El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, envió un oficio a la Cancillería para informar que no se autorizó el viaje de legisladores con la comitiva oficial de la presidenta Dina Boluarte que la acompañará a China a fines de este mes.
Soto Reyes enfatizó en el documento que, como resultado de las medidas de austeridad adoptadas en el Parlamento, no es posible autorizar viajes de congresistas para actividades «que no estén vinculadas con sus funciones constitucionales».
El Congreso de la República autorizó el pasado 5 de junio el viaje de Dina Boluarte a China del próximo 23 al 30 de este mes para efectuar una visita de Estado por una invitación oficial realizada por el Gobierno chino.
La delegación del Despacho Presidencial que acompañará a Dina Boluarte durante su visita al país asiático solo estará integrada por siete funcionarios. Algo que había anticipado en la víspera el mismo canciller Javier González Olaechea, quien añadió que posiblemente iban a ir congresistas; sin embargo, eso no sucederá.
RPP tuvo acceso al oficio que el canciller Olaechea había enviado al Legislativo para invitar a seis congresistas viajar a China con la mandataria. Este documento es del 27 de mayo, días antes de que el Parlamento apruebe el viaje de Boluarte Zegarra.
La mandataria sostendría una reunión bilateral en Pekín con el mandatario chino, además de otras actividades en las ciudades de Shenzhen y Shangai.
El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana el dictamen que establece candados para que los condenados por delitos como asesinato, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, entre otros, no puedan postular a cargos de elección popular hasta 10 años después de haber sido rehabilitados. Así, se cerrarían las puertas de las elecciones a eventuales candidatos presidenciales como Antauro Humala, sentenciado por el caso “Andahuaylazo”en que el que cuatro policías fueron asesinados.
Sin embargo, la norma recién se puso en agenda el lunes, pues antes estuvo encarpetada por casi seis meses.
Uno de los motivos que habrían llevado a un retraso en la priorización del tema tendría que con la duda de algunas bancadas del Parlamento sobre si el texto afectará o no a sus líderes.
De acuerdo con expertos consultados por Correo, la eventual aprobación de la norma no afectaría a todos aquellos que aspiren a las elecciones (ver infografía).
DETALLES
La propuesta de reforma constitucional que modifica los artículos 34-A y 39-B fue presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) en enero del 2023.
El texto mantiene la figura original de que están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de un delito doloso.
Lo que se añade es que las personas que hayan recibido una sentencia efectiva o suspendida por delitos referidos a terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, tendrán el impedimento de postular hasta 10 años después de haber sido rehabilitadas.
Si la reforma constitucional se aprueba, Antauro Humala, quien recuperó su libertad en 2022 tras cumplir una sentencia de 17 años y ocho meses por el delito de homicidio y secuestro, no podrá postular a la presidencia.
Porque de acuerdo a la nueva norma, el hermano del expresidente Ollanta Humala todavía podría aspirar a algún cargo de elección popular a partir del año 2032.
En el caso del expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo mientras es investigado por el golpe de Estado, ante una eventual sentencia tampoco podría postular.
Esto debido a que es procesado por rebelión y conspiración, ambos son delitos que se encuentran en el apartado de delitos contra poderes del Estado. Según la iniciativa del Congreso, si una persona fue condenada por estos delitos y cumplió su sentencia, tendrá que esperar 10 años para aspirar a un cargo de elección popular o para ser nombrado en un cargo de confianza.
ANÁLISIS
Para el abogado Jonathan Correa, con la modificación de la norma se entiende que el expresidenteAlberto Fujimori, condenado por el delito de homicidio, no podría postular.
El motivo: El cambio de la Constitución que se plantea establece que una persona con sentencia por determinados delitos no puede postular hasta 10 años después de haber sido “rehabilitada”, es decir, un tiempo luego de haber cumplido su condena.
“Él no ha cumplido la condena. Ahora hay un limite temporal. Él ha tenido un indulto que es una suerte de perdón y no está dentro del concepto de rehabilitado, que es una forma de reinsertarse a la sociedad luego de haber cumplido con su pena. Y el señor no ha terminado de cumplir”, indicó.
El letrado del Estudio Ugaz Zegarra explicó que el impedimento para postular por delitos dolosos, siempre ha existido. Sin embargo, lo que se ha incorporado ahora es establecer un marco temporal para que determinadas personas puedan postular tras 10 años después de haber cumplido su sentencia.
“Bajo la lectura que he dado, el señor Fujimori no debería postular, no se le debería permitir postular”, agregó.
Por su parte, el penalista Andy Carrión consideró que Fujimori Fujimori no podría postular en el 2026, porque -según la nueva norma- porque sus 10 años de rehabilitación se cumplen en el 2027, debido a que recibió el indulto en el 2017. “Hay un impedimento. De hecho, no hubiera podido haber postulado (aunque la norma no se cambie)”, indicó.
Agregó que si si bien se busca impedir la postulación de Antauro, se estaría afectando al propio Fujimori.
Antauro Humala se encuentra realizando campaña presidencial por todo el Perú con la garantía de que podrá postular en las elecciones 2026.
CANDIDATOS
Sobre el caso de Keiko Fujimori, quien se encuentra ad portas del inicio de un juicio oral por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal, el abogado Correa consideró que de recibir una eventual sentencia en primera instancia no podría postular porque así lo establece actualmente la norma, sin necesidad de que el Congreso haga cambios.
“Se le aplicaría el impedimento general. Hay que leer la norma completa y no solo la modificatoria. En la primera instancia ella no podría postular”, afirmó.
Lo mismo ocurriría para el expresidente Ollanta Humala, que actualmente afronta un juicio oral por el caso Odebrecht.
Es decir, que según el penalista Correa no podría postular si es sentenciado en una primera instancia.
Por su parte, el penalista Carrión se pronunció en un sentido diferente.
Él sostiene que si Keiko es sentenciada en primera instancia por los delitos de lavado de activos y organización criminal, sí podría postular.
“A pesar de que la norma actual menciona una sentencia de primera instancia, se sobrepone la presunción de inocencia. Hay un tema constitucional que dilucidar ahí, ¿por qué te van a presumir culpable? Entonces, en el caso de Keiko aún no está claro”, apuntó.
Bajo el mismo argumento, Ollanta sí podría postular.
En tanto, el expresidente Alejandro Toledo, procesado por colusión y lavado de activos, podría postular a pesar de tener una sentencia en una primera instancia con la postura de la “presunción de inocencia”, mientras que en una situación similar estaría la exprimera dama Nadine Heredia, quien afronta un juicio por el delito de lavado de activos.
La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó someter a debate el proyecto de ley que prohíbe a personas con condenas cumplidas por delitos como terrorismo, homicidio, tráfico de drogas, corrupción y otros, postular a la presidencia. Esta iniciativa ha generado polémica, ya que se considera que está dirigida a impedir una eventual candidatura del líder etnocacerista Antauro Humala, quien ha estado haciendo campaña con miras al proceso electoral de 2026.
Ante el fin de la legislatura programada para el 15 de junio, la Junta de Portavoces priorizó que este tema ingresara en una de las sesiones del Pleno que se desarrollarán durante esta semana. También se conoció que, a fin de que este tema no quede en el aire, el sábado también se desarrollará una sesión plenaria, desde las 10 de la mañana.
En tanto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, pedirá a la Comisión de Constitución y Reglamento que ponga a debate el proyecto, el cual se encuentra en cuarto intermedio desde diciembre de 2023. Tras la decisión de la junta, este pasó a formar parte de la agenda priorizada del Pleno.
Aunque existen discrepancias respecto al texto final del dictamen, de aprobarse este proyecto de reforma constitucional se impediría una eventual candidatura presidencial de Antauro Humala, quien cumplió prisión por los delitos de homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros en el caso del ‘Andahuaylazo’ de 2005.
¿Sobre qué trata la iniciativa?
Para la elaboración del dictamen se acumularon 22 propuestas legislativas, la cual fue aprobada por mayoría en la Comisión de Constitución. Posteriormente, ingresó a debate en el Pleno en diciembre de 2023, pero quedó congelada debido a que se pasó a un cuarto intermedio. Desde esa fecha, Martha Moyano, en su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución, estaría buscando los votos necesarios para su aprobación.
El dictamen precisa que no podrán postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de un delito doloso.
En el caso de las personas condenadas por delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, el impedimento se mantiene por 10 años después de haber sido rehabilitadas. También estarán impedidas de ser designadas en cargos de confianza.
En tanto, al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requieren ser aprobados con al menos 87 votos en dos legislaturas consecutivas. Se debe tener en cuenta que la convocatoria a elecciones generales para el 2026 se realizará en abril de 2025.
Aún no hay alianza entre Antauro y JPP
En tanto, frente a los trascendidos de que la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) y Juntos por el Perú (JP) habrían sellado una alianza electoral con miras a los comicios generales del 2026, el congresista de Cambio Democrático, Roberto Sánchez, indicó que aún no hay una alianza forma, solo conversaciones preliminares.
El Congreso aprobó en primera votación, con 74 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones, el dictamen que plantea que las peluquerías y salones de belleza solo paguen un 8% por concepto de IGV.
De acuerdo con la iniciativa, que aún tiene que se aprobada en segunda votación y posteriormente enviada al Ejecutivo, plantea una tasa especial para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad antes mencionada, con la finalidad de promover la formalización y reactivación económica de este sector.
Para la aplicación de esta medida, se tienen que inscribir ante la Sunat con el código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) “y afectarse a la tasa especial de IGV dispuesta para la actividad de peluquería y otros tratamiento de belleza”.
Esta medida es similar a la que se aplica a los negocios del rubro de hoteles, alojamientos y restaurantes, que pasaron de pagar el 18% por IGV a 8%.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla (FP), manifestó que lo que se busca es la formalización y mayor recaudación con una medida de este tipo.
El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para imponer prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Rechazan pedido de prisión preventiva
El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday, negó el requerimiento del Ministerio Público para revocar la comparecencia con restricciones.
«El Poder Judicial rechaza requerimiento de la Fiscalía para revocar comparecencia con restricciones e imponer la prisión preventiva a Keiko Fujimori, acusada por el delito de lavado de activos», se lee en la publicación oficial del Poder Judicial.
La disposición judicial responde al pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien argumentó que se ha incumplido las reglas de conducta establecidas por el Poder Judicial. Entre estas reglas se encuentra la prohibición de ausentarse de la ciudad de su domicilio sin autorización previa por escrito del juzgado.
Ello, en el marco del caso conocido como ‘Cócteles’, donde Keiko Fujimori es imputada por presunto lavado de activos y recepción de aportes ilícitos en sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Durante la audiencia virtual, la abogada de Fujimori cuestionó el pedido del fiscal José Domingo Pérez argumentando que no se ha presentado ningún elemento objetivo para su solicitud.
«¿En qué se sustenta el fiscal para especular que Keiko Fujimori no estará presente en el juicio, como lo ha estado siempre, llana a presentarse en el sistema de justicia? El Ministerio Público no le trae ni un elemento objetivo», expresó.
«No hay posibilidad que vuelva a prisión»
Como se recuerda, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, descartó que el Poder Judicial declare prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. La letrada aseguró que «no existe posibilidad legal de que ella vuelva a prisión».
Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en Exitosa Te Escucha, Loza manifestó sentirse segura de que el juez encargado rechazaría la petición del Ministerio Público, alegando que su patrocinada ha cumplido con una «actuación estricta» a las disposiciones judiciales.
«Esto se va a archivar y esperamos que el día 12 de junio (…) el juez rechace la petición del Ministerio Público porque -visto todo el expediente y la actuación estricta de Keiko en sus reglas de conducta-no hay posibilidad legal alguna que ella vuelva a prisión», declaró para nuestro medio.
Afirma también que la lideresa de Fuerza Popular puede movilizarse dentro y fuera del país sin necesidad de autorización previa: «Keiko puede movilizarse dentro y fuera del país sin pedir autorización. Así se lo precisaron ayer».
Es importante destacar que esto ocurre después de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunciara el pasado martes que había viajado al extranjero al aceptar una invitación para participar en un evento académico en la Dominican University of California.
De esta manera, se dio a conocer que el Poder Judicial negó el pedido de prisión preventa solicitado por la Fiscalía contra Keiko Fujimori.
Antauro Humala sigue encaminando lo que será su postulación presidencial para las elecciones del 2026 luego de anunciar una alianza entre su agrupación Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) y Juntos por el Perú.
Palabras del presidente de Juntos por el Perú
El propio líder etnocacerista dejó en claro que esta decisión fue tomada pues considera a los integrantes de este movimiento como compañeros de lucha.
«Comparten muchos de nuestros objetivos políticos, revolucionarios, nacionalistas. Son bienvenidos», expresó.
Por su parte, el presidente de la agrupación Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que esta unión con Antauro Humala aún no es del todo confirmada, pero reconoció haberse reunido con el condenado por asesinato en el caso Andahuaylazo.
«Las reuniones políticas para conocer visiones de país, lo que hacemos los políticos es dialogar y conocer las posturas de otros partidos. Las alianzas se definen aún en julio del 2025. Es prematuro por ahora», indicó a La República.
Será querellado
En diálogo con Exitosa, el excomandante general del Ejército, Otto Guibovich, anunció que presentará una querella en contra de Antauro Humala por presunta difamación agravada en el caso Andahuaylazo.
Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el también excongresista indicó que esta medida responde a la acusación del hermano del expresidente acerca de su presunta responsabilidad en la muerte de lospoliciales que perdieron la vida en el trágico caso.
«Tratar de excusarse de sus actos es una cobardía, una absoluta cobardía. (…) Independientemente de la querella por difamación agravada que le voy a plantear, me gustaría aclarar ante la ciudadanía qué es lo que pasó realmente con documentos», declaró para nuestro medio.
Antauro Humala salió en libertad en el 2022
Como se recuerda, en 2005 Antauro Humala fue condenado a 19 años de cárcel por el caso Andahuaylazo donde se reveló en armas junto a 160 reservistas con el fin de remover a Alejandro Toledo de Palacio de gobierno.
Pero ante la sorpresa de todos, el líder etnocacerista fue puesto en libertad en el 2022 luego de cumplir su condena. Según informó el INPE en su momento, el hermano de Ollanta Humala Tasso se acogió a la modalidad de redención por trabajo y educación para aminorar su pena.
De esta forma, Antauro Humala se mantiene firme en sus intenciones de postular a la Presidencia del Perú en las elecciones del 2026 tras anunciar su alianza con Juntos por el Perú.
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