La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial cambió a la magistrada que presidía el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, el cual tendrá a cargo el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En este caso, el equipo especial para el Caso Lava Jato solicita una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori, sindicada de haber realizado actos de lavado de activos para ocultar aportes de la empresa brasileña Odebrecht en sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.
Según la resolución administrativa N°000141-2024-P-CSNJPE-PJ, publicada el 6 de marzo en el diario oficial El Peruano, la nueva presidenta de este colegiado es Juana Mercedes Cabellero García. La anterior magistrada que lo dirigía, Nayko Techy Coronado Salazar, seguirá integrando este tribunal junto con el juez Max Oliver Vengoa Valdiglesias.
Juana Caballero también fue designada presidenta del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. En el documento oficial, se indica que la conformación de ambos colegiados se da “de acuerdo al orden de antigüedad de los jueces integrantes” de la Corte Superior Nacional.
Como se conoce, el Ministerio Público asegura que Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito y otros integrantes de la cúpula fujimorista incurrieron en los delitos de lavado de activos y organización criminal. El 1 de julio del 2024 iniciará el juicio oral. La resolución del cambio en la conformación del juzgado fue firmada por la jueza Porfiria Edita Condori Fernández, presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial
Keiko Fujimori reclamó el archivamiento del caso en su contra por crimen organizado, lavado de activos y obstrucción a la justicia, cuyo juicio se inicia el primero de julio próximo. Lo hizo luego de comentar las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Fujimori sostuvo que la manifestación de Villanueva sobre una supuesta interferencia en la indagación fiscal en su contra –reuniones de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez con el periodista Gustavo Gorriti– probaría “lo que nosotros veníamos denunciando, que todo esto era una gran investigación con fines políticos” para destruirla a ella y a Fuerza Popular, señaló a Radio Programas. Fujimori no exhibió evidencia de la presunta interferencia que mencionó.
La tres veces excandidata presidencial, sin embargo, evitó pronunciarse sobre otros hechos relatados por Jaime Villanueva que configurarían graves delitos, porque se relacionan con sus propias acciones y las de los líderes de su partido, Fuerza Popular, para destruir el caso Cócteles y al equipo especial Lava Jato, y así zafarse del pedido de 30 años de prisión. Estas son algunas de las relevantes declaraciones.
El interrogatorio a Jaime Villanueva se produjo el 30 de enero a instancias de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, especializada en delitos de funcionarios públicos, con la presencia de los fiscales Reynaldo Abia, Johana Pacheco y Nohelia Mengoa, con la intervención de los abogados de Villanueva y Patricia Benavides.
Entre los episodios más relevantes con connotaciones criminales, relacionados con Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular, destacan los siguientes:
1. Coordinación en la sombra
El enlace entre Keiko Fujimori y Patricia Benavides. Foto: difusión
Jaime Villanueva reveló que la suspendida fiscal Patricia Benavides le dijo que mantenía una relación directa con la dirigencia de Fuerza Popular y con Keiko Fujimori. Ocurrió en el contexto del intento de destituir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un objetivo del fujimorismo para hundir el caso Cócteles contra Keiko Fujimori. “Lo que pasa es que un día antes de que se discuta y se vote la remoción (de la JNJ) en el Congreso, el Poder Judicial le da una medida cautelar a la JNJ, ordenando que no se vote la remoción.
Al día siguiente de que se da esa medida cautelar, Patricia Benavides y (el exasesor de Benavides) Miguel Girao estaban en Arequipa y me llamaron temprano. (…) Tuvimos una llamada los tres, y ahí Patricia Benavides me mencionó que ella había coordinado –sus palabras fueron ‘con la alta dirección de Fuerza Popular’–. Entiendo yo que venía de la señora (Keiko) Fujimori”. Por si las dudas, Villanueva reiteró en otro momento la misma versión: “(Benavides) me dijo que ella estaba coordinando con la alta dirección de Fuerza Popular, yo entiendo que con la señora Fujimori, porque antes ya me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko (Fujimori) y el secretario general de Fuerza Popular, (Luis) Galarreta”.
2. Acuerdos ilegales
Asociados al Gobierno de Boluarte y Otárola. Foto: difusión
La suspendida fiscal de la Nación pidió al fujimorismo que apoye con sus votos la destitución de la JNJ. El fujimorismo dijo que lo haría siempre que Benavides abriera investigación a los jueces que ordenaron suspender la remoción de la JNJ. Benavides cumplió, pero no así Fuerza Popular, lo que generó una controversia. Narró Villanueva: “Los fujimoristas no cumplieron y no se llegó a votar lo de la remoción. Recuerdo que ese día (…) Patricia Benavides estaba molesta porque los de Fuerza Popular la habían engañado. Yo ya le había dicho a Patricia eso, porque ese día yo estuve coordinando con (Martha) Moyano, que era la congresista con la que yo coordinaba de Fuerza Popular. Y a mí Moyano me decía que en el Congreso no había el acuerdo. Me dijo: ‘Tu jefa (Benavides) está que presiona a mi jefa (Keiko Fujimori)’”.
3. Contra el equipo Lava Jato
Patricia Benavides designó a Jaime Villanueva como su enlace con Moyano. Pero Moyano también se reunía con Benavides. Así como Benavides le pidió favores, Moyano también lo hizo para favorecer a su jefa, Keiko Fujimori. Dijo Villanueva: “Moyano volvió a venir y le pidió –era la época en la que (el fiscal) José Domingo (Pérez) estaba postulando para ser juez–, y Moyano le pidió que lo saque del equipo Lava Jato, y que saque a Rafael Vela. (…) Moyano me dijo que los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que Vela y José Domingo (Pérez) salgan de ese equipo (Lava Jato)”.
4. Reuniones secretas
La fujimorista Martha Moyano organizaba encuentros clandestinos con Jaime Villanueva, por cuyo intermedio coordinaba con Patricia Benavides, según declaración del exasesor: “(Las visitas a Moyano) no fueron registradas, la congresista me llamaba a mí. O sus asesores, que eran dos, uno se llamaba Martín y el otro se apellidaba Alva.
Entonces, ella me decía: ‘Quiero ir a hablar con la fiscal (Benavides)’, y yo le decía a Patricia (Benavides), y Patricia me decía: ‘Dile que venga a tal hora’. (…) Entonces, Martha (Moyano) me decía: ‘Fíjate que no me registren’. Ella ingresaba en su auto, un auto negro, por el sótano, y subía por el ascensor privado por donde (también) sube la fiscal de la Nación. Y se dirigía a la Sala de Embajadores donde era la reunión. Las tres veces que vino eso fue así”.
5. Con la plana mayor
Keiko Fujimori pidió las cabezas de los fiscales Vela y Pérez. Foto: difusión
A la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le preocupaban las denuncias constitucionales en su contra, por lo que envió a Jaime Villanueva para coordinar con el fujimorismo. Aceptaron respaldarla con sus votos, siempre que desactivaran al equipo especial Lava Jato, que mortificaba a Keiko Fujimori. Manifestó Jaime Villanueva: “Recuerdo que como a la segunda reunión más o menos yo fui (a hablar con Mayo) con Miguel Girao. Ella nos recibió con Nano Guerra, Patricia Juárez y (Miguel) Miki Torres. Esto es en setiembre u octubre de 2022. Entonces, ahí se acuerda que ellos (Fuerza Popular) iban a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides. Nos piden también (a cambio), por el tema de la investigación de Lava Jato, a ver en qué se les puede apoyar”.
6. Fujimorismo con el Gobierno
El exasesor Jaime Villanueva relató que a nombre del fujimorismo (léase Keiko Fujimori), Martha Moyano reclamó a Patricia Benavides por qué se inició investigación contra la mandataria Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por la matanza de civiles durante las protestas antigubernamentales, porque también afectaba a Keiko Fujimori. “(Moyano) le dijo por qué ella había hecho eso, si el fujimorismo, así como la apoyaba a ella (Benavides), también estaba apoyando al Gobierno. Y esa (la denuncia) no era una buena señal porque debilitaba al Gobierno una investigación por genocidio”, relató Jaime Villanueva. Estos hechos podrían motivar una nueva investigación contra Keiko Fujimori e integrantes de la cúpula de Fuerza Popular.
JNJ inicia investigación a fiscales
Jaime Villanueva mencionó que el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez mantuvo contactos con el director del portal de investigación IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y este con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.
En consecuencia, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de investigaciones preliminares a cada uno de los fiscales mencionados por Jaime Villanueva para determinar responsabilidades.
El fiscal Pérez rechazó que durante la investigación del caso Cócteles haya existido interferencia de terceras personas.
El portal de investigación IDL-Reporteros adelantó que hoy difundirá la versión de su director, Gustavo Gorriti.
La declaración del exasesor de la fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva, también da luces del papel y la coordinación que hubo con el fujimorismo para remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En su declaración ante el fiscal provincial Reynaldo Abia, en el marcado de la investigación por organización criminal contra Benavides y Villanueva, el “filósofo” dio cuenta del papel que jugó la cúpula de Fuerza Popular.
“Lo que pasa es que un día antes que se discuta y vote la remoción en el Congreso, el Poder Judicial le da una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia ordenando que no se vote la remoción, al día siguiente de que se da esa medida cautelar, Patricia Benavides y Miguel Girao estaban en Arequipa y me llamaron temprano como a las 7 o 7:30 de la mañana, tuvimos una llamada los tres, y ahí Patricia Benavides me mencionó que ella había coordinado sus palabras fueron “con la alta dirección de Fuerza Popular”, entiendo yo que venía de la Sra. Fujimori, y que ellos le había dicho para que voten ese día la remoción”.
La declaración tiene un contexto. El 7 de diciembre el Poder Judicial aprobó una medida cautelar para que el Congreso suspenda la votación del informe final de la Comisión de Justicia que recomendaba remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo a Villanueva, el plan era que ese mismo día el Pleno delibere el dictamen y denunciar a los jueces que habían dado luz verde a dicha disposición.
“Y que ellos le habían dicho para que voten ese día la remoción, la Fiscalía tenía que abrirle investigación a los miembros de la Sala, entonces ahí Patricia Benavides me dice que ella ya le había ordenado a Álvaro Castañeda para que él haga la denuncia, y que ya yo coordine eso, entonces efectivamente yo hablé con Abel Hurtado, que era coordinador parlamentario, porque ya yo le había pedido a él que haga la denuncia”, declaró Villanueva.
Los asesores evaluaron que un congresista presente la denuncia contra los jueces que aprobaron la medida cautelar. “Esa noche se barajaron tres nombres, el de la congresista Martha Moyano, el de la congresista Gladys Echaiz y el de la congresista Patricia Chirinos, y me encargaron a mí que hable con ellas, para ver cuál era la que estaba más dispuesta a presentar la denuncia y la primera con la que yo hablé y que aceptó fue Patricia Chirinos”, agregó Villanueva.
Y en efecto, Chirinos llegó a denunciar a los magistrados de la Sala que aprobaron la medida cautelar.
Con esa acusación, el Ministerio Público iba a abrir una investigación a los jueces y esto iba a ser utilizado de argumento por el partido de Keiko Fujimori para votar la remoción de la JNJ. “La Dra. Benavides me dijo que de la alta dirección de Fuerza Popular le habían dicho que tenía hasta las dos de la tarde para que les abra investigación a los de la sala, que sin eso los de Fuerza Popular no iban a apoyar para que se vote ese día”, narró Villanueva.
El Ministerio Público abrió la indagación contra los magistrados. Sin embargo, al final la remoción contra la JNJ no fue votada. Recordemos que el titular del Congreso, Alejandro Soto, pospuso el debate para el 14 de diciembre y luego, cuando terminó la legislatura, ese tema no fue abordado más, hasta la fecha. Este fracaso enervó a Benavides, según su exasesor.
“Patricia estaba molesta porque los de Fuerza Popular la habían engañado, yo ya le había dicho a Patricia eso, porque ese día, yo estuve coordinando con la congresista Moyano, que era la congresista con la que yo coordinaba de Fuerza Popular, y a mí Moyano me decía que en el Congreso no había acuerdo, me dijo “tu jefa está que presiona a mi jefa”, pero aquí no hay el acuerdo con las otras bancadas, eso me dijo Martha Moyano, entonces yo le decía eso a Patricia Benavides, pero ella me dijo que no, que la alta dirección de Fuerza Popular se había comprometido”, añadió Villanueva.
El Poder Judicial iniciará el próximo lunes 1 de julio el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en el denominado ‘caso Cócteles’.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso que la audiencia de instalación de este juicio oral se realice en la fecha señalada desde las 9 de la mañana, en la sede del Poder Judicial ‘Carlos Zavala’, ubicada al costado del Palacio de Justicia en el Cercado de Lima y fijó como sesión subsiguiente el martes 2 de julio a las 9 de la mañana en la misma sede judicial.
Junto a Keiko Fujimori serán sometidos a juicio oral, su exesposo Mark Vito, así como los exdirigentes del partido político Fuerza Popular, José Chlimper, Pier Figari, Ana Hertz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona, entre otros implicados.
Además, el mencionado partido político y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C, que están comprendidos como «personas jurídicas dentro de este proceso penal.
El colegiado notificará a los acusados, bajo advertencia de ser declarados contumaz, en caso de inconcurrencia injustificada a la audiencia, y ordenarse su conducción compulsiva o en su caso, el archivo provisional del proceso con la correspondiente emisión de órdenes de captura.
Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, solicitó penas de hasta más de 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y otros 45 implicados, además de la disolución del partido Fuerza Popular al acusarlos por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y otros en agravio del estado.
Caso complejo
El colegiado precisó que fijó la fecha de instalación del juicio oral, el 1 y 2 de julio, por la complejidad del caso, además de que hay 5 acusados que se encuentran fuera del país y la tramitación de notificación a los países donde residen, que se realizará mediante la cooperación judicial internacional, según procedimientos similares en otros juicios orales requiere un plazo de cuatro meses aproximadamente.
Asimismo, precisó que los testigos y peritos serán convocados en la oportunidad respectiva, sujeto a la instalación del juicio y a la realización de los actos procesales en relación con los acusados.
Para este proceso, el Ministerio Público ha consignado un total de 1 031 testigos, entre los cuales se encuentran los directivos de la empresa brasileña Odebrecht, así como empresarios nacionales y personas que habrían entregado aportes irregulares a la agrupación política de Keiko Fujimori. La defensas técnicas de los acusados también consignaron sus defensas para el inicio de este proceso penal.
Para las contiendas electorales de 2011 y 2016 Fuerza Popular realizó ‘cócteles’, eventos de recaudación de fondos que consistían en lujosas cenas, a las que se podía acceder mediante el pago de hasta 500 dólares. De acuerdo con el Equipo Especial del caso Lava Jato, estos ‘cócteles’ organizados no eran más que una fachada destinada a recibir aportes irregulares de diversas empresas.
El Poder Judicial decidió dejar sin efecto la orden de impedimento de salida del país por 36 meses para Keiko Fujimori en el marco del ‘Caso Cócteles’. En ese asunto, el equipo especial del caso Lava Jato solicitó una condena de hasta 30 años para la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular por haber cometido los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
En la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional se lee que Fujimori y sus otros seis coeinvestigados que han sido favorecidos con esta revocatoria de la restricción para abandonar el territorio nacional —Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona, Ana Herz, Pier Figari, Mark Vito y Jaime Yoshiyama— ya cumplen “reglas de conducta que aseguran su comparecencia restringida”.
El fallo judicial a favor de Fujimori se origina a partir de una apelación presentada por Silva Checa, quien también se encuentra incluido en el ‘Caso Cócteles’, para que se desestime el pedido de impedimento de salida del país y afronte el proceso con el mandato de comparecencia simple.
Al final, el pedido de Silva Checa fue acogido, pero también alcanzó a las apelaciones promovidas por Keiko Fujimori y otros coeinvestigados como José Chlimper, Adriana Tarazona, Ana Herz, Pier Figari, Mark Vito y Jaime Yoshiyama.
De esta manera se anula la decisión emitida por el magistrado Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, el 31 de mayo del año pasado. En esa ocasión, aparte de la orden para que no salgan del país a Fujimori y los demás imputados, también se les estableció que debían comparecer una vez al mes al registro de control biométrico y detallar sus actividades.
Además, los implicados tenían que asistir a las citaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial para las diligencias correspondientes. Finalmente, la prohibición para que entre los procesados haya alguna comunicación.
El 1 de diciembre del año pasado, el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori por el ‘Caso Cócteles’. La medida también alcanza a otras 38 personas más que salpican incluso a la agrupación Fuerza Popular y la compañía MVV Bienes Raíces.
A la candidata presidencial se le acusa de financiado de manera irregular su campaña política y las actividades de su partido en el marco de las elecciones generales del 2011.
Según la tesis fiscal, Fujimori realizó los denominados ‘cocteles’ para blanquear el dinero que recibía de empresas como la firma brasileña Odebrecht.
El Poder Judicial emitió este viernes el auto de enjuiciamiento para iniciar juicio contra la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.
El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró la «validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida».
La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para la excandidata presidencial por los supuestos aportes para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011 (caso cócteles).
Otros acusados por la Fiscalía
Este proceso alcanza a la cúpula de Fuerza Popular, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, para quienes las penas solicitadas son de 30 años y 10 meses de prisión, mientras que para otros 32 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.
La agrupación política fujimorista y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., de Mark Vitto Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, también están comprendidos en este caso.
El magistrado Víctor Zúñiga dispuso que, de conformidad con el artículo 28° inciso 1 del Código Procesal Penal, se remita la causa al Juzgado Penal Colegiado Nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley.
ENFOQUE REAL 