Ji Wu Xiaodong cedió una concesión minera ubicada en Áncash a favor de la empresa América Sam S.A.C., representada por Zhihua Yang, empresario señalado como amigo del presidente José Jerí. El contrato de cesión fue inscrito ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y establece un plazo de vigencia de 10 años, reveló Panorama este domingo.
Se trata de la concesión minera denominada “Fortuna 2”, ubicada en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, en Áncash. Según el contrato presentado ante el Minem, comparece como titular-cedente la “Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada La Victoria Uno”, representada por su gerente general, Xiaodong Ji Wu.
En el documento se consigna textualmente: “declara haber celebrado un contrato de cesión minera sobre el derecho minero que trata esta partida, a favor del cesionario América Sam Sociedad Anónima Cerrada debidamente representada por su gerente general don Zhihua Yang”.
El mismo contrato establece: “La duración del presente contrato de cesión minera es por 10 años, plazo que empezará a regir a partir de la firma de la minuta (06/07/2022) y que vencerá indefectiblemente el 30 de junio de 2032”. La inscripción fue formalizada el 13 de diciembre de 2022 ante el Minem.
La revelación cobra relevancia porque Ji Wu Xiaodong declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que acudía a reuniones en calidad de traductor de Zhihua Yang. Sin embargo, los documentos difundidos por Panorama evidencian una relación vigente entre ambos en el ámbito minero.
Además, el reportaje señala que en enero de este año la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa realizó un operativo en la concesión “Fortuna 2”, tras una denuncia por presunta minería ilegal.
Según la información difundida, se hallaron más de 12 socavones y campamentos mineros, así como el uso de explosivos para la extracción de mineral. Dos personas fueron intervenidas mientras transportaban sacos con mineral sin autorización.
Hoy el Congreso tiene casi 90% de desaprobación. La mayoría de peruanos siente que cada periodo ha sido peor que el anterior. Y sin embargo, elección tras elección, volvemos a decir lo mismo.
En términos concretos, la pérdida de legitimidad debilita la democracia.
Cuando se promete lo que no se puede cumplir, se alimenta el populismo. Luego llega la frustración ciudadana. Y así seguimos repitiendo que “este Congreso es peor”, Si queremos un Congreso mejor, debemos empezar por exigir algo distinto.
El Congreso no está para hacer obras
En esta campaña vemos candidatos al Senado y a Diputados ofreciendo hospitales, carreteras, presupuesto regional y ejecución de proyectos, esa no es su función.
La Constitución es clara.
El artículo 43 establece la separación de poderes como principio fundamental del Estado. El artículo 102 señala que el Congreso tiene como atribuciones:
Dar leyes.
Velar por el respeto de la Constitución.
Ejercer control político sobre el Ejecutivo.
Investigar asuntos de interés público.
Aprobar el presupuesto.
Designar altas autoridades cuando corresponda.
El Congreso no ejecuta obras, El Congreso legisla y fiscaliza.
¿Qué deberíamos exigir?
Un Senador debe hablar de calidad legislativa, revisión técnica y equilibrio de poderes.
Un Diputado debe explicar qué leyes impulsará, cómo fiscalizará y cómo combatirá la corrupción desde el control político.
Con respeto a colegas y amigos de todos los partidos —incluido el mío— este es un tema que debemos corregir juntos, por responsabilidad con el país. No es una crítica personal; es un llamado a ordenar la política.
Si queremos que deje de ser el “peor Congreso”, tenemos que empezar por elegir mejor.
Porque: Si el Congreso es débil, el Estado es débil, si el Estado es débil, el desarrollo se frena.
Nuevas adquisiciones. El Congreso de la República pagará S/1.172.500 por la compra de 10 autos de lujo como parte de la «renovación de la flota vehicular» de la institución actualmente dirigida por el fujimorista Fernando Rospigliosi.
De acuerdo con la convocatoria a la buena pro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el Parlamento destinará S/465.000 por la adquisición de 5 vehículos sedán y S/707.500 por la de 5 camionetas pickup doble cabina 4×4.
Según el Seace, la adjudicación de esta compra se entregó al consorcio Autoniza S.A.C. y Autoniza Perú S.A.C., luego de la evaluación de las propuestas presentadas. La convocatoria para la buena pro se realizó el pasado 31 de diciembre del 2025, a vísperas del Año Nuevo 2026.
Asimismo, la entrega de la buena pro a través del Seace se realizó este viernes 13 de febrero a las 8:30 de la mañana.
Entrega de la buena pro al consorcio Autoniza el último 13 de febrero.
El detalle de los autos de lujo del Congreso
Antes de la convocatoria de la buena pro, el Congreso fijó, en la sección de bases integradas, los detalles de la nueva compra de los vehículos de lujo.
En el caso de los autos sedán, el Parlamento exigió que sean modelo 2025 como mínimo y completamente nuevos (0 kilómetros). Los vehículos deberán contar con cinco asientos tipo butaca y tener dimensiones no menores a 4,6 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 1,4 metros de alto. Además, deberán ser de color negro o gris y funcionar a gasolina.
Como parte del equipamiento de seguridad, el vehículo deberá contar con sistema antibloqueo de frenos, control y estabilidad de tracción, distribución electrónica de frenado y airbags para el piloto y copiloto, inmovilizador de motor y alarma. Los asientos serán de cuero o tela.
Por otro lado, las camionetas pickup con doble cabina 4×4 deberán contar con un año de fabricación, como mínimo, del 2025, 0 kilómetros. Su largo tendrá que ser de 5 metros, su ancho de 1.7 metros y el alto no menor de 1.7 metros. Su color sería negro, gris o azul, siempre y cuando correspondan a la gama de color oscuro.
Su tipo de combustible será diésel, con una capacidad de tranque de combustible entre 70 y 85 litros. Las camionetas serán mecánicas con 5 o 6 cambios más retroceso. Contará con apertura de puertas con sistema inteligente (Smart Entry) con cierre centralizado a distancia, aire acondicionado, lunas laterales con o sin sistema antiatrapamiento, asientos de tela y un sistema de encendido por llave.
Los vehículos deberán tener una garantía comercial mínima de 3 años o 50.000 kilómetros. El día de la entrega de los autos de lujo, la jefatura del Área de Transporte y Servicios del Congreso suscribirá con el contratista un acta de verificación y entrega.
El contratista asumirá la tramitación de la Tarjeta de Propiedad, Placas de Rodaje y SOAT con vigencia de un año.
Congreso duplicó su gasto anual de 600 millones de soles a cerca de 1.500 millones en solo 4 años
Según un análisis realizado por el ingeniero Juan Carbajal, basado en datos de Transparencia, el Congreso de la República incrementó su presupuesto anual de S/588.8 millones en 2021 a S/1.412 millones en 2025, duplicando así su costo en solo cuatro años.
En 2020, el Parlamento tenía un presupuesto cercano a los 600 millones de soles. Este monto aumentó significativamente, superando los 1.400 millones de soles al cierre del último periodo fiscal. Se proyecta que para el año 2026, el presupuesto inicial será de S/1.768 millones, marcando un incremento notable en los últimos años.
Al finalizar el año 2025 y con proyecciones para 2026, el presupuesto ya se acerca a los 1.400 millones de soles, consolidando la tendencia de duplicar el gasto registrado hace menos de cinco años.
La mayor parte de este incremento, un 125%, se concentra en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales. El aumento de trabajadores en planilla, que ha sumado más de 700 nuevas plazas en el actual periodo legislativo, junto con bonificaciones extraordinarias aprobadas mediante convenios colectivos, ha inflado el costo operativo de la institución.
En 2021, el presupuesto destinado al pago de personal en el sector público peruano era de S/400 millones. Para 2025, esta cifra se incrementó a S/950 millones, más que duplicando el monto original. Se estima que en 2026 el gasto en remuneraciones alcance aproximadamente S/1.300 millones.
En el marco de una política de gestión responsable y comprometida con la protección de su capital humano, la Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y en coordinación con el equipo técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolló una importante capacitación sobre la prevención de riesgos ocupacionales por exposición prolongada a la radiación solar en el ámbito laboral.
La jornada se llevó a cabo en el Salón Túpac Amaru y estuvo dirigida al personal de la comuna huaralina, especialmente a quienes desempeñan labores en espacios abiertos o expuestos de manera constante a los efectos de la radiación solar. Durante la capacitación, se abordaron temas clave relacionados con los riesgos a la salud derivados de la exposición prolongada al sol, tales como enfermedades dermatológicas, deshidratación, golpes de calor y otras complicaciones que pueden afectar el rendimiento y bienestar del trabajador.
Esta actividad se enmarca en el cumplimiento estricto de la Ley N.° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, reafirmando la decisión política de la actual gestión municipal de promover entornos laborales seguros, saludables y alineados a la normativa vigente. Asimismo, se brindaron recomendaciones prácticas y medidas preventivas orientadas al autocuidado, el uso adecuado de equipos de protección personal y la adopción de hábitos saludables durante la jornada laboral.
Con este tipo de acciones, la Municipalidad Provincial de Huaral consolida una gestión pública que prioriza la prevención, la capacitación continua y la protección de sus trabajadores, entendiendo que un personal informado y protegido es clave para garantizar un servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía. La comuna reafirma así su compromiso con una administración moderna, responsable y centrada en el bienestar integral de su recurso humano.
El Perú no soporta un Congreso desconectado del ciudadano, capturado por privilegios y deformado por prácticas que han degradado la representación. Nuestra propuesta no es cosmética. Es una transformación estructural del sistema parlamentario: una verdadera Revolución Parlamentaria.
Primero: revocatoria del mandato parlamentario. Si el pueblo elige, el pueblo también puede retirar su confianza. No puede existir un cheque en blanco por cinco años. El congresista que traiciona su programa, incurre en conductas indebidas o se divorcia de sus electores debe someterse al veredicto ciudadano. La representación no es propiedad privada: es un encargo.
Segundo: eliminación del sueldo fijo. El congresista no debe tener un salario garantizado como si se tratara de un empleo burocrático. Se sustituye por una dieta por concurrencia efectiva al Pleno y a las comisiones de trabajo. Quien no asiste, no cobra. Quien no produce, no recibe. Se acabó el privilegio sin rendimiento.
Tercero: fin del transfuguismo. El escaño pertenece al proyecto político presentado al electorado. Si un parlamentario abandona su bancada, automáticamente lo reemplaza el accesitario. Así se respeta la voluntad popular y se termina con el mercadeo de conciencias que ha desnaturalizado el sistema.
Cuarto: eliminación de la llamada “semana de representación”, convertida muchas veces en turismo político. En su lugar, cada congresista estará obligado a mantener una oficina permanente, abierta 24/7, en su circunscripción. Como los tribunos del pueblo en la antigua Roma, el representante debe estar siempre accesible al ciudadano, no aparecer esporádicamente para la foto.
Quinto: reducción drástica del aparato asesor. La proliferación de asesores ha sido caldo de cultivo para los “mochasueldo” y para redes clientelares. Solo se permitirá un asesor por congresista y dos por bancada. Las comisiones, hoy saturadas de asesores, también serán racionalizadas. El Parlamento debe legislar, no convertirse en una agencia de empleo político.
Esta Revolución Parlamentaria no busca debilitar al Congreso; busca dignificarlo. No pretende confrontar con la democracia, sino rescatarla. Un Parlamento austero, responsable y controlado por la ciudadanía es la base de una República seria.
El Perú necesita instituciones que sirvan al pueblo, no que se sirvan de él. Esa es la esencia de la Revolución Parlamentaria que proponemos.
El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este martes 17 de febrero la demanda competencial que presentó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Poder Judicial, en defensa de las competencias que la Constitución le asigna al ente electoral.
En una audiencia a realizarse desde las 9:15 a. m. en su sede ubicada en el distrito limeño de San Isidro, el pleno del máximo intérprete de nuestra carta magna analizará el recurso que interpuso la Procuraduría Publica del Jurado Nacional de Elecciones, el 12 de spetiembre del 2025, luego de que el Poder Judicial emitiera una resolución en la que ordenaba la inscripción de la organización política Unidad Popular del exmagistrado Duberlí Rodríguez para que pudiera participar en los comicios generales del 2026.
El pleno del Tribunal Constitucional también deberá escuchar este martes los argumentos del representante de la Procuraduría Pública del Poder Judicial y de Duberlí Rodríguez, personero legal de la organización política Unidad Popular, en su condición de tercero con interés en el resultado del proceso, a fin de poder emitir una sentencia al respecto en los próximos días.
En esta demanda competencial se requiere que se declare que el Jurado Nacional de Elecciones posee competencia exclusiva para mantener y custodiar el Registro de Organizaciones Políticas, velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral – competencias asignadas, respectivamente por los numerales 2,3 y 4 del artículo 178 de la Constitución- y, por lo tanto, se disponga lo siguiente:
Que las resoluciones emitidas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en material electoral no son revisables en sede judicial conforme a lo establecido por los artículos 142 y 181 de la Constitución Política del Perú.
Que la interposición de una demanda de amparo no suspende el cronograma electoral iniciado, el cual deberá continuar su curso inexorablemente, más aún si este se encuentra regido por el principio de preclusión electoral.
Que en el caso de que se observe la vulneración de algún derecho fundamental, el proceso de amparo solo tendrá por objeto determinar las responsabilidades que hubiera lugar, puesto que al haber precluido alguna etapa o hito electoral, la misma devendría en irreparable, ya que se deberá ponderar el principio y derecho a la seguridad jurídica, así como el normal desarrollo del proceso electoral.
Que al amparo de lo establecido en el artículo 178, numeral 4, de la Constitución concordante con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, se establezca que el Jurado Nacional de Elecciones es el supremo intérprete del derecho electoral.
ENFOQUE REAL 