Protesta de transportistas termina con 17 detenidos en Lima

Una jornada de protestas por la inseguridad que azota al sector transporte terminó con la detención de 17 personas en el distrito de Puente Piedra, en el marco de un paro convocado en Lima y Callao.

Los transportistas, que exigían un alto a los ataques, extorsiones y sicariato, buscaron hacer oír su voz frente a una problemática que ha cobrado la vida de varios de sus compañeros.

Según Julio Campos Cárdenas, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, los detenidos son miembros de diferentes empresas de la zona de Lima Norte y permanecen en la comisaría de Puente Piedra.

La situación ha generado controversia, pues el dirigente denunció la presencia de una menor de 17 años entre los aprehendidos.

“Siguen los 17 detenidos, dentro de ellos hay una menor de edad”, lamentó Campos. El representante del gremio cuestionó el proceder de la policía, sugiriendo que la joven debió ser liberada de inmediato y no mantenida bajo custodia por más de cuatro horas antes de ser formalmente detenida.

Acuerdos para enfrentar ola de violencia

Mientras tanto, en una reunión celebrada el mismo jueves, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, se encontró con representantes de seis gremios de transportistas de Lima y Callao. El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de encontrar una solución a la ola de violencia que enfrentan.

De esta mesa de diálogo surgieron importantes acuerdos. El principal es la creación de una propuesta legislativa para combatir el crimen organizado. Dicho proyecto de ley contemplaría la formación de un grupo élite policial especializado en la lucha contra las extorsiones.

Se establecieron plazos concretos: el proyecto de ley será elaborado en un máximo de 10 días y su debate en el Pleno del Congreso deberá iniciarse en los siguientes 30 días hábiles. La presidencia del Congreso ha asegurado que la iniciativa será tratada con carácter de urgencia.

Además, se acordó establecer una mesa de trabajo permanente para que los gremios de transportistas puedan monitorear de cerca los avances y la implementación de las medidas acordadas.

Archivan denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protesta

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas que estallaron tras su asunción en diciembre de 2022 y 2023

Con once votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se concluyó que la acusación no cumplía los requisitos del artículo 89 del reglamento parlamentario.

La denuncia, promovida por la congresista Ruth Luque, involucraba además a Pedro Angulo, Luis Alberto Otárola, César Cervantes y José Tello. Todos fueron señalados por su presunta responsabilidad política y penal en la represión de manifestaciones que dejaron decenas de víctimas mortales.

Comisión concluye que no hay relación directa entre hechos y delitos

El informe de calificación aprobado sostiene que no se ha podido verificar una relación directa entre los hechos denunciados y la supuesta comisión de infracciones constitucionales o delitos penales como homicidio calificado o lesiones graves.

En consecuencia, no se consideró procedente admitir a trámite la denuncia para iniciar un proceso político-penal. Esta decisión ha generado reacciones divididas entre los congresistas. 

Mientras algunos respaldan la conclusión técnica del informe, otros sectores consideran que se está blindando a las más altas autoridades del país frente a hechos graves ocurridos durante la crisis social y política de finales de 2022 e inicios de 2023.

Otras denuncias contra Boluarte y altos funcionarios en curso

El Congreso tiene pendientes otras denuncias relacionadas con la presidenta Dina Boluarte. Una de ellas fue presentada por el congresista Jaime Quito, quien acusa a Boluarte de haber usurpado de forma irregular el cargo de jefa de Estado tras la vacancia de Pedro Castillo. Esta será evaluada por la Subcomisión en las próximas sesiones.

Asimismo, se revisan informes preliminares sobre otras autoridades, como el juez supremo Víctor Ticona, quien enfrenta una denuncia presentada por la fiscal de la Nación Delia Espinoza por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible en su rol como presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Cabe resaltar que la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúa con la evaluación de otros informes de calificación.

Sentencian en Puno a mujer por disturbios durante la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte

El Primer Juzgado Unipersonal de Puno sentenció a 5 años de pena privativa de libertad suspendida en contra de la madre de familia, Fermina Pandia Laura, por el delito de disturbios y otros, cometidos durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, que ocurrió en la ciudad de Puno.

El fiscal adjunto provincial, Eddy William Cáceres Caxi, tras el fallo, sostuvo que “el 10 de febrero de 2023, un grupo de personas venían ocasionando disturbios en Alto Puno, generando bloqueo de vías y pidiendo dádivas a diversos conductores con la finalidad que puedan pasar por la zona”.

Refirió que “por tal motivo el personal policial se constituyó al lugar a fin de despejar la vía, donde se generó un enfrentamiento por parte de los manifestantes con los efectivos del orden, instantes donde la ahora sentenciada habría intentado arrebatarle el arma de fuego a un efectivo policial”.

Durante el proceso judicial, el fiscal había solicitado 6 años y 4 meses de pena privativa de libertad efectiva, además de una reparación civil de 5 mil soles, sin embargo, el Juzgado rebajó la pena y el monto por concepto de reparación.

Vale precisar, que en su momento, se difundieron videos de cómo Fermina Pandia fue detenida y llevada a rastras por los policías de Unidad de Servicios Especiales, causando rechazo de parte de la población.

Chancay: manifestantes bloquean carretera Panamericana Norte exigen culminación de agua y desagüe

Manifestación en el Km 87.5 de la Carretera de la Panamericana Norte en el sector norte del distrito de Chancay.

Pobladores del CP Pampa Libre han tomado la carretera y queman llantas como medida de protesta por la falta de los servicios básicos agua y desagüe, tal como fue planificado con anticipación.

Son cientos de manifestantes que tienen bloqueado ambas vías de norte a sur y sur a norte, los más perjudicados son los transportistas, entre ellos estudiantes de la Universidad José Fausto Sánchez Carrión de Huacho quienes se encuentran varados, ellos expresan su malestar porque les perjudica llegan, hoy tienen exámenes.

Los manifestantes han señalado que son 62 años sin agua y Desagüe, solo falta 120 metros para el empalme.

Hace unos meses tuvieron la visita de la ministra y no hizo nada por solucionar el problema manifestaron los protestantes.

Piura: maestros bloquearon un puente en modo de protesta y exigen pagos

Un grupo de maestros de diversas partes de la región Piura bloquearon un puente en señal de protesta. Ellos denuncian que no han recibido su sueldo y otros beneficios correspondientes al mes de diciembre.

Un grupo de maestros de diversas partes de la región Piura bloquearon un puente en señal de protesta. Ellos denuncian que no han recibido su sueldo y otros beneficios correspondientes al mes de diciembre.

El denunciante responsabilizó al gobernador regional de Piura, Luis Neyra, y al director regional de Educación, Martín Olivares, por la falta de pagos y pidió que dejen sus cargos.

“El señor gobernador Luis Neyra, el director Martín Olivares y las autoridades que deciden han sido indolentes, han sido incapaces. Por lo tanto, no merecen conducir los destinos de una región. Deben dar un paso al costado. Como magisterio los declaramos persona nos gratas”, manifestó.

MAESTROS ANUNCIAN VIGILIA EN EL FRONTIS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Asimismo, anunció que continuarán en noche de hoy con una vigilia en el frontis del Gobierno Regional de Piura.

“Más de 30 mil maestros, entre activos y cesantes, están sin un céntimo en sus cuentas. También tenemos hambre, sed (…) Necesitamos mantener nuestros hogares. Solo al maestro se le trata de esta manera, mientras que estos funcionarios corruptos se dan la gran vida”, continuó.

También indicaron que presentaron una denuncia en la que los funcionarios tendrán que responder legalmente. “Que nos rindan cuentas. Los maestros jubilados siguen esperando convalecientes, enfermos y en sillas de ruedas”, indicó.

Alberto Otárola se reunió en secreto con oficiales de PNP y FF. AA. durante protesta en Andahuaylas

Alberto Otárola actualmente es investigado por la Fiscalía por las muertes ocurridas en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Durante las movilizaciones sociales de diciembre del 2023, el actual jefe de la PCM era ministro de Defensa. En ese contexto, ‘Punto final’ ha revelado que Otárola Peñaranda se reunió de manera secreta con jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Este encuentro data del 11 de diciembre del 2022; sin embargo, no figura en los registros oficiales. Esta acción ocurrió justo cuando en Andahuaylas ocurrían diferentes marchas contra Dina Boluarte.

Según el dominical, en la reunión participaron el jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., Manuel Gómez De la Torre, y el comandante general de la PNP, general Raúl Alfaro. Este encuentro llama la atención porque un día después, el 12 de diciembre, el Gobierno oficializó en el diario El Peruano la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas y la declaratoria de emergencia en el sur del país.

Aunque dicha charla fue ocultada por registros oficiales, Latina tuvo acceso a un formato en el que se da cuenta de que dicha reunión se agendó a las 2.00 p. m. Incluso, se detalla que también asistió el entonces ministro del Interior, César Cervantes.

«Que una reunión no figure dentro de las anotaciones que, por ley de Transparencia, tiene que realizarse causa suspicacia, porque son justamente en esos días previos a la decisión de declarar el estado de emergencia y pedir el apoyo del Ejército», aseguró Gloria Cano, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Otra prueba de este encuentro quedó anotada en el Registro de Uso de la Caja Chica del Ministerio de Defensa. Esta vez, una boleta de comida da cuenta de que los funcionarios solicitaron almuerzos con fecha del 11 de diciembre del 2022.