La Policía Nacional del Perú ejecutó un megaoperativo de fiscalización y verificación de identidad dirigido a ciudadanos extranjeros en diversos distritos de la capital, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Más de 250 personas fueron intervenidas y trasladadas al Complejo Policial Comandante Juan E. Benites Luna, conocido como Los Cibeles en Rímac, donde se realizó el control documentario correspondiente.
El despliegue contó con la presencia del ministro del Interior, Hugo Begazo, quien estuvo acompañado por el jefe de la Región Policial Lima Centro, Francisco Vargas; y el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares. Las autoridades supervisaron el proceso de identificación y la revisión de la situación migratoria de los intervenidos.
Más de 100 personas podrían enfrentar sanciones por irregularidades en su estatus migratorio. Foto: Migraciones.
Verificación documentaria y posibles sanciones
Durante la jornada participaron más de 30 especialistas, quienes validaron carnés de extranjería, permisos de permanencia y solicitudes de refugio. Como resultado preliminar, se detectó que un grupo de intervenidos presentaba documentos vencidos o inconsistencias en su estatus migratorio, lo que podría derivar en sanciones administrativas.
El panorama político para la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se torna cada vez más complejo. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por proyectar una imagen de neutralidad y gestión técnica, las bancadas de Renovación Popular y Avanza País han manifestado una postura de confrontación, y han señalado que no otorgarían el voto de investidura en la sesión plenaria del próximo miércoles 18 de marzo.
El Congreso de la República se prepara para una de las sesiones más determinantes del gobierno de transición. La jefa del Gabinete, Denisse Miralles, acudirá al Pleno para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza, en medio de fuertes cuestionamientos a la idoneidad de varios de sus ministros.
Renovación Popular y Avanza País negarían el voto de confianza
La bancada de Renovación Popular ha sido la primera en marcar una postura radical. A través de un comunicado y declaraciones de sus voceros, la agrupación anunció que negará la confianza al gabinete Miralles. El grupo parlamentario justifica su decisión alegando un presunto «pacto político» en la distribución de las carteras y cuestionando la idoneidad de algunos ministros que enfrentan procesos de investigación.
Por su parte, en Avanza País predomina una vigilancia estricta, donde se cuestiona la idoneidad de los siete ministros que mantienen investigaciones fiscales abiertas, entre ellos los titulares de Interior y Defensa.
Al respecto, la legisladora Diana Gonzales señaló a La República que respaldará la posición del candidato presidencial de su agrupación, José Williams, quien ya adelantó su rechazo al voto de investidura. Gonzales precisó, además, que la bancada se reunirá próximamente para definir una postura institucional colegiada frente al Gabinete Miralles.
Williams mencionó que su respuesta negativa se debe a que el poder se ha centrado en un partido, en APP, y «ahí tenemos desconfianza». En esa misma línea, la parlamentaria Gonzales indicó que la designación de Miralles es parte del co-gobierno entre la Alianza por el Progreso y la izquierda radical que representa al presidente Balcázar.
«La propia señora Miralles ha reconocido que no propuso a ninguno de los integrantes del gabinete. Este dato es gravísimo, que significa que no tiene autonomía para conducir el Consejo de Ministros, que no ha podido conformar un equipo alineado a una estrategia clara y eso nos lleva a una conclusión preocupante», reveló.
Somos Perú, Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú aún no deciden sus votos
Por otro lado, el vocero de Somos Perú, Héctor Valer, señaló a La República que su bancada aún no ha definido el sentido de su voto. Según explicó, el grupo parlamentario se reunirá tras la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, programada para el viernes 11 de marzo, fecha a partir de la cual fijarán una postura oficial frente al pedido de confianza.
A título personal, Valer adelantó su disposición a otorgar la confianza al Gabinete Miralles, destacando que los titulares de Salud y Desarrollo Agrario poseen el perfil adecuado para dar continuidad a la gestión de Balcázar. No obstante, reconoció que la bancada se encuentra fraccionada: ‘De alguna manera estamos partidos’, admitió. En contraste, su colega de bancada, Alfredo Azurín, ya ha adelantado que votará en contra de la investidura.
A diferencia de agrupaciones como Renovación Popular, que ya han cerrado la puerta al diálogo, el fujimorismo ha optado por un silencio estratégico. Fuentes cercanas a la agrupación señalan que no existe una decisión unánime y que el sentido de sus votos se definirá en una reunión de bancada programada para los días previos a la presentación oficial en el Pleno.
Aunque Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, manifestó su rechazo a la conformación del gabinete liderado por Denisse Miralles, reveló que será la bancada la que adoptará una decisión responsable respecto al voto de confianza.
En esa misma línea, el congresista Guido Bellido (Podemos Perú) señaló a este medio que su bancada aún evalúa el sentido de su voto. Precisó que esperarán a escuchar la exposición de la primera ministra Miralles, pues su respaldo dependerá de las propuestas en seguridad ciudadana, atención de desastres naturales y la garantía de continuidad para las obras públicas en curso.
Carlos Zevallos,congresista de Acción Popular, indicó que su bancada ha decidido no otorgar el voto de confianza mientras no se marquen deslindes políticos de Vladímir Cerrón. Asimismo, añadió que escucharán la presentación del gabinete, pero mantienen su posición de negar la confianza mientras no se hagan esas modificaciones.
“Mi bancada adoptó la decisión de no dar el voto de confianza mientras no se deslinde con el señor Vladímir Cerrón ni tampoco se separe de los ministros que son parte del pacto que anteriormente tenían con los acuñistas”, sentenció.
El congresista Neomías Dávila de Perú Libre reveló para La República que en conjunto con su bancada, primero escucharán en bloque para tomar una decisión.
El congresista Darwin Espinoza comunicó a Canal N que está seguro de que la bancada Podemos votará por la confianza al gabinete. De acuerdo al parlamentario, mantiene positiva la respuesta de su bancada: «Tomando en consideración la votación o la posición que hemos tenido en la elección del nuevo presidente, yo estoy seguro de que así va a ser», señaló
Congresistas debaten en votar a favor o en contra del gabinete
Algunos parlamentarios conversaron con La República y dieron a conocer sus posturas frente al voto de confianza próximo al 18 de marzo.
El parlamentario Edwin Martínez de Acción Popular señaló que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el voto de confianza. “Aún no lo evalué. Pero no habría motivo para no darlo. Si hubiera ministros cuestionados dentro del gabinete, podría pensar en no dar el voto de confianza. Pero todavía no he evaluado a fondo a los ministros”, precisó.
Jaime Quito Sarmiento, de Juntos por el Perú, fue enfático en señalar que no otorgará el voto de confianza al gabinete. «Bajo el pretexto de los grupos de derecha de una ‘inestabilidad’, la inestabilidad la han ocasionado ellos desde el golpe a Pedro Castillo, no respetando la voluntad popular”, agregó.
Alianza para el Progreso (APP) continúa sin pronunciarse oficialmente sobre la decisión que está tomando la bancada. La República intentó obtener la versión de Eduardo Salhuana, vocero de APP, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. No obstante, diversos indicios sugieren que la bancada apepista respaldaría al gabinete, una postura que se habría gestado incluso antes de la oficialización de su estructura ministerial.
Renovación Popular juega su partido aparte con voto de confianza
A diferencia de otras agrupaciones que han mostrado una apertura inicial al diálogo, la bancada de Renovación Popular ha optado por una posición de vigilancia estricta. Para profundizar en esta estrategia, La República consultó al politólogo David Sulmont, para analizar la decisión del partido al adelantar su rechazo al voto de investidura días antes de la presentación oficial del Gabinete Miralles.
Al respecto, Sulmont indicó que es difícil que Renovación Popular, como partido opositor al gabinete, pueda obtener algún beneficio de adelantar su voto. «Me parece que es una apuesta en la que no queda claro si va a tener un rédito electoral directo. La ciudadanía va a esperar cuáles son las propuestas de gobierno; entonces, votar contra el gabinete no es una propuesta de gobierno», mencionó.
Asimismo, indicó que tanto la postura de Renovación Popular como los recientes comentarios de Keiko Fujimori, como líder del partido Fuerza Popular, al señalar que prefiere el voto negativo al gabinete, responden a una contradicción histórica. Tanto el fujimorismo como el sector de López Aliaga buscan presentarse como opositores al Gobierno para obtener rédito electoral. Sin embargo, esta postura choca con la realidad de que ambos bloques fueron el soporte legislativo del Ejecutivo tras la vacancia de Pedro Castillo.
«Yo no sé si el hacer campaña electoral tratando de posicionarse como oposición al gobierno va a dar algún rédito, porque el fujimorismo y López Aliaga quieren hacer lo mismo. Cuando son parte de un congreso que, digamos, ha sostenido al ejecutivo desde la vacancia de Castillo, y que busquen diferenciarse actualmente de un gobierno que sale del parlamento, del cual ellos han sido parte, me parece que es difícil para ellos», sentenció.
Asimismo, criticó que oponerse al Gabinete de Miralles resulta una falta de efectividad en las estrategias de campaña de la derecha peruana de cara a las Elecciones 2026. El politólogo señala que posicionarse como oposición a un gabinete de transición que apenas tiene días de gestión —como el de Denisse Miralles— no resuena con el electorado.
«Si Renovación Popular y el fujimorismo van a hacer campaña tratando de dedicarse como oposición a un gobierno que tiene un par de semanas, me parece que es una apuesta que no va a conectar mucho con las expectativas que tiene la ciudadanía respecto de un cambio más profundo de quienes están conduciendo el país. Y las encuestas demuestran eso: más del 40% de las personas todavía no han decidido su voto. Entonces están buscando alguna alternativa de cara al final y eso no puede ser; después de 3 años en campaña y más en el caso de Fujimori, no han podido sumar más intención de voto; se ha mantenido casi igual desde mediados del año pasado», indicó.
Un menor de 15 años resultó herido tras recibir tres impactos de bala durante un atentado perpetrado contra una vivienda en el distrito de Chancay, según informó la Policía Nacional del Perú.
El violento hecho se registró la noche del martes, en la asociación de vivienda Señor de los Milagros (Asovisem), donde sujetos desconocidos habrían disparado contra un inmueble, alcanzando al adolescente en medio del ataque. Las circunstancias exactas del atentado aún son materia de investigación.
Tras el incidente, el menor fue auxiliado de inmediato y trasladado a un establecimiento de salud, donde permanece bajo atención médica especializada. Sus familiares se encuentran a la espera del parte médico oficial que determine su estado de salud y evolución clínica.
En tanto, efectivos policiales continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado que ha generado consternación entre los vecinos del sector.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han reforzado la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad de la población.
En un importante acto realizado esta mañana, en las instalaciones del Municipio de Aucallama, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay – Huaral y la Municipalidad Distrital de Aucallama.
Este convenio tiene como objetivo principal establecer mecanismos de cooperación mutua entre ambas entidades para promover acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos, así como la mejora en la disponibilidad y calidad de los mismos en la cuenca Chancay – Huaral.
El convenio tendrá una vigencia de tres años a partir de la fecha de su firma, y en este marco de colaboración, se han designado responsables de ambas instituciones para coordinar el trabajo conjunto. Por parte de la Junta de Usuarios Chancay – Huaral, fue designado el Jefe de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, mientras que la Municipalidad Distrital de Aucallama designó a la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.
A esta significativa actividad participó nuestro Presidente de la Junta de Usuarios Chancay – Huaral, Pedro Castro López, el Vicepresidente Ing. Juan Eustaquio Fernández y el Consejero José Baca Adauto.
Dicho acto representa un paso para el trabajo conjunto en beneficio de nuestras comisiones de usuarios. En este sentido, se priorizará la mejora de los canales de riego, optimizando su operación y mantenimiento para garantizar una distribución eficiente del agua. La colaboración entre la Junta de Usuarios y la Municipalidad de Aucallama permitirá desarrollar y modernizar estos sistemas, asegurando su sostenibilidad y contribuyendo a una mejor disponibilidad de agua para la agricultura.
Este último martes de 3 marzo inició el juicio oral por la denuncia entablada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta difamación. La audiencia fue de carácter virtual, pero con presencia obligatoria de ambas partes. Si Rospligliosi no se conectaba sería declarado reo contumaz, advirtió la jueza Norma Carbajal.
Contra el titular de Parlamento se solicita una pena privativa de la libertad de 2 años y una reparación civil de S/1 millón. Según los numerales 1 al 5 del artículo 462 del Código Procesal Penal (CPP), previo al juicio se instó a las partes a conciliar y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo.
Tras ello, el abogado de Delia Espinoza, Julio Huerta, solicitó que se amplíe la imputación contra el presidente del Congreso por llamar «desquiciada» a la exfiscal el pasado 23 de enero de este año. Por su parte, el abogado de Rospigliosi, Humberto Abanto, se opuso argumentando que ese hecho no fue parte del pedido inicial de la querella.
La jueza Norma Carbajal aprobó el pedido porque, según indicó, la ley permite agregar una imputación a la querella. Es por eso que se adhirió el calificativo que utilizó Rospigliosi contra Espinoza en su cuenta de X (antes Twitter). A pesar de que la defensa del querellado presentó un pedido de reposición, la magistrada lo declaró improcedente.
Parte de la audiencia del juicio oral
Durante los alegatos, el letrado Huerta sustentó la querella al citar los tuits que publicó Rospigliosi en su cuenta de X. Según el abogado, ello está tipificado como una presunta difamación agravada e indicó que la pena oscilaría entre los 20 y 28 meses. Huerta mencionó que al presidente del Congreso le correspondería una condena por 2 años y 4 meses porque no tiene antecedentes.
Por otra parte, Abanto señaló que existe libertad de expresión dentro de una sociedad democrática. «Una de las cosas que más se tiene que tener en cuenta es que, cuando se trata de la libertad de expresión, es la notoriedad de la persona a la que se alude, porque cuando se trata de una persona que se ha expuesto a la crítica por funciones públicas, la línea de las críticas es más amplia que la de un servidor público», dijo.
Sobre el calificativo de «desquiciada» que hizo referencia Rospigliosi, Abanto aseguró que no se hizo alusión a la salud mental de Espinoza. Finalmente, la magistrada programó la siguiente sesión para el martes 10 de marzo a las 2 de la tarde.
Fernando Rospigliosi y Delia Espinoza: El motivo de la denuncia
La exfiscal de la Nación presentó una querella contra Fernando Rospigliosi debido a que, el 7 de julio de 2025, este publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un mensaje en el que la calificó como «aliada del terrorismo y economías ilegales» por haberse reunido con familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El 10 de julio de 2025, Espinoza, envió una carta notarial a Rospigliosi solicitando que se retractara de sus declaraciones. Sin embargo, Rospigliosi no solo ignoró la solicitud, sino que reafirmó sus afirmaciones.
Tweet de Fernando Rospigliosi
Congreso debatir nueva denuncia constitucional contra Delia Espinoza
Mientras se desarrollaba la audencia inicial por el juicio oral, el Consejo Directivo del Congreso aprobó debatir el próximo 12 de marzo el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 contra Delia Espinoza.
Las mismas le imputan a la exfiscal de la Nación una presunta infracción a los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución y piden su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. El informe final fue presentado el 10 de diciembre de 2025.
Así, Espinoza deberá afrontar nuevamente un proceso ante el Congreso. En diciembre de 2025, el Parlamento ya la inhabilitó de ejercer cargo público.
El Perú enfrenta una crisis energética a raíz de la deflagración en el ducto (tubería) de Camisea, registrada en la selva de Cusco y operada por la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP). El siniestro ha reducido drásticamente el suministro de gas natural y paralizado el transporte de líquidos de gas natural (LGN), insumo fundamental para producir Gas Licuado de Petróleo (GLP), que a su vez es un combustible esencial para los balones de cocina y millones de conductores.
La emergencia ocurre en un crítico escenario internacional debido al alza de precios del petróleo (por encima de los 82 dólares por barril) encarecido por el conflicto en Medio Oriente (guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán), lo que agita el panorama y lo convierte en una «tormenta perfecta».
El racionamiento de GLP reduce la oferta y presiona los precios
El golpe más inmediato recae sobre el GLP, insumo que utilizan las plantas envasadoras para llenar los balones de gas doméstico que consumen las familias peruanas.
El ducto afectado, operado por TGP, empresa cuyo accionariado está encabezado por el fondo estadounidense EIG con el 49,8%, seguida de la estatal argelina Sonatrach y la española Enagás, transporta cerca de 80 mil barriles diarios de líquidos de gas natural, que luego son procesados en la planta de fraccionamiento de Pisco, de donde se obtienen alrededor de 42 mil barriles diarios de GLP (50%).
Según explica a La República el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, «el 70% del GLP que consume el Perú viene de Camisea y ese 70% está cortado».
Por su parte, el economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Manco Zaconetti afirmó que Pluspetrol, operador de Camisea y principal abastecedor de gas natural desde Pisco, «desde hoy (ayer) dejó de vender GLP a granel y balones de 10 kilos».
Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg), confirmó a este diario que el impacto ya se siente. «Ya comenzó un racionamiento en su terminal de Pisco» y la ruptura del ciclo logístico ha elevado los tiempos de despacho. Tan es así que una cisterna que antes cargaba (GLP a granel) en 14 horas ahora puede tardar de «2 a 3 días».
«Tener una cisterna dos o tres días en refinería, al haber quedado roto el ciclo de abastecimiento, genera mayor costo en la obtención del producto. Entonces de una u otra manera, la situación tiende a una especulación de alza», manifestó.
Si bien existen reservas obligatorias, precisó que «Pluspetrol tiene una reserva para 15 días», aunque advirtió que el abastecimiento dependerá principalmente de importaciones. En ese escenario, refrendó que el mercado podría reaccionar con alzas. «Estamos ante un producto donde toda escasez o racionamiento crea este tipo de especulación al alza y sí es posible que se produzca un incremento», advirtió.
Actualmente, el balón de gas incluido en la cadena comercial puede costar de 55 o 60 soles en Lima. Camasca recomendó comprar directamente en plantas envasadoras, donde el precio puede ubicarse de 32 a 35 soles.
Más de 8 millones de hogares dependen del balón de gas, especialmente fuera de Lima, donde el gas natural por ducto no llega. De los 34 millones de peruanos, 2 millones tienen acceso a gas natural domiciliario; el resto depende del GLP. En provincias, el impacto podría ser más severo.
«Los hogares que tienen su cocina a gas natural, como segunda alternativa, usarán su GLP, pero a un precio mayor», advierte Zaconetti.
El corte de suministro golpea a 330.000 taxistas y a la industria eléctrica
El consumo interno de gas natural para marzo se estimaba en 673 millones de pies cúbicos diarios. Hoy solo se transportan alrededor de 70 millones (el remanente) a causa de la interrupción en el ducto. Recordemos que el 40% de la electricidad del país se genera con gas natural, por lo que la restricción ha obligado a activar centrales de «reserva fría» que operan con diésel, un combustible mucho más caro.
Aunque el Gobierno ha priorizado el suministro para usuarios residenciales (hogares) y pequeños comercios, así como para el transporte público masivo que, por ejemplo en el caso del Metropolitano opera exclusivamente con Gas Natural Vehicular (GNV), el impacto se extiende al sector eléctrico, industrial y al parque automotor.
El Ministerio de Energía y Minas restringió el abastecimiento de GNV a taxis, vehículos particulares, mototaxis y transporte de carga.
Para los conductores de vehículos menores, el desabastecimiento los golpea directamente en el bolsillo, ya que muchos taxistas dependen de lo que ganan día a día para mantener a sus familias. Son alrededor de 330.000 conductores los afectados.
Según apunta Herrera Descalzi, «al taxista le va a costar el triple llenar el combustible». Por ejemplo, un conductor que recorría 140 kilómetros diarios con 20 soles en GNV ahora podría gastar hasta 70 soles usando gasolina.
En el rubro eléctrico, la preocupación también es alta. Descalzi advirtió que «al sector eléctrico le puede costar siete veces más». Si bien los más de 2 millones de usuarios regulados con gas natural no verían un incremento en su recibo, los 2.300 clientes libres, principalmente industrias, sí asumirán mayores costos.
«Hablemos de una subida de precios vinculada a los combustibles, pero como estos van al transporte, afectan a todos los bienes de la canasta básica», afirmó el exministro, quien puso en duda que haya una solución en 14 días, tal como lo prevé la empresa TGP. «Si la llama sigue encendida, quiere decir que todavía no se apaga el incendio. Y mientras no se apague, no se puede hacer nada», acotó.
Manco Zaconetti explicó que el sector eléctrico demanda el 61% del gas natural, seguido del sector industrial (21%) y el parque automotor (12%). Aunque el 99,5% de los usuarios son familias, ellas solo usan el 4,3% del gas total. Es decir pocos grandes consumidores absorben casi todo el recurso.
Por ello, cuando se restringe el suministro, el impacto golpea primero a las centrales eléctricas, las fábricas y el transporte. En especial, las empresas eléctricas que no son duales, es decir, que no pueden cambiar de gas a diésel, enfrentan mayores riesgos operativos y costos más altos.
Lecciones por depender solo de un ducto de gas natural
Para los especialistas consultados por este diario, la crisis revela una debilidad del Perú de depender de un único gasoducto. «Esto es una evidencia de que no hay seguridad energética», sostuvo Herrera Descalzi. «El Perú tiene un talón de Aquiles en el gasoducto. Somos tan dependientes de un solo ducto que un evento así nos puede dejar meses en esta situación», apuntó.
Camasca también cuestionó la falta de infraestructura alternativa. «¿Cómo es posible que a 22 años de Camisea solamente dependamos de un ducto nomás de Camisea Lima y no hayamos repotenciado este producto estratégico?», criticó.
Zaconetti enfatizó que de haber estado operativo el Gasoducto del Sur, el país no enfrentaría esta emergencia. Recordó que el Estado ha gastado cerca de US$45 millones anuales entre 2017 y 2025 en supervisión y mantenimiento de los ductos inconclusos vinculados al proyecto original. «Si el ducto del sur hubiera funcionado, no estaríamos en esta emergencia nacional. Este es un claro ejemplo de tener ductos. Chile sin tener gas, tiene cinco ductos que conectan a Argentina», apuntó.
Transportadora de Gas del Perú (TGP) es operadora del principal gasoducto peruano.
Además, advirtió que la actual coyuntura podría convertirse en un problema permanente si no se fomenta la exploración. «Si consumimos las reservas probadas y no tenemos repuesto, en 15 años ya no tenemos gas natural», mencionó.
Hoteles, restaurantes, cementeras, ladrilleras, cerveceras y transporte de carga también enfrentarán mayores costos. Y, como ocurre en toda cadena productiva, estos terminarán trasladándose al consumidor final.
Como advierte Descalzi, se perfila una subida severa en los precios vinculada a combustibles y energía.
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