La Corte Superior de Justicia de Lima rechazó un hábeas corpus a favor del expresidente Pedro Castillo, el cual buscaba dejar sin efecto la prisión preventiva en su contra. El recurso, que tenía también como beneficiario al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, fue declarado improcedente por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
El hábeas corpus alegaba un supuesto atentado contra la libertad individual y motivación de resoluciones judiciales en contra del exmandatario.
Además de pedir la nulidad de la prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo, el recurso -presentado por la organización denominada Federación Nacional de Abogados del Perú- solicitaba que se restituya su condición de presidente de la República.
Como se recuerda, Castillo Terrones fue vacado por el Congreso el pasado 7 de diciembre por incapacidad moral. La sala señala en su sentencia que las actuaciones congresales no han ordenado la privación de la libertad de Castillo, sino que el Parlamento evaluó un proceso de vacancia contra el exmandatario en uso de sus funciones.
Además, el colegiado concluyó que no ha habido vulneración a su derecho a la libertad individual al dictarse la medida temporal de prisión preventiva por 18 meses en contra de Castillo. En ese sentido, dispuso no amparar la demanda.
Casi tres meses después de la destitución de Pedro Castillo, siguen apareciendo evidencias de cómo se manejó su gobierno. Para muestra dos botones. La Contraloría descubrió que se contrataron funcionarios de manera muy informal, que no cumplían con los requisitos, mientras que, a la par, se repartió comida por doquier y sin registro de beneficiarios.
Perú21 accedió a un informe de control específico que evidencia que la Subsecretaría General requirió, entre agosto del 2021 y marzo del 2022, servicios fotográficos y asistencia de redes sociales a pesar que dicha unidad no tiene funciones de comunicación y prensa.
¿Quiénes fueron los contratados? Dos personajes que colaboraron activamente en la campaña electoral del profesor Castillo: José Cristóbal Quispe y Franco Pomalaya Neyra, este último es asiduo visitante del exgobernante en el penal de Barbadillo.
Las irregularidades no terminan ahí. El informe de control concluye que, para contratar a Pomalaya y Cristóbal, la Oficina de Abastecimiento no realizó “el respectivo estudio de mercado”, lo que permitió la “contratación de proveedores al margen de la normativa”.
“(José Cristóbal) presentó documentos carentes de veracidad para sustentar la experiencia requerida, afectando la correcta gestión de las contrataciones del Estado”, señaló la Contraloría en el documento.
Quienes impulsaron las cuestionadas contrataciones fueron Ysmael Mayurí Quispe y más adelante Beder Camacho, ambos como subsecretarios generales del Despacho Presidencial. Trabajaron bajo la anuencia de Pedro Castillo.
Tanto Mayurí como Camacho formularon requerimientos para contratar por “no contar con personal” y “que se necesita de manera urgente el servicio de asistencia”.
No obstante, la Contraloría refuta que la contratación de los servicios de registro fotográfico, asistencia para la redacción, revisión de contenido de redes sociales, entre otros, no son parte de las competencias de la Subsecretaría General sino de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Es decir, se usurpó la labor de otro sector.
Asimismo, durante el mismo periodo, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa sí contaba con dos profesionales de las comunicaciones que pudieron cumplir esas tareas.
Gracias a este evidente direccionamiento de contratación, Franco Pomalaya –acusado en determinado momento de maltratar a una reportera en una actividad de Castillo– recibió un total de S/72,400 y José Cristóbal S/113,900, entre 2021 y 2022.
(Foto: Shutterstock)
Caos en la cocina
Otro informe de la Contraloría al que accedió este diario da cuenta de que, de enero a junio del 2022, en Palacio de Gobierno se repartieron raciones alimentarias sin identificar al personal beneficiario.
“Se prescindió de las autorizaciones y procedimientos para la entrega de alimentos en el comedor del despacho presidencial, lo cual no fue supervisado por el director de la Oficina de Operaciones para cautelar el estricto cumplimiento de la norma”, dice el informe.
El documento detalla que se repartieron 6,943 raciones (desayuno, almuerzo o cena) por un valor de S/35,032.10.
“Se afectó la correcta administración del suministro de alimentos”, apuntó la Contraloría.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este viernes la destitución del embajador peruano en México debido a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador a favor de Pedro Castillo.
“He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos y, de esta manera, las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios”, manifestó la mandataria en un breve mensaje a la Nación que dio esta noche.
Dina Boluarte emitió este mensaje acompañado del primer ministro, Alberto Otárola, y la canciller Ana Cecilia Gervasi. La jefa de Estado lamentó que López Obrador prefiera mantener sus «afinidades ideológicas» al seguir apoyando al expresidente Pedro Castillo.
«El señor López ha decidido afectar las bicentenarias relaciones de respetuo mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente al unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la Alianza del Pacífico», sostuvo.
Las críticas de AMLO
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a señalar que Pedro Castillo fue destituido injustamente y violando la constitución peruana.
“Es una gran injusticia haberlo destituido de su cargo porque fue electo por el pueblo. Además, violaron la Constitución los conservadores del Perú que es una minoría. Desde que lo eligieron empezaron a hostigarlo, llevaba apenas un mes, dos meses y ya estaban pidiendo su destitución porque tuvieron que aceptar el resultado, que ganó un representante del pueblo, de los más pobres, de los indígenas. Hay, lamentablemente, mucho racismo y clasismo y muchos intereses creados en el Perú…”, comentó.
Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, llegó al Palacio Nacional del país de México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, revelaron medios locales.
Según un video publicado por el Universal, Lilia Paredes llegó en horas de la tarde a Palacio. Se le vio acompañada por otras dos personas.
Paredes no quiso responder a las preguntas de la prensa mexicana.
Asilada en México
Luego que la Cancillería aprobó el salvoconducto para Lilia Paredes y sus dos hijos, la familia del expresidente Pedro Castillo dejó el país y actualmente reside en la Ciudad de México.
El exministro de Defensa Walter Ayala presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este órgano de la Organización de Estados Americanos ordene al Estado peruano la inmediata libertad de Pedro Castillo, así como la restitución de su patrocinado como presidente del Perú. El letrado oficializó solicitud ante la demora de los juzgados constitucionales nacionales en resolver los recursos de amparo a favor del exmandatario.
«Ante demora injustificada del Poder Judicial en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente constitucional del Perú, y su inmediata libertad. En los próximos días habrá novedades», anunció Ayala.
Ayala da a conocer la pretensión de Castillo Terrones luego de que la Fiscalía de la Nación formalizara la investigación preparatoria contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado. Esto en el marco de los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
A estos casos se le suma el de los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, en 2021. En esta diligencia se encuentra implicado el exministro Walter Ayala. En noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, rechazó una tutela de derechos del extitular de Defensa con la que buscaba no ser investigado por el presunto delito de organización criminal.
Ayala Gonzáles apeló la decisión, por lo que se elevó el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Dicha instancia declaró bien concedida la apelación del exministro. Ahora, se deberá programar la vista de la causa para resolver el recurso del exjefe del Mindef.
Segunda solicitud
Esta es la segunda solicitud a favor del expresidente Pedro Castillo, quien está recluido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado que intentó perpetrar el 7 de diciembre.
El 10 de diciembre, la abogada María Hurtado Ambrosio presentó un pedido ante la CIDH: «A la fecha, han ordenado detención arbitraria del presidente Pedro Castillo Terrones, quien fuera elegido democráticamente. La única esperanza es que esta CIDH atienda esta solicitud de manera urgente, declare fundado y ordene reponer en su cargo de presidente a Pedro Castillo Terrones”.
La letrada advirtió de una presunta vulneración al derecho de libertad de Castillo Terrones y acusó una supuesta persecución de Patricia Benavides. «Apenas juramentó (sic) como fiscal de la Nación, amenazó y creó un equipo especial para investigar al presidente Pedro Castillo Terrones, violando el artículo 117 de la Constitución Nacional del Perú”, aseveró.
Premier «advirtió» sobre recurso de Castillo
El último sábado, el primer ministro Alberto Otárola dio a conocer detalles del intento de Pedro Castillo sobre recurrir a la CIDH para regresar al sillón presidencial que actualmente ocupa Dina Boluarte.
“En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando activamente un grupo de abogados, de extrema izquierda, que han defendido improntas en otros países. Han estado dando vueltas por el penal Barbadillo, y pretenden enervar la decisión soberana del Perú de haber conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte”, dijo Otárola en entrevista a RPP.
La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria en contra del expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple. Ello, luego de que el Congreso de la República decidiera aprobar el informe final de la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
Asimismo, se formalizó la investigación contra Juan Silva Villegas en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple.
La Fiscalía tomó la misma decisión sobre la investigación que se le sigue a Geiner Alvarado en su condición de extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la presunta comisión del delito de organización criminal.
Cabe recordar que el expresidente Castillo se encuentra actualmente cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión. A fines de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó el plazo impuesto previamente por el juez Juan Carlos Checkley en perjuicio del exmandatario.
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ENFOQUE REAL 