La Justicia recibió la denuncia el año pasado: Un oficial y dos subalternos de la Policía Nacional del Perú que allanaron un hospedaje donde se apropiaron de bienes y dinero en efectivo y, además, y exigieron dinero a extranjeros a cambio de su libertad, pasarán 18 meses en prisión preventiva, según lo dispuso hoy el Poder Judicial.

El caso le llegó a un representante del Ministerio Público en mayo del 2025. El noviembre del 2025 también se les investigó y se les intervino también por otro caso juntos a un coronel PNP y a otros cuatro suboficiales de la misma institución.

La fiscalía dispuso asimismo intervenir los teléfonos de los policías, revisar los videos de las cámaras de seguridad y confirmó la denuncia.

El alférez Junior Bryan Mauricio Kohatsu y los suboficiales Marcelo Alexander Benavides Masgo y Neil Eduardo Rafael Román son investigados por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, y robo agravado en agravio de una ciudadana.

El oficial prestaba servicios en la comisaría de Chaclacayo, los otros dos en el Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres.

De acuerdo a la denunciante (cuya identidad no se difundió para garantizar su seguridad) ellos habrían intervenido ilegalmente a extranjeros en un hospedaje, valiéndose del estado de emergencia decretado por el Gobierno, para luego pedirles dinero a cambio de su liberación.

Los policías investigados se habrían apropiado violentamente de fuertes sumas de dinero y bienes hallados en el inmueble, para luego intervenir a los ciudadanos que se encontraban dentro del hospedaje y trasladarlos a la sede del Depincri.

Los detalles que la denunciante dio al fiscal habrían sido confirmados por los videos y las escuchas telefónicas.

El alférez y los dos suboficiales habían sido detenidos junto a un coronel Marvin Sánchez y a los suboficiales Petter Llanca, Ronaldo Castillo, Julio Rayme y Miguel Egas por participar, en noviembre pasado, en la siembra de drogas y cobro de coimas.

El Fiscal Provincial Jorge Mauro García Juárez, precisó que los efectivos policiales involucrados habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en Lurín, a quienes se les quitó su vehículo y luego los subieron a un patrullero, para después llevarlos a su sede policial, en el distrito de San Martín de Porres, donde intentaron sembrarles drogas y otras especies.

Ante la negativa de los ciudadanos por la detención y el presunto ‘sembrado’ de elementos ilícitos se habría producido un enfrentamiento entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio, quien laboraba en esa Depincri, les dijo ‘que arreglen’ con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y sería él quien habría pedido 3 mil soles para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían aceptado pagar el dinero y luego uno de ellos procedió con denunciar los hechos ante las autoridades fiscales.

La última medida de 18 meses de prisión preventiva fue dispuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte (primer despacho) tras una investigación por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la fu8nción policial y robo agravado.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, solicitó este viernes 23 de enero la modificación del reglamento que prohíbe el tránsito de dos personas a bordo de una motocicleta lineal. La propuesta busca que cualquier efectivo policial tenga la potestad de intervenir y sancionar a los infractores.

Actualmente, la normativa vigente limita la capacidad de sanción a las unidades de tránsito, lo que, según mandos policiales, genera vacíos operativos durante patrullajes preventivos realizados por las comisarías.

El alto mando de la PNP, Óscar Arriola, argumentó que el sicariato y el robo agravado, delitos frecuentemente perpetrados bajo esta modalidad de transporte, requieren una respuesta inmediata, pero que sin un agente especializado no se puede realizar la sanción.

“Si yo, que no soy un policía de tránsito, intervengo una moto que traslada dos adultos, no puedo aplicar la sanción. Debo llamar a un agente de tránsito, quien debe estar cerca para imponer la papeleta”, indicó Óscar Arriola.

Arriola advierte déficit de efectivos de la PNP para combatir la criminalidad 

Desde San Juan de Lurigancho, el jefe de la PNP indicó que actualmente existe un déficit de personal policial, por lo que han implementado una estrategia para cubrir la cifra de la lucha contra la criminalidad y la extorsión a los gremios de transporte.

Al respecto, la autoridad mencionó que los agentes rotan de horario para estar presentes en los patios de maniobra de los transportistas.

«En los paraderos, en estos lugares, con toda seguridad está la gente de inteligencia. Y no lo hacemos en los horarios establecidos, sino que se ha hecho una estrategia, de tal forma de tratar de cubrir con el déficit del personal que tenemos», aseguró.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres ciudadanos venezolanos, sindicados de haber perpetrado el asesinato del colombiano Andrés Camilo Soto Huérfano (26), cuyo cadáver fue abandonado en una calle del distrito de Chorrillos.

Los extranjeros, entre ellos una mujer, fueron detenidos en un operativo policial realizado en una vivienda de la urbanización Villa Victoria, en el distrito limeño de Surquillo. 

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen del ciudadano colombiano estaría vinculado a una pugna por el control del cobro de cupos en la zona sur de Lima. 

“El examen de homologación de las armas de fuego nos dirán en qué otros eventos criminales pueden haber participado (los detenidos)”, apuntó el jefe policial.

Según el alto mando, entre los detenidos, hay un sujeto que habría estado hace algunos meses recluido en el penal de Huaral, cumpliendo condena por delitos como extorsión y tenencia ilegal de armas.