Muros de contención en concurrida avenida de Chancay no se ajustan a los planos técnicos

La Contraloría General detectó irregularidades en el proyecto de creación del servicio de transitabilidad en el asentamiento humano Álamos Noreste, ubicado en el distrito de Chancay. Se aprobaron valorizaciones de obra que no se han ejecutado y se realizaron modificaciones al proyecto sin la debida inclusión en el expediente técnico. Esta situación pone en riesgo el alcance, el tiempo y el costo del proyecto.

El Informe de Hito de Control N°23812-2024-CG/GRLP-SCC reveló que los muros de contención se edificaron en dirección opuesta a la orientación original establecida en el expediente técnico. Esta situación compromete la funcionalidad y estabilidad del muro, incrementando su vulnerabilidad a fallas por deslizamiento.

Es importante señalar que no se registró ninguna documentación que justifique estas modificaciones al diseño original, lo que constituye un incumplimiento del expediente técnico y del contrato.

Además, se encontró discrepancias alarmantes entre los metrados valorizados y lo realmente ejecutado. Aunque se reportó un avance del 60% al 75% en la construcción de muros de contención, se constató que en los lugares donde debería reflejarse este avance hay casas y colegios, lo que evidencia que estos trabajos no se llevaron a cabo.

En la avenida Los Álamos VII y VIII, se observó que se han realizado trabajos de encofrado para las veredas sin que se hayan erigido los muros de contención de 1.5 metros, a pesar de que, según el expediente técnico, la ejecución de los muros debería haberse llevado a cabo antes de la construcción de las veredas.

Se evidenció la inacción del supervisor de obra, lo que podría derivar en sanciones por incumplimiento de sus funciones. Su rol es crucial para asegurar la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del proyecto, así como el respeto a los términos del contrato.

El informe fue comunicado al titular de la entidad para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal http://www.gob.pe/contraloria

Contraloría halla camionetas policiales 4×4 inmovilizadas por falta de mantenimiento pese a contar con presupuesto

La Contraloría General alertó al titular del Ministerio de Interior (MININTER) que 15 modernas camionetas pick up 4×4 adquiridas en julio de 2023 y asignadas a la Policía de Carreteras de Lima Sur y Norte, no cuentan con el mantenimiento preventivo programado por falta de pago oportuno pese a contar con el presupuesto asignado. Esta situación ocasionó que, de dicho grupo de vehículos, siete se encuentren actualmente inmovilizados, lo que podría extenderse a las demás unidades y afectar la respuesta policial ante robos y/o asaltos, accidentes de tránsito y desastres naturales.

Los vehículos forman parte del lote de 34 camionetas nuevas, 4×4, doble cabina, adquiridas el año 2023 con una inversión superior a los S/ 8 millones (S/ 6 681 000 vehículos y S/ 1 326 000 para mantenimiento). Las unidades fueron distribuidas para las Unidades de Protección de Carreteras Lima Norte (11), Lima Centro (10), Lima Sur (10) y el Departamento de Apoyo Canino y Escuadrón Motorizado de Protección de Carreteras (3). Cabe señalar que el valor por cada vehículo asciende más de S/ 196 mil.

En el marco de su función de velar por el buen uso de los bienes y recursos públicos, la Contraloría General remitió al MININTER el Informe de Hito de Control N° 066-2024-OCI/0282-SCC (Hito 7: período de evaluación del 1 al 13 de agosto de 2024) con el fin de que la entidad adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias, en el marco de su competencia, con el objeto de asegurar la finalidad pública de la adquisición de las camionetas 4×4 para la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú.

Este hecho fue identificado por la Contraloría General de la República durante la constatación del servicio de mantenimiento preventivo que deben recibir los vehículos de manera oportuna y en conformidad con el contrato suscrito con el contratista durante la compra. De no corregirse este hecho y, al seguir circulando algunas unidades sin mantenimiento, se podría generar la pérdida de la garantía de los mismos, así como posiblemente presentarse riesgos a la integridad física de los efectivos policiales como de los transeúntes.

Camionetas inmovilizadas en Lima Norte

La comisión de control constató que en la Unidad de Carreteras de Lima Norte (Barranca y Chancay) existen siete unidades inmovilizadas por falta de mantenimiento preventivo, estando a la espera de que el MININTER efectúe el pago y se pueda programar la atención mecánica que se requiere para que vuelvan a salir a patrullar. Presentan además desgaste de imanes de faros pirata (faro de luz intensa) y winche malogrado (cable para remolque). Hay un vehículo en circulación que requiere cambio de pastillas de frenos. De acuerdo a notas informativas, uno de los motivos de la falta de mantenimiento se debe a deudas anteriores, pese a constantes coordinaciones realizadas para que se cumpla con el Plan de Mantenimiento Preventivo.

Con recursos de los vecinos

En Lima Sur (San Bartolo, Cañete y Cieneguilla) se evidenció que las siete camionetas policiales inspeccionadas por la Contraloría General de la República, tienen pendiente el mantenimiento preventivo, debido a que superaron los 40 000 km, 50 000 km y en algunos casos hasta los 60 000 km de recorrido; pese a ello, continúan circulando. Es tanta la necesidad del resguardo policial que en Cieneguilla se realizó el cambio de pastillas de frenos genéricos, en lugar de las originales, con recursos de los vecinos de la comunidad. Las unidades también requieren cambio de batería y de aceite.

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Contraloría convoca a los ciudadanos de Lima Provincias a vigilar las obras públicas en su comunidad

La Contraloría General inició la cuarta convocatoria 2024 para incorporar a nuevos voluntarios al programa de Monitores Ciudadanos de Control en Lima Provincias.

Los Monitores Ciudadanos de Control son ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su comunidad que participan de manera voluntaria en el control social a través de veedurías ciudadanas a las obras y contrataciones públicas.

Para participar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad peruana y encontrarse en pleno ejercicio de sus facultades.
Ser ciudadano mayor de edad (18 años cumplidos) al momento de participar en la convocatoria
Tener solvencia e idoneidad moral, que garanticen la confianza ciudadana en el ejercicio del control social que realice.
Aprobar el curso de capacitación virtual de la ENC.
No estar inmerso en alguna de las causales de impedimento para ser Monitores Ciudadanos de Control.

Quienes cumplan con lo dispuesto adquirirán la condición de Monitores Ciudadanos de Control y estarán aptos para participar en las intervenciones de control en el ámbito del distrito donde radican, contribuyendo así al ejercicio del control gubernamental en el país.

Los interesados, deberán inscribirse mediante el siguiente enlace https://monitorciudadano.contraloria.gob.pe/ cuyo plazo vence el próximo 30 de setiembre del 2024. Además, para cualquier consulta pueden contactarse al celular 967 706 758 y/o al correo electrónico jquirita@contraloria.gob.pe

Contraloría detectó contrataciones irregulares en 17 entidades de Lima Provincias

La Contraloría General intervino en diecisiete entidades de la región Lima Provincias tras detectar que funcionarios y servidores públicos de municipalidades distritales y del Gobierno Regional realizaron contrataciones y pagos a proveedores que mantenían impedimentos legales para contratar con el Estado por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT.

Más de setenta funcionarios públicos fueron comprendidos en los hechos específicos irregulares, 22 con presunta responsabilidad penal, 62 administrativo entidad y cuatro administrativa PAS.

En el Gobierno Regional de Lima, se detalló en el Informe de Control Específico N°021-2024-2-5344-SCE que se efectuaron contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT con proveedores vinculados consanguíneamente a un juez de la Corte Superior de Justicia de Huaura y a un consejero regional, lo que vulnera las normativas de contratación pública y afecta la gestión administrativa.

En la Municipalidad Distrital de Huanza, provincia de Huarochirí, se reveló en el Informe de Control Específico Nº14939-2024-CG/GRLP-SCE, que durante el 2023, se empleó a proveedores impedidos para contratar con el Estado. Entre ellos, una empresa cuyo socio mayoritario fue el gobernador regional de Lima entre el 2019 y 2022, así como una exregidora y su madre quienes no acreditaron cumplir con el perfil requerido en los términos de referencia.

En el Hospital Huaral y Servicios Básicos de Salud, el Informe de Control Específico N°029-2024-2-5344-SCE dio cuenta de que, durante los años 2022 y 2023, se gestionaron adquisiciones de suministros médicos por más de 218 mil soles a proveedores impedidos por su relación con un juez superior titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

En la Municipalidad Distrital de Paramonga, el Informe de Control Específico N°025-2024-2-2960-SCE destacó que funcionarios gestionaron y ejecutaron pagos por servicios de consultoría no realizadas. Esto benefició a un profesional que estaba inhabilitado para ejercer la función pública en el Estado, lo que generó un perjuicio económico de 15 mil soles.

En la Municipalidad Provincial de Cajatambo, el Informe de Control Posterior N°006-2024-2-0428-SCE reveló que, en las ejecuciones de obras bajo la modalidad de administración directa en el año 2021 y 2022, se efectuaron pagos indebidos a proveedores con vínculos de consanguinidad con el subgerente de infraestructura y desarrollo urbano, lo que ocasionó un perjuicio económico de más de 87 mil soles.

Tras todos los hallazgos detectados, la Contraloría General recomendó a los titulares de las entidades investigar y deslindar responsabilidades, además de iniciar acciones que correspondan en contra los servidores implicados. Asimismo, se instó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción a iniciar las acciones penales correspondientes contra los funcionarios implicados.

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Contraloría suspende eficacia de reglamento y plan para implementar la Ley del Auditor

La Contraloría General de la República resolvió suspender la eficacia del reglamento y del plan para la implementación de la Ley N° 32064, que garantiza la autonomía y profesionalización de la Carrera del Auditor Gubernamental, conocida como la Ley del Auditor, tras conocerse los resultados de una exhaustiva revisión técnica de las áreas correspondientes con relación al uso del presupuesto del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).

Según una resolución de Contraloría, publicada hoy en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial, El Peruano, la decisión de la entidad de control se basó en los argumentos técnicos establecidos por las gerencias de Capital Humano, de Modernización y Planeamiento y de Asesoría Jurídica. Entre las principales conclusiones del análisis figura los excesivos recursos que iba a demandar la implementación de las acciones para el tránsito a la Carrera del Auditor Gubernamental.

Es así que, de acuerdo a proyecciones realizadas por la Contraloría, los gastos correspondientes al rubro de Gastos de Personal, Obligaciones Sociales y Contribuciones a la Seguridad Social que generen la implementación de la ley, ascienden a S/ 341 138 784 para el 2024 y a S/ 976 280 914 para el año 2025.

Mientras que la proyección de gastos por el seguro médico de la EPS para el año 2024 es de S/ 25 418 000 y para el año 2025 es de S/ 85 705 200, según la información reportada por la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales. Mientras que el gasto proyectado para el pago de Liquidaciones de Beneficios Sociales del personal que se traslade al régimen de la carrera del Auditor Gubernamental asciende a S/ 145 942 846.43.

Asimismo, se calculó que el gasto requerido para el Programa de Desvinculación Voluntaria, contemplado en la normativa que ha sido suspendida, asciende a S/ 97 502 567.64.

Impacto en financiamiento
Por otro lado, el análisis efectuado por la Contraloría señala que la vigencia del artículo 14 del Decreto de Urgencia N° 006-2024, que estableció la exclusividad del uso de los recursos transferidos de la Ley N° 31358 para el año 2024; dispuso, entre otras medidas, la reversión a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de un total de S/ 608 millones, lo cual impacta en la ejecución de los servicios de control gubernamental a nivel nacional programados en el Plan Nacional de Control para el Año Fiscal 2025.

A esto se suma que la Novena Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 32103, establece, entre otros, que los recursos que recibe la Contraloría General por el cumplimiento de la Ley N° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente”, son utilizados, exclusivamente, para las acciones de control concurrente de las inversiones para las cuales se transfieren dichos recursos, lo cual impacta directamente en el financiamiento de la implementación de la Ley N° 32064.

También se determinó las transferencias que reciba la Contraloría en el marco de la Ley N° 31358 no podrán ser orientados al pago de planillas de remuneraciones ni a los gastos vinculados a la implementación de la Ley N° 32064 y sus disposiciones; así como la asignación presupuestaria para el Año Fiscal 2025 es insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos proyectados de planillas de remuneraciones, entre otros.

Según el análisis de la Contraloría, la entrada en vigencia de la Novena Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 32103 constituye una situación sobreviniente a la dación de la Ley N° 32064 y que ha provocado que no se cuente con los recursos necesarios para dar sostenibilidad al recurso humano que constituye el mayor componente para la incorporación a la Carrera del Auditor Gubernamental y, por ende, no se podría alcanzar la eficacia de sus disposiciones contenidas en el reglamento de dicha ley ni del Plan de Implementación y Tránsito a la Carrera del Auditor Gubernamental por haberse producido un evento de naturaleza presupuestal que condiciona de forma suspensiva la eficacia de las mismas.

A la luz de estos argumentos, resulta jurídicamente viable emitir la resolución de Contraloría que dispone la suspensión de la eficacia del reglamento de la Ley N° 32064 y del Plan de Implementación y Tránsito a la Carrera del Auditor Gubernamental.

TC declara inconstitucional que Contraloría imponga sanciones y exhorta al Congreso a regular sus facultades

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional determinó que la potestad sancionadora de la Contraloría está claramente limitada a las dos primeras funciones que el artículo 82 de la Constitución le asigna: supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado y las operaciones de la deuda pública. Además, estableció que será el Congreso el encargado de regular las competencias sancionadoras de este organismo.

“(Se decide) exhortar al Congreso de la República que legisle delimitando el ámbito material de competencia en materia sancionadora de la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR y de la Contraloría General de la República, conforme a lo precisado en el fundamento 49 de la presente sentencia”, se lee en el documento.

En este sentido, se aclara que la sentencia del TC —que tuvo como ponente al magistrado César Ochoa Cardich— carece de efectos retroactivos sobre los procesos administrativos ya concluidos o que se encuentren con trámite ya iniciado.

El TC aclara que este fallo no significa que la Contraloría “no pueda supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control conforme a su ley orgánica, y realizar las acciones de control que se deriven de tales competencias”, pero esta su potestad sancionadora “no se extiende a todos los actos que tales entidades realicen, sino que esta solo resulta aplicable respecto de la administración financiera de los bienes y recursos públicos”.

César Aguilar es el nuevo contralor. Foto: difusión

“Este Tribunal interpreta y por tanto concluye que la potestad sancionadora de la Contraloría se encuentra incuestionablemente limitada a las dos primeras funciones que el artículo 82 de la Constitución atribuye a la CGR; esto es, supervisar tanto la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, como la de las operaciones de la deuda pública”, mencionan.

Recordemos que, la Contraloría tiene como rol supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado; para ello se apoya en sus gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA) a través de acciones de control conforme a sus atribuciones descritas en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

César Aguilar es el nuevo contralor en reemplazo de Nelson Shack

Días atrás, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que propone designar a César Aguilar como nuevo titular de la Contraloría General de la República, en reemplazo de Nelson Shack. A diferencia de otros cargos públicos, el contralor tiene un periodo de 7 años sin posibilidad de que se le pueda reelegir nuevamente. Esta decisión fue acordada con 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Ese mismo día, una investigación de Canal N, señaló que el ahora alto funcionario habría omisiones en sus declaraciones juradas que no fueron evaluadas por la comisión del Congreso que aprobó su postulación al cargo. Aguilar Surichaqui no declaró, en el 2018, la empresa Aguilar & Motta Abogados, de la cual fue socio y accionista; hasta que realizó la transferencia a terceros en ese mismo año.