El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló en Prueba de fuego, de RPP TV, que actualmente hay 32 partidos políticos que están en proceso de inscripción para participar en las elecciones generales del 2026. De estos, estima que ocho lo logren, sumándose a los 42 que ya se encuentran registrados.
“En proceso hay 32, pero de esos, solo 16 podrían llegar hasta el 12 de abril de convocarse a las elecciones a inscribirse, […] estimamos que 8 sí realmente podrían hacerlo, así que podríamos tener 50 partidos”, indicó.
“El reto es muy grande, no solo para el sistema electoral, sino para el ciudadano. Con 50 partidos es un gran reto y alrededor de más de 10 000 candidatos. Nosotros, como sistema electoral, vamos a buscar siempre la mejora continua del marco normativo”, acotó.
Asimismo, al ser consultado sobre la propuesta de la bancada Podemos Perú respecto a que se permita incluir a invitados en la plancha presidencial, el titular del JNE manifestó que el “marco normativo” actual sí lo autoriza, pero en otro tipo de candidaturas, como la de senadores o diputados.
“Respecto a [las] iniciativas, se puede presentar. [No obstante] ya existe la posibilidad de que haya invitados, no en la plancha presidencial, pero sí en otro tipo de candidaturas, [como] senadores o diputados. Eso ya depende mucho de si el legislador finalmente toma esa decisión. Nosotros lo que vamos a garantizar es que ese marco normativo se cumpla y sean elecciones transparentes y que se cumpla todo el ordenamiento jurídico”, expresó.
“Vamos a apoyar que la afiliación” a los partidos políticos “sea en línea”
Además, Roberto Burneo señaló que, en conjunto con el Reniec, el JNE viene implementando una iniciativa para que la “afiliación” a los partidos políticos “sea en línea”, utilizando diversas herramientas tecnológicas.
“Ahorita [la afiliación] se hace en forma muy precaria, a través de planillones, se presentan y se demora entre 6 a 8 meses la verificación de las firmas de afiliación. Eso genera planillones escritos a mano, que se verifican a través de escáner y el ojo de expertos. Lo que queremos es que, utilizando la tecnología, la verificación facial, dactilar y otros mecanismos, por ejemplo, el DNI electrónico, se pueda afiliar a los futuros miembros de un partido o que quieran pertenecer a un partido”, manifestó.
En esa misma línea, el presidente del JNE explicó que trasladar el proceso al plano online permitirá que se acorten los tiempos de la inscripción de los partidos políticos.
“Lo que dura ahora entre seis y ocho meses, se haría en segundos, lo cual va a garantizar, nuevamente, la transparencia en el proceso respecto de que se pueda elevar la valla en cuanto a la conformación de partidos a través del voto”, concluyó.
Por mandato del juez Víctor Zúñiga Urday, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) incautaron 117 inmuebles de 12 personas, entre quienes se encuentran los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, y el exsecretario de organización de Fuerza Popular Pier Figari Mendoza.
La orden también comprende a Nancy Gallegos Vela, la viuda del exrector de la Universidad Alas Peruanas (UAP) Fidel Ramírez Prado y a sus hijas, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos. Los hermanos Joaquín y Osías Ramírez son sobrinos de Fidel Ramírez.
La Fiscalía de Lavado de Activos sostiene que Fidel Ramírez compraba o alquilaba inmuebles a Joaquín y Osías Ramírez para el funcionamiento de locales de la UAP, mediante contratos leoninos.
Para obtener respaldo político de Fuerza Popular, el clan Ramírez facilitó a Keiko Fujimori la transacción de un predio de 1.035 metros cuadrados en una zona exclusiva de Cieneguilla y simuló la contratación como asesor de Pier Figari.
De acuerdo con la Fiscalía de Lavado de Activos, Keiko Fujimori, los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, así como la viuda Nancy Gallegos y sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, y con ellos Pier Figari, son parte de una organización criminal que se benefició con la expoliación de los recursos de la universidad.
En la orden judicial de incautación no aparece Keiko Fujimori porque, según la base de datos de Registros Públicos, no cuenta con predios a su nombre.
Otros involucrados en el caso de lavado son Rosa Castañeda Cubas, Marco Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Morales Rojas, Marcos Aponte Andrade y Edmond Jordan Montes. Justamente, Edmond Jordan, a quien se atribuye el papel de operador de Joaquín Ramírez, fue quien negoció con Keiko Fujimori la venta de inmueble de Cieneguilla.
La defensa de la UAP estima en S/500 millones el monto que el clan Ramírez y sus cómplices desfalcaron a la universidad.
En abril del 2023, el juez Víctor Zúñiga dispuso la incautación de inmuebles de las 12 personas mencionadas, y también 41 inmuebles de la UAP. Sin embargo, la defensa de la universidad apeló la medida por considerarla arbitraria, por lo que una sala superior impuso al magistrado que individualizara las incautaciones. Mediante una nueva resolución, corrigió el defecto, ratificó la medida contra los bienes de la UAP e identificó a las personas cuyos inmuebles serían objeto de incautación.
Cajamarca. Inmueble de Joaquín Ramírez a nombre de una de sus empresas. Foto: La República
Inmuebles como cancha
De acuerdo con las resoluciones judiciales a las que tuvo acceso La República, en el caso del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, le fueron incautados 53 inmuebles, inscritos a su nombre y de 8 de sus empresas, entre ellas, Lima Ingeniería y Construcción. Durante la campaña presidencial de 2016, Keiko Fujimori estableció su centro de operaciones en una residencia de la calle Bucaré, La Molina. El inmueble pertenecía a Lima Ingeniería y Construcción, que era parte de la red de lavado de Joaquín Ramírez, conforme a la imputación de la Fiscalía.
Procedió la incautación de 54 inmuebles inscritos a nombre de las empresas Capricornio Import, Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II, Lima Ingeniería Construcción, Imporgraf, Mondreu, Norgrifo y Constructora Inmobiliaria Habitaria.
En el caso de la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos, y de sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, el juez Zúñiga mandó la incautación de 30 inmuebles.
Respecto al excongresista Osías Ramírez Gamarra, hermano de Joaquín Ramírez Gamarra, se intervinieron 4 propiedades.
El juez Víctor Zúñiga basó su decisión en la acusación de la Fiscalía de Lavado de Activos, que señala que la organización criminal organizada presuntamente por Joaquín Ramírez, contaba con el respaldo de un “brazo político” para consumar actos ilícitos, y que lo integraban la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exsecretario general del partido Pier Figari Mendoza.
El brazo naranja
“El denominado ‘brazo político’ habría estado constituido por Keiko Fujimori Higuchi y Pier Figari Mendoza, quienes habrían otorgado un blindaje político a través del impedimento de propuestas legislativas para crear instituciones que supervisen a las cooperativas y las universidades, de forma que la organización criminal pueda seguir subsistiendo como tal”, señala la resolución judicial.
Joaquín Ramírez además financió la campaña presidencial de Keiko Fujimori con fondos obtenidos del desfalco a la UAP. Nada era gratis.
“La organización criminal contaba con un blindaje político por parte del partido político Fuerza Popular a cargo de Keiko Fujimori Higuchi, quien a través de Joaquín Ramírez Gamarra (aportes provenientes de sus empresas de fachada) y Pier Figari Mendoza (aportes provenientes de pagos de las empresas de fachada de Joaquín Ramírez Gamarra por irregulares consultorías) obtenía los activos necesarios para su campaña, la cual aceptaba a cambio de blindar a la casa de estudios de ser fiscalizada por el Congreso”, se indica en la resolución judicial.
Según la descripción de los hechos que configurarían como actos de lavado de activos, se menciona una simulación de compra de un predio de Keiko Fujimori en Cieneguilla.
“El inmueble que fue adquirido por Keiko Fujimori Higuchi por el monto de US$144.946. Y fue obtenido por Edmon Jordan Montes al precio de US$201.010. La imputada (Keiko Fujimori) ha reconocido que obtuvo una ganancia de US$80.000 proveniente de los actos fraudulentos (atribuidos a Joaquín Ramírez)”, se explica en los fundamentos de la orden de incautación.
Trujillo. Propiedad de Maribel Ramirez Gallegos, una de las hijas del ex rector de la UAP, Fidel Ramírez Prado, intervenida judicialmente. Foto: La República
Estrictamente confidencial
Keiko Fujimori también aceptó de Joaquín Ramírez la cesión de un inmueble en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, en Miraflores, que pertenecía a una de las empresas de fachada del excongresista fujimorista y actual alcalde provincial de Cajamarca.
Cuando Keiko Fujimori usó el inmueble de La Molina, la casa de la avenida Arequipa y vendió un predio de Cieneguilla, estaba enterada de que Joaquín Ramírez Gamarra era objeto de investigación fiscal por lavado de activos. Pero no tuvo reparos en contar con el apoyo del excongresista.
Se incluye el testimonio del expiloto de aviación Jesús Vásquez Ybáñez, quien afirmó que Joaquín Ramírez le confió que Keiko Fujimori le entregó US$15 millones para que los “lavara” presuntamente mediante una cadena de grifos. Joaquín y Osías Ramírez contaban con empresas dedicadas al negocio de la venta de combustible. Al hacer una revisión de los libros contables, la Fiscalía de Lavado de Activos detectó aumentos de capital inusuales, que llegan hasta S/34,8 millones. Para la Fiscalía, el origen de este dinero sería ilícito. Esto explica el porqué de las incautaciones a Osías Ramírez.
Por su parte, la defensa de la Universidad Alas Peruanas señaló que la decisión del juez Víctor Zúñiga es arbitraria porque la institución fue víctima del desfalco perpetrado por el clan de los Ramírez. Recordó también que fue la UAP la que denunció a los Ramírez. Por lo tanto, apelará la decisión del juez Zúñiga.
“En 20 años de actividad, la UAP generó ingresos por US$1.600 millones. La suma de todos los bienes que posee la casa de estudios no representa ni el 17% de ese monto. Entonces, ¿cómo podría existir desbalance si los ingresos de la UAP fueron ampliamente superiores a sus bienes? La inexistencia de desbalance fue confirmada por los peritos del propio Ministerio Público”, indicó la defensa.
Dina Boluarte rompió en llanto. Este 25 de febrero, la presidenta de la república asistió a su natal distrito de Chalhuanca, ubicado en el departamento de Apurímac, para dar inicio a la construcción del nuevo centro de salud municipal. En su mensaje de apertura, la mandataria recordó su infancia en tierras aymarinas y no pudo contener sus lágrimas.
En un momento dado, la jefa de Estado agradeció a los diversos distritos y las comunidades de la provincia de Aymaraes por hacerse presentes en su visita. Ante la música interpretada por una banda local, Boluarte recordó su tierra, su colegio, su infancia jugando carnavales y, finalmente, al mencionar la posta médica municipal, se quebró.
El público tuvo que aplaudir a la presidenta para que pudiera continuar con su presentación. Por su parte, la crítica en las redes sociales no se ha hecho esperar. Cientos de usuarios acusan a la mandataria de «fingir su tristeza«, señalando que el Perú atraviesa su peor crisis de inseguridad reciente y Boluarte «no hace nada al respecto».
Boluarte habla de la pobreza
La presidenta rompió en llanto al recordar la pobreza que sufren los vecinos de su distrito natal. Según precisó, transcurrió su infancia entre comparsas carnavalescas y corridas de toros, participando en sus fiestas regionales, mas nunca hubo una mejora en el centro de salud. Así, lamentó a todos aquellos que murieron por esta falta de condiciones médicas.
«Está todo Aymaraes en nuestro querido Chalhuanca. Está nuestra banda de guerra. ¿Cómo no recordar cuando de niña íbamos a ver las corridas de toros con nuestro Señor de Ánimas? ¿Cómo no recordar cuando salíamos en comparsa carnavalesca, así estuviese lloviendo, a festejar? (…) Y, en aquellos momentos, miraba una posta médica…», señaló la mandataria antes de llorar.
Luego del trágico derrumbe del techo en el Real Plaza de Trujillo, que hasta el momento habría dejado un saldo de seis muertos y más de ochenta heridos, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, acusado de delitos de corrupción, generó controversia con una publicación en su cuenta de X (antes Twitter). En su mensaje, hizo referencia al desastre y aseguró que, si Carlos Rodríguez Pastor, CEO del grupo Intercorp —grupo propietario del Real Plaza—, fuera encarcelado por lo sucedido, él mismo se entregaría a la justicia, a pesar de la condena que lo mantiene en condición de prófugo.
«Si encarcelan a Rodríguez Pastor por el homicidio real de seis ciudadanos y 84 heridos graves en Trujillo, mañana mismo me entrego por el ‘daño potencial’ del que me acusan», escribió Cerrón en su publicación. Lejos de interpretarse como una crítica hacia la tragedia, su comentario fue duramente cuestionado. Muchos usuarios en redes lo acusaron de querer desviar la atención hacia su propia situación y de trivializar la tragedia ocurrida en la ciudad norteña.
Vladimir Cerrón ya se ha burlado de la justicia antes
En otras ocasiones, Cerrón ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes desde la clandestinidad. El pasado 15 de diciembre, difundió un video de 23 segundos en el que se muestra una carretera cubierta de nieve en una zona del interior del país. La grabación, que aparentemente corresponde a un tramo de la Carretera Central, incluía una breve descripción: «En algún lugar de un gran país».
El tuit de Cerrón fue criticado | Fuente: X.
Aunque no se ha confirmado si él mismo grabó el video, varios usuarios en redes señalaron entonces que la ubicación correspondería al tramo entre Ticlio y Huancayo. Cerrón no brindó más explicaciones sobre la publicación, que coincidió con su onomástico el 16 de diciembre.
Pero este tuit no ha sido la única muestra de falta de respeto hacia las autoridades de parte del líder perulibrista. Durante octubre de 2024, el prófugo líder del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia brindó dos entrevistas a pesar de tener una orden de captura. La primera fue con el diario ‘El Dato’ de Lambayeque, en la que criticó a otras organizaciones políticas. La segunda, concedida por escrito al programa dominical ‘Cuarto poder’, estuvo enfocada en cuestionar al Gobierno de Dina Boluarte; en esa ocasión, que la mandataria, acusada de protegerlo desde la clandestinidad- sería vacada antes de junio de 2025.
En la misma línea de declaraciones, Cerrón se refirió a Juan José Santiváñez, ministro del Interior, quien, por sus funciones, es responsable de su captura. El prófugo calificó al titular de esta cartera como «figureti» y «torpe»: «Él no ha aprendido que las cosas en política no se hacen como uno quiere, sino como las condiciones objetivas lo permiten. Esto lo convierte en un perfecto incapaz, un iluso, un subjetivo, un ‘figureti’, además de torpe», destacó. Actualmente, Cerrón lleva más de 500 días sin responder ante los pedidos de la justicia nacional.
Vladimir Cerrón: una crítica inadecuada ante una tragedia
En declaraciones a La República, el politólogo Martín Ueda, director académico de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales Leviatán, sostuvo que las palabras de Cerrón fueron inapropiadas para una figura política de su alcance, especialmente en el contexto de una tragedia como la ocurrida en Trujillo.
«Fiel a su estilo sarcástico, afirma que se entregará a la justicia siempre y cuando se encarcele a Rodríguez Pastor, líder de Intercorp. No hace falta decir que es una declaración inadecuada. Aprovecha la situación para deslegitimar el sistema judicial», señaló.
Sin embargo, Ueda también advirtió que, más allá del tono empleado por Cerrón, no debe pasarse por alto la necesidad de investigar y fiscalizar a los grandes empresarios vinculados a tragedias como esta. Razón por la cual el tema no debe ser reducido a una simple mofa.
«Un tema de fondo que suele ser ignorado es la falta de presión pública para exigir respuestas institucionales claras a quienes ostentan gran poder económico. A diferencia de los políticos, su nivel de escrutinio es reducido o, en muchos casos, inexistente», puntualizó.
Por su parte, Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también consideró que el comentario de Cerrón carecía de la seriedad adecuada para el caso.
«Es un comentario totalmente desatinado, sobre todo proviniendo de un prófugo de la justicia que lleva meses protegido por las altas esferas del gobierno de Boluarte. Este tipo de mensajes no tiene como objetivo protestar frente a la tragedia que ha afectado a la población de Trujillo, sino es obtener réditos políticos de estos sucesos», apuntó.
Mejia consideró que este comentario solo es una muestra de la constante degradación política que sufrimos como país: «Que el líder de un partido político se manifieste en un tono sarcástico y burlesco, contrario a las condolencias que se debe expresar a las familias afectadas, pone en manifiesto la mediocridad de nuestra clase política«, sentenció.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que no va a permitir que los escolares sean envenenados con ideología de género ni mensajes de odio en los centro educativos.
«Respetamos la identidad de género que quieran adoptar las personas, pero este debate no debe darse en los espacios educativos. No debemos permitir que confundan a los niños. Que queda claro, todos debemos estar en alerta», señaló, según cita el diario El Peruano.
Boluarte Zegarra, que afronta una serie de investigaciones en la Fiscalía, expresó que respeta el derecho que tienen todos a elegir su identidad y agregó que corresponde al Congreso hacer las leyes que les den un trato igualitario.
Agregó que la educación debe centrarse en valores, conocimientos y el desarrollo integral de los niños y jóvenes.
La jefa del Estado dio estas declaraciones durante la reunión de trabajo que sostuvo con el gobernador regional de Ica, Jorge Carlos Hurtado Herrera, a quien le pidió su participación directa para supervisar la enseñanza en las escuelas de su región.
Boluarte acudió a Fiscalía para responder por caso Qali Warma
Boluarte acudió la mañana de este lunes a la sede principal del Ministerio Público, en el Cercado de Lima, para responder en el marco de la investigación preliminar que se sigue por el caso Qali Warma.
La mandataria fue citada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para dar sus descargos en lo que respecta a sus actos funcionales cuando era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Por esa causa, viene siendo investigada por el presunto delito de negociación incompatible.
Segúhn la hipótesis fiscal, Dina Boluarte, en su condición de ministra de Estado, habría favorecido con contratos del programa Qali Warma a la Corporación Belcen, empresa que le pertenece a Cluteldo Beltrán Salinas.
Los contratos que investiga la Fiscalía son los que obtuvo la compañía para la provisión de alimentos por 4 700 000 soles en el programa Qali Warma, adscrito al Midis.
La presidenta Dina Boluarte acudió ayer a la sede del Ministerio Público para declarar sobre su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo.
La mandataria respondió por el presunto delito de negociación incompatible en la investigación preliminar que se le sigue por el caso Qali Warma. La diligencia tuvo una duración de 4 horas y 40 minutos.
La Fiscalía investiga si Boluarte favoreció con contratos a la Corporación Belcen, empresa de Cluteldo Beltrán Salinas, para la provisión de alimentos al programa Qali Warma por un monto superior a 10 millones de soles, cuando su actual vocero de Palacio, Fredy Hinojosa, era director ejecutivo.
Cluteldo Beltrán es hermano menor de Eduvigis Beltrán Salinas, quien, según la acusación de la profesora Maritza Sánchez y del empresario Henry Shimabukuro, fue uno de los aportantes de la campaña electoral de Dina Boluarte a la vicepresidencia en 2021.
Además, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, investiga la presunta responsabilidad del Estado en la compra de alimentos defectuosos para el programa, los cuales provocaron intoxicaciones en alumnos de colegios estatales de Puno y Cajamarca, lo que llevó a que el programa social cambiara de nombre a Wasi Mikuna.
Por otro lado, hoy la presidenta Dina Boluarte acudirá nuevamente a la Fiscalía para rendir declaración por el caso “Cofre”, en el que se le investiga por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado.
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