La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que, la próxima semana, será sometida a una intervención quirúrgica, luego de habérsele detectado un tumor.
Según señaló Fujimori Higuchi, dicho absceso fue detectado «después de una serie de exámenes médicos realizados las últimas semanas».
«Se me ha detectado un tumor de 4 x 2 cm. aprox, diagnosticado como neoplasia folicular, sistema de Bethesda de tiroides 4», sostuvo en Twitter.
Ante dicha situación médica, la lideresa fujimorista resaltó que el objetivo de la operación de extirpación del quiste es definir su naturaleza exacta.
«Hasta ese momento, mi familia y yo guardaremos reserva de cualquier detalle adicional», señaló.
Asimismo, sostuvo que la decisión de hacer pública la información es evitar cualquier tipo de filtración o mala interpretación.
Jesús Vásquez, piloto y exintegrante de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) se ratificó en su versión dada públicamente en el 2016 en la que señala que el exsecretario del partido Fuerza Popular Joaquín Ramírez le contó que lavó 15 millones de dólares, a través de una cadena de grifos de combustibles, para Keiko Fujimori.
“Claro, conversando con él (Joaquín Ramírez) me suelta eso, pero parece que fue para agarrarle confianza, él pensaba que yo tenía dinero para invertir. Él me lo soltó y eso está grabado”, se reafirmó en entrevista con la periodista Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa.
Vásquez aseveró que su misión como agente de la DEA fue grabar todas las conversaciones que Ramírez tenía, en vista de las grandes inversiones que comenzó a realizar en los Estados Unidos (EE. UU.).
“Yo no he sido un simple informante de la DEA, yo trabajé con contrato con la DEA. Eso terminó en el 2015 porque me delataron”, contó.
Narró que cuando llegaron las autoridades fiscales para que rindiera su manifestación les dijo que no contaba con la grabación porque había sido entregada a la DEA, pero que podía demostrar que los US$15 millones sí existían.
Para ello, les indicó que conocía que Joaquín Ramírez había comprado dos departamentos en Miami por US$4 millones, 2 casas en Lima (una en la Molina y otra en la avenida Arequipa) por el mismo valor; y una cadena de 9 grifos por US$7 millones. “Aquí están los 15 millones de los que estamos hablando. Casi les da un ataque”, recordó el piloto Vásquez, quien vive en losx
Asimismo, volvió a sostener que recibió una llamada de Alfonso Urrunaga para que cambie su versión contra Joaquín Ramírez a cambio de 200.000 soles. “Yo los grabé y los volví a delatar, porque yo nunca voy a recibir dinero mal habido de nadie”, declaró en la entrevista.
En otro pasaje de la conversación, Vásquez sostuvo que Joaquín Ramirez tenía una conversación fluida con Keiko Fujimori.
“Él (Joaquín Ramírez) todo el día estaba con ella (Keiko Fujimori) en contacto, todo lo escribía; pero él no sabía que atrás había una camioneta de la DEA grabando todo lo que él escribía”, detalló.
Sobre los orígenes de la escuela de aviación Jorge Chávez de la UAP, explicó que Fidel Ramírez (tío de Joaquín Ramírez) la compró por US$1 millón a Amadeo Vigil, quien la había adquirido por tan solo S/300.000.
El dato
Cifra. Tras el megaoperativo de incautación que se le sigue en el marco del proceso al alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez; el titular del Interior, Vicente Romero, dijo que permitirá al Estado asegurar bienes por un valor de más de mil millones de dólares.
La Fiscalía de la Nación solicitó que se revoque la resolución judicial que aprobó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ausente de la capital peruana desde el 21 hasta el 23 de abril para que realice un viaje a la región Lima Provincias.
De esta manera, el Equipo Especial del Ministerio Público (MP) para los casos Odebrecht y Lava Jato expresó su disconformidad con la medida adoptada el último 4 de abril, por el juez Víctor Zúñiga, donde se declaró fundado el requerimiento que hizo la excandidata presidencial por medio de su defensa legal.
¿Qué autoriza la resolución? La referida resolución del magistrado daba luz verde a que Fujimori Higuchi se desplace fuera de la capital en dichas fechas para poder llevar a cabo actividades familiares junto a su dos menores hijas. En esta también se autorizaba el viaje la lideresa de FP, del 4 al 9 de abril último, para viajar a Lima Provincias por cuestiones familiares.
El documento precisa que la excandidata presidencial está obligada a dar información sobre sus viajes en un plazo de tres días hábiles desde que estos terminan, bajo apercibimiento de revocarse de forma inmediata su mandato de comparecencia.
¿Por qué piden revocarla?
La Fiscalía argumentó su pedido señalando que se pretende justificar de forma irracional la autorización para desarrollar actividades familiares con sus menores hijas en Lima Provincias, sin presentar razones que sean «excepcionales o de necesidad»; por lo cual considera que estas se podrían llevar a cabo en la ciudad de Lima.
Asimismo, precisó que en la documentación que fue presentada se omitió el señalar los lugares específicos a los que acudirán, así como el itinerario detallado y las vías por donde se movilizará en la referida región.
En ese sentido, mencionó que es necesario tener en cuenta los delitos contra la lideresa de FP y por los cuales se está requiriendo que se le dicten más de 30 años de cárcel.
Investigación a Keiko Fujimori
Según la acusación de la Fiscalía, Fujimori Higuchi es la supuesta líder de una organización criminal que se encargó de blanquear activos ilícitos de diversas fuentes, ello en el marco de las campañas electorales desarrolladas en los años 2011 y 2016.
También, se le acusa de presuntamente cometer actos de obstrucción a la justicia, causando interferencia en la independencia del Poder Judicial (PJ) y autonomía del MP, entre otros.
Por todo ello, ahora la Fiscalía pidió que se revoque la resolución que favorecía a Keiko Fujimori, pues en ella se autorizaba a la lideresa de Fuerza Popular a realizar un viaje a provincia.
El partido político Fuerza Popular lanzó un mensaje confrontacional contra el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso Joaquín Ramírez. La agrupación liderada por Keiko Fujimori exigió a la jefa de Estado que “instruya a sus ministros” y que eviten brindar conferencias de prensa sobre este tema, el cual ubica a la hija del exdictador Alberto Fujimori como pieza clave del brazo político del clan Ramírez.
“Exhortamos a la presidenta Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que exista un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, se lee en el comunicado.
Esto fue emitido horas después de que el ministro del Interior, Vicente Romero, señalara —en conferencia de prensa tras un operativo en el que se incautó 214 inmuebles vinculados a Joaquín Ramírez— que se trataba del segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú luego del caso Orellana.
“Después del caso Orellana, este es el más grande en el Perú en tema de lavado de activos. Más de 1.000 millones de dólares se va a incautar en un promedio de 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves, simulador e inmuebles. Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lavado de activos”, declaró.
Keiko Fujimori, el brazo político del clan Ramírez
De acuerdo a la tesis fiscal, tras la investigación preliminar iniciada contra Joaquín Ramírez en el 2019, se le atribuye al actual alcalde de Cajamarca el delito de lavado de activos por haber participado en el financiamiento ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori, cuando se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular. Este movimiento irregular de dinero se realizó en agravio de la Universidad Alas peruanas (UAP) y del Estado.
El Ministerio Público advierte que, durante el periodo de Fidel Ramírez al frente de la Universidad Alas Peruanas, se hicieron contratos millonarios simulados mediante empresas de fachada para la adquisición y reventa de inmuebles, además de otros negocios, con la finalidad de transferir fondos a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
Según la estructura de la organización criminal dedicada a la presunta comisión del delito de lavado de activos, el brazo político estaría integrado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Pier Figari, exasesor de la hija de Alberto Fujimori. La función de ellos habría sido captar fondos ilícitos para obtener poder político y, con ello, blindar a la organización criminal.
La excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, quienes pertenecieron al partido político Fuerza Popular y financiaron la campaña de esta, son parte de las 14 personas imputadas por un vasto caso de crimen organizado vinculado con lavado de activos en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y del Estado, según el mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga Urday.
Durante el periodo en el que su tío Fidel Ramírez Prado y otros miembros de su familia mantenían bajo férreo control la UAP, Joaquín y Osías Ramírez hicieron millonarios contratos simulados con la entidad universitaria mediante empresas de fachada. Con los fondos adquirieron y revendieron centenares de inmuebles e hicieron otros negocios para transferir dinero a la campaña de Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori con Fidel Ramírez Prado. Foto: La República
En el caso también están implicados la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela, y las hijas de la pareja, Maribel Ramírez Gallegos, además de los cónyuges de estas, Yohny Ramírez Núñez y Marco Urteaga Cabrera. Asimismo, varios de los socios de Joaquín Ramírez, entre ellos Edmon Jordan Montes, quien está directamente relacionado con un caso de presunto lavado que vincula a Keiko Fujimori.
Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), en cumplimiento de la resolución judicial, ha procedido a la incautación de 243 bienes inmuebles que obtuvieron los participantes de la presunta organización criminal, entre los que se encuentran 171 propiedades en todo el país (la gran mayoría en Lima), además de 111 vehículos y aeronaves que adquirieron los investigados con fondos ilícitos.
Las autoridades incautaron aeronaves como parte del operativo de incautación vinculado con Joaquín Ramírez. Foto: La República
Fidel Ramírez y su esposa Nancy Gallegos llegaron a poseer 86 millones de acciones Clase A de la UAP, además de otros 4,4 millones de acciones de Clase B de la misma universidad. La hija Nancy Ramírez Gallegos tuvo 300.000 acciones Clase B.
La disposición del juez Víctor Zúñiga también ordenó la incautación de la totalidad de las acciones de la familia de Fidel Ramírez, e incluso las que fueron transferidas a terceras personas, porque se entiende que se hizo la operación para evitar la persecución de la justicia.
Incautación realizada a inmuebles vinculados con Joaquín Ramírez este 11 de abril. Foto: La República
La resolución judicial recuerda las declaraciones del expiloto Jesús Vásquez Ybañez, quien en el 2016 reveló que Joaquín Ramírez Gamarra, entonces jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, le confió que había “lavado” US$15 millones para financiar a la excandidata de Fuerza Popular y que la modalidad para blanquear el dinero ilícito fue un negocio de grifos.
Los agentes de la Dirila siguieron la ruta del dato y se dieron con que Joaquín Ramírez y su hermano Osías Ramírez hicieron millonarias transferencias entre sus empresas Norgrifos y Compañía General de Combustibles, mediante diversas operaciones simuladas, como alquileres, ventas de locales, etc. Las autoridades no descartan que esta trama haya servido para captar y lavar los US$15 millones de los que habló el expiloto Jesús Vásquez.
Sin embargo, hay otros casos que relacionan directamente a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, en las que participó el brazo derecho inmobiliario de Joaquín Ramírez, Edmond Jordan Montes, mediante presuntas empresas de fachada. Por ejemplo, la simulación de una compra-venta de una casa en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, Miraflores, donde funcionó el local partido.
Este 11 de abril, miembros de la Fiscalía incautaron inmuebles del exsecretario de Fuerza Popular. Foto: composición Jazmín Ceras/LR
Montes adquirió la empresa Mondreu con dinero de la UAP, luego la vendió a Lima Ingeniería y Construcción y Capricornio Import, de propiedad de Joaquín Ramírez, y en la transacción se incluía la casa de la avenida Arequipa. Esta operación tiene todas las características de una triangulación.
Edmond Jordan Montes reaparece en otro caso muy similar: compró a Keiko Fujimori y a su esposo un inmueble en Cieneguilla por US$201.010, cuando la excandidata presidencial lo había adquirido a US$144.946. Para las autoridades, se trató de una sobrevaloración para presuntamente lavar dinero de origen ilícito.
Keiko Fujimori simuló venta de inmueble en Cieneguilla. Foto: documento
El 9 de abril de 2019, la UAP confirmó la muerte por enfermedad de Fidel Ramírez. Para entonces había organizado todo para que la propiedad pasara a manos de su esposa, sus hijas y sus yernos. Pero los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, conformada por exintegrantes de las Fuerzas Armadas, contrataron una auditoría y descubrieron que el clan de la familia Ramírez había depredado la universidad y formularon una denuncia penal por presunto lavado de activos, entre otros delitos.
El 25 de julio de 2019, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso investigar a Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez y a otras 11 personas, y después se incorporó al excongresista fujimorista Osías Ramírez, el 30 de noviembre de 2022. Para 2020, la administración de la UAP ya se encontraba en manos de una nueva gestión.
Como parte del proceso de desvincularse de la administración corrupta del clan Ramírez, la nueva administración de la UAP entregó toda la documentación relacionada con presuntos actos ilegales, y añadió una denuncia contra las anteriores autoridades, según reveló una investigación de La República, el 5 de abril de 2021. En el material había más evidencia sobre los vínculos de Keiko Fujimori.
Según el mandato judicial, además de los beneficios económicos ilegales que supuestamente recibióla tres veces excandidata presidencial, ella también prestó apoyo político de su partido Fuerza Popular para blindar las actividades de los Ramírez.
Keiko Fujimori ya enfrenta un pedido fiscal de 30 años de prisión por crimen organizado y lavado de activos por haber captado dinero sin declarar para financiar sus campañas de 2011 y 2016, y haber usado “pitufos” que simularon hacer aportes con el propósito de justificar el manejo de millones de fondos de origen ilícito.
Autoridades UAP: Fiscalía comete una arbitrariedad y abuso de autoridad
La Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), única accionista de la UAP, mostró su rechazo al allanamiento que realizó la Fiscalía a propiedades de la institución académica. COOPALASPE aseguró que Joaquín Ramírez y su familia ya no poseen ningún vínculo con la casa universitaria por lo que aseveraron que el accionar de las autoridades públicas muestran un «claro abuso de autoridad».
El ex asesor en la sombra del expresidente, Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, aseguró que la presidenta, Dina Boluarte, le ofreció estar presente cuando arrestaran a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En declaraciones a Epicentro TV, declaró lo siguiente: “Ella me dijo que, si ella ganaba la elección, me prometía que iba a poner más transparente el juicio de Keiko Fujimori para que, en el momento en el que la arresten, ella me iba a llamar para yo estar presente”.
Agregó que apoyó “desinteresadamente” a Perú Libre, porque se había planteado que apoyaría a cualquier partido político para evitar que Fujimori Higuchi llegara al poder.
Por otro lado, indicó que conoció a la hoy jefa de Estado cuando era presidenta del Club Departamental Apurímac y que fue en ese momento en que se ofreció a apoyar a Boluarte, ya que no conocía a Castillo ni a Vladimir Cerrón.
Aseguró haber presentado pruebas a la Fiscalía, tales como facturas de hoteles donde se hospedó la abogada apurimeña, el pago de alimentación, entre otros.