El constitucionalista Luciano López Flores alega que el presidente Pedro Castillo puede dejar el cargo por una orden del Poder Judicial que use la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado de rango como la Constitución, máxima normativa del país, y que el caso del exministro Mariano González ayuda a iniciar eso.

—Con Prodemocracia pide la renuncia de Pedro Castillo o que lo destituyan. ¿Por qué dimitiría, si muestra ánimo de quedarse?

—Coincido en que es difícil. Apelamos a un resquicio de dignidad de él respecto a su cargo.

—¿Para destituirlo, el Congreso debe vacar o suspender?

—La suspensión es provisional. Tengo reparos en la vacancia por lo indefinido, pero el Tribunal Constitucional (TC) la dejó imprecisa. Es un arma que puede usarse. Depende del acuerdo en el Congreso. La pesquisa de la Fiscalía por presunto encubrimiento por declaraciones de Mariano González puede gatillar una suspensión judicial.

—¿Que el Poder Judicial logre la suspensión de Castillo?

—El Perú ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que dice que el Estado se compromete a que para funcionarios públicos con inmunidad se adopte un mecanismo que equilibre esa prerrogativa con que delitos como encubrimiento pueden ser investigados, procesados y sancionados. La investigación preliminar expone al investigado a medidas limitativas de derechos, entre ellas la suspensión. La Convención es un tratado que tiene rango constitucional.

—Lo ocurrido con Mariano González abona en ese sentido.

—Es la sospecha inicial. La fiscal tendría que encontrar más elementos que se sumen a eso.

—Con la vacancia, ¿qué pasa con la presunción de inocencia?

—Con la Constitución del 93, cuando se ha usado ha sido sobre indignidad del presidente: Fujimori, los intentos para Kuczynski, Vizcarra. Su votación calificada fue dispuesta por el TC, que en el 2003 ordenó al Parlamento que establezca una votación no menor a dos tercios.

—Quieren bajar los votos…

—Tienen un problema: la cosa juzgada constitucional. Proviene de sentencia del TC.

—¿Es posible que Castillo salga bien de los casos judiciales?

—Si lo que hay en las carpetas de la Fiscalía coincide con la percepción que tenemos, difícil que salga bien librado. Y hasta ahora, sus estrategias son burdas.

—Sin Castillo, ¿debe Boluarte asumir la presidencia del Perú?

—Es lo que corresponde.

—¿Qué garantiza que con Boluarte estemos mejor?

—El problema es la clase política. El Parlamento es parte del problema. Es una clase de contubernio, prebendas, una presidenta del Congreso en mundo paralelo condecorando a Merino… Es decir, “soy tu representante pero hago lo que quiero”. Ese Congreso agudiza la crisis.

—¿El Congreso dejaría gobernar a Boluarte, con un proceso que puede inhabilitarla?

—Me da impresión de que no salvo que se haga la política de siempre, de “Los Niños”. Ella no tiene bancada. ¿Cómo sobrevive? Quizá con otra temporada de la guardería. El problema de fondo es dramático. ¿Cómo librarnos? Una fórmula es un proyecto con 75 mil firmas y luego completar el 10% del padrón electoral para ir a referéndum.

—¿Este Congreso es capaz de encauzar una salida adecuada?

—Es pedirles el favor o presionarlos en la calle. Hay que facilitar el ejercicio de derechos políticos. ¿Por qué no Reniec implementa la identidad digital si está la ley del gobierno digital? Habría mayor presión al Parlamento. Una cosa es una propuesta que necesita 10% del padrón electoral en firmas físicas, otra muy distinta poder hacerlo con celulares o computadoras.

—¿Qué congresista podría encabezar una transición?

—La elección de esta mesa directiva es clave: pueden elegir presidente del país. ¿Quién puede acercarse al taco del zapato de Paniagua o algo parecido a la de Sagasti? Bien difícil en este Parlamento. Quizá Anderson, aunque no me gusta que llegó con Podemos; Chiabra, aunque como militar tiene un perfil que no me agrada mucho; Flor Pablo me gustaría. Echaíz de ninguna manera. Tiene antecedentes complicados como fiscal de Nación durante el gobierno aprista, los casos Business Track y mucho que explicar… Eso hay.

—¿Qué requisitos debe tener una reforma constitucional mínima para no caer en lo mismo?

—Debe haber lucha radical y disruptiva contra la corrupción. Una ley estableció prohibiciones incluso a rehabilitados en delitos de alta criminalidad, pero los congresos han demostrado que, si ellos quieren, cambian la ley. Ese tipo de barreras altas de lucha radical contra la corrupción tienen que estar en la Constitución. Debemos ser radicales porque la corrupción nos ha hecho metástasis. También es clave que el Congreso no seleccione candidatos a contralor, defensor del Pueblo, magistrados del TC, directores del BCR. Nos han demostrado que las selecciones hechas por poderes políticos se prestan para la no transparencia, la componenda, la repartija. Y es corrupción.

—Dice Prodemocracia que si el Congreso persiste en tolerar los delitos, se reservan el derecho ciudadano de intervenir legalmente. ¿A qué se refieren?

—No está aprobado pero es posible que con amicus curie, instituciones o personas puedan sustentar a la Fiscalía una posición como la que describí y pueda haber una salida judicial.

—¿El proyecto para “que se vayan todos” debe ser iniciativa ciudadana o de congresistas?

—Una cosa no quita a la otra. Se pueden complementar bien.

—¿Qué pasará con la Sunedu ahora que el Congreso ha promulgado la ley de contrarreforma, pese al amparo judicial?

—La jueza ordenó que su sentencia se cumpla de modo inmediato. Para Sunedu, es inaplicable la ley que promulgó el Congreso en desacato. Sunedu en este momento está protegida.

—¿El actual TC garantiza el freno a la contrarreforma?

—Es un TC nacido con dudas. Se debe ganar la confianza con sus sentencia. Mientras, el Poder Judicial ha tomado la batuta.

—¿Qué le toca a constitucionalistas y a ciudadanía en la busca de soluciones a la crisis?

—Dialogar y cooperar. El país necesita sus ciudadanos de buena voluntad para consensuar.