En el marco del Decreto de Emergencia N.° 034, la Municipalidad Provincial de Huaral, por disposición del alcalde provincial, continúa ejecutando intervenciones en los puntos críticos previamente identificados.
En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en el sector Huayán Chico, donde se viene realizando la protección del río mediante la construcción de defensas ribereñas, utilizando material propio.
Estas acciones tienen como objetivo prevenir riesgos y salvaguardar a la población y sus bienes frente a posibles desbordes.
Mientras el Hub Portuario de Chancay se consolida como la obra de infraestructura privada más importante del país en décadas, representando cerca del 1% del producto bruto interno (PBI) nacional, el Estado peruano lleva más de dos años sin asignar presupuesto para los 21 proyectos de inversión estratégica que requiere con urgencia la zona de influencia que abarca Barranca, Huaral, Lima Norte y el Callao.
En la sesión de la Comisión Especial proyecto multipropósito de Chancay, presidida por el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, se puso en evidencia la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo para financiar ese portafolio, valorizado en S/840 millones.
El asesor de la Jefatura de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Alberto Marquina Pozo, recordó que la entidad —facultada desde septiembre del 2024 mediante decreto legislativo para identificar, priorizar y ejecutar proyectos— procesó una cartera inicial de más de 1.000 iniciativas y la redujo a 21 proyectos estratégicos territoriales, aprobados en marzo del 2025.
Más de S/800 millones en proyectos estratégicos siguen sin financiamiento pese a múltiples gestiones ante el MEF, MTC y el Consejo de Ministros.
Este portafolio incluye tres proyectos de salud, dos de agua y saneamiento, tres comisarías, el fortalecimiento de una capitanía, un proyecto de riego, dos de seguridad vecinal y nueve proyectos viales. El problema es que actualmente ninguno de esos 21 proyectos cuenta con presupuesto asignado.
El funcionario de ANIN señaló que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ProInversión y el Ministerio del Interior (Mininter), y también se exploró la posibilidad de financiar algunos mediante obras por impuestos (OXI). El resultado ha sido el mismo en todos los casos: sin respuesta por limitaciones en la caja fiscal.
Con más de dos años de retraso, la inflación ya habría elevado el costo real del paquete. «Estimamos fácilmente que ya con un 5% o 10% de incrementos, solo por efectos de inflación, esto debería estar ya por encima de los 1.000 millones hoy en día», advirtió Marquina Pozo.
Megapuerto de Chancay: Priorización de proyectos de emergencia
Ante el bloqueo presupuestal, la ANIN presentó una priorización de emergencia. En primer lugar, ubica seis proyectos de orden público, seguridad y defensa, con un costo cercano a S/94 millones (con costos tras la inflación, S/100 millones). La propuesta es ejecutable en dos tramos: S/35 millones este año y S/58 millones el siguiente, hacia el 2027.
«Con alrededor de S/100 millones podríamos resolver el problema de seguridad en todo el ámbito de acuerdo con los proyectos priorizados», señaló.
La República pudo conocer que los seis proyectos prioritarios de la ANIN son tres comisarías, dos proyectos de seguridad ciudadana y una capitanía de puerto en zonas como Aucallama (Huaral), Hualmay (Huaura), Barranca y Chancay (Huaral).
Los seis proyectos de inversión prioritarios en las zonas de influencia del megapuerto de Chancay.
Respecto a la programación, se indicó que las comisarías estarían listas hacia diciembre del 2027, siempre que las obras se inicien de manera inmediata, mientras que las infraestructuras de seguridad y la capitanía se concretarían en agosto de ese año.
En cuanto al financiamiento, se plantearon diversas alternativas. La primera consiste en aplicar el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) con el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que es un documento emitido por el MEF, que reconoce y devuelve a las empresas privadas el monto invertido en proyectos de infraestructura bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, a través del Gobierno Regional (GORE), propuesta que ya fue presentada formalmente, aunque aún se encuentra a la espera de respuesta.
La segunda opción contempla que los sectores de Interior y Defensa proyecten sus gastos a diciembre del presente año, con el fin de evaluar la disponibilidad de saldos presupuestales que permitan ejecutar estos proyectos prioritarios.
Una tercera alternativa considera facultar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para emitir el Certificado de Inversión Pública-Gobierno Nacional (CIPGN), documento emitido por el MEF, que reconoce la inversión de empresas privadas en proyectos de Obras por Impuestos del Gobierno Nacional). Si bien esta vía demanda más tiempo, no ha sido descartada. Finalmente, se mencionó la posibilidad de recurrir al endeudamiento con participación del MEF como mecanismo para destrabar el financiamiento.
El contexto adquiere especial relevancia si se considera que Chancay representa aproximadamente el 1% del PBI nacional y que su zona de influencia abarca Barranca, Huaral, Lima Norte y el Callao. Como recordó la Municipalidad Distrital durante la sesión: «Chancay no funciona solo.»
Roberto Sánchez: «Ni un sol ha regresado a Chancay»
Sánchez criticó que, pese a las reuniones técnicas, multisectoriales y coordinaciones con autoridades locales, «no ha habido esa responsabilidad del MEF, MTC, y menos del Consejo de Ministros ni del presidente de la República.»
«Es una vergüenza que solo el privado haya avanzado, y cuando se trata de una visión de alta responsabilidad con el desarrollo económico del país, no haya voluntad política para asignar mínimamente recursos», afirmó. Y agregó: «Es increíble, ni un sol de inversión del Estado ha regresado a Chancay.»
El legislador también cuestionó la inoperancia en torno al fondo social de Chancay, que solo ha avanzado en métricas de recaudación y distribución, pero carece aún de un reglamento de gobernanza.
«¿Tan difícil es hacer un reglamento que regule la gobernanza y la articulación? No sé si es falta de interés, negligencia, ignorancia, no sé qué razones apelar para encontrar una justificación tan básica y elemental.» En ese contexto, indicó que «el desarrollo de Chancay en la provincia de Huaral está vilmente abandonado. Ni salud, ni educación, ni cultura hay recursos.»
Cabe recordar que la sesión contó con la participación del presidente del consejo directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Municipalidad Distrital de Chancay y la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico Integral de Chancay (ANA).
Quien no apareció fue Rodolfo Acuña, titular del MEF, invitado para informar sobre las inversiones; ante su ausencia, Sánchez indicó que esperan un documento de su parte.
Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), operador del Puerto de Paita, firmó un acuerdo con Cosco Shipping Lines Perú para la implementación de un nuevo servicio con recalada en el recinto marítimo.
De acuerdo con TPE, el recorrido será operado con naves propias como parte del servicio CHX3 con conexión vía Chancay y destino final Asia, a través del servicio WSA5.
La escala a Paita se realizará los días domingo y busca aportar mayor previsibilidad y eficiencia a la cadena logística. La rotación del servicio será Puerto Caldera – Paita – Chancay – Shanghai.
“Este acuerdo refleja nuestro compromiso de seguir impulsando alianzas estratégicas que generen valor para nuestros clientes y potencien el comercio exterior del país”, afirmaron desde TPE.
Durante la reciente sesión ordinaria de concejo, se aprobó por unanimidad la firma del convenio de cooperación entre la empresa Colquisiri – a través de la Asociación Civil María Teresa – y la Municipalidad Provincial de Huaral (MPH). Este acuerdo tiene como objetivo principal dar continuidad a las labores de identificación, preservación y protección del patrimonio arqueológico en la jurisdicción.
La sustentación del proyecto estuvo a cargo del Lic. Anthony Vega, gerente de Desarrollo Social, quien fundamentó ante el pleno la necesidad de mantener esta alianza estratégica. Asimismo, se contó con la participación del arqueólogo Walter Tosso, quien expuso la importancia de seguir protegiendo los vestigios de la Cultura Chancay y de sensibilizar a la población sobre el cuidado de su legado histórico.
Tosso señaló que ya se han identificado sitios clave como Macatón, Lauri, Las Shicras y Pisquillo, donde se busca implementar señalizaciones para evitar invasiones y daños. Además, destacó que, tras los avances logrados en 2025, la meta para este 2026 es consolidar las acciones de conservación y educación patrimonial.
Durante la intervención de los regidores, Alexandra Reyes, Elena Abanto y Silvia Dorador expresaron su reconocimiento a Colquisiri por su compromiso con la cultura local. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Julio Obando, dio lectura al dictamen que finalmente recibió el respaldo total del cuerpo de regidores.
Al concluir, el arqueólogo Walter Tosso resaltó la labor de responsabilidad social de la empresa privada en la defensa del patrimonio huaralino. Finalmente, el Lic. Anthony Vega anunció que, en el marco de las celebraciones por el 50.º aniversario de la provincia de Huaral, el próximo jueves 7 de mayo se llevará a cabo la ceremonia de «Pago a la Tierra» en el centro arqueológico Las Shicras
En Huaral, los padres de familia de la I.E. 20403 “Carlos Martínez Uribe” (Cañita) manifestaron su profundo malestar ante una serie de cobros que consideran excesivos y poco claros. Entre las denuncias destacan el pago de S/ 50 por concepto de APAFA durante la matrícula, sumado a otros S/ 50 adicionales para la supuesta reparación de cocinas y utensilios. Según señalan, esta situación ha provocado que los alimentos del programa estatal se entreguen crudos. Además, cuestionan el cobro de S/ 0.50 por bolsa, incluso cuando los padres llevan las suyas.
El descontento se agrava por la falta de transparencia sobre el destino de los recursos. Los familiares también cuestionan los aportes solicitados para actividades escolares, decoración de eventos y el uso de los fondos provenientes del alquiler de la losa deportiva. “¿Dónde está el dinero recaudado?”, reclaman, exigiendo una asamblea urgente para la rendición de cuentas.
Ante estas irregularidades, los padres exigen explicaciones directas a la directora, Marleny Babilonia Maury, y solicitan la intervención inmediata de la UGEL 10 de Huaral para esclarecer el manejo de los fondos y garantizar la transparencia en la institución.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó archivar las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, que la acusaban de cometer infracciones a la Constitución y delitos de corrupción durante su mandato. Las denuncias fueron presentadas por los parlamentarios Juan Burgos (Podemos Perú) y Edwin Martínez (Acción Popular).
La denuncia 516, presentada por el legislador de Podemos Perú, no solo alcanzaba a la exmandataria, sino también a su expremier, Gustavo Adrianzén. A ambos se les acusa de infringir los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, relacionados con el respeto irrestricto a la Constitución y el ejercicio de la función presidencial.
Por su parte, la denuncia constitucional 657, presentada por el congresista de Acción Popular, también alcanza al exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval, a quienes se les acusa de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en agravio del Estado.
De acuerdo con la información trascendida, la sesión se realizó de manera virtual y el archivo se aprobó con nueve votos a favor y tres en contra.
Dina Boluarte ha sido blindada por el Congreso múltiples veces
Antes de ser vacada por el Congreso de la República, Dina Boluarte fue blindada en más de una ocasión por las principales bancadas parlamentarias en la SAC. En mayo de 2025, con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la subcomisión aprobó archivar una denuncia constitucional contra la exmandataria vinculada al denominado “caso Rolex”. El informe final de esa denuncia fue elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien indicó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción.
Ya en septiembre de ese mismo año, Boluarte volvió a ser blindada en la SAC. Con 12 votos a favor y 10 en contra, el grupo de trabajo decidió no proseguir con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
En ambos casos, los votos a favor del archivo provinieron principalmente de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.
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