibos, particularmente en el campo “Recibí de: Gobierno Regional de Lima”.
Asimismo, el informe señala que proveedores como Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, pese a residir en lugares distintos, presentan recibos con el mismo puño gráfico, lo que constituiría un indicio de que habrían sido elaborados por una sola persona.
Además, se advierte que varios proveedores utilizaban el mismo formato y tenor para presentar informes de actividades, variando únicamente el tipo de letra como mecanismo para aparentar diferencias.
Delitos imputados a proveedores
En el documento fiscal se consigna que diversos proveedores, en condición de terceros, son investigados como presuntos:
Cómplices extraneus en delitos contra la administración pública, en las modalidades de:
Peculado por apropiación (Art. 387 del Código Penal)
Colusión (Art. 384 del Código Penal)
Negociación incompatible (Art. 399 del Código Penal)
Autores de:
Falsa declaración en procedimiento administrativo (Art. 411 del Código Penal)
Falsedad genérica (Art. 438 del Código Penal)
Defraudación tributaria (Ley Penal Tributaria D. Leg. 813 y D. Leg. 1114)
Entre los mencionados figuran nombres como María Elena Negrón Martínez, Héctor Grober Pasquel Pino, Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, entre otros.
“Burriers administrativos” y cobro de cheques
El informe también describe la existencia de funcionarios y servidores administrativos de segunda línea que habrían actuado como “burriers administrativos”, es decir, personas encargadas de:
– Firmar comprobantes de pago.
– Cobrar los cheques en el Banco de la Nación.
– Entregar el dinero al gerente inmediato que impulsaba el encargo económico.
Según el documento, en muchos casos estas personas no contaban con la experiencia profesional mínima para organizar actividades de envergadura, y su participación se habría limitado a firmar documentos que habrían sido elaborados por terceros.
Encargos económicos millonarios
Uno de los hechos más relevantes se refiere al Informe N.º 27-2015, relacionado con un encargo económico otorgado en 2013 para la realización de un evento denominado “Minicampeonato de Vóley” en Barranca.
Se consigna que:
– Se autorizó un encargo económico por S/ 35,000.
– Se informó la asistencia de cerca de 350 personas.
– No se presentó el registro formal de participantes y/o asistentes.
Además, el documento detalla que, durante el periodo 2011-2014, se habrían entregado múltiples encargos económicos por montos significativos.
Por ejemplo:
– Sara Noemí Aliaga Tantaleán habría recibido 17 encargos económicos por un total de S/ 537,470.00.
– Jorge Humberto Barba Mitrani, en su condición de Director de Comercio Exterior y Turismo, habría recibido 4 encargos económicos por S/ 104,601.00.
– Marcelo Lévano Solari, exgerente de Desarrollo Social, habría canalizado 25 encargos económicos por un total de S/ 644,500.00 entre 2011 y 2014.
El informe sostiene que la Gerencia de Desarrollo Social fue la que viabilizó la mayor cantidad de encargos económicos en ese periodo.
Indicios que agravan la investigación
La coincidencia en la escritura de recibos emitidos por distintos proveedores, el uso reiterado de formatos similares, la falta de sustento documentario completo y la concentración de encargos económicos en determinadas áreas configuran, según el informe, indicios relevantes de una posible organización interna destinada a canalizar fondos públicos mediante terceros.
Las investigaciones continúan y corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar responsabilidades individuales. No obstante, los documentos analizados revelan un esquema que, de confirmarse, comprometería seriamente la transparencia en el manejo de recursos del Gobierno Regional de Lima durante la gestión de Javier Alvarado.
Gestiones ante el MEF: Mediante el Oficio N.° 1969-GRL-GRDR-DRAL, se solicitó el financiamiento de 115 fichas técnicas destinadas a la limpieza y descolmatación de cauces.
Solicitud de Estado de Emergencia
Defensa Civil, tarea de todos.
ENFOQUE REAL 