Más de 35 proyectos de ley referidos a seguridad ciudadana serán debatidos en Pleno temático

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, anunció que planteará a la Junta de Portavoces la realización, en breve plazo, de un Pleno temático dedicado a la seguridad ciudadana.

El anuncio lo hizo el jueves 10, tras escuchar las preocupaciones de diversos parlamentarios durante la sesión del Pleno, ante la creciente inseguridad que viven los peruanos.

Salhuana Cavides indicó que el objetivo del debate es discutir más de 35 proyectos de ley relacionados con este crucial tema, buscando generar un diálogo constructivo que aborde de manera integral la problemática de la seguridad en el país.

Destacó que los congresistas están cumpliendo con su labor legislativa y exhortó a las comisiones pertinentes, como la de Justicia y de Defensa Nacional, a que agilicen y aceleren su trabajo haciendo sesiones extraordinarias, convocar a especialistas en la materia, con el fin de enriquecer el debate y asegurar que las propuestas sean viables y efectivas.

“Este Pleno temático no solo se enfocará en los proyectos existentes, sino que también incluirá la consideración de nuevas propuestas y la revisión de reformas necesarias a las leyes vigentes que impactan en el ámbito de la seguridad ciudadana”, dijo.

En otro momento, enfatizó la necesidad de trabajar de manera conjunta y unitaria entre todos los peruanos para abordar la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

Subrayó la importancia de que los organismos del Estado vinculados a este tema, como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y el Congreso, realicen su trabajo de manera coordinada y concertada. «No más divorcio de las entidades vinculadas al tema de la seguridad ciudadana», afirmó.

Salhuana Cavides destacó que esta colaboración debe traducirse en decisiones concretas, las cuales deben reflejarse en la ley de presupuesto del 2025 que se debatirá y aprobará el próximo mes de noviembre en el Congreso. Resaltó que es fundamental priorizar recursos que sean centrales para proyectos de inversión que se ejecuten efectivamente.

Dictan 30 meses de prisión preventiva a empresarios y exalcalde vinculados a congresista Elizabeth Medina

El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Jean Sumarán Lino, exalcalde del distrito de Molino y contra los empresarios Jhon Aquino Jara y Cesar Eugenio Orizano, investigados por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

De acuerdo a la información que accedió este medio, la investigación involucra a la congresista Elizabeth Medina y a su esposo Víctor Morales Chocano, quienes fueron denunciados por solicitar dinero a autoridades locales de Huánuco con la finalidad de gestionar presupuesto para ejecutar obras.

Si bien la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Quinto Juzgado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, interpuso la prisión preventiva contra Sumarán Lino, Jhon Aquino y Cesar Eugenio, en la lectura de la resolución se consiguió la medida de comparecencia con restricciones contra la exgerente municipal de Molino, Milayda Valderrama Ortega.

Tesis de la Fiscalía que involucra a la congresista Elizabeth Medina

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la organización que involucra a la congresista Elizabeth Medina se encargaba de direccionar el presupuesto para proyectos de inversión y obras a desarrollarse en diversas municipalidades del Perú.

De esta manera, desde el año 2021, desde que asumió Medina en congresista gestionaban la priorización de obras con asignación presupuestaria.

La función de la parlamentaria fue fundamental desde el Congreso de la República, debido a que agilizaban el trámite en la obtención de la certificación de evaluación culminada del expediente técnico en el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Sobre ello, gestionaban la transferencia del presupuesto por partes del Ministerio de Economía y Finanzas. A partir de ello, las gestiones eran remuneradas, puesto que, el entorno de la congresista solicitaba a los alcaldes de los gobiernos locales beneficiados con las obras, el pago de una ventaja económica que ascendería al menos al 6 % del costo directo de la obra priorizada”.

Colaborador eficaz revela detalles a favor de esposo de congresista Elizabeth Medina

Un colaborador eficaz reveló que Víctor Morales, esposo de la congresista, mantuvo una reunión con el exalcalde Jean Kevin Sumaran Lino para coordinar un proyecto de construcción de pistas y veredas de los jardines 9 de Octubre. El favor para que se apruebe la partida presupuestal fue el pago del 6% del proyecto valorizado 7 millones 287 mil soles.

Es así que en diciembre del 2021 y en febrero de 2022, Sumarán Lino habría realizado dos depósitos en cuentas del esposo de la congresista por 136 mil soles, en cada oportunidad, lo que hace un total de 272 mil soles.

Defensoría presentó proyecto que modifica los cambios del Congreso a la normativa sobre crimen organizado

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ayer, jueves, una propuesta legislativa que plantea cambios a la Ley N° 32108, que modificó la normativa contra las organizaciones criminales.

Como se sabe, el pasado 9 de agosto, el Parlamento promulgó dicha ley, dado que el Gobierno no la observó, vencido el plazo legal para hacerlo. Dicha normativa modificó la definición legal de organización criminal, así como los criterios para determinar la existencia de estos grupos criminales.

La ley establece además que, durante el allanamiento de inmuebles, «el registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado». Este ha sido uno de los aspectos más polémicos de la norma, pues el Ministerio Público ha indicado que limita su acción para realizar estas medidas de manera efectiva.

¿Qué cambios propone la Defensoría del Pueblo?

El proyecto de la Defensoría del Pueblo plantea que se modifique lo referido a los allanamientos, como parte de las medidas limitativas de derechos. En ese sentido, indica que «la medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, incautarlo».

«Para el ingreso, no es necesaria la presencia del interesado ni su abogado defensor. Para el registro y, de ser el caso, la incautación de los bienes recabados durante la diligencia, el fiscal competente convocará, en el día y bajo responsabilidad, a la defensa pública, sin perjuicio de que el interesado designe en cualquier etapa del allanamiento a su abogado defensor», indica el proyecto. 

El abogado penalista Juan José Quispe, consultado por RPP, consideró que este cambio que plantea la Defensoría del Pueblo «es lo mismo», ya que «en el fondo está diciendo que no va a ser un abogado de elección, sino un abogado de oficio» el que deba estar presente para iniciar un registro.

«Los operativos se hacen inopinados, se hacen generalmente en la madrugada, y el personal del Ministerio de Justicia no está laborando a esa hora, ellos no tienen turno», agregó.

Asimismo, consideró que este requisito puede dar pie a filtración de información. 

«Poner al Ministerio de Justicia, a través de la defensa pública al cual pertenece, sería una suerte de filtración de información, porque ya sería un tercer ente que estaría conociendo que se va a allanar en tal o cual lugar», sostuvo.

«Que queden vigentes los artículos 214 al 217 del Código Procesal Penal donde no se exige la presencia de ningún abogado y quien garantiza la legalidad del acto es el Ministerio Público, por eso no solo es el persecutor constitucional del delito, sino también quien garantiza la legalidad del acto, son dos principios constitucionales que tiene», puntualizó.

MEF excluye a pensionistas militares y policiales de presupuesto 2025: Se viene gran plantón frente a Congreso

Como reclamo a su exclusión del Presupuesto 2025 a manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los integrantes de la Asociación de Pensionistas Militares y Policiales ‘Verdadero Grupo Coraje’ harán este viernes 11 de octubre desde las 10:00 horas un plantón de protesta frente al Congreso de la República.

“Los pensionistas militares y policiales de las FF.AA. y PNP en situación de retiro y actividad queremos que el país visibilice nuestra exclusión del Presupuesto 2025, así como del Proyecto de Ley N.° 19846, Ley de Remuneraciones y Pensiones, que el Ejecutivo delineó a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según el articulo 4 que ratifica nuestra exclusión”, reveló el comandante FAP (r) Rommel Roca Laos, presidente de la Asociación ‘Verdadero Grupo Coraje’.

Roca Laos indicó que al ser excluidos del Presupuesto 2025, los agremiados vieron por conveniente participar activamente en las medidas de fuerza como los plantones frente al Ministerio de Defensa (Mindef) efectuado el viernes 20 de septiembre y en el frontis del Ministerio del Interior, el viernes 27 de septiembre.

“El objetivo de nuestra protesta se centra en nuestra exclusión del Presupuesto 2025, tanto pensionistas militares como policiales en situación de retiro y actividad. Por ello, mediante un proyecto de ley, buscamos que se nos comprenda en la ampliación de presupuesto por parte del Ejecutivo”, expresó Roca Laos.

Indicó que el congresista Alfredo Azurín Loayza, cursó oficios al ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, y al titular del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, solicitando a ambos titulares, la inmediata restructuración remunerativa y pensionaria del personal militar y policial en situación de actividad y retiro.

¿ESCALA REMUNERATIVA Y PENSIONAL?
“En atención a lo expuesto por la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, quien en su mensaje a la Nación y en calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, dispuso la inmediata formulación de proyectos normativos para que se determine la nueva escala remunerativa y pensionaria para el personal militar y policial, donde se precise las cuatro etapas de incremento”, señaló. 

Transportistas se reunieron con Mesa Directiva del Congreso y recibieron compromiso de norma sobre el terrorismo urbano

Transportistas se reunieron con Mesa Directiva del Congreso y recibieron compromiso de norma sobre el terrorismo urbano.

Los tranportistas que acatan este jueves un paro en Lima y Callao llegaron a la sede del Congreso de la República para exigir acciones contra las extorsiones y los ataques contra sus asociados que se han incrementado en los últimos días.

Así, representantes de los gremios se reunieron con la primera vicepresidenta del parlamento, Patricia Juárez y con el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, quien participó en la cita de manera virtual.

El secretario de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Waldo Roger Poma, aclaró que su organización, que agrupa a 33 empresas del sector, solo convocó al paro a un 30 % del transporte. Sin embargo, el resto del porcentaje fue autoconvocado por la indignación de la situación. Además, responsabilizó a varias instituciones del aumento de la inseguridad ciudadana.

“Ya no damos más, los compañeros transportistas están muriendo (…) ¿Quiénes son los responsables para combatir la criminalidad? La Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, probablemente el Congreso con normas un poco más drásticas, que permitan que los criminales tomen conciencia de los que se les viene como sanción, entonces podríamos cambiar estos índices que están subiendo», expresó.

Proyectos sobre terrorismo urbano

Desde Madre de Dios, Eduardo Salhuana, informó que tiene listo el dictamen que agrupa veinte proyectos de ley sobre el terrorismo urbano que busca considerar penas severas en casos de extorsión y asaltos.

«Veinte proyectos de ley han sido dictaminados sobre el tema de terrorismo urbano, que precisamente enfoca mucho de los ilícitos penales que vienen padeciendo los hermanos transportistas, y asumimos el día de hoy el compromiso de que el jueves de la próxima semana lo vamos a incorporar a la agenda, y estoy seguro que los congresistas lo vamos a aprobar», dijo.

Declaratoria de emergencia

Por su parte, Patricia Juárez, anunció que solicitará a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que se declare el estado de emergencia en la ciudad de Lima y que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar a las calles.

«Esperamos una decisión firme de parte de la presidenta de la República, creemos que la señora Boluarte debe tomar decisiones trascendentes, debe tomar decisiones firmes que protejan la vida de los peruanos en su conjunto (…) creemos que las decisiones como declarar emergencia la ciudad de Lima conlleva a que las Fuerzas Armadas puedan salir a apoyar a la Policía Nacional y bajo un liderazgo promover acciones de inteligencia y que desarticulen estas organizaciones es lo que corresponde en esto momento», manifestó.

«Vamos a dar tregua»

El presidente de Asociación Nacional de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, señaló que se reunirán con la base de gremios de transportes para dar a conocer los compromisos del Congreso y aguardarán por el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios para luchar contra la inseguridad ciudadana.

«Vamos a dar tregua al Congreso, como han manifestado hay voluntad política de solucionar el tema de la inseguridad a los transportistas y a la población. Van a haber leyes que conlleven a una solución de la inseguridad y van a dotar herramientas necesarias a la Policía Nacional», indicó.

Paro de transportistas

Este jueves las empresas de transporte público de Lima Metropolitana acatan una paralización organizada para protestar por las extorsiones y los ataques contra sus asociados.

Los transportistas habían anunciado que marcharían hasta la sede del Congreso, mientras el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, invocaba en la víspera a los transportistas a evitar la medida de fuerza ya que serán recibidos por las autoridades para explicarles «en detalle todas las medidas que están previstas organizarse» para combatir la inseguridad ciudadana.

Contraloría halla camionetas policiales 4×4 inmovilizadas por falta de mantenimiento pese a contar con presupuesto

La Contraloría General alertó al titular del Ministerio de Interior (MININTER) que 15 modernas camionetas pick up 4×4 adquiridas en julio de 2023 y asignadas a la Policía de Carreteras de Lima Sur y Norte, no cuentan con el mantenimiento preventivo programado por falta de pago oportuno pese a contar con el presupuesto asignado. Esta situación ocasionó que, de dicho grupo de vehículos, siete se encuentren actualmente inmovilizados, lo que podría extenderse a las demás unidades y afectar la respuesta policial ante robos y/o asaltos, accidentes de tránsito y desastres naturales.

Los vehículos forman parte del lote de 34 camionetas nuevas, 4×4, doble cabina, adquiridas el año 2023 con una inversión superior a los S/ 8 millones (S/ 6 681 000 vehículos y S/ 1 326 000 para mantenimiento). Las unidades fueron distribuidas para las Unidades de Protección de Carreteras Lima Norte (11), Lima Centro (10), Lima Sur (10) y el Departamento de Apoyo Canino y Escuadrón Motorizado de Protección de Carreteras (3). Cabe señalar que el valor por cada vehículo asciende más de S/ 196 mil.

En el marco de su función de velar por el buen uso de los bienes y recursos públicos, la Contraloría General remitió al MININTER  el Informe de Hito de Control N° 066-2024-OCI/0282-SCC (Hito 7: período de evaluación del 1 al 13 de agosto de 2024) con el fin de que la entidad adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias, en el marco de su competencia, con el objeto de asegurar la finalidad pública de la adquisición de las camionetas 4×4 para la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú.

Este hecho fue identificado por la Contraloría General de la República durante la constatación del servicio de mantenimiento preventivo que deben recibir los vehículos de manera oportuna y en conformidad con el contrato suscrito con el contratista durante la compra. De no corregirse este hecho y, al seguir circulando algunas unidades sin mantenimiento, se podría generar la pérdida de la garantía de los mismos, así como posiblemente presentarse riesgos a la integridad física de los efectivos policiales como de los transeúntes.

Camionetas inmovilizadas en Lima Norte

La comisión de control constató que en la Unidad de Carreteras de Lima Norte (Barranca y Chancay) existen siete unidades inmovilizadas por falta de mantenimiento preventivo, estando a la espera de que el MININTER efectúe el pago y se pueda programar la atención mecánica que se requiere para que vuelvan a salir a patrullar. Presentan además desgaste de imanes de faros pirata (faro de luz intensa) y winche malogrado (cable para remolque). Hay un vehículo en circulación que requiere cambio de pastillas de frenos. De acuerdo a notas informativas, uno de los motivos de la falta de mantenimiento se debe a deudas anteriores, pese a constantes coordinaciones realizadas para que se cumpla con el Plan de Mantenimiento Preventivo.

Con recursos de los vecinos

En Lima Sur (San Bartolo, Cañete y Cieneguilla) se evidenció que las siete camionetas policiales inspeccionadas por la Contraloría General de la República, tienen pendiente el mantenimiento preventivo, debido a que superaron los 40 000 km, 50 000 km y en algunos casos hasta los 60 000 km de recorrido; pese a ello, continúan circulando. Es tanta la necesidad del resguardo policial que en Cieneguilla se realizó el cambio de pastillas de frenos genéricos, en lugar de las originales, con recursos de los vecinos de la comunidad. Las unidades también requieren cambio de batería y de aceite.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria