La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, permanecerá en prisión tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de una resolución que extiende su prisión preventiva por 15 meses. Esta medida se enmarca en el proceso penal que enfrenta debido a su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo.
La Sala Penal Permanente del tribunal supremo desestimó el recurso de apelación presentado por Chávez, quien buscaba su liberación inmediata. La decisión se basa en la existencia de riesgos de fuga y obstaculización del proceso judicial en su contra.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años y la inhabilitación de Chávez para ejercer cargos públicos, acusándola de ser coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Persiste el peligro de fuga
La situación legal de Betssy Chávez ha captado la atención pública debido a su rol como exjefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo. La Corte Suprema, al confirmar la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, ha decidido que la prisión preventiva se extienda hasta el 19 de marzo del 2026, argumentando que persiste el peligro de fuga y la posibilidad de que la acusada obstaculice el proceso judicial.
El recurso de apelación presentado por la defensa de Chávez fue declarado infundado, lo que significa que no se encontraron fundamentos suficientes para revocar la decisión del juez. La Sala, presidida por el juez supremo César San Martín, también desestimó la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema, que buscaba aumentar el plazo de prisión preventiva a 18 meses.
¿Cuáles fueron los motivos de la Fiscalía para pedir la ampliación de la prisión preventiva?
El fiscal supremo Alcides Chinchay alegó que la ampliación de la prisión preventiva responde a dos factores principales: el tiempo necesario para completar el juzgamiento y el riesgo de fuga o interferencia en el proceso por parte de la expremier.
Además, respecto de la duración de la medida restrictiva de libertad, explicó que el juicio, podría extenderse debido a la cantidad de pruebas y al número de procesados.
Junto a Chávez Chino, el juicio incluye al expresidente Pedro Castillo y los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta, Roberto Sánchez y tres oficiales de la Policía Nacional.
Sobre el riesgo de fuga, la fiscalía señala incidentes pasados, como el pedido de Chávez a un conductor de la PCM para que la trasladara a la Embajada de México tras el fallido golpe de Estado, aprovechando que ese país había ofrecido asilo político a Castillo y su familia.
Asimismo, se mencionó el retiro de bienes del despacho de Chávez tras la crisis política, según declaraciones de su exsecretaria.
El fiscal Chinchay subraya que la ampliación de la prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia de la acusada durante el proceso judicial y evitar que eluda la acción de la justicia, lo que podría frustrar las siguientes etapas del caso.
Por su parte, en su resolución, el magistrado Juan Carlos Checkey sostuvo que existe peligro de fuga y de obstaculización y, por ende, la posibilidad de que la acusada pueda sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar el proceso.
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