Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: «La junta me dijo que era por decisión política»

El último viernes 22 de agosto, el INPE informó que Martín Vizcarra había sido clasificado para el penal de Lurigancho; no obstante, por «medidas de seguridad», se dispuso, a través de la Resolución Directoral N.º 411-2025, que fuera llevado al penal de Ancón II.

«El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica», señaló el comunicado del INPE respecto al traslado de Vizcarra.

Tras conocerse la decisión del INPE, la respuesta del expresidente no se hizo esperar. En comunicación con RPP, alzó su voz de protesta y afirmó que su traslado al penal de Ancón II es responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte.

“Después de una semana, llegó una segunda Junta de Clasificación, que arribó este miércoles, hace dos días. Ya desde ahí sentí algo raro: que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la misma junta —la segunda, que estuvo el miércoles— determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que, si se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que sería por decisión política de otro nivel”, exclamó Martín Vizcarra.

De acuerdo a la información que accedió La República, la nueva Junta Técnica de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo integrada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social.

Ellos fueron los encargados de definir si el exmandatario Martín Vizcarra, quien cumple cinco meses de prisión preventiva, debía permanecer en el penal de Barbadillo o ser trasladado a otro establecimiento penitenciario.

Jefe del INPE no supo explicar por qué Martín Vizcarra debe ser trasladado a otro penal

Horas antes de que Vizcarra pase al penal de Ancón II, El jefe del INPE, Iván Paredes, no supo explicar los motivos para que expresidente sea derivado a otro centro penitenciario, luego de que una primera junta lo clasificara en Barbadillo.

“La Junta de Clasificación no tomó en cuenta la resolución de la presidencia, que es la directiva en la cual se basa cómo debe clasificarse a los procesados y los sentenciados. Entonces, lo único que dijo fue: ‘Bueno, tú eres presidente de la República, te vas a Barbadillo’. Y eso no está debidamente fundamentado para empezar”, dijo Paredes en RPP.

Explicó que antes de llevar a un procesado a prisión, el INPE le asigna un puntaje para decidir a qué penal debe ir. De esta manera mencionó que Vizcarra obtuvo 10 puntos, lo que según las reglas significa que debía ser enviado al penal de Lurigancho.

«Con 4 a 7 puntos se va a Ancón II, Con 8 a 11 a Lurigancho y con 12 a 13 a Castro Castro», excusó Paredes.

Juan José Santiváñez regresó al Gabinete: juró como nuevo ministro de Justicia

Regresa al Gabinete. Juan José Santiváñez fue nombrado nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Juan Enrique Alcántara, en acto presidido por la presidenta Dina Boluarte este sábado, 23 de agosto, en Palacio de Gobierno.

Santiváñez, quien ya fue ministro del Interior durante el Gobierno de Dina Boluarte, se encuentra investigado por una presunta interferencia, en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia a fin de favorecer a uno de sus exclientes.

Sobre esto, el Poder Judicial le impuso en junio de este año 18 meses de impedimento de salida del país.

Investigaciones

De acuerdo con el Ministerio Público, Santiváñez habría ejercido ante el Tribunal Constitucional una presunta influencia ilícita para favorecer a Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’, quien es un expolicía sentenciado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación, tras ser acusado de ser parte de la organización criminal “Los K y K”, que operaba en región de La Libertad.

Incluso, según la Fiscalía, Santiváñez habría influenciado a favor del propio Marcelo Salirrosas ante el Inpe y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Por otro lado, el pasado 3 marzo la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron —mediante una autorización judicial— allanamientos en la vivienda del entonces exministro del Interior y otros inmuebles, como parte de otra investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad.

Ello tras la difusión de unas presuntas conversaciones que habría realizado con el capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, en las que le habría pedido al oficial hacer gestiones para controlar a un periodista. Santiváñez negó en reiteradas oportunidades estas acusaciones.

Fue censurado por el Congreso cuando era ministro de Interior

Juan José Santiváñez fue sido censurado por el Pleno del Congreso el último mes de marzo, cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior. El Parlamento lo censuró, con 79 votos a favor, once en contra, y veinte abstenciones, tras los cuestionamientos por su responsabilidad política e “incapacidad” para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana. Tras el hecho, presentó su renuncia al cargo.

Santiváñez Antúnez ocupó la cartera del Mininter desde el 16 de mayo de 2024 hasta el 24 de marzo de este año, fecha en que el Gobierno aceptó su renuncia.

Regresó al Gobierno mediante otros cargos

Luego de su salida del Mininter, Santiváñez regreso al Gobierno pero esta vez como jefe de la Oficina General de Monitoreo Gubernamental, en abril de este año. El puesto había sido calificado como «de confianza».

Eduardo Arana, actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue consultado por RPP sobre esta designación, en donde aseguró que Santiváñez «no tiene poder de decisión» sobre el Gobierno de Dina Boluarte y que su labor se limitaba a «asesorar».

Santiváñez, en mayo de este año, también fue designado miembro del Consejo Directivo de la Sucamec en representación del Mininter.

Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II tras ser trasladado desde Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le dictó el Poder Judicial, mientras es investigado por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La tarde de ayer, viernes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó en un comunicado que la Junta Técnica de Clasificación dispuso que el exmandatario sea enviado al Establecimiento Penitenciario de Lurigancho; sin embargo, «por seguridad penitenciaria», se dispuso su traslado al penal de Ancón II.

Conocida la noticia, el exmandatario se pronunció en exclusiva para RPP y calificó como de «carácter política» la decisión, ya que -dijo- dos juntas clasificadoras del INPE determinaron que debía quedarse en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran los exmandatarios Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

“Después de una semana, llegó una segunda junta de calificación, que llegó este miércoles, hace dos días. Ya desde ahí sentí algo raro, que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles, determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel”, sostuvo Vizcarra, quien responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte por la decisión de su traslado a Ancón II.

Cronología del caso

Como se recuerda, el pasado 13 de agosto, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra Cornejo por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

Al día siguiente, el INPE determinó que el expresidente cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el penal de Barbadillo, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate.

No obstante, seis días después, el 20 de agosto, se declaró nula la clasificación del exmandatario en dicho penal y se dispuso que una nueva junta clasifique el centro penitenciario en el que cumplirá la medida en su contra.

La Defensoría del Pueblo expresó “su profunda preocupación” por esta decisión, y exhortó al INPE a disponer la permanencia de Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, en atención “a su calidad de expresidente de la República”.

“La Defensoría del Pueblo reafirma que el respeto a la igualdad ante la ley es un pilar de nuestro orden constitucional, por lo que resulta indispensable que las autoridades penitenciarias apliquen las disposiciones de manera objetiva, garantizando condiciones humanas y seguras para todas las personas privadas de libertad, en especial de quienes ocuparon la más alta magistratura de la Nación”, concluyó.

Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro del Interior, Carlos Malaver

Congresistas de diferentes bancadas presentaron una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, por la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

«En nuestro país se han registrado 1 377 homicidios tras 228 días del año 2025, según el Sinadef. En aproximadamente un mes se superará todo lo registrado en los años 2021 y 2022/2023, respectivamente. De acuerdo con Sinadef, cada 3 horas y 58 minutos se ha registrado un homicidio a nivel nacional en lo que va del año», se lee el documento.

En otro apartado se recuerda el atentado del 14 de agosto en la ciudad de Trujillo, región de La Libertad, así como la explosión en un gimnasio del Callao. «Estos hechos demuestran que la población se encuentra desprotegida, y es un aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso», se refiere.

En la moción, que ingresó a las 8:35 a. m. a la mesa de partes del Parlamento, se señala que Malaver Odias deberá responder a los cuestionamientos a su desempeño en el cargo, a la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

El texto lleva, entre otros, la firma de los congresistas Guillermo Bermejo, Víctor Raúl Cutipa, Nieves Limachi, Susel Paredes, Ruth Luque, Margot Palacios, Flor Pablo, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Edgar Reymundo, Robert Sánchez, Alex Flores.

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 22 preguntas.

Sentencia del TC no servirá para anular investigaciones contra Pedro Castillo

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que limita las investigaciones fiscales a Dina Boluarte, y a cualquier presidente de la República en ejercicio, no favorecerá al detenido exmandatario Pedro Castillo, procesado por el golpe de Estado de 2022 y por actos de corrupción.

Especialistas consultados por Perú21 coincidieron en que ese fallo, publicado el 19 de agosto, no es retroactivo, por lo que el golpista no podrá invocarlo para pedir la anulación de pesquisas que se desplegaron cuando era mandatario (2021-2022).

El penalista César Nakazaki explicó que el TC ha aclarado, por ejemplo, que de ahora en adelante los fiscales están prohibidos de allanar Palacio de Gobierno, como lo hicieron durante el mandato de Castillo.

“El Tribunal Constitucional ha marcado bien que como se trataba de una situación que no estaba definida, que había interpretaciones en contrario, recién queda claro que esto va de acá para adelante (…) No creo que (Castillo) pueda utilizar la sentencia como algún tipo de argumento jurídico para tratar de activar algo”, alegó.

Nakazaki, no obstante, argumentó que esa resolución sí puede ser usada por el profesor chotano como “arma política” para reclamar un trato diferenciado con respecto a Boluarte, quien no podrá ser investigada hasta 28 de julio de 2026.

Y es que en 2022, el mismo TC rechazó un habeas corpus del entonces jefe de Estado y avaló el allanamiento que hizo la Fiscalía a Palacio de Gobierno.

Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga detalló a este diario que la misma sentencia refiere que esta no aplica para casos graves como disolución del Congreso o si rompe el orden constitucional.

Agregó que, en ese sentido, el artículo 117 de la Carta Magna ya establece que si un presidente intenta disolver el Parlamento puede ser acusado durante su gestión.

VA POR LA NULIDAD

Pero el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, tiene una interpretación distinta. Aseveró que la sentencia del TC sí tiene efectos en procesos penales previos a su emisión y por eso pedirá la nulidad de los actos realizados contra su patrocinado cuando se encontraba en funciones.

“El TC no está creando una nueva norma, está haciendo una interpretación correcta del artículo 117, por eso dice que se suspenden las investigaciones de Boluarte que vienen de atrás”, expresó Ayala.

En esa línea, Ayala insistió en que pedirá anular la detención de su defendido que sucedió el 7 de diciembre de 2022, porque si bien ese día fue vacado por el Congreso —alega—, su captura sucedió cuando aún era gobernante.

Defensoría del Pueblo pide al INPE que Martín Vizcarra permanezca en el penal de Barbadillo

La Defensoría del Pueblo expresó “su profunda preocupación” por la reciente decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular de oficio la clasificación inicial del expresidente Martín Vizcarra, quien fue recluido en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo. Esta decisión modificaría su actual ubicación penitenciaria.

“Desde nuestra institución recordamos que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas bajo los principios de igualdad, dignidad y no discriminación”, sostuvo la entidad en un comunicado.

En ese sentido, indicó que la asignación de los expresidentes al establecimiento penitenciario Barbadillo se justifica por “objetivas razones de seguridad”, conforme a lo dispuesto en el numeral 9.5 de la Directiva Nº 006-2023-INPE-DTP, aprobada mediante Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario Nº 198-2023-INPE/P.

Dicha norma establece que, ante situaciones no previstas en la directiva, las decisiones deben ser adoptadas por el Consejo Técnico Penitenciario o por la Subdirección de Tratamiento de las Oficinas Regionales, y comunicadas oportunamente a la Dirección de Tratamiento Penitenciario.

“En ese contexto, tenemos que la prisión preventiva dispuesta en contra del expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo implica mantener un criterio similar y objetivo frente a situaciones análogas, como el tratamiento penitenciario a los expresidentes de la República”, sostuvo la Defensoría del Pueblo.

“Es por ello que, en el presente caso, rechazamos cualquier medida que implique un trato desigual que pueda afectar su vida, integridad o seguridad personal”, agregó.

Finalmente, el órgano constitucional autónomo exhortó al INPE a disponer la permanencia de Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, en atención “a su calidad de expresidente de la República y por las razones anteriormente señaladas”.