Jaime Villanueva Barreto, el recién cesado asesor principal de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue detenido la mañana de este lunes de manera preliminar en una clínica en el distrito de Surco durante un operativo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) y la Diviac, confirmaron fuentes de RPP Noticias.
La orden de detención, descerraje y allanamiento de su vivienda en el distrito de La Molina, así como de su oficina en el Ministerio Público y el registro de dos vehículos de su propiedad, fue dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tras resolver a favor de un pedido del Eficcop, equipo que investiga a Villanueva Barreto y otros asesores como parte de una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» y que estaría encabezada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
De acuerdo al equipo especial, Villanueva Barreto y Miguel Angel Girao Isidro, funcionarios del Ministerio Público, así como el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, integrarían una organización criminal que habria «instrumentalizado» la «persecucion penal para benficio propio», con el objetivo de influir «ilicitamente en decisiones de congresistas» para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, «para fines ilícitos».
Según la investigación del Eficcop, en un caso al que han denominado ‘La Fiscal y su cúpula de Poder’, esta presunta organización criminal buscó atacar a la JNJ para evitar la destitución de Patricia Benavides.
El operativo de esta mañana se da poca horas después de que la fiscal de la Nación diera por concluido el nombramiento de Marita Barreto Rivera como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Centro, además de su designación como coordinadora del equipo especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, grupo que investiga a Patricia Benavides.
La orden judicial también dispone el allanamiento y descerraje de las viviendas y oficinas de Abel Hurtado Espinoza y y Miguel Angel Girao Isidro. Y la detención preliminar de Villanueva Barreto tendrá una vigencia de 10 días.
Todas estas personas son investigadas por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública-organización criminal y contra la administración pública-trafico de influencias.
El operativo, denominado Valkiria V, se también se desarrolla hasta el cierre de esta nota en el piso nueve de la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay en el Centro de Lima, donde se encuentran las oficinas de los investigados.
El exmandatario Pedro Castillo ascendió a 10 coroneles al grado de general de la Policía Nacional por razones políticas, de acuerdo con la denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Antes de ser promovidos de grado, los oficiales visitaron al ex jefe del Estado en Palacio de Gobierno.
De acuerdo con la imputación fiscal, los que ascendieron en dicho proceso son: -Enrique Goycochea Chunga. -Roger Pérez Figueroa. -Edward Espinoza López. -Nicasio Zapata Súclupe. -Manuel Rivera López. -Jorge Castillo Vargas. -Freddy del Carpio León. -Rodolfo Villanueva Nole. -Max García Esquivel. -Eginardo Pérez Chávez.
El propósito de Pedro Castillo de promover de grado a estos oficiales era tener el control dentro de la institución policial por intermedio del entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo Mendoza.
El operador del plan de Castillo fue el congresista de Perú Libre Américo Gonza Castillo, según la fiscal de la Nación, quien se sustenta en las manifestaciones de tres colaboradores eficaces.
Consultado por La República, el legislador Américo Gonza negó haber tenido intervención en el ascenso de los 9 generales y en la designación del general PNP Javier Gallardo como comandante general de la Policía Nacional.
Para la Fiscalía, las visitas de los coroneles a Palacio de Gobierno no obedecían a asuntos propios de sus funciones como oficiales de la Policía Nacional, lo que significa que muy probablemente las entrevistas fueron para concertar acuerdos para conseguir el grado inmediato superior.
Por otro lado, el general PNP Javier Gallardo, como comandante general de la Policía Nacional, jugó un papel dentro de la presunta organización criminal liderada por Castillo para favorecer a ciertos oficiales de la PNP con fines ilícitos, señala la fiscal Benavides en la denuncia constitucional.
Para dicha finalidad elaboró una nueva directiva que reguló el proceso de ascensos, variando los puntajes para el ascenso al grado de general. Por ejemplo, el general Gallardo propuso que el puntaje para la entrevista personal debía pasar de 30 a 50 puntos, pese a que fue observado por Asesoría Jurídica de la de la Policía Nacional. Este cambio le permitía a Gallardo y a sus presuntos cómplices direccionar los puntajes a favor de los oficiales de su preferencia.
Una vez que los 10 coroneles se beneficiaron con el ascenso digitado, estos fueron asignados en puestos claves de la Policía Nacional con la finalidad de viabilizar los intereses del expresidente Castillo.
Los ascendidos por Pedro Castillo
De izquierda a derecha, gral. Edward Espinoza, gral. Roger Pérez Figueroa y gral. Manuel Rivera López. Foto: difusión
De izquierda a derecha, gral. Jorge Castillo Vargas, gral. Max García Esquivel y gral. Nicasio Zapata S. Foto: difusión
De izquierda a derecha, gral. Rodolfo Villanueva y gral. Enrique Goycochea
El 8 de enero del 2022 se asignaron diversos cargos a oficiales generales de armas y de servicio de la Policía Nacional. Por ejemplo, el general PNP Nicasio Zapata Súclupe fue nombrado jefe de la Macro Región Policial Tumbes, zona fronteriza por el norte; y el general PNP Manuel Rivera López fue designado en la Macro Región Policial Tacna, zona fronteriza por el sur.
El general PNP Enrique Goicochea Chunga fue nombrado jefe de la Macro Región Policial Ucayali, zona fronteriza con Brasil. Y el general PNP Jorge Castillo Vargas fue asignado como jefe de la Región Policial Callao, que es una de las principales puertas de entrada y salida del país por vía marítima y aérea.
Mientras que el general PNP Roger Pérez Figueroa asumió la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, unidad donde se procesa información de interés nacional, en todos los ámbitos policiales. El exministro del Interior Mariano González, ha declarado que el interés de Pedro Castillo por tener bajo control la PNP por intermedio de oficiales de su extrema confianza era para evitar que sus familiares investigados por corrupción sean ubicados y detenidos.
Según la fiscal de la Nación, la Dirin es una unidad importante debido a que tiene acceso a información privilegiada sobre los requerimientos fiscales o mandatos judiciales. Por lo tanto, resultaba clave para Castillo contar con información clave sobre las acciones de las autoridades contra los sobrinos del ex jefe del Estado o colaboradores cercanos prófugos, como Juan Silva Villegas, entre otros.
La denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación contra el expresidente Castillo es por los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. La imputación también comprende el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, en el que también está comprendido el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales.
“Nunca recomendé al general Gallardo”
“La fiscal de la Nación solo me menciona en la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Walter Ayala. En los argumentos de la denuncia, algunos colaboradores me mencionan, pero no he sido mencionado”, dijo el congresista Américo Gonza.
“En relación con el general Gallardo, nunca lo he recomendado para que lo nombre comandante general de la PNP. Tengo entendido que el expresidente Castillo lo citó a Palacio al igual que a otro general para un entrevista. Fue una decisión del presidente Castillo”, explicó.”
“Conocí al general Javier Gallardo por mis funciones y por ser parte de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Pero nunca lo recomendé ni tampoco lo acompañé a Palacio de Gobierno”, aseguró el legislador de Perú Libre Américo Gonza.
El dato
Modalidades. Una forma de obtener ascensos fue el presunto pago de sobornos al exsecretario presidencial Bruno Pacheco y brigadier PNP Jorge Tarrillo Gálvez. Además de las entrevistas personales que hizo el exmandatario Pedro Castillo.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encuentra en aprietos. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar en su contra tras haber recibido una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Esto, a pesar de que este último afronta una investigación en el Ministerio Público por presunto lavado de activos.
“En el presente caso resulta necesario establecer si la señora Patricia Benavides, en su actuación como fiscal de la Nación, incurrió en la comisión de una inconducta funcional; por lo que corresponde abrir una investigación preliminar, situación que no implica un adelanto de criterio, sino, por el contrario, tiene el propósito de determinar en estricto respeto del principio de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario”, se lee en la disposición.
El organismo le dio un plazo de 10 días hábiles a Benavides y su abogado para que presenten su informe por escrito, acompañando los medios probatorios que estimen pertinente.
La indagación en contra de la fiscal de la Nación estará a cargo de la magistrada Luz Inés Tello de Ñecco.
Por la mañana, el organismo recordó en sus redes sociales que el procedimiento disciplinario tiene carácter de reservado, por lo que precisaron que oficialmente no han emitido ningún pronunciamiento sobre el proceso, que ya fue notificado a la fiscal de la Nación.
La JNJ acogió la denuncia que presentaron los ciudadanos Gino Román Torres, director del Centro de Protección al Ciudadano Equidad, e Hilario Manuel Rosales Sánchez, el pasado 8 y 9 de marzo.
Los denunciantes señalaron en su documento que la condecoración que recibió Benavides el 8 pasado de marzo como parte de los eventos por el Día Internacional de la Mujer en la Municipalidad de Lima contraviene la normativa disciplinaria de los fiscales.
Esto, debido a que el actualmente burgomaestre de Lima es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en organización criminal.
El pasado 14 de marzo, el procurador público de la JNJ informó a la presidenta de la institución, Imelda Tumialán, sobre esta denuncia como un hecho de interés nacional.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció respecto al archivamiento de la denuncia contra Keiko Fujimori. “Cada fiscalía desarrolla sus funciones como le corresponde ”, indicó.
Como se sabe, el fiscal adjunto provincial titular contra el crimen organizado, Erasmo Benavides Corbetta, archivó la investigación seguida contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros por los delitos de organización criminal, falsificación de documentos e inducción a votar en un sentido determinado.
“Cada fiscalía desarrolla sus funciones como le corresponde y la instancia correspondiente… Esa es una investigación que no corresponde a mi despacho”, señaló Benavides a la prensa.
De lado, aseguró que se han “aperturado investigaciones tanto por las muertes y los disturbios” en el marco de las violentas manifestaciones registradas en el país.
“En el tema de aforados que me corresponde por ser fiscal están las carpetas iniciadas y se están llevando a cabo las actuaciones urgentes y necesarias”, agregó.
Patricia Benavides inauguró este martes la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad en Ucayali, como parte las medidas de fortalecimiento para otorgar orden, celeridad y especialización a las investigaciones a cargo de este subsistema.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aparece como fallecida en el Reniec. La trabajadora que registró esta ficha -Magay García Castillo- es la misma que inscribió la ficha de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa en el pasaje Sarratea, en Breña.
Momentos después, a través de sus redes sociales oficiales, el Ministerio Público señaló que «es falsa» la información de la ficha Reniec de la fiscal de la Nación que consigna el dato «manipulado» de su «fallecimiento». Asimismo, expresaron su rechazo al uso ilícito de los sistemas informáticos estatales.
El jueves pasado, RPP Noticias pudo corroborar que Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde el presidente Pedro Castillo realizó diversas reuniones, figuraba como fallecido ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
De acuerdo con el sistema del Reniec, Sánchez Sánchez, para quien el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar, habría fallecido el pasado martes 11 de octubre, día en el que se dio el operativo ‘Valkiria II’, ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Sin embargo, luego que se denunciara que Sánchez Sánchez aparecía como muerto en el sistema del Reniec, esta mañana -en cuestión de horas- se cambió la información en el registro y volvió a aparecer como vivo.
Ministro de Justicia pide investigación
Sobre este tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, pidió al Reniec una “profunda investigación” para encontrar a los responsables del cambio de estatus de vivo a fallecido de Alejandro Sánchez, el prófugo dueño de la casa del jirón Sarratea.
En diálogo con la prensa, el funcionario aseguró que el Reniec es un organismo “autónomo”, por lo que negó que el Ejecutivo haya estado detrás de la ‘muerte’ de Sánchez Sánchez.
«Exigimos como ministros de Estado, y creo que es el sentir de todos, una profunda investigación. Y si se determina con objetividad que eso ha sucedido de manera dolosa, se va a tener que explicar dentro del marco normativo la investigación, el proceso y las sanciones que correspondan», comentó.
«No olviden que en Reniec hay varias fallas técnicas y logísticas. Siempre cuando hay elecciones, aparecen personas fallecidas que se quejan que no pueden sufragar, que no pueden realizar actos propios de la vida civil de un ciudadano», añadió.
Al respecto, Félix Chero pidió una «reingeniería» en Reniec, a fin de «evitar este tipo de situaciones». «Por eso, en este caso concreto, tiene que haber una investigación, determinar si es que ha habido una actitud dolosa de encubrir a alguien y, si se tiene que sancionar, se tiene que sancionar a quienes hayan realizado este tipo de actos», sentenció.
Como se recuerda, Alejandro Sánchez dejó de figurar como fallecido ante el sistema del Reniec esta mañana, apenas horas después de que se denunciara que el prófugo dueño de la casa de Sarratea aparecía como muerto en el registro.
La ministra de Cultura, Betssy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente haber infringido la Carta Magna, al haber denunciado al presidente Pedro Castillo.
La demanda la presentó en su calidad de congresista de la República, según consta en el documento que entregó hoy a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Chávez tras abandonar la banda de Perú Libre, se paso a la bancada Perú Democrático, compuesta por legisladores que abandonaron las agrupaciones por las que fueron electos.
“La fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación al presidente la República Pedro Castillo por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias y colusión suspendiéndose por efectos de la imposibilidad contemplada en el artículo 117 dela constitución”, anotó Chávez en el documento .
Según la ministra . se habría infringido los artículos 117, 146 y 159 de la Constitución. lo que pone “en evidencia que lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo el Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al gobierno, es decir dándole una connotación puramente política a su actuación fiscal”.
“De lo manifestado se puede evidenciar que el hecho principal que es materia de investigación es la existencia de un poder que pretende atentar contra la institucionalidad y la figura y la investidura del Presidente de la República utilizando diversos mecanismos fuera de la Constitución”, subrayó.
En ese sentido, para Betssy Chávez, la fiscal de la Nación habría cometido los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por pretender “aplicar los Tratados Anticorrupción de las Naciones Unidas por supuestos indicios no corroborados, sin ninguna prueba y poniéndolo absurdamente por encima de la Constitución, con el único fin de perpetrar un golpe de Estado”.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó el martes 11 de octubre una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República.
Según el documento dado a conocer por el Ministerio Público, al mandatario se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Al respecto Benavides manifestó que la denuncia contra Castillo: “ya es responsabilidad exclusiva del Congreso”.
ENFOQUE REAL 