Votaciones desmienten a Keiko Fujimori: Fuerza Popular, APP y sus aliados sí gobiernan en el Congreso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pretende evadir responsabilidad del papel de su partido político y sus aliados en las decisiones que toma el Congreso y que provocaron que esta institución tenga 95% de desaprobación. Fujimori criticó a quienes señalan que el fujimorismo y las agrupaciones de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP), y Rafael López Aliaga, Renovación Popular, manejan los votos en el Parlamento.

“Falso, pero a ver, juguemos con esa idea, sumando todos esos votos, llegan solo a 53. Sí, con eso no alcanza ni para aprobar una ley. Ya sé que todo el mundo dice que la culpa es mía, pero ya sabes cuál es la realidad”, aseguró Fujimori en un video publicado en Tik Tok.

Primero, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular, no suman 53 votos, sino 46. Pero la coalición que gobierna el Congreso no está conformada únicamente por estas agrupaciones políticas. La Mesa Directiva está presidida por un apepista como Eduardo Salhuana y tiene en la primera vicepresidencia a la fujimorista Patricia Juárez. Pero, además, ellos son acompañados por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Alejandro Cavero, de Avanza País.

Fuerza Popular (21), APP (14), Perú Libre (11), Avanza País (7) y Renovación Popular (11). A ellos se suman otras bancadas que votan usualmente en línea con esta coalición, autodenominada, “Bloque Democrático”: Somos Perú (7), Bloque Magisterial (8) y Acción Popular (9).

La coalición no tiene los 53 votos que menciona Fujimori. En total, suma 88. Lo suficiente como para aprobar las leyes y reformas constitucionales que les plazca.

Un claro ejemplo es la votación que rechazó la moción de censura contra Salhuana este jueves con 64 votos en contra. Votaron en esa línea 19 de Fuerza Popular, 11 de APP, 4 de Perú Libre, 4 de Avanza País, 7 del Bloque Magisterial, 6 de Somos Perú, 3 de Renovación Popular, 7 de Acción Popular y 3 de los no agrupados.

El 6 de junio del año pasado el Congreso aprobó un proyecto de ley del fujimorismo de amnistía para delitos de lesa humanidad. Un mes después, la Comisión Permanente, con votos de FP y sus aliados, ratificó la norma para enviarla a que sea promulgada.

El 23 de agosto del año pasado, la coalición que gobierna el Congreso aprobó con 72 votos la ley que delega a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de investigaciones preliminares de presuntos delitos, restándole facultades al Ministerio Público.

En noviembre del año pasado, esta coalición aprobó con 84 votos la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses.

El 5 de diciembre el Pleno aprobó una ley impulsada por el fujimorismo que permitirá que en 2031 haya más de 237 legisladores en el Parlamento bicameral.

Sobre las leyes, no solo juegan un papel importante las bancadas en el Pleno, sino también el manejo de las comisiones. Leyes como las de impunidad para delitos de lesa humanidad, que delega a la PNP la dirección de investigaciones preliminares y que aumentará el número de parlamentarios, fueron dictaminadas en la Comisión de Constitución que desde hace tres años es presidida por un congresista del partido de Keiko Fujimori.

El fujimorismo, además, tiene la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde promovió la propuesta de ley que persigue el financiamiento de las ONG.

Su aliado APP tiene la Comisión de Presupuesto que el año pasado propuso un presupuesto histórico de S/ 1.400 millones para el Congreso en el año fiscal 2025 y que además lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se discuten las investigaciones contra altos funcionarios.

Perú Libre maneja la Comisión de Justicia, donde nació la Ley 32108 que redefine las organizaciones criminales. Su otro aliado de izquierda, Bloque Magisterial, lidera con Alex Paredes, la Comisión de Ética.

Se trata de una coalición con demasiado poder. Eso explica por qué el exministro de Inclusión Social Julio Demartini no fue censurado, por qué no hay control político contra el ministro del Interior, Juan Santiváñez y por qué Dina Boluarte sigue de presidenta.

En siete mociones de vacancia presidencial, Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron en contra, mandaron al archivo dichos pedidos y blindaron a Boluarte.

El partido de Keiko Fujimori fue el único que en esas votaciones se opuso en bloque. Sin embargo, ahora quiere eludir la realidad y también la responsabilidad de la coalición que su agrupación integra.

Fuerza Popular, APP y sus aliados controlan oficinas

La lideresa de Fuerza Popular no menciona que una de sus excongresistas es Jefa del Fondo Editorial del Congreso. Se trata de Karina Beteta. La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, tiene competencias sobre esa oficina.

En enero de este año, este diario reportó que el médico pediatra José Francisco Recoba, quien fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en 2021, es jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria.

La jefa del Departamento de Comisiones es la exasesora de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, Shirley Montenegro.

Luego de cada elección de una nueva Mesa Directiva, las bancadas ganadoras se distribuyen las comisiones y oficinas del Congreso.

APP de César Acuña «compra» el Consejo Regional de Lima, son 7 consejeros los que se arrodillan al partido de «Plata como Cancha» gracias al «convencimiento» de Rosa Vásquez

1. Sí, muchos logran «satisfacer sus necesidades» cayendo en el poder del partido de Acuña, y en la Región Lima, no sólo lo hizo la actual gobernadora Rosa Vásquez, sino 7 consejeros regionales, que al ser mayoría escriben el «AMÉN» a la actual gestión.

2. Sí, se trata de José Caico Fernández (Cañete), Limsay Bernal Quinteros (Huaura), Arturo Uribe Torres (Huaura), Víctor Huaccho Salas (Huaral), Ronald Soberón Vizcarra (Barranca), Erwin Tacsa Pascual (Yauyos) y Luís Antonio Núñez López (Huarochirí), con razón, en los últimos días algunos de ellos ya venían practicando como «voceros» de las andadas de Rosa Vásquez.

3. Sí, los «Voceros del Consejo Regional» creen que la labor del consejero: Legislar y fiscalizar, están subordinadas a las tertulias con funcionarios y vecinos, y a callar por una pequeña obra, mientras se roban millones: Ellos dicen dar «soluciones», aunque dicha función no esté reservada para el Consejo Regional de Lima.

4. Guillermo Peña del portal «Sin Censura» lograría advertir un curioso dato: Pues 5 de los 7 consejeros presentaron su solicitud de afiliación a APP el mismo día (07 de octubre de 2024), PERO TODO FUE CASUALIDAD PREDICHO POR EL ZODIACO.

▶️ OJITO: La partida de defunción a la fiscalización tiene fecha. En 1 año y 8 meses que resta a esta gestión regional, sólo habrá «griteríos» y «locución» en el Consejo Regional de Lima.

▶️ OJITO: El equipo de ARV+ Noticias ha recabado en estos meses valiosa información de cada personaje del Consejo Regional (audios, videos, fotos, reuniones, etc) que presentaremos para que cada provincia conozca «lo que los representaba».

Fuente: ARV+ Noticias

Congreso: Fuerza Popular, APP y aliados dilataron por mes y medio la aprobación de la ley de detención preliminar

En ese periodo, solo 26 congresistas apoyaron debatir con urgencia dicha norma, mientras que los demás, esperaron a que comience la legislatura esta semana. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el proyecto será discutido recién el jueves..

El 13 de enero, a pocas horas de que se venza el plazo establecido para que la presidenta Dina Boluarte promulgue la ley que restituye la detención preliminar, el primer ministro Gustavo Adrianzén anunció que había sido observada y que dichas recomendaciones fueron enviadas al Congreso de la República para su debate. La ley pasó por la Comisión de Justicia y en una sesión extraordinaria, el 5 de febrero, fue aprobada por insistencia para que sea debatida en el Pleno.

Con la finalidad de acelerar su promulgación, la parlamentaria Ruth Luque impulsó una moción para convocar a un pleno extraordinario; sin embargo, solo logró recolectar 26 firmas de las 78 necesarias. Las firmas faltantes pertenecen a las tres bancadas con más miembros dentro del Parlamento: Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso.

Sin las rúbricas de los integrantes de estas agrupaciones, se dilató por mes y medio la votación de esta ley que busca restituir la detención en casos de no flagrancia y no seguir favoreciendo a delincuentes implicados en casos de crimen organizado o a funcionarios como el vocero presidencial Freddy Hinojosa y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Harvey Colchado: APP impulsa proyecto de ley que impediría su postulación al Congreso

Tal como La República lo informó hace unos días, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones para impedir que funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial en los últimos cinco años puedan postular al Congreso. Sin embargo, la propuesta es inconstitucional y podría afectar directamente al coronel Harvey Colchado, según señalan especialistas.

«No pueden ser elegidos miembros del Congreso de la República los funcionarios que, por razón de su cargo, tuvieron acceso a información secreta, reservada o confidencial hasta cinco (5) años antes de la elección, por razones de seguridad nacional. Este impedimento no es aplicable a los congresistas que integran comisiones investigadoras o la Comisión de Inteligencia», se lee en el documento que ha sido enviado a la Comisión de Constitución y Reglamento.

Harvey Colchado no podría postular al Congreso

El abogado en temas electorales, Jorge Jáuregui, advirtió que esta reforma constitucional afecta a ex altos funcionarios que tuvieran pensado postular en los próximos comicios electorales, siendo Harvey Colchado un claro y puntual ejemplo. «Sí, podría aplicarse en un caso como ese. Porque la parte de la información que ha manejado en las investigaciones tiene carácter reservado», explicó el especialista para La República.

Además, los especialistas alertaron que la iniciativa es antidemocrática. «La proposición legislativa es inconstitucional porque establece diferencias entre las personas, afectando el principio de igualdad ante la ley. Porque considera que una persona que trabaja en el Poder Ejecutivo, que accede a información secreta, confidencial, etc. no puede postular a cargos de representación en el Parlamento, pero no establece el límite para las personas que en su condición de parlamentarios accedan a ese tipo de información o diferencia», afirmó Jáuregui.

Mientras que para el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, lo más preocupante de la iniciativa legislativa «es el tufillo antidemocrático que presenta». «Un poco el mensaje parece ser el siguiente: no queremos competencia. Estamos buscando formas de sacar del juego a nuestros potenciales competidores», acotó el letrado.

El proyecto ha sido impulsado por el congresista Alejandro Soto y cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada María Acuña, Magaly Ruiz, Juan Carlos Lizarzaburu, Nelcy Heidinguer e Idelso García. Sin embargo, los especialistas consideran que la propuesta de APP tiene una clara intencionalidad política y representaría una amenaza a la democracia.

Alejandro Soto asegura que el proyecto no tiene a Harvey Colchado como objetivo

Por su parte, el congresista Alejandro Soto, autor de esta reforma constitucional, respondió a la comunicación de La República y aseguró que su proyecto de ley no tiene nombre propio y deberá ser debatido en el pleno del Congreso cuando corresponda.

«Falso. Mi proyecto de ley no tiene ningún nombre propio, No veo porque tanto temor, es solo una propuesta que será analizada y debatida por 130 parlamentarios», manifestó.

Crisis en APP: red de prostitución en el Congreso desata ola de renuncias en partido de César Acuña

La muerte de Andrea Vidal y la presunta existencia de una red de explotación sexual en el Congreso han desatado una crisis en Alianza para el Progreso. Fuentes de La República confirmaron que existen discrepancias dentro de la bancada sobre la manera en que Eduardo Salhuana aborda esta situación.

El liderazgo del partido de César Acuña en las dos últimas Mesas Directivas lo obliga a ofrecer explicaciones sobre esta presunta organización criminal, que supuestamente habría intercambiado favores sexuales por votos en el Parlamento. Sin embargo, a casi un mes de que se destapó este escándalo, aún no se ha proporcionado ningún esclarecimiento.

La intervención de la Fiscalía y de agentes de la División de Trata de Personas de la PNP en las oficinas del Congreso, el jueves 2 de enero, sacudió a APP. Las autoridades buscaron obtener información del registro de las cámaras de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, además de documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos.

El 3 de enero continuaron estas diligencias, esta vez en la Oficialía Mayor, presidida por Giovanni Forno, quien permanece en el cargo pese a los diversos cuestionamientos. Forno, que asumió el puesto durante la gestión de Alejandro Soto, contrató a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

Este escándalo en el Congreso ha provocado la renuncia de Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena, quien se postuló con Alianza para el Progreso en las elecciones municipales de 2022. En la misma línea, el candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas, también anunció su decisión de presentar una renuncia irrevocable.

Alejandro Soto vs. Eduardo Salhuana: discrepancias en APP salen a la luz

Eduardo Salhuana ha evadido responsabilidades. El presidente del Legislativo decidió no remover al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, con el argumento de que «esperará a que sus vicepresidentes lo decidan».

Por el contrario, en lugar de afrontar las investigaciones en curso, Eduardo Salhuana optó por viajar a China para cumplir con una actividad oficial. Esta acción fue cuestionada por el vocero de APP, Alejandro Soto, quien, aunque se opone a una censura contra su colega, criticó la decisión de viajar, argumentando que debería dar la cara ante los cuestionamientos al Legislativo.

«No me parece correcto ni justo que el señor se dedique a atender otras invitaciones. Por ejemplo, cuando yo era presidente, recibí invitaciones con todo pagado, pero jamás las acepté. Considero que, en casos como este, la atención que debe darle al Congreso es prioritaria. Él, como presidente, tiene que estar al frente de toda la problemática que se enfrenta actualmente», declaró para La República.

Soto concluyó afirmando que Salhuana, dada la situación y los antecedentes de los eventos recientes, debería liderar el Congreso para abordar la crisis actual. «Convocó una sesión de la Comisión Permanente para el siete de enero, y quien la presidirá será el tercer vicepresidente. No está otorgando la atención y la seriedad que el Congreso merece», agregó.

César Acuña respeta renuncias a Alianza Para el Progreso

El diario entrevistó al gobernador de La Libertad y líder del partido en cuestión, César Acuña, quien se pronunció sobre la salida de Francis Allison. Al respecto, manifestó respetar la decisión de este y de los demás militantes que han optado por abandonar Alianza para el Progreso.

«Alianza para el Progreso es el partido con más militantes a nivel nacional, con más presencia y organización. Tiene errores, pero sigue siendo APP. Cuenta con más de 400.000 militantes. Tienen derecho a retirarse del partido cuando no se sienten cómodos. No he hablado con él (Francis Allison), pero tendré que reunirme con él porque me interesa saber por qué un militante renuncia al partido», señaló.

Alianza Para el Progreso no tendría reparos en retirar a Eduardo Salhuana

La politóloga Katherine Zegarra indicó que Alianza para el Progreso atraviesa una encrucijada que podría provocar la separación de uno de sus miembros más visibles, Eduardo Salhuana.

La experta señaló que este partido ha demostrado su capacidad de representación a lo largo de los últimos congresos. No obstante, a pesar de contar con una base sólida de electores, Zegarra aseguró que APP no es un partido con una ideología clara, sino uno liderado por figuras pragmáticas que saben del juego político.

«Eso significa, en general, que la cúpula de Alianza para el Progreso puede separar a Salhuana si esto implica un costo político significativo para su partido», sostuvo para La República.

Congreso: APP presenta proyecto de ley que propone retiro del Perú del Pacto de San José

La congresista María Grimaneza Acuña Peralta de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para autorizar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José.

Este proyecto busca autorizar a la presidencia del Perú presentar un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de proceder con el retiro del tratado internacional. 

Entre la motivaciones del proyecto para el retiro del Perú del Pacto de San José figura la implementación de la pena de muerte para delitos relacionados a la criminalidad. Cabe precisar que este tratado internacional impide al país ampliar la pena capital en el país.

La legisladora de APP presenta esta iniciativa lesgislativa luego de que la presidenta Dina Boluarte abriera esta semana el debate sobre la implementación de esta medida a raíz del asesinato de una menor de 12 años en Pachacámac. “Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, declaró la mandataria el martes.

¿QUÉ PAÍSES ABANDONARON EL PACTO DE SAN JOSÉ?

De acuerdo con el artículo 78.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados partes podrán salir de la convención «mediante un preaviso de un año«.

Cabe precisar que Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013.

Asimismo, Trinidad y Tobago presentó el 26 de mayo de 1998 una denuncia ante el Secretario de la OEA. Esta denuncia surtió efecto a partir del 28 de mayo de 1999.

PENA DE MUERTE EN EL PERÚ

La pena de muerte en el Perú solo puede aplicarse «por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada», según el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.