Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría presentado información falsa —u omitido datos— sobre su vínculo con dos empresas, según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro de cara a las Elecciones 2026.

El JEE indicó que en el Rubro VIII – Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas; Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales – Ítem Titularidad de Acciones y Participaciones, la candidata presidencial consignó que no tenía información por declarar.

Sin embargo, de acuerdo con el informe 000007-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE elaborado el 11 de febrero, el JEE solicitó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) información empresarial sobre Fujimori Higuchi.

En ese sentido, la Sunarp alertó que la lideresa fujimorista registraría participación en la empresa SUMMIT PRODUCTS S.A.C. con 3.500 acciones y en KYARA9 E.I.R.L. (empresa de su hija Kyara Vilanella), en la cual figura como titular y gerente. Es preciso resaltar que la primera empresa fue dada de baja en 2009.

«Por lo tanto, habría una falsedad de información prevista en el inciso 6 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP o la incorporación de información falsa en la DJHV, de acuerdo al reglamento de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026, aprobado mediante Resolución N.° 0164-2025-JNE», señala el JEE.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Organización Política (LOP), de comprobarse la presunta falsedad de información, se procedería con la corrección en la DJHV del candidato, se impondrá una multa que oscila entre 1 y 10 UIT y se remiten los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

Asimismo, se requirió que el personero legal del partido presente información para esclarecer los hechos.

Conclusión del informe 000007-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE del JEE Lima Centro 1

Fuerza Popular respondió

A través de un oficio, el personero legal del partido solicitó que se realice una anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de Keiko Fujimori sobre sus ingresos percibidos durante el 2024.

Por ello, se pidió que se consigne un concepto extra relacionado con rentas de 3.ª categoría por S/45.597. Si bien el partido indicó que Fujimori cumplió con declarar toda la información exigida por normativa electoral y conforme aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), consideraron importante presentar dicho requerimiento de los ingresos que tuvo la candidata.

Asimismo, se solicitó añadir una anotación sobre las empresas KYARA29 EIRL, relacionada con la hija de Keiko Fujimori, Kyara Vilanella; y SUMMIT PRODUCTS SAC, empresa creada en 2001 y que se encuentra dada de baja en SUNAT desde el 2009.

«Este pedido no se da en virtud de que haya existido una omisión de nuestra candidata, sino que conforme a las exigencias del formato de la DJHV (…) no era necesario registrar dicha información, por lo que muy respetuosamente se sugiere tener en cuenta esta incidencia para ser corregida en un futuro y, sin perjuicio de ello, incluir una anotación marginal a pedido de parte de la información antes mencionada», se lee en el documento.

Descargos de Fuerza Popular

JEE remitió otro informe

El JEE también elaboró un informe sobre la solicitud de anotación marginal de Fujimori Higuchi. Al respecto, el ente electoral concluyó que los datos que se piden incorporar no fueron consignados oportunamente en la DJHV de la candidata.

Además, el organismo recalcó que era obligatorio presentar dicha información en su momento.

Asimismo, alertó que se dejó constancia en el informe 000007-2026-LHDJEELIMACENTRO1-EG2026/JNE que no consignó la participación empresarial de la candidata presidencial, «por lo que la materia objeto de la presente solicitud ha sido previamente puesta en conocimiento del Pleno».

«En tal sentido, corresponde al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 evaluar lo pertinente en el marco de sus competencias», finaliza el informe la fiscalizadora Liliana Herrera.

Segundo informe del JEE

«La incorporación de ingresos y participación societaria no declarados originalmente no constituiría una precisión formal, sino una modificación sustancial del contenido patrimonial de la declaración jurada de la candidata, lo cual excede los supuestos habilitantes de anotación marginal previstos en el artículo 14 del Reglamento de DJHV», resalta el JEE en otro informe.

Renovación Popular y Fuerza Popular elevan ataques con acusaciones cruzadas por posturas sobre moción para censurar a José Jerí

La convocatoria del Congreso a un pleno extraordinario el martes 17 de febrero para discutir la permanencia de José Jerí en la Presidencia ha provocado un enfrentamiento abierto entre las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular, cuyas posturas opuestas sobre la moción de censura han derivado en una serie de ataques personales y comunicados oficiales cargados de recriminaciones mutuas.

El origen del conflicto radica en la decisión de Fuerza Popular de no sumar sus votos para la destitución de Jerí, quien enfrenta cuestionamientos tras la difusión de reuniones no oficiales con empresarios chinos en locales comerciales.

A través de un video emitido por las cuentas oficiales de Fuerza Popular en redes, la lideresa fujimorista, Keiko Fujimori, sostuvo que un cambio de mando a tan solo 57 días de las elecciones generales de 2026 solo profundizaría la incertidumbre y el caos en el país.

«Hoy, quien dice representar la ‘renovación’, se ha convertido en un títere de los caviares y de quienes apuestan por la confrontación permanente y empujan la inestabilidad. Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron, y a quién designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político», expresó Keiko Fujimori en el video en el que aparece junto a los integrantes de su plancha presidencial Luis Galarreta y Miguel Torres, entre otras figuras de su partido.

Acusaciones de «Fuji-Jerismo»

La respuesta de Renovación Popular no se hizo esperar, arremetiendo contra el fujimorismo al que acusó de ser el verdadero sostén del actual Gobierno.

A través de un pronunciamiento de su Comité Ejecutivo Nacional, el partido de Rafael López Aliaga vinculó directamente a la bancada naranja con la gestión de Jerí, cuestionando su falta de firmeza ante las denuncias de abuso de poder e inacción frente a la inseguridad ciudadana que afecta al país.

«Consideramos que es justo y necesario que Fuerza Popular se haga cargo de sus votos, ya que ellos han creado el FUJI JERISMO y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular», señaló la agrupación política en su comunicado oficial.

La agrupación celeste también ratificó que sus legisladores votarán en bloque por la salida de Jerí, argumentando que la permanencia del mandatario es insostenible debido a presuntos vínculos con redes irregulares dentro del Parlamento y su incapacidad para liderar la lucha contra la criminalidad.

Discrepancias por trato a la mujer

Un punto de especial fricción ha sido el lenguaje utilizado por Renovación Popular para referirse a las mujeres presentes en las reuniones sociales del presidente Jerí. En un comunicado emitido el sábado, el partido celeste afirmó que «Jerí invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución», en alusión al menos a dos extrabajadoras del Congreso.

Keiko Fujimori calificó de denigrantes las expresiones de la agrupación de López Aliaga, señalando que referirse de manera peyorativa a mujeres por asistir a una fiesta revela una mirada discriminatoria que la sociedad peruana no debe normalizar.

«Rechazamos la forma denigrante de dirigirse a las mujeres. Calificar de prostitutas a unas mujeres por el mero hecho de asistir a una reunión o fiesta revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar», puntualizó Fujimori.

Ante esto, Renovación Popular aseguró en su comunicado de este domingo que su postura se fundamenta en el rechazo al aprovechamiento de cargos públicos y la desigualdad salarial, rechazando cualquier intención de maltrato hacia la mujer.

«No estamos de acuerdo con que un hombre, por más presidente que sea, use su posición de poder para aprovecharse de la necesidad de mujeres a cambio de un cargo público», puntualizó el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación en respuesta a las críticas.

Forsyth afirma que Jerí ya no pertenece a Somos Perú: «Que se haga responsable de sus actos»

El candidato a la Presidencia por Somos Perú, George Forsyth, afirmó que el actual presidente José Jerí ya no forma parte de su agrupación política y sostuvo que debe asumir las consecuencias de sus actos. “No es de Somos Perú, en el sentido que lo ha puesto el Congreso. Que él se haga responsable de sus actos”, declaró a Exitosa al ser consultado por la situación del jefe de Estado.

Forsyth aseguró que el error fue del Parlamento. “Es el Congreso que lo puso ahí, ¿pero qué podemos esperar de este Congreso corrupto?”, expresó. Con esa frase buscó deslindar responsabilidades y remarcar que su partido no impulsó la llegada de José Jerí al Ejecutivo.

El aspirante presidencial también se pronunció sobre las acusaciones que pesan contra el mandatario. Indicó que se trata de hechos graves y que no debe existir ningún privilegio. “Sea el presidente o sea cualquiera que hoy esté acá presente, cualquiera tiene que ser investigado”, sostuvo. Añadió que, si se comprueba un delito, debe aplicarse “todo el peso de la ley”.

Alfredo Azurín responde a George Forsyth y pide moderación en sus críticas

El congresista de Alfredo Azurín, integrante de Somos Peru, respondió a las reiteradas declaraciones de George Forsyth y cuestionó que se generalicen acusaciones contra todos los miembros del Congreso. Señaló que, cuando se lanza una crítica amplia, también se afecta a quienes no enfrentan investigaciones.

“Cuando uno abre la boca para criticar a todos, meternos en un saco, yo lo mínimo que puedo hacer es defender mi fuero”, afirmó vía Canal N. Azurín sostuvo que no acepta que se les trate de “corruptos” o “mafiosos” sin distinción. Recordó que pertenece al mismo grupo político y que respalda la candidatura presidencial, pero pidió respeto en el discurso.

El parlamentario solicitó al exalcalde de La Victoria moderar sus expresiones. “Modera tu boca. Yo estoy para apoyarte, pero no metas a todos en un saco”, manifestó. También pidió evitar el uso de generalizaciones y actuar con responsabilidad. “Aprendamos a ser correctos y no abrir la boca irresponsablemente”, agregó.

Chancay: el uso público al suelo por un fallo vergonzoso

Mi Perú sigue de cabeza. Ahora le toca el turno al Poder Judicial, pues un juez –sabe Dios si estudió Educación Cívica en el colegio en que aprendimos a valorar la importancia de la soberanía del Estado y el interés nacional– por un reciente fallo, escandalosamente ha resuelto impedir que OSITRAN (fíjese con atención en su denominación exacta: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público), NO puede supervisar, fiscalizar o regular a la empresa privada Cosco Shipping, de mayoritarios capitales chinos, que ha levantado el puerto de Chancay sobre una propiedad privada, pasando por alto, olímpicamente, el evidentísimo e incuestionable USO PÚBLICO, que se deriva como la más importante consecuencia de la actividad fundamental que se realiza en el puerto de Chancay,

en la medida que hay usuarios denominados TERCEROS que reciben la carga o la despachan desde el puerto, quedando en el limbo sus derechos (reclamos) al impedírsele a OSITRAN, adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, velar por sus intereses. Cito, entonces, el artículo 70 de la Constitución Política del Perú:

“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley…”. Nadie discute que Cosco Shipping sea dueño de la propiedad donde, además, se ha construido el puerto, y por eso nuestra Carta Magna la protege en la condición de inviolable, como la casa de la que son propietarios millones de peruanos. Pero dice, una palabra mágica: BIEN COMÚN, y ¿Qué es el bien común? “Se refiere en general al bien (estar) de todos los miembros de una comunidad y también al interés de una comunidad y también al interés público, en contraposición al bien privado e interés particular;

también puede definirse como el fin general o como los objetivos y valores en común, para cuya realización las personas se unen en una comunidad”. (En SCHULTZE, Rainer-Olaf. “El bien común”. Capítulo 10. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2014). Queda claro que la satisfacción o los reclamos de los usuarios al despachar o recibir sus mercaderías por el puerto de Chancay reviste de interés para todos, volviéndose, entonces, bien común, o sea derivado del circuito y la vorágine de sus tramitologías,

aunque cada una particularmente distinta, todas comunes en el objetivo. Esa es la esfera del USO PÚBLICO del puerto de Chancay, la misma que se activa al salir o recibir los productos atravesando la playa y el mar, que son completamente públicos. Impedir al Estado que supervise la calidad de lo que entra o sale por Chancay colisionar riesgosamente contra su Ius Imperium o poder estatal. Cosco Shipping está obligado a ejercer sus derechos en armonía con los derechos de los usuarios del puerto y no al revés, sin olvidarse que sus límites son las leyes peruanas. Nadie tiene corona y mucho menos una empresa privada mayoritariamente extranjera que se olvida que su propiedad privada se encuentra en el territorio peruano o es que, por dignidad nacional, el Perú deberá pensar, a posteriori, en una legítima expropiación. Nada más grave que ser ninguneados. ¡Cuidado con eso!

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

Municipalidad culmina limpieza y encauzamiento del Río Chancay en Puente Rojo, sector La Huaca – Tambillo

Con el objetivo de proteger a la población y evitar emergencias durante la temporada de lluvias, la Municipalidad Provincial de Huaral finalizó los trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento en el Río Chancay, a la altura del Puente Rojo, en el sector La Huaca – Tambillo.

La intervención abarcó 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del puente. Se retiraron piedras, sedimentos y material acumulado que impedían el libre paso del agua y que estaban generando presión directa sobre el pilar central del puente.

Esta situación representaba un riesgo para la infraestructura y para quienes transitan diariamente entre Huaral y Aucallama. Con la descolmatación realizada, se logró que el agua vuelva a circular por todo su cauce, reduciendo el impacto sobre la estructura.

Gracias a estos trabajos se busca:

• Disminuir el riesgo de daños en el puente.

• Prevenir emergencias ante el aumento del caudal.

• Proteger a las familias y actividades económicas de la zona.

• Garantizar la conectividad vial entre ambos distritos.

La Municipalidad continúa trabajando de manera preventiva para cuidar la infraestructura estratégica de la provincia y brindar mayor seguridad a la población.

Congreso impulsaría comisión investigadora por el Puerto de Chancay

El Congreso de la República pondría bajo la lupa el desarrollo del megaproyecto portuario de Chancay y a las autoridades vinculadas a su ejecución. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores se viene evaluando la creación de una comisión especial que investigue todo lo relacionado con el puerto, incluyendo la actuación del alcalde distrital de Chancay, conocido como “Juanelo”.

La propuesta buscaría esclarecer posibles irregularidades en la gestión municipal, acuerdos suscritos, autorizaciones otorgadas y la coordinación entre el gobierno local, el Ejecutivo y la empresa concesionaria del proyecto. El foco no solo estaría en el impacto geopolítico y comercial del terminal portuario, sino también en las decisiones adoptadas desde la comuna chancayana.

El puerto de Chancay ha sido presentado como una obra estratégica que posicionará al Perú como un eje clave en el comercio entre Sudamérica y Asia. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos en torno a la transparencia, la planificación urbana, el ordenamiento territorial y el manejo de recursos en el distrito.

De concretarse la comisión investigadora, esta tendría facultades para solicitar información, convocar a funcionarios municipales y nacionales, así como revisar contratos y documentación vinculada al proyecto. El objetivo sería determinar eventuales responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales, de ser el caso.

El tema ya empieza a generar tensión en el ámbito político local y nacional, y podría convertirse en uno de los debates centrales de la agenda parlamentaria.

Fuente: Diario El Chaski