De los 18 proyectos de ley que fueron tomados en cuenta para el texto sustitutorio de la bicameralidad, uno del partido político de Keiko Fujimori planteó únicamente modificar el artículo 100 de la Constitución para que el fiscal de la Nación no esté obligado a denunciar en cinco días a altos funcionarios acusados por el Congreso.
Renovación Popular también presentó un proyecto para cambiar ese artículo y ampliar el plazo a 10 días y Acción Popular planteó que el fiscal pueda evaluar si continúa con el caso o lo archiva.
Contexto de la norma
Antes de la bicameralidad, el artículo 100 de la Constitución decía que, “en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días”.
Pero, con la bicameralidad, el Congreso cambió 50 artículos de la Carta Magna, entre ellos el número 100, y eliminó el plazo al que estaba sujeto el titular del Ministerio Público (MP) para denunciar a altos funcionarios.
El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, dijo este jueves que se trata de un retroceso en la lucha contra la corrupción, pues en caso de haber un fiscal de la Nación politizado cabe el riesgo de que evalúe no continuar con la acción penal.
El rol del fujimorismo
El expediente digital de la bicameralidad da cuenta de que, el 9 de junio del 2022, el congresista de Fuerza Popular David Jiménez presentó el proyecto de ley 2314, que elimina el plazo al que estaba sujeto el titular del MP. “En caso de resolución acusatoria de contenido penal se deriva al fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones”, dice el texto. La iniciativa lleva las firmas de sus colegas de bancada Arturo Alegría, Jeny López, César Revilla, Juan Carlos Lizarzaburu, Leslie Olivos y el fallecido legislador ‘Nano’ Guerra García.
El PL 2314 fue presentado dos días después de que la Comisión de Constitución, entonces presidida por Patricia Juárez, de FP, aprobara el dictamen de la bicameralidad. El documento no citó el proyecto de Jiménez, pero sí propuso similar modificatoria: “En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa, conforme a sus atribuciones, el ejercicio de la acción penal correspondiente ante la Corte Suprema”.
La bicameralidad fue votada primero el 15 de julio del 2022. Solo 77 congresistas votaron a favor ese día y, como no alcanzaron los dos tercios, el fujimorismo presentó una reconsideración para volver a votar.
El 8 de junio del 2023 fue aprobado el pedido y la bicameralidad se volvió a deliberar. Según el acta de votación, para esa fecha había sido incluido el PL de Jiménez en el texto sustitutorio. El presidente de la Comisión de Constitución en ese periodo era Guerra García. La bicameralidad en esa votación no alcanzó los dos tercios tampoco. El 17 de noviembre recién fue aprobada con 93 votos, y en segunda votación con 91 el 7 de marzo. La modificación del artículo 100 que había sido incluida desde la gestión de Juárez se mantuvo.
La República buscó la versión de los legisladores Juárez y Jiménez, pero al cierre de esta nota no respondieron.
Para el abogado Richard Allemant, con este cambio en la Carta Magna “le están permitiendo tener el poder de corregir lo que el Congreso ya determinó” cuando aprobó la acusación constitucional a determinados altos funcionarios.
El jurista Jorge Adrián Zúñiga, por su parte, opinó que “el Congreso ha visto con preocupación la figura del levantamiento de la inmunidad parlamentaria en el marco de esto y es lo que ha propiciado este cambio”.
Otras propuestas
La bancada de Renovación Popular, por su parte, planteó incrementar el plazo del fiscal de la Nación para denunciar a altos funcionarios ante la Corte Suprema de 5 a 10 días.
Por otro lado, en Acción Popular, el congresista Luis Aragón planteó que, “en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa si formaliza investigación preparatoria, formula acusación fiscal ante la Corte Suprema o archiva la denuncia aprobada por el Parlamento en el plazo de cinco días”. Este diario le escribió a Aragón, pero no respondió.
El antejuicio político para altos funcionarios
El presidente, ministros, congresistas, jueces y fiscales supremos, según el artículo 99 de la Constitución, tienen antejuicio político. Para que puedan ser acusados, primero el Congreso debe aprobar acusarlos constitucionalmente y remitir el caso al fiscal de la Nación, quien con la nueva norma evaluará, según sus atribuciones, cómo proceder.
La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, continúa con su compromiso de promover la seguridad vial entre los más jóvenes. En esta ocasión, como parte de las jornadas de capacitación «CAMINANDO SEGURO», impartió una charla en educación vial a los estudiantes de la Institución Educativa N°20402 Virgen de Fátima.
Con el propósito de fomentar el respeto a las normas de tránsito y fortalecer el conocimiento en educación vial, estas actividades se llevan a cabo al inicio del año escolar. La iniciativa no solo beneficia a los alumnos, sino que también busca involucrar a toda la comunidad educativa en la promoción de conductas seguras en las vías.
Este esfuerzo conjunto entre la municipalidad y la institución educativa tiene como meta principal reducir los incidentes viales en la comunidad estudiantil. Asimismo, refleja el compromiso de ambas partes en proporcionar herramientas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y al bienestar general de los ciudadanos.
El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas públicas en materia de educación en el ámbito nacional. Recientemente, la entidad informó de una nueva convocatoria vigente en todo el territorio. Los salarios oscilan entre S/2.500 y S/12.000. Por este motivo, si quieres aplicar a una de las ofertas de trabajo para abril 2024, aquí te brindamos la información necesaria como puestos disponibles, los requisitos y guía para que te registres de manera correcta.
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Minedu, convocatorias 2024: esta es la bolsa laboral
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Especialistas para elaboración de materiales educativos y monitoreo con sueldos de 8.000 y 10.000 soles
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¿En qué regiones hay vacantes para trabajar en Minedu?
La oportunidad de postularse al Ministerio de Educación está abierta para aquellos que residan en una amplia gama de regiones del país, donde se incluye Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.
Minedu CAS: ¿qué carreras profesionales requiere?
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¿Qué es el Minedu y cuáles son sus funciones?
El Ministerio de Educación (Minedu) de Perú es el ente gubernamental encargado de diseñar, ejecutar y supervisar la política nacional en materia de educación. Su objetivo principal es garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los peruanos, desde la educación inicial hasta la superior.
Entre sus funciones se incluyen el desarrollo de planes y programas educativos, la promoción de la mejora continua en la formación docente, la implementación de políticas de inclusión educativa y la evaluación del desempeño del sistema educativo. Asimismo, trabaja en coordinación con diversas instituciones y actores sociales para asegurar que la educación contribuya al desarrollo integral de la persona y al progreso del país.
¿Cómo postular al Ministerio de Educación?
Es importante tener en cuenta que el proceso de registro se llevará a cabo de forma virtual entre el 1 y el 2 de abril. Para participar, es necesario acceder al siguiente enlace proporcionado por el Gobierno: https://postulacioncas.minedu.gob.pe/PostulacionCas/Home#no-back-button. Una vez dentro, los interesados deben seleccionar la vacante que mejor se ajuste a sus preferencias, leer detenidamente las bases del concurso público y verificar que cumplen con todos los requisitos exigidos. Recuerda que se puede aplicar únicamente en la fecha indicada.
¿Dónde está ubicado el Minedu?
La entidad pública esta ubicada en la Calle del Comercio 193 en el distrito de San Borja.
El millonario proyecto del terminal portuario de Chancay -cuya inauguración se prevé para noviembre de este año y cuya importancia comercial será respaldada por la visita del presidente de China, Xi Jinping– acaba de entrar en una nueva etapa, aunque esta vez envuelta en un lío judicial de insospechadas consecuencias.
Latina Noticias ha podido confirmar que hoy, viernes 22 de marzo, ingresó al Poder Judicial una demanda de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que solicita anular el artículo 2 del acuerdo de directorio que otorgó al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. “exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.
El expediente 00017-2024-0-1802-JR-CA-10 fue enviado al Décimo Juzgado permanente, a cargo de la magistrada Luz Violeta Román Baquerizo. La materia, según el documento, es la nulidad de resolución o acto administrativo, y las partes procesales son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Parte de la solicitud enviada por la Procuraduría al Décimo Juzgado Permanente, a cargo de la magistrada Sandra Cruces Torres.
El consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. está integrado por la empresa china Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) y la peruana Volcan Compañía Minera. El puerto, según expertos, se convertirá en un ‘hub’ estratégico para el comercio entre América del Sur y Asia desde el cual se distribuirá carga de Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
La demanda de la procuraduría se materializa horas después de que la alta dirección de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), una entidad adscrita al MTC, se reuniese con el presidente de la compañía china (CSPL), Zhu Bixin, con quien dialogaron sobre “los detalles del avance de obras del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”, como se informó en sus redes sociales.
Precisamente, en este millonario conflicto legal, la APN ejerce un papel protagónico, pues fue la que pidió a la procuraduría tomar acciones para anular el artículo en cuestión.
El área de Prensa de la APN informó que el presidente de la institución, Walter Tapia Zanabria, enviará un comentario sobre esta nota en las próximas horas.
Fuentes consultadas por Latina Noticias indicaron que la acción judicial podría tomar un año en resolverse. Mientras esto ocurre, la Procuraduría del MTC podría interponer una medida cautelar para evitar la operación que Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional se reunieron el jueves con representantes Cosco Shipping Ports Limited, que tiene el 60% de las acciones del consorcio.
LOS DETALLES DE UNA MILLONARIA DEMANDA
La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representada por David Ortiz Gaspar, señala en su demanda que la Resolución de Acuerdo de Directorio 0008-2021-APN-DIR, en lo concerniente a la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay, no cumple con el principio de legalidad administrativa, toda vez que, es contraria a la libre competencia, prevista en el artículo 61° de la Constitución Política y vulnera de manera flagrante la Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento.
En cuanto a los servicios esenciales del terminal a los que se refiere el artículo que la procuraduría busca anular, se incluyen, entre otros, la carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores; así como la posibilidad de ejecutar obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario.
Según se ha informado, la inversión de Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. en la obra será de 2.600 millones de dólares.
La acción legal contra la empresa se fundamenta en un informe jurídico que elaboró la abogada Milagros Miguel Llacza, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El documento fue remitido el 15 de marzo de 2024, es decir, hace solo unos días, a Carlos Molina Barrutia, gerente general de la institución portuaria.
El acuerdo N°008-2021 de la APN data del 10 de febrero de 2021, pero tiene su origen en abril de 2023, cuando el Shipping Ports Chancay Perú S.A. solicitó revisar el expediente técnico de ingeniería del proyecto del terminal y solicitó la habilitación portuaria de la nueva etapa 1 y la ampliación del área acuática que forma parte de este proyecto.
Milagros Miguel, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional, solicitó a Carlos Molina que se interponga una demanda para anular el derecho de uso exclusivo a Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.
El pedido de inicio de esta acción legal -que enfrentaría al Estado peruano con el gigante comercial chino y, de paso, podría considerarse emblemático en el sistema de justicia del país- llegó la Procuraduría del MTC luego de que el año pasado, exactamente el 1 de febrero, venciera el plazo para que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) pudiese anular “de oficio” el acuerdo que tomó su directorio.
La Procuraduría del MTC recibió el requerimiento de la APN en oficios fechados el 15 y 18 de diciembre de 2023. En ellos, se pedía interponer una demanda de nulidad ante el Poder Judicial en contra de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Por entonces, en sendos informes, el procurador David Ortiz solicitó a la APN que absuelva cuatro consultas en un nuevo reporte, de forma que se pudiera plantear una estrategia legal:
– Precisar y sustentar motivadamente si la tramitación del pedido a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., respecto a la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay cuenta o no con un proceso administrativo específico.
– Remitir un informe técnico en el que se precise y sustente motivadamente, si el otorgamiento de la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales otorgados en la resolución del acuerdo de directorio N°008-2021-APN-DIR de fecha 10 de febrero del 2021, a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., habría generado o generaría perjuicio a la Autoridad Portuaria Nacional, debiendo cuantificar en forma específica el mencionado perjuicio.
– Asimismo, de haberse producido algún perjuicio a la entidad, deberá identificar a los posibles responsables que han producido el daño.
-Precisar y sustentar si el presidente del directorio de la APN que suscribió la resolución de acuerdo N°008-2021-APN-DIR, contaba con la facultad para otorgar la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay. Estando que al momento de la expedición del mencionado acuerdo, aquel se encontraba como presidente encargado del directorio que era Carlos González Díez Canseco.
Informe legal que da cuenta de las consultas que la Procuraduría del MTC solicitó a la Autoridad Portuaria Nacional que resuelva respecto a la concesión dada a Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.
¿QUÉ HALLÓ LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL?
La conclusión a la que llegó la Unidad de Asesoría Jurídica de la APN es que el acuerdo que favoreció al consorcio chino peruano «afecta la legalidad administrativa, el interés público, la imagen institucional, la seguridad jurídica y desincentiva la inversión privada en proyectos de infraestructura portuaria».
Entre los argumentos de su informe se menciona que, “respecto a la exclusividad para la prestación de servicios esenciales dentro de la infraestructura de su proyecto portuario no cuenta con un procedimiento administrativo específico”.
Es decir, que la posibilidad de prestar servicios esenciales en el terminal portuario debió ser abierta a no solo una organización; y menos a través de un acuerdo de directorio.
“Es importante señalar que la APN no cuenta con la facultad para otorgar la referida exclusividad, dado que dicha facultad únicamente está regulada y prevista para los terminales portuarios que se otorgan a través de compromisos contractuales”, se agrega en otra parte del documento.
“De esta forma, la actuación de la Administración Pública es pasible de ser revisada por el Poder Judicial, esto es, cuando influyen en la esfera jurídica de los administrados”, finaliza.
Las conclusiones del informe legal de la Autoridad Portuaria Nacional sobre la concesión del proyecto del terminal portuario de Chancay.
HISTORIA DE UN ACUERDO EN PANDEMIA Y UN HOMBRE IMPORTANTE
En este punto, es importante entender la importancia del acuerdo del directorio en la demanda presentada por la Procuraduría del MTC.
El 10 de febrero de 2021, el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) emitió la resolución que otorgó exclusividad al consorcio chino Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. para la explotación de los servicios esenciales de infraestructura como la carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores.
El documento lo firmaba, en calidad de presidente del directorio de la APN, Carlos González Diez Canseco, un funcionario que el 8 de febrero de 2017 fue designado por el expresidente Martín Vizcarra como representante del Ministerio de Economía y Finanzas en la APN.
Vizcarra, como se sabe, viene siendo cuestionado por presuntamente liderar la organización criminal ‘Los Intocables de la Corrupción’, en la que, según la tesis fiscal, empresas chinas pagaron sobornos a cambio de adjudicarse licitaciones de obras en Perú. Punto Final reveló que la primera compañía en lograr un contrato durante la gestión del exmandatario fue China Railway Tunnel Group CO el 10 de septiembre de 2018 con Provias Nacional. La obra tenía un valor de S/133 millones.
En otro informe, también del dominical, se destapó que la remodelación de la carretera del distrito de Samegua (Moquegua), que está a cargo de la firma Xia Zhang y presumiblemente se consiguió a través del pago de una coima de S/1 millón, se encuentra abandonada porque no se han culminado los trabajos desde hace cuatro años.
Volvamos a Carlos González Diez Canseco. El 25 de enero de 2021, el funcionario recibió el encargo de liderar la APN debido a que el titular de la entidad, Édgar Ramón Patiño, se ausentó por problemas de salud. Esa, sin embargo, no sería la primera vez que cumpliría esta tarea, pues el 3 de junio de 2022 asumiría otra vez el puesto en reemplazo de Manuel Hinojosa López.
En el acuerdo, al que accedió Latina Noticias, se resolvió, entre otros, “otorgar la habilitación portuaria” de la nueva etapa 1 del proyecto Terminal Portuario Multipropósito Chancay; y “otorgar a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.
Acuerdo de la Autoridad Portuaria Nacional del 2021 a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Además, se detalló que la habilitación portuaria del mencionado proyecto “se ubica dentro del área acuática de 1’871,581.638 m2”, autorizada por la resolución directoral 00158-2020-SENACE-P/DEIN, del 22 de diciembre de 2020.
El acuerdo es el punto neurálgico de la demanda de la procuraduría que dirige Ortiz. Lo que sigue es el documento que hoy ingresó a la mesa de partes virtual del Poder Judicial.
El 9 de julio de 2022 apareció la resolución en el diario “El Peruano” que informaba sobre la renuncia de González Diez Canseco, aceptada por el entonces presidente, hoy en prisión, Pedro Castillo, y su entonces ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.
HISTORIA DE COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERÚ S.A.
En 2019, las empresas Terminales Portuarios Chancay, subsidiaria de la empresa Volcan y propietaria, y Cosco Shipping Ports Limited, suscribieron un acuerdo para construir el terminal portuario multipropósito de Chancay, con una inversión prevista, por entonces, de 3.000 millones de dólares.
Sin embargo, en octubre del mismo año, la empresa cambió su denominación a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., tal como se observa en una carta firmada por su gerente general Hang Chan dirigida a la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Cosco Shipping Ports Limited opera en cuatro continentes.
Cosco Shipping Ports Limited fue creada en 1994 y su actividad comercial es la fabricación y operación de contenedores, así logística en carga y en terminales.
A partir de 2017, la compañía china adquirió un importante protagonismo en el mercado de puertos, ingresando a terminales como el de Wuhan, Nantong Tonghai, Boao, Xiamen Ocean Gate y Tianjin, en China; Zeebrugge, en Bélgica; Tollerort, en Alemania; y ahora, Chancay (Perú).
Actualmente, Cosco Shipping Ports Limited opera en las principales regiones portuarias: China, Europa, el Mediterráneo, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur y África.
Uno de los principales negocios ilícitos instalados en Arequipa y otras ciudades del país es el “gota a gota”, préstamos a los que cualquier persona puede acceder con tan solo brindar sus datos personales, pero con el riesgo de pagar mucho más allá de la deuda real mediante extorsiones, con el único propósito de amasar fortuna y presuntamente alimentar a las organizaciones criminales dentro y fuera del país, como se ha descubierto con la detención de los integrantes de la banda denominada los malditos de la extorsión.
Tras la captura del cabecilla Andrés Said Peña Valencia (35) y sus cómplices Duban Paredes Muñoz (33), Dylan Murullo Benavides (25), Juan Benavides Ortiz, Cristian Valencia (24), Yenifer Gutiérrez Alegría (29) , ocurrida esta semana y las de Christian Sánchez Herrera y Johan Ramírez Ortiz, entre octubre del año pasado y febrero último, las investigaciones preliminares que realiza la Policía junto con la Fiscalía, han estimado que, por semana, esta organización delictiva lograba recaudar hasta 25 mil soles.
Todo esto se desprende de la revisión de los cuadernos con el registro de las víctimas y los montos cobrados mediante la amenaza.
Además, se han hallado vouchers de transferencias hacia cuentas ubicadas en varias ciudades de Colombia, país desde el que también se remitía dinero a la banda para colocarlo a través de préstamos ilegales a pequeños negocios como el de una bodeguera, en el distrito de Tiabaya que el año pasado se prestó mil soles de “los malditos de la extorsión” y aunque pagó su deuda, los extranjeros continuaron cobrándole las cuotas por medio de continuas amenazas; este caso permitió detener a Christian Sánchez Herrera en octubre del año pasado.
A través de la comprobación de sus comunicaciones se pudo determinar su vínculo directo con el resto de la banda criminal que, según la investigación policial, presionaba diariamente entre 20 a 30 personas para que entreguen su dinero.
No descartamos que esta banda sea financista de una organización criminal mayor, estamos haciendo las investigaciones del caso para determinar ello y se va a coordinar con las embajadas y la Interpol para poder ubicar las cuentas hacia donde se destina el dinero mal habido. A la población le pedimos que no caigan en estos préstamos que son ilegales y fortalecen el crimen”; sostuvo el coronel Edwar Vásquez, jefe de la División de investigación Criminal (Divincri) de Arequipa.
La mayoría de los integrantes de la banda se encuentran desde hace más de un año de manera legal en la ciudad, el último ingresó hace cuatro meses, pero su estadía ha sido para delinquir.
En un esfuerzo por mejorar la infraestructura vial en el distrito altoandino de Pacaraos, se llevó a cabo la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huaral y la Municipalidad Distrital de Pacaraos.
El objetivo principal de este acuerdo es financiar la adquisición de una retroexcavadora para el beneficio del pueblo pacareño, en respuesta a la declaratoria de emergencia mediante el Decreto Supremo N° 012-2024-PCM.
La ceremonia de la firma se realizó en el Salón Túpac Amaru de la MPH, contando con la presencia del alcalde provincial, Fernando Cárdenas Sánchez, y la alcaldesa de Pacaraos, Ana María Huarca Sáenz. Este convenio permitirá abordar las urgentes necesidades del mejoramiento de caminos, trochas carrozables y reapertura de vías en el distrito altoandino de la provincia.
Antes de la firma oficial, se llevó a cabo una ceremonia ancestral del pago a la tierra (Pachamama), a cargo de mujeres andinas de la comunidad de Vichaycocha, como un gesto de buen inicio para la adquisición de la maquinaria, que será en beneficio de los pueblos.
La Municipalidad de Huaral transferirá un total de S/. 450,000.00 en favor del municipio distrital de Pacaraos, mientras que este último contribuirá con S/. 193,000.00, sumando un total de S/. 643,000.00 para la compra de la maquinaria pesada.
El evento contó con la presencia de regidores provinciales, Cecilia Carvallo Rodas y Albertico Quintana Meléndez, así como regidores del distrito de Pacaraos y pobladores, marcando un hito importante en la cooperación interinstitucional para el desarrollo del distrito.
ENFOQUE REAL 