INPE afirma que Poder Judicial no notificó restricciones para visitas de Pedro Castillo

Tras revelarse que el expresidente Pedro Castillo recibe visitas de personas investigadas en la red de presunta corrupción durante su gobierno, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, dijo que el Poder Judicial no ha notificado formalmente alguna restricción a las visitas que recibe el exmandatario en el Penal de Barbadillo.

“Cuando nos llega la disposición de prisión preventiva e inicia su ingreso, solo aparecía un coprocesado impedido de ingresar, Aníbal Torres. Por eso nunca ingresó. Sobre el resto no tomamos conocimiento porque no están en el mismo expediente, sino en otro que ve otro juez por la jerarquía”, dijo Llaque a RPP.

“Se ha hecho público en un reportaje otros visitantes que también estaban impedidos de visitar pero al INPE jamás el Poder Judicial notificó esta decisión”, agregó.

Según Cuarto Poder, el exmandatario recibe visitas de Henry Shimabukuro (implicado en el caso ‘Gabinete en las Sombras’ e impedido de ingresar al penal desde julio), así como de Gian Marco Castillo, implicado en el caso ‘Puente Tarata’.

Otros visitantes cuestionados son Cledin Vásquez Castillo, hermano del prófugo de la justicia Fray Vásquez, y otros familiares como las hermanas del exmandatario Gloria, María, Irma y Santos Castillo Terrones.

Llaque dijo que tanto Yenifer Paredes como Henry Shimabukuro se encuentran impedidos de ingresar al penal desde el 4 de julio, además, añadió que esto fue gracias a gestiones iniciadas por el INPE.

“Tuvimos que indagar para recibir y se nos informe oficialmente (…) Si se trata de temas delicados, no es tan complicado que nos avisen, cosa que tomamos las medidas de inmediato”, exhortó.

Pedro Castillo pidió al Poder Judicial que el INPE instale un locutorio para comunicarse con su familia

El expresidente Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial que ordene al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la instalación de un locutorio telefónico en el Penal de Barbadillo de Ate, para que pueda comunicarse con sus familiares tanto en el interior del país como en el extranjero.

Dicho pedido fue planteado mediante una demanda de habeas corpus que fue presentada por el exministro de Defensa Walter Ayala, en su condición de abogado del exmandatario.

Fundamentos

El recurso está dirigido contra el presidente del INPE, Javier LLaque Moya, alegando un supuesto atentado contra la libertad individual-derecho a la comunicación, derecho a no ser incomunicado y el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente «de razonabilidad y proporcionalidad».

La defensa legal de Pedro Castillo demanda que el exmandatario pueda comunicarse tanto con sus padres, adultos mayores, que viven en el caserío de Chugur, distrito de Anguía, provincia de Chota, Cajamarca, como también con su esposa Lilia Paredes y sus dos menores hijos que se encuentran en México, bajo asilo político otorgado por el gobierno de ese país.

La demanda ya fue admitida a trámite por el juez constitucional Jorge Luis Ramirez Niño de Guzmán quien dispuso iniciar una sumaría investigación en virtud a la cual requirió al presidente del Inpe que informe si existe algún pedido del exmandatario para que se instale un locutorio en el Penal de Barbadillo y, de ser así, que indique el trámite que se ha dado a esa solicitud.

El magistrado también dispuso que se oficie al Penal de Barbadillo para que informe lo relacionado a la demanda y “tener presente en lo que fuera de ley” en cuanto al extremo de este recurso en el que se pide tomar la declaración de Pedro Castillo, además de que se realicen los actos que se estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos.

Ministerio de Justicia anuncia reestructuración del INPE tras escándalo en penal Sarita Colonia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció la restructuración del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) tras una revelación periodística que divulgó actos de corrupción de agentes del penal Sarita Colonia, en el Callao.

Restructuración
A través de un comunicado, en su cuenta de Twitter, el organismo dijo que conformará un «grupo especializado» a fin de que presente propuestas para una «adecuada organización y gestión» con la finalidad de luchar contra la corrupción y mejorar la seguridad en los centros presidiarios.

«Se dispondrá la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario, para lo cual se conformará un grupo especializado de alto nivel, que presentará propuestas orientadas a la adecuada organización y gestión administrativa de la referida institución; con la finalidad de lograr mayor seguridad en los centros penitenciarios, con un enfoque de integridad y lucha contra la corrupción», se lee en parte del designio.

«Para sancionar drásticamente»

Por otra parte, la entidad apuntó que están instruyendo a las autoridades del INPE para que tomen medidas correctivas, dentro del «marco de la ley», cuando detecten actos de esta clase.

«Desde el Minjusdh se está instruyendo a los funcionarios del INPE a adoptar las acciones administrativas inmediatas para sancionar, drásticamente y dentro del marco de la ley, a todos los responsables de actos de corrupción», añadió el ministerio.

Implicados siguen trabajando

Como se recuerda, el presidente del INPE, Javier Llaque Moya, compartió que los efectivos aún permanecen trabajando en las instalaciones del penal Sarita Colonia, aunque en estrictas labores administrativas hasta que culmine el «proceso«.

En esa línea, puntualizó que no pueden expulsar a los implicados porque «la ley no lo permite», y la única salida es designarlos a un área distinta hasta el final de las investigaciones.

«No hay otra salida porque la ley no nos da otro mecanismo para actuar», contó a prensa de Panamericana TV.

¿Qué se percibió en las imágenes?

En el dominical Panorama, se logra ver a Luis Enrique Farro y Luis Eduardo Suárez, trabajadores del organismo penitenciario, obteniendo cuantiosas ganancias tras permitir que los presos usen teléfonos celulares y consuman estupefacientes en las instalaciones presidiarias.

No obstante, estas acciones no fueron las únicas que ocurrieron en la prisión chalaca y es que, en otra parte del reportaje, se expuso que los convictos secuestraron a un compañero de celda con total impunidad.

De esta manera, el Ministerio de Justicia se pronunció tras el escándalo en el penal Sarita Colonia, y anunció medidas de reestructuración en el INPE para combatir la corrupción en los centros presidiarios.

Ya no está prófuga: INPE colocó grillete a Melissa González Gagliuffi

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) informó que el 16 de mayo la Quinta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima ejecutó la instalación del Dispositivo de Vigilancia Electrónica Personal (VEP) a Melisa Gonzáles Gagliuffi, autora del homicidio de Joseph Huashuayo, Christian Buitrón y Luis Vega en la avenida Javier Prado.

El dispositivo de VEP fue colocado “en el domicilio acreditado, con tránsito restringido”, menciona el comunicado del INPE. Asimismo, añade que una vez colocado este dispositivo, se le imparte al usuario una charla de inducción sobre el uso del mismo con las precisiones de las reglas de conducta. Gagliuffi es sentenciada por el delito contra el cuerpo, la vida y la salud – homicidio culposo agravado.

INPE informó que Melisa González cumple su condena con dispositivo VEP. Imagen: INPE

González Gagliuffi se encontraba prófuga de la justicia y no había manera de ubicarlo, puesto que hasta ese momento la sentenciada no contaba con el grillete instalado. Hasta el momento no ha pisado un centro penitenciario y tampoco lo hará porque su sentencia ha sido cambiado por la vigilancia electrónica, así lo informó en INPE.

Hasta la fecha, Melissa González Gagliuffi es una de las 45 personas que cumplen con la medida del VEP. El INPE menciona que este dispositivo contribuye a que los establecimientos penitenciarios estén menos hacinados. Asimismo, con el grillete colocado, su ubicación será monitoreada por las autoridades.

Reos del penal de Piura retienen a trabajador del INPE y exigen ser reubicados

Un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una abogada fueron retenidos por un grupo de reos de nacionalidad extranjera en el penal de Piura (ex Río Seco). El secuestro, según un vídeo que circula en redes sociales, es en protesta a una serie de supuestos abusos dentro del recinto carcelario.

Con un cuchillo en la mano y junto a un pliego de reclamos, los reos amotinados también exigieron la presencia de la prensa para defender sus derechos humanos.

Según denunciaron los reos, fueron sometidos a una celda de castigo desde hace cinco meses y les restringieron la comunicación con sus familiares. Tras el motín, familiares de los reclusos llegaron hasta los exteriores del penal para exigir que les brinden información sobre lo ocurrido y les permitan ingresar víveres.

Además, dijeron que temen que se realicen nuevas requisas y se les vuelva a prohibir las visitas debido a los problemas que se presentan en el penal.

Tras la intervención del Ministerio Público, los detenidos fueron liberados.

Como se recuerda, hace una semana se realizó un megaoperativo en el penal de Piura, que concluyó con la detención del director y trabajadores de la cárcel por supuesto actos de corrupción.

Piura: Detienen a director del INPE y 12 trabajadores acusados de pertenecer a organización criminal

Luego de un paciente trabajo entre la Policía y Fiscalía se desarticuló una organización criminal en interior del penal de Piura dedicada a la venta de droga e ingreso de celulares al interior del centro penitenciario.

Durante el operativo se habría detenido a 12 trabajadores del penal de Piura, incluido el mismo director, sub director y jefe de seguridad.

También se intervino a 10 reos que estarían involucrados en esta presunta organización criminal. Participaron cerca de mil policías y 35 fiscales.