Alistan vacancia de Dina Boluarte tras explosiva carta notarial de Mario Cabani: “La redacción está lista”

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció que buscará las firmas necesarias para presentar la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Esta moción es gatillada por la carta notarial que envió el médico cirujano Mario Cabani, donde se ratificó en que las intervenciones a las que se sometió la mandataria fueron estéticas y le dio 48 horas para que se rectifique.

“Voy a presentar la vacancia, voy a buscar las firmas. Lo importante es que se logren las firmas que se necesitan para poder ingresar. (…) La redacción ya la tengo preparada”, dijo Burgos tras la sesión de la Comisión de Fiscalización de hoy miércoles 11 de junio.

El parlamentario de Podemos resaltó los aparentes actos de intimidación del Gobierno contra Cabani y su empresa.

“Con este informe de intimidación que está realizando al personal médico, intimidación al cirujano que la operó y, sobre todo, valiéndose de obstrucción a la justicia y la verdad habiendo sustraído un documento como si fuera de la baja catadura moral, un robo. Están hablando de una persona que realmente con las arcas del Estado qué estará haciendo”, dijo Juan Burgos.Mario Cabani pide a laMario Cabani pide a la presidenta que pare el acoso contra su clínica y personal médico. Foto: composición Infobae

Explosiva carta notarial de Mario Cabani

El médico cirujano Mario Cabani envió una carta notarial a la presidenta de Dina Boluarte exigiendo la rectificación pública de declaraciones que falsas y difamatorias sobre el procedimiento quirúrgico realizado en su clínica. La misiva, fechada el 9 de junio de 2025, acusa a la mandataria de actos de hostigamiento, intimidación y difamación que afectan el prestigio de la empresa.

Según el documento, Boluarte afirmó que la intervención quirúrgica realizada en su rostro fue únicamente para resolver una afección funcional en su nariz, cuando en realidad, se trató de una “cirugía plástica múltiple y funcional con sedación”.

“Usted es quien ha violado la reserva médica de la cirugía plástica practicada en su rostro por la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cabani S.R.L. por su entera y exclusiva irresponsabilidad de su inconducta de afirmar falacias y mentiras”, señala la carta.

En la misiva se detalla que el procedimiento, realizado entre el 28 y 30 de junio de 2023, incluyó una rinoplastia, septoplastia, blefaroplastia inferior transconjuntival, relleno facial con grasa y colocación de hilos tensores, llevado a cabo por un equipo multidisciplinario. Además, se indica que Boluarte recibió atención hospitalaria personalizada y visitas postoperatorias en su domicilio en Surquillo.

El documento también acusa a la presidenta de no haber pagado inicialmente por los servicios, lo que llevó a la anulación de una boleta emitida el 15 de julio de 2023. El pago de US$4,500 se habría realizado recién el 3 de abril de 2025, Se adjuntó como prueba una boleta que acredita dicho pago.

“Nuestra empresa no expide recibo de honorarios como erradamente viene afirmando, solo expide boletas y facturas de servicios, y con respecto a su caso específico se le expidió boleta y por el servicio brindado no se efectuó el pago de la boleta emitida el 15 de julio del 2023”, se lee.

Asimismo, se emplaza a Dina Boluarte a cesar los actos de intimidación y difamación, tanto directos como a través de terceros, incluyendo a su abogado Juan Carlos Portugal y al ministro de Educación, Morgan Quero.

De no cumplirse con la rectificación pública en un plazo de 24 horas, Mario Cabani amenaza con iniciar acciones legales, incluyendo una querella penal por difamación agravada y calumnia, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

La carta notarial también informa que se notificará a la Comisión de Fiscalización del Congreso, al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y a la Fiscalía de la Nación sobre estos hechos.

Mario Cabani envió carta notarial a Dina Boluarte: estos son los puntos clave de su requerimiento

El médico Mario Cabani envió a la presidenta Dina Boluarte una carta notarial el lunes, 9 de junio, para exigirle que se rectifique por sus declaraciones sobre la complejidad de la cirugía a la que se sometió en junio de 2023.

RPP tuvo acceso a la carta notarial presentada por Alex Starost, abogado del médico, en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

«Se le ha emplazado para que cese su difamación y reconocimiento del procedimiento de cirugía plástica estética funcional en su rostro bajo sedación anestésica. Y se le ha emplazado a que cese el hostigamiento al personal médico y se le ha requerido de manera urgente la rectificación pública», dijo el letrado.

Estos son algunos de los puntos claves del requerimiento notarial del doctor Cabani.

Mario Cabani señala que la presidenta se sometió a varios procedimientos quirúrgicos

En el documento, el médico – en representación de su clínica – sostuvo que la mandataria ha realizado declaraciones “falsas” con el fin de evadir el pago de los servicios médicos y quirúrgicos recibidos.

“Se le señala a usted que ha trastocado la realidad y la verdad de los hechos. Nuestra empresa rechaza consentir sus falsedades cuando los hechos reales son que se le realizó varias cirugías estéticas y una funcional […]. Ese engaño ocasiona un agravio a nuestra empresa”, se lee.

Cabani Ravello señaló que la jefa de Estado se sometió a una cirugía plástica múltiple y funcional en el rostro, la cual fue realizada por un equipo médico multidisciplinario, lo cual contradeciría a Boluarte Zegarra, quien afirmó que se trató de una intervención quirúrgica por un problema respiratorio y que ello no implicó algún tipo de incapacidad o impedimento de ejercer el cargo.

Asimismo, dijo que el equipo estuvo conformado por dos médicos cirujanos plásticos, una anestesióloga, un otorrinolaringólogo, un médico general, una cardióloga y dos técnicas de enfermería.

“Usted ha [dicho] que la cirugía fue de baja complejidad a sabiendas que participó un staff de profesionales, incluso afirmó comparándola la intervención quirúrgica practicada por nuestra empresa como una ‘extracción de muela’ a sabiendas que la intervención odontológica más compleja no utiliza un staff de seis médicos”, indicó

El galeno dio cuenta de varios procedimientos quirúrgicos distintos como rinoplastia y septoplastia, para el embellecimiento y mejorar la respiración; blefaroplastia inferior trasnconjuntival, que implica el retiro de bolsas de grasa; así como relleno facial con grasa retirada de su pared abdominal para rejuvenecimiento; y colocación de hilos tensores para rejuvenecimiento.

Según el médico, la intervención duró dos horas y 25 minutos, con 40 a 50 minutos de anestesia general, por lo que la jefa de Estado estuvo hospitalizada desde el 28 al 30 de junio de 2023, un tiempo mayor al que la presidenta consignó en un pronunciamiento.

Parte de la carta notarial donde Mario Cabani da cuenta de las intervenciones quirúrgicas.
Parte de la carta notarial donde Mario Cabani da cuenta de las intervenciones quirúrgicas.Fuente: Difusión

El pago por la intervención quirúrgica se concretó en abril de 2025, según Mario Cabani

Cabani también señaló que, el 15 de julio de 2023, se emitió una boleta de venta por el servicio a nombre de María Patricia Muriano Peralta, exsecretaria presidencial, por un monto inicial de 1 000 dólares. No obstante, la exfuncionaria “no pagó y obligó a anular” el comprobante de pago.

De acuerdo con su versión, recién el 3 de abril de 2025 se cumplió con “cancelar el total de la deuda” por un total de 4 500 dólares, a través de Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria.

Boleta de pago que, según Mario Cabani, fue anulada por incumplimiento del abono.
Boleta de pago que, según Mario Cabani, fue anulada por incumplimiento del abono.Fuente: Difusión

“Su abogado [Juan Carlos] Portugal remitió desde su correo electrónico que la ruta del dinero entregado… es lícito bajo su entera responsabilidad”, se lee en el documento.

El doctor Cabani también alegó que las declaraciones de Boluarte Zegarra “violan la reserva médica” y difaman a su clínica y al personal por desconocer “que se le había practicado una cirugía plástica”, razón por la cual enfatizó que es insostenible guardar el secreto profesional en este caso.  

 “Si hubiesen dicho la verdad, guardaríamos el secreto, pero, ante el engaño al pueblo peruano, el secreto profesional se vuelve insostenible”, enfatizó.

Además, denunció que la jefa de Estado no devolvió la historia clínica original, lo que les ha obligado a “reconstruirla con pruebas”.

Finalmente, el galeno exigió el cese inmediato de la “difamación” y la rectificación pública de la jefa de Estado en un plazo máximo de 24 horas, para que admita que recibió internamiento hospitalario y atención médica personalizada, y que fue atendida por un equipo médico especializado y no por un solo profesional como “falsamente afirma”.

Así, advirtió que, de incumplirse su solicitud, iniciará acciones legales por difamación agravada y calumnia, así como una demanda civil por daños y perjuicios económicos y morales.  

Denuncian a Dina Boluarte por traición a la patria tras firmar tratado de Alta Mar

La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia. Esta vez, por presunta traición a la patria luego de suscribir el denominado Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en Niza, Francia. La demanda, interpuesta por el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. ante la Fiscalía de la Nación involucra directamente a la mandataria en calidad de persona natural y a la Presidencia de la República en su condición institucional.

La queja presentada sostiene que la reciente suscripción del Tratado de Alta Mar implica una “afectación directa a la soberanía marítima nacional” al considerar que el acuerdo colisiona con lo estipulado en la Constitución. Específicamente el artículo 54 que reconoce la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado sobre las 200 millas marítimas adyacentes a la costa del país.

La denuncia también puede interpretarse como un acto que “compromete la seguridad o integridad territorial del país”, lo que encajaría en la figura legal de traición a la patria. En ese sentido, sostuvo que “cualquier tratado que implique cesión o limitación sobre el dominio marítimo resulta inconstitucional y constituye una afrenta directa contra la integridad nacional”, según declaraciones recogidas por el diario Expreso.

Sobre el tema, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería emitieron un comunicado donde advirtieron que la firma representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

“Este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada“, escribieron. No obstante, el canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela alegan una falta de información por parte de los críticos.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la firma no implica una merma en los derechos del país sobre su dominio marítimo. “Es un tratado ambiental que el Perú puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Quien dice lo contrario, miente; no está informando correctamente”, expresó en RPP.

Por su parte, De Zela arguyó que las opiniones contrarias pueden deberse a la confusión con otros instrumentos legales como la Convención del Mar (Convemar). “Hay una discusión con la vinculación de Convemar, pero eso responde a la ignorancia. La gente que critica no lee. Este tratado dice claramente que no se aplica a las 200 millas nacionales”, aclaró en Canal N.

¿Qué es el tratado de Alta Mar?

El Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por su sigla en inglés), es un acuerdo internacional alcanzado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2023. El objetivo central del tratado es crear el primer marco jurídico global y vinculante para la protección de la biodiversidad en las áreas oceánicas que quedan fuera de cualquier jurisdicción estatal, es decir, más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de cada país.

Esto corresponde a aproximadamente dos tercios de la superficie marítima del planeta; sectores que, hasta la adopción del tratado, carecían de una regulación ambiental internacional efectiva. El acuerdo propone la creación de áreas marinas protegidas, la regulación de actividades como la pesca, la minería submarina y la bioprospección genética, así como pautas para la equidad en el acceso y el reparto de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.

Problemas ambientales de Chancay serán analizados este lunes 9 en el Congreso de la República

Según la agenda, entre los temas que se tocarán figuran los Instrumentos de Gestión Ambiental-IGA a cargo de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del SENACE referidos a la ampliación de la zona operativa portuaria – etapa 1 (MEIA-d) del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay; al proyecto terminal de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y al mejoramiento del trazado del eje del túnel viaducto (MEIAd).

En la cita se detallará además un Informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA sobre las acciones realizadas para supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de los compromisos ambientales contemplados en los instrumentos de gestión ambiental respecto al Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, y al seguimiento del problema ambiental, afectación del humedal Santa Rosa, calidad del aire, del mar e instalación de geo tubos, sistema de bypass y vertimiento de aguas residuales, a cargo de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental del OEFA.

Se ofrecerá asimismo un informe de las acciones de supervisión y fiscalización que viene realizando la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, referidas a la ampliación de la zona operativa portuaria – etapa 1 (MEIA-d) del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay y mejoramiento del trazado del eje del túnel viaducto para gráneles sólidos, líquidos y carga rodante.

Entre los principales expositores se encuentran César Carlos Sandoval Pozo, ministro de Transportes y Comunicaciones, el presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, Juan Edgardo Narciso Chávez, Silvia Cuba Castillo – presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, Luis Castillo Torrealva – Subgerente de Control del Sector Agricultura y Ambiente de la Contraloría General de la República.

Participarán como invitados el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez Andrade, Edwin Valdivia Santiago, Alcalde de la Municipalidad distrital de Aucallama, Luis Eduardo Arrestegui – Alcalde de la Municipalidad distrital de Paramonga, Jaime Ruiz Béjar – Decano del Colegio de Ingenieros, Edwin Lozada Valdez – Decano del Colegio de Geógrafos, el dirigente Vladimir Cantoral Arteaga – Presidente del Frente de Defensa de Chancay, y Carlos Romero Oliva – Presidente Comité Vecinal Peralvillo Bajo.

La sesión se desarrollará este lunes, 09 de junio a las 11:00 horas, en la Sala Gustavo Mohme Llona del edificio Víctor Raúl Haya De La Torre.

Dina Boluarte asegura que se quedará hasta el 28 de julio de 2026 tras pedido de vacancia: “Hasta quemar el último cartucho”

La respuesta de Dina Boluarte no se hizo esperar. Luego de que la Comisión de Fiscalización recomendara su vacancia por presuntamente encubrir a Vladimir Cerrón mediante el uso indebido del vehículo presidencial (caso cofre), la jefa de Estado aseguró, durante un evento por el Día de la Bandera, que se mantendrá en el cargo hasta el 28 de julio de 2026.

“Reitero hoy nuestro compromiso de continuar trabajando con todas nuestras fuerzas hasta el 28 de julio de 2026 en defensa de la democracia, hasta quemar el último cartucho”, manifestó.

A pocos días de que el gabinete encabezado por Eduardo Arana solicite el voto de confianza en el Congreso, Dina Boluarte hizo un llamado a las agrupaciones políticas, al sector privado y a la sociedad en general a mantener la unidad para promover el desarrollo del país.

“Hoy llamo a todas las fuerzas políticas, al sector privado, a la sociedad civil y a la población en general a mantener la unidad y construir juntos los cimientos de un Perú al que nadie pueda detener”, indicó.

Durante su discurso, la jefa de Estado también se pronunció sobre la crisis de inseguridad que atraviesa el país y sostuvo que no debe existir “cálculo político”. “Enemigos a los cuales debemos enfrentar en unidad, sin egoísmos ni cálculo político”, expresó Boluarte desde la Plaza de la Bandera, como parte de la conmemoración del 145.º aniversario de la Batalla de Arica.

Dina Boluarte: Comisión de Fiscalización recomienda evaluar vacancia a presidenta

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final contra la presidenta Dina Boluarte, relacionado con el denominado caso Cofre. La iniciativa obtuvo 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

El informe final recomienda la evaluación de una posible vacancia por incapacidad moral permanente contra la mandataria Boluarte, el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, así como la evaluación de una posible infracción penal para al menos nueve personas —entre ellas el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez, el general PNP Víctor José Zanabria Angulo y Óscar Arriola Delgado—, por la presunta fuga de Vladimir Cerrón.

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido para que se anule su denuncia constitucional por desactivar el Eficcop

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de la presidenta Dina Boluarte para anular las diligencias que realizó la Fiscalía en su contra que culminaron con una denuncia constitucional ante el Congreso por la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). En consecuencia, el Ministerio Público continuará las investigaciones por el presunto delito de encubrimiento personal.

De esta manera, el despacho del juez Juan Carlos Checkley convalidó las pruebas que presentó la Fiscalía ante el Parlamento en noviembre del 2024. La jefa de Estado intentó anular las declaraciones de testigos brindados al Ministerio Público, incluidos los testimonios de los agentes ‘Carlos’ y ‘Rene’ y el exmiembro de la PNP, Harvey Colchado y Walter Lozano.

La defensa legal de la presidenta, representada por el abogado Juan Carlos Portugal, sostuvo que se realizó una vulneró el derecho a la motivación, a la defensa e igualdad de partes, debido a que no se habría permitido su participación en la diligencias fiscales en contra de su patrocinada.

Sin embargo, el juez supremo, Juan Carlos Checkley, consideró que las pruebas obtenidas por el Ministerio Público están sujetas a la ley y no hubo una vulneración de derechos, como señala la mandataria. La Fiscalía tomó las declaraciones de los miembros de la PNP en secreto debido a que, según indica la constitución, Dina Boluarte es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y PNP, por lo que podría haber tomado algún tipo de represalias.

«Declarar infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra contra el Ministerio Público, respecto al proceso seguido en la Carpeta Fiscal N°153-2024», se lee en la resolución.

 Fiscalía declaró infundada la tutela de derechos presentada por Dina Boluarte.

Fiscalía declaró infundada la tutela de derechos presentada por Dina Boluarte.

Dina Boluarte quiso anular las declaraciones de Harvey Colchado

Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el «Cuaderno Secretos de las comunicaciones-tomo único» contienen las declaraciones de Harvey Colchado, Walter Lozano Pajuelo, Morán Soto, entre otros, en el que señala que existirían «acuerdos ilícitos», en el que el exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, habría ofrecido a Colchado y Lozano para que «la investigación contra Nicanor ya no sea llevada por la Eficcop y que lo ayudará a que ese pedido sea aceptado por la coordinadora Marita Barreto, (…) donde él se encargaría de solucionarlo».

«En esa reunión, el abogado Mateo Castañeda le pidió al coronel Lozano Pajuelo dos cosas, la primera, que la defensa de Nicanor Boluarte, mediante escrito, solicitaría que la carpeta fiscal sea derivada a la fiscalía provincial especializada en corrupción, donde él tenía sus contactos. (…)Lo segundo era que me dijera a mi persona que me iban a cuidado, que no me iba a pasar nada toda vez que el abogado Mateo Castañeda era veía de parte de la presidenta», declaró Colchado.

 Declaración de Harvey Colchado.

Declaración de Harvey Colchado.

Poder Judicial le da la razón a la Fiscalía

El juez Juan Carlos Checkley concluyó de que la tutela de derechos presentada por la defensa legal de Dina Boluarte en enero de este año, semanas después de que la Fiscalía realizó la denuncia constitucional contra la mandataria ante el Congreso. Este punto es clave debido a que, ahora, es competencia exclusiva del Parlamento determinar si hubo o no alguna infracción legal.

«La fiscalía remitió al Congreso la referida denuncia constitucional y la presente tutela de derechos fue presentada a este Juzgado Supremo de investigación Preparatoria el 29/01/2025, esto es, cuando ya no tenía competencia para resolverla. (…) En ese sentido, estando a que el presente proceso se encuentra en el fuero parlamentario, la tutela es desestimada», se lee en el documento.