El juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, se encuentra bajo investigación tras haber otorgado libertad con restricciones a Pedro Manzanilla Sumen, presunto miembro de la organización criminal «La Gran Sangre de Ica».
En septiembre de 2021, la Junta Nacional de Justicia calificó la acción de Fernández como una falta muy grave, sin embargo, decidió no destituirlo, optando por una suspensión de seis meses impuesta por la Oficina de Control de la Magistratura.
Actualmente, la situación de Vicente Fernández está en apelación ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Caso Alberto Fujimori
Este caso añade una capa de complejidad a la decisión pendiente respecto a la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, cuyo destino está en manos de Fernández.
El juez de la Corte de Ica se defiende alegando su capacidad para resolver controversias y su historial sin sanciones disciplinarias previas.
La figura del juez Fernando Vicente Fernández Tapia ha captado la atención del público y los medios tras su polémica decisión de liberar a un presunto miembro de la organización criminal «La Gran Sangre de Ica». Unidad de Investigación
En diálogo con Exitosa, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no tendría competencia para pronunciarse sobre los indultos que otorga un país ante la posibilidad de que el expresidente Alberto Fujimori sea liberado.
Durante el progrma Exitosa Te Escucha con Katyusca Torres Aybar, el también abogado constitucionalista aseguró que el reglamento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no otorga dicha facultad a la corte. Por esta razón, considera que, en caso de pronunciarse, se estaría dando una acción «denunciable».
«La Corte IDH no tiene, en ningún artículo de la Convención Americana sobre DD.HH. en su reglamento, competencia para pronunciarse sobre los indultos que otorga un país en el ejercicio de su autonomía y en el marco de su Constitución. Eso es un exceso y un desborde que hay que denunciar», declaró en nuestro medio.
¿Qué debería hacer Perú?
En esa misma línea, el expresidente del TC también se refirió a la posibilidad de que la Corte IDH vuelva a observar el indulto de Alberto Fujimori tras la notificación de los abogados de las víctimas de los casos Barrios Altos e IDL.
Al respecto, Enersto Blume sostuvo que el Perú debe mostrarse firme si ello llegara a tener lugar e imitar lo hecho por Argentina, quien habría observado un pronunciamiento del mencionado órgano judicial al no ser compatible con su Constitución.
«Ellos van a seguir saliendo a los foros internacionales para reclamar, pero el Perú tendrá, pues, que poner a la Corte IDH en su sitio, como lo ha hecho Argentina, que, frente a los despropósitos de la Corte IDH, ha dicho ‘un momento, ese extremo no es compatible con nuestra Constitución'». aseguró.
Respetarán la decisión del TC
Como se recuerda, el Ministerio de Justicia también se pronunció en las últimas horas sobre la posible liberación de Alberto Fujimori y, a través de un comunicado, dejaron en manos del juez constitucional de turno el caso del expresidente.
En medio de la crisis política y constitucional que atraviesa el país a raíz del caso de la fiscal de la Nación, que supone la compra de votos en el Congreso a cambio de impunidad, el Tribunal Constitucional decidió sumarse a la desestabilización.
A través de un auto de aclaración con fecha del 21 de noviembre, pero dado a conocer el lunes 28 de noviembre, los magistrados del TC decidieron crear una controversia constitucional respecto del proceso de ejecución de la sentencia del expresidente Alberto Fujimori.
Este documento, que debía tener como principal propósito aclarar cómo se deberían ejecutar los términos de la sentencia, no ha logrado su propósito ni en el papel ni en la explicación posterior. Al contrario, han decidido abrir la puerta a la interpretación de la sentencia a partir del desconocimiento del ordenamiento jurídico nacional y el rol de las sentencias de organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e inclusive manifestándose incoherentemente a través de diversos medios locales.
El presidente del TC, Francisco Morales, sostuvo en diversos canales que lo que ordena el auto es la liberación de Fujimori. “La respuesta es sí y le explico por qué: porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración”, sostuvo Morales en RPP. Sin embargo, si se remite al texto mismo del auto, específicamente en la resolución, se lee textualmente que 4 de los 6 miembros del Pleno del TC declaran “improcedentes” los pedidos de aclaración solicitados por la defensa del exdictador.
Contrariamente a lo expuesto por la mayoría, en el voto singular del magistrado Manuel Monteagudo Valdez se discrepa “totalmente” de dicha conclusión.
Monteagudo sostiene que Pacheco Zerga, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro eluden su responsabilidad como miembros del máximo órgano de interpretación legal del país, “pues han decidido ignorar las consecuencias jurídicas derivadas de expresos pronunciamientos de la Corte IDH”.
Imposible jurídico
Según dicho magistrado, la mayoría del actual Pleno del TC “ha decidido eludir su responsabilidad de emitir un pronunciamiento claro y definitivo al respecto, en su condición de órgano de control de la Constitución” al trasladar su “trascendental función al “juez de ejecución del habeas corpus, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”.
Asimismo, sostuvo en RPP que dicho auto de aclaración, “bajo ningún contexto, puede entenderse como una orden de excarcelación en favor del expresidente Alberto Fujimori, ya que esta situación configura un imposible jurídico”.
Finalmente, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez fue enfático en resolver que “el TC debe acatar el fallo de la Corte IDH y resarcir la sentencia que validó el indulto otorgado previamente”.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, señaló este miércoles que sí procede la liberación del expresidente Alberto Fujimori tras la resolución de aclaración emitida en la víspera por su institución respecto a consultas jurídicas sobre su indulto.
«La respuesta es sí y le explico porqué, porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración», manifestó ante la pregunta si la resolución del TC dispone la excarcelación de Alberto Fujimori.
Francisco Morales explicó que la resolución del TC «despeja» la sentencia dictada el año pasado que estableció la inmediata libertad del Alberto Fujimori.
«Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en esta caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional. Las decisiones de la Corte (Interamericana de Justicia) nosotros las valoramos mucho, pero en este caso nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto», dijo.
Keiko Fujimori señaló que espera que su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, pueda salir en libertad antes del sábado de la presente semana, en virtud de la resolución de aclaración emitida en la víspera por el Tribunal Constitucional (TC) respecto a consultas jurídicas sobre su indulto.
En su opinión, el TC “emitió una sentencia firme y definitiva que termina con el bloqueo inhumano para lograr la libertad” de su progenitor. Consideró que con su pronunciamiento, el órgano jurisdiccional colegiado “le da la orden al juez de ejecución para que finalmente libere a mi padre”.
En rueda de prensa dada en la puerta de su domicilio, la lideresa del partido Fuerza Popular dijo que, desde su punto de vista, la resolución que ha emitido el tribunal va en ese sentido y que debe prevalecer por sobre lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado previamente, denegando la posibilidad de que se indulte a Alberto Fujimori.
“Al haber una segunda resolución (del TC) que ratifica la primera, se entiende que no corresponde ser atendida esa opinión de la Corte IDH”, expresó Keiko Fujimori.
Lo que el Tribunal Constitucional dispone –opinó– es “que se acate y se ejecute la resolución” que declaró válido el indulto otorgado al exgobernante.
“Finalmente corresponde al Gobierno respetar lo que dice la Constitución”, dijo la exparlamentaria, quien manifestó que en el país el ente máximo respecto a temas de interpretación constitucional es el TC.
Consideró, al respecto, que el Poder Ejecutivo tendrá que analizar la resolución del tribunal y el posterior fallo del juez de ejecución correspondiente.
“Estaremos muy atentos cuando ellos deliberen”, advirtió. “Confío (en) que el Gobierno respetará la Constitución, las leyes y el Estado de derecho, y actuará sobre todo con humanidad”, añadió.
Edad y enfermedades
Asimismo, refirió haber dialogado en la víspera con su progenitor, que –afirmó– “recibió con serenidad y alegría esta segunda resolución del TC”. En ese punto, manifestó que este tiene una avanzada edad y presenta una serie de dolencias, entre ellas fibrilación auricular, una dolencia pulmonar y seis cirugías oncológicas en la lengua.
Dijo también que no podrá visitarlo hasta el fin de semana, pues es entonces cuando las mujeres pueden ingresar al establecimiento penitenciario en el que se encuentra.
“Pero espero que antes del sábado mi padre pueda estar con nosotros”, recalcó.
El Tribunal Constitucional se pronunció ayer sobre los pedidos de aclaración presentados por el procurador del Poder Judicial y el abogado de Alberto Fujimori sobre la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 respecto al indulto humanitario.
Por mayoría, el TC resolvió declarar improcedentes las solicitudes de aclaración y remitió los actuados al juez de ejecución del habeas corpus para que proceda conforme a sus atribuciones.
El Tribunal Constitucional (TC) emitió un auto a través de la cual declaró improcedente una solicitud de aclaración presentada por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que concedió un hábeas corpus al expresidente Alberto Fujimori.
El documento especifica que dicha sentencia “se trató de una decisión final” y fue “jurídicamente válida”, por lo cual “no cabe impugnación alguna” frente a ella.
La decisión abriría las puertas para la liberación de Fujimori, puesto que se dirige al juez de ejecución del hábeas corpus, “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”. Así lo dio a entender el abogado del exmandatario, Elio Riera.
“Estaría saliendo libre dentro de las 24 horas. En la práctica procesal son 48″, comentó el letrado en declaraciones para un medio local.
Como se recordará, en diciembre de 2017 Fujimori obtuvo un indulto humanitario de parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, meses después esta medida fue anulada por el Poder Judicial, por lo que tuvo que retornar a prisión. A día de hoy sigue cumpliendo una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en el penal de Barbadillo (Ate).
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