En medio de un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, desató una fuerte controversia en el sector con unas declaraciones.
Durante su intervención en el encuentro denominado “Jueves Minero”, Manero sostuvo que la agricultura debe ser concebida como un negocio y no como una actividad «idealizada».
De manera tajante, aseguró que si un agricultor enfrenta pérdidas, debería abandonar el rubro en lugar de buscar apoyo del Estado.
“Mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente: este es un negocio y, si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado. Si te va mal, tienes que salir del negocio como pasa en cualquier otra actividad económica. Suena duro, pero son lecciones que tenemos que dárselas”, declaró.
El ministro insistió en que en el Perú se ha “romantizado” la actividad agrícola, considerándola como una labor que debe ser preservada de generación en generación, lo que —según su visión— ha impedido que se entienda bajo las reglas del mercado.
“El problema en el Perú es que hemos idealizado la agricultura. Creemos que es una actividad bonita que debe pasar de padres a hijos, y se olvidan que, finalmente, es un negocio: el mercado puro y duro”, agregó.
Estas declaraciones llegan en un contexto especialmente sensible, considerando que, según datos del propio Midagri, más del 83% de los trabajadores agrícolas dependen de esta modalidad, que resulta esencial para garantizar el abastecimiento de alimentos en todo el Perú.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha comenzado un procedimiento sancionador contra el partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, debido al uso indebido de fondos públicos para un viaje a Estados Unidos. Esta información fue revelada por el jefe de la entidad electoral, Piero Corvetto. La cantidad en cuestión es de alrededor de S/28.000.
Este procedimiento se deriva de un informe técnico elaborado por la ONPE, que señala una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas. Corvetto explicó que el financiamiento público debe estar vinculado a actividades de capacitación y funcionamiento del partido, y que su uso inadecuado puede acarrear sanciones.
«Nosotros hemos abierto un procedimiento sancionador al respecto y yo soy un órgano sancionador, por lo tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente. Hay una argumentación expuesta en el informe. El uso del financiamiento tiene que estar exclusivamente vinculado a aspecto de capacitación y funcionamiento. Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado el financiamiento público directo», dijo para RPP.
El viaje de Fujimori a California fue en respuesta a una invitación de la Dominican University of California, donde participó en un evento con la comunidad local. Sin embargo, este viaje se encuentra bajo la lupa de las autoridades debido a la naturaleza del financiamiento utilizado.
Este viaje se llevó a cabo el 28 de mayo de 2024. En su publicación, mencionó que su visita fue para «dirigir algunas palabras y dialogar con la comunidad que asistió a este evento». Este proceso sancionador se produce en un contexto donde Keiko Fujimori enfrenta otros desafíos legales.
En mayo de 2024, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se revoque la comparecencia con restricciones de Fujimori y se dicte nuevamente prisión preventiva en su contra, alegando incumplimiento de las reglas de conducta en el caso Cócteles.
Renovación Popular pagó más de S/175.000 a empresa de exasesor de Rafael López Aliaga
Según los informes de la ONPE, La República pudo identificar que en el primer semestre de 2024, Renovación Popular destinó más de 175 mil soles de financiamiento público a la empresa de un asesor de la campaña electoral de Rafael López Aliaga.
De acuerdo con información de la ONPE, la empresa del exasesor publicista argentino, Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada, con RUC 20609703149, tiene registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contratos por más de 175 mil soles con el partido Renovación Popular, correspondientes a servicios de asesoría en comunicación y marketing entre enero y junio de 2024.
El año 2024 no fue el único en que Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada trabajó con el partido de López Aliaga, Renovación Popular. En el primer semestre de 2023, la empresa recibió un total de 120.165,70 soles por sus servicios. En el segundo semestre, la cifra no varió mucho, alcanzando los 158.200 soles, lo que suma un total de 278.365,70 soles a lo largo de todo el año.
El titular del Mininter, Juan José Santiváñez, minimiza el gasto realizado por el Estado para cubrir los honorarios de su abogado Carlos Caro, y afirma que la defensa legal del exministro Rubén Vargas realizada por el estudio Benites, Vargas & Ugaz, es mucho más cara.
Hoy el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció respecto a su defensa legal, la cual genera un gasto de S/120 mil para el Estado peruano y defendió los costos de su defensa, alegando que el portafolio que él lidera pagará el abogado más barato para estos casos.
Cuando le preguntaron en una entrevista para Exitosa, sobre la contratación del abogado Carlos Caro para que se encargue de su defensa legal, el ministro Santiváñez dijo: “Es el abogado que más barato le está cobrando al ministerio del Interior para defender a un ministro. Los abogados de Rubén Vargas, por cada proceso nos cuestan más de S/150 mil soles, y es el estudio Ugaz y creo que hay dos procesos, si no hay más”.
ESTUDIO CARO & ASOCIADOS PATROCINA A MINISTRO DEL INTERIOR JUAN JOSÉ SANTIVAÑEZ.
En tal sentido, el ministro hizo una comparación sobre otros casos en que se investiga a otros exministros de Estado y que ellos contratan una defensa legal que le cuesta más dinero al Estado.
Asimismo, aseveró que la ley de Servir estipula que el Estado debe costear los servicios legales de los funcionarios del Estado; sin embargo, si ellos salen responsables, tras finalizar el proceso luego de una sentencia, entonces tendrán que devolver el dinero.
“La norma establece que si como consecuencia del proceso, se acredita alguna responsabilidad, (el dinero) tiene que devolverse”, concluyó.
La Contraloría General alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) que 314 oficiales que pasaron a la situación de retiro en los últimos años continúan en posesión de las armas de fuego y equipo policial del Estado que les fue asignado para cumplir con el servicio policial, seguridad y defensa personal durante el periodo 2015-2024, situación que pondría en riesgo el destino y la posesión final de estos por no cumplir con la devolución en los plazos establecidos.
De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 048-2024-OCI/3792-SVC, entre las armas de fuego y el equipo policial que no han sido entregados al Estado figuran pistolas marca: Sig Sauer (91), Pietro Beretta (76) y Star (43), así como revólveres marca Smith Wesson (31); además de 71 grilletes (esposas) Smith Wesson, entre otros bienes.
Los oficiales debieron devolver estas armas y los equipos policiales del Estado dentro de los 60 días calendario de haber sido notificados de que pasaban al retiro, conforme lo establece una directiva interna; sin embargo, no lo han hecho. Este año, por ejemplo, 40 exoficiales que ya no se encuentran en actividad mantienen en su poder estos bienes del Estado.
También existen casos como el de 204 exoficiales que pasaron al retiro entre el 2015 y 2019, quienes a la fecha no han devuelto las armas y los equipos policiales que le fueron asignados, a pesar de que dejaron la actividad entre cinco y nueve años atrás. Incluso, cinco exoficiales fallecieron.
No son notificados ni denunciados
La comisión de control ha evidenciado que la PNP no ha procedido a notificar a los oficiales en retiro que adeudan armas y equipo policial de propiedad del Estado para que los devuelvan. Tampoco ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva, como lo establece la Directiva de la PNP N° 04-09-2018-DIRGEN-PNP/DIVLOG-B.
De acuerdo a la documentación revisada por la comisión de control, recién en febrero de este año la PNP inició las acciones para notificar a los oficiales en retiro que adeudan bienes, pero estas no llegaron a concretarse por la falta de personal, motivo por el cual se pretendió contratar a una notaría para que se encargue de la notificación, en abril pasado. Al 22 de julio del 2024, que se emitió el informe, los involucrados no habían sido notificados.
Vehículos tampoco son devueltos
En otro informe del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú (OCI de la PNP) se advierte que 119 oficiales en retiro no han efectuado la devolución de vehículos de seguridad de propiedad del Estado que le fueron asignados en la última década. Estas unidades están valorizadas en cerca de S/ 2 millones.
De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 24-2024-OCI/3792-SVC, en noviembre del 2023 se enviaron cartas notariales a 78 de los 119 oficiales en retiro para que devuelvan los vehículos en un plazo de 72 horas. A la fecha, 35 de los 119 oficiales en retiro que figuraban en la lista de deudores de vehículos han muerto y sus parientes tampoco los han retornado al Estado.
Solo siete oficiales que pasaron a situación de retiro durante el 2024 devolvieran los vehículos de seguridad asignados.
De acuerdo a la normativa interna, los vehículos de seguridad asignados a oficiales, generales y coroneles deben ser devueltos en buen estado a la División de Logística de la Dirección de Administración de la PNP en un plazo máximo de siete días calendario después de pasar al retiro. También tienen la opción de comprar el vehículo, manifestando su voluntad por escrito en un plazo de 30 días calendario.
En este caso, los oficiales en situación de retiro no devolvieron los vehículos ni manifestaron su decisión de comprarlos en la última década (2014-2023). Al igual que en el caso de las armas y equipos policiales, tampoco se ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva a los deudores.
El OCI de la PNP ha comunicado al comandante general de la PNP los resultados de los informes de control a fin de que la entidad adopte las acciones que permitan mitigar los riesgos identificados. A la fecha, no ha recibido respuesta.
El dato: Falta de supervisión
Las comisiones de control han alertado que la PNP solo utiliza registros manuales y hojas de cálculo en el Excel para el control y seguimiento del universo de armas de fuego y vehículos de seguridad asignados al personal policial, y sobre la ausencia de sistemas informáticos interconectados, entre las diferentes direcciones policiales, para el control y seguimiento del ingreso y salidas de armas de fuego afectadas al personal policial, y la entrega y devolución de los vehículos de seguridad asignados a oficiales en el servicio activo. Esto pone en riesgo la información, control y seguimiento tanto de las armas y equipos policiales, así como del parque automotor de la PNP.
La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, tomó juramento esta noche a seis nuevos ministros de Estado que integrarán el gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrianzén, a dos días de solicitar el voto de confianza.
En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, juraron los nuevos los titulares del Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio de Desarrollo, Agrario y Riego; Ministerio de la Producción; Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo; y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Primero, Walter Ortiz Acosta juró como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Víctor Torres, quien dejó el cargo por motivos personales según aseguró antes los medios de comunicación.
Seguidamente, Morgan Niccolo Quero Gaime ocupó el cargo de ministro de Educación, en lugar de Miriam Ponce. Mientras que Ángel Manero Campos asumió la cartera del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sustituyendo a Jennifer Contreras Álvarez,
Asimismo, Sergio González Guerrero tomó el cargo de ministro de Producción, en reemplazo de Ana María Choquehuanca. En tanto, Elizabeth Galdo fue designada como ministra de Comercio Exterior y Turismo, sector que ocupaba Juan Carlos Mathews.
Y por último, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue encargado a Angela Teresa Hernández, en reemplazo de Nancy Tolentino Gamarra.
Cabe precisar que, la renovación del Gabinete Ministerial se da luego que los titulares del Interior, Víctor Torres; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino; y de Educación, Miriam Ponce, dejaran el cargo.
Dominical Panorama reveló en exclusiva un audio que confirma que el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sí conocía a Yaziré Pinedo Vásquez, la joven que fue beneficiada con jugosos contratos con el Estado luego de sostener una reunión con el premier.
En la grabación, Otárola Peñaranda le dice lo siguiente: “Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece o no puedes?”. Ella le responde: “Ya, mañana te veo”. Y esto fue lo que replica Otárola: “Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV”.
Estas conversaciones ponen en evidencia las mentiras de Alberto Otárola, quien aseguró en reiteradas oportunidades que conoció a Yaziré Pinedo en una reunión y que luego no la volvió a ver. Sin embargo, los audios confirmarían una presunta relación sentimental entre ambos.
JUGOSAS ÓRDENES DE SERVICIO
Como se recuerda, Panorama puso al descubierto que la joven consiguió dos órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa tras visitar a Otárola. Una de ellas por 18 mil soles por emisión, elaboración y archivo, y la otra por 35 mil soles, haciendo un total de 53 mil soles.
ENFOQUE REAL 