Narrativa de fraude continúa: exoficial Chavín de Huántar promueve «golpe de Estado democrático»

Los sectores políticos que sostienen la existencia de un presunto fraude electoral vuelven a cobrar protagonismo. Esta vez, el general en retiro y excomando Chavín de Huántar, Roger Zevallos, propuso en televisión la posibilidad de un «golpe de Estado democrático». El propio Zevallos reconoció que esta opción se encuentra fuera de la Constitución y la ley; sin embargo, insistió —basándose únicamente en las irregularidades registradas en la jornada electoral del 12 de abril— en que el escenario «lo ameritaría».

El general en retiro calificó el proceso electoral de «fallido» y «viciado». Bajo ese planteamiento, propuso que una junta militar asuma el poder y designe en la presidencia a un militar o a «un civil notable». Aseguró que se trataría de una medida temporal que implicaría desconocer el proceso electoral en curso.

Para sustentar su posición, Zevallos invocó la Revolución de los Claveles, ocurrida en Portugal en 1974. Este episodio fue efectivamente conducido por militares; sin embargo, a diferencia del escenario planteado para el Perú, tuvo como objetivo derrocar la dictadura del Estado Novo, que llevaba más de cuatro décadas en el poder. La comparación, en este contexto, resulta desproporcionada.

Zevallos aseguró que no ha discutido el tema con líderes de partidos políticos. No obstante, fue ambiguo al responder si había abordado la propuesta con otras figuras dentro del Ejército peruano: «Nosotros no somos deliberantes. Eso no significa que al interior de las instituciones no se esté conversando el tema. Tampoco significa que no haya tenido contacto con diversos estamentos, donde se estarían discutiendo estas opciones», respondió al ser consultado al respecto.

Un discurso que se amplifica en otros espacios

Su postura no se ha difundido únicamente en programas de televisión. Zevallos también participó en pódcast transmitidos por internet. En una transmisión del canal Resurge, volvió a referirse al tema y aseguró que existen contactos para concretar la toma ilegal del poder que propuso.

«Si yo convocase, en el supuesto negado, a muchos hermanos de armas y les dijera: ‘esto es lo que se va a hacer, el Perú nos necesita’, lo harían», dijo Zevallos en entrevista.

En estos espacios virtuales, el mensaje ha continuado replicándose. Recientemente, el conductor Diego Acuña expresó públicamente su respaldo a un «golpe de Estado democrático popular».

En la televisión abierta, otras figuras también han cuestionado el proceso electoral del 12 de abril, hasta calificarlo como un «golpe de Estado». El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos participó en el programa ‘Beto a Saber’, de Willax, y mantuvo esta línea argumentativa.

«En este momento se está consumando un golpe de Estado en el Perú. Y me dirijo a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones: si ustedes proclaman a estos candidatos, ese será el último de los delitos que se han cometido en este proceso electoral», señaló.

La narrativa comienza a escalar y a traducirse en acciones. El jueves 31 de marzo, un grupo de ciudadanos se congregó en los exteriores del domicilio de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una de las principales figuras en esta protesta fue el influencer de extrema derecha Jhorge Ugarte, quien aseguró que continuarían con un hostigamiento prolongado contra Burneo y replicó el llamado a un golpe militar frente a los asistentes.

En redes sociales, Rafael López Aliaga publicó un pronunciamiento de la organización Unión Naval, conformada por oficiales de la Marina de Guerra en situación de retiro, en el que califican también de «viciado» el proceso electoral y solicitan la anulación de 4703 actas de la serie 900000, alineándose con el pedido del líder de Renovación Popular.

«Nos ha costado mucho trabajo lograr la democracia en la que estamos viviendo»

En conversación con La República, el exministro de Defensa y contraalmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, José Luis Gavidia, indicó que estas expresiones degradan la democracia y, lejos de fortalecer el sistema político, pueden deteriorar la institucionalidad del país.

«Los golpes de Estado son posiciones anacrónicas del pasado. Nos ha costado mucho trabajo lograr la democracia en la que vivimos. Que ciudadanos, sean militares en retiro o no, promuevan estas actitudes antidemocráticas y sin lógica para el contexto actual demuestra una total irresponsabilidad. Es probable que busquen una figuración personal más que una posición institucional», sostuvo.

El exministro consideró que las Fuerzas Armadas en actividad no avalarían un acto de este tipo: «Cualquier acción de armas la ejecuta el personal militar en actividad. Yo soy oficial en retiro y estoy orgulloso de pertenecer a la gloriosa Marina de Guerra. En lo que respecta al actual ministro de Defensa, considero que debe mantener una comunicación permanente con los altos mandos y los organismos de inteligencia del sector, a fin de adoptar las medidas correspondientes ante cualquier indicio de irregularidad. Descarto totalmente una actitud de este tipo por parte del personal en actividad, así como la posibilidad de que se deje influir por actores externos», señaló.

Gavidia agregó que los sectores políticos que promueven estas propuestas deben respetar los resultados electorales: «No existe ningún ‘golpe de Estado democrático’. La democracia implica la participación del pueblo. Frente a estas elecciones, debemos actuar con madurez y respetar la voluntad de la mayoría. Nos guste o no, es necesario aceptar los resultados. Si hay irregularidades, deben demostrarse con pruebas y abordarse por las vías legales. Plantear un golpe de Estado es una irresponsabilidad y no tiene relación con las instituciones. Las Fuerzas Armadas están al margen de este tipo de planteamientos. Es necesario actuar con responsabilidad ante estas posturas».

Abogado indica que Juanelo está inhabilitado y regidores tendrán que cumplir las normas: “Hay una condena y se debe suspender al alcalde”

¡El alcalde está inhabilitado! El abogado y procurador público de Chancay, José Ramos Casazola, se pronunció con respecto a la situación del alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, señalando que la autoridad distrital se encuentra inhabilitada, lo cual le impide ejercer el cargo y es motivo suficiente para su suspensión.

En ese contexto, precisó que el pedido de suspensión solicitado por la ciudadana Judith Apolinar es legítimo; sin embargo, observó que hubo un error procesal; puesto que, al solicitar la suspensión, no se tomó en cuenta que el Poder Judicial debía remitir la sentencia condenatoria debidamente certificada. Esta carencia obligó al concejo municipal a suspender la sesión donde se iba a debatir la sanción a la autoridad.

“La ciudadana Judith Apolinar, dentro de sus medios de prueba, plantea que se solicite al Poder Judicial la sentencia condenatoria certificada… Ahí radica el problema de ayer. De acuerdo con la ley, los funcionarios responsables de tramitar dicha copia eran el secretario general y el propio alcalde. Lo que ha hecho el concejo es correcto; no se puede resolver un proceso con una copia simple”, manifestó el abogado.

Durante la entrevista con Enfoque Real, Ramos Casazola cuestionó la postura del abogado de Juan Álvarez, indicando que este intentó justificar la ausencia del documento argumentando que el concejo debía reunirse primero para recién solicitar la copia.

“Trata de justificar la falta de esa prueba señalando que primero debía sesionar el concejo; eso es incorrecto. Si el concejo tiene 30 días para resolver, lo lógico era que la prueba ya estuviera disponible, pues ya había sido solicitada por la peticionante”, agregó Ramos, quien sostuvo que la responsabilidad recae en el secretario y el alcalde, y no en los regidores.

Asimismo, el procurador indicó que a la solicitante le faltó asesoría legal estratégica para evitar estos inconvenientes que, finalmente, le permiten al alcalde ganar tiempo y permanecer en el cargo.

Por otro lado, “Pepe” Ramos argumentó que, en cuanto se obtenga la copia certificada, el concejo municipal deberá convocar obligatoriamente a una nueva sesión. De aprobarse la suspensión, el alcalde podrá ejercer su derecho de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que este resuelva en última instancia.

Además, aclaró que para suspender a una autoridad basta con una sentencia de segunda instancia. Con esto, rebatió los argumentos de otros juristas que sostienen que se requiere un fallo de casación para proceder contra el alcalde portuario.

“No entiendo, la verdad es una sola, hay una condena en segunda instancia y se debe suspender al alcalde, no hay nada más que interpretar. El alcalde tiene derecho a la defensa y a dilatar el proceso, pero para poner orden están los regidores”, sostuvo.

Finalmente, expresó que, si los regidores no hacen cumplir las normas establecidas, deberán asumir una responsabilidad legal e histórica ante el pueblo que les otorgó su confianza mediante el voto.

Subcomisión del Congreso verá denuncias constitucionales contra Dina Boluarte y exministros

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) tiene programado, este martes 5, dar cuenta de la denuncia constitucional 534 presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte, por la presunta infracción  a los artículos 11, 12, 38, 39, inciso 1 de artículo 118 y artículo 128 de la Constitución.

La denuncia constitucional 534 también comprende al expresidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, y al exministro de Economía, José Arista Arbildo.

La sesión se desarrollará a las 5 de la tarde, de manera presencial y virtual, en la Sala 2 Fabiola Salazar del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

En la misma sesión se dará cuenta de la denuncia constitucional 603, formulada por el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski, contra el presidente del Consejo de ministros Eduardo Arana Ysa, por la presunta infracción a los artículos 43, 123, 125, 128, 138 y 139.2 de la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento ilegal de proceso en trámite; tipificados en los artículos 376, 400 y 410 del Código Penal.

SAC ARCHIVA DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CONTRA BOLUARTE

En la sesión anterior, la SAC aprobó mandar al archivo las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte presentada por los parlamentarios Juan Burgos (Podemos Perú) y Edwin Martínez (Acción Popular). Se le acusaba de infracciones a la Constitución y delitos de corrupción durante su gestión.

Sobre la denuncia 516, se acusó a Dina Boluarte y al exprimer ministro Gustavo Adrianzén de infringir los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, relacionados con el respeto irrestricto a la Constitución y el ejercicio de la función presidencial.

En la denuncia constitucional 657, además de la exmandataria, se acusaba al exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval, a quienes se les acusa de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en agravio del Estado.

Finalmente, este martes 5, solo se dará cuenta de la nueva denuncia constitucional presentada por el legislador Juan Burgos. Será en las siguientes sesiones que se analice el fondo de la denuncia.

Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar gestión de gobiernos regionales por uso de recursos públicos

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, aprobó presentar ante el Pleno del Congreso una moción de orden del día que solicita otorgar a ese grupo de trabajo facultades de comisión investigadora para indagar la gestión de los gobiernos regionales a nivel nacional.

La decisión fue aprobada por unanimidad (12 votos) y plantea que la comisión actúe conforme al artículo 97 de la Constitución Política del Perú, con el fin de revisar la ejecución del gasto público, el uso de los recursos asignados, la administración de bienes del Estado y el cumplimiento de funciones por parte de autoridades, funcionarios y servidores públicos.

La moción establece que la comisión investigadora examine los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, así como las responsabilidades funcionales vinculadas a la gestión regional. Además, precisa que el plazo de investigación será de 30 días calendario, contado desde el día siguiente de la aprobación de la propuesta.

Al término de ese periodo, la Comisión de Fiscalización y Contraloría deberá presentar ante el Pleno del Congreso un informe final con conclusiones, recomendaciones y, de ser el caso, las acciones que correspondan.

INPE incauta celulares y desmantela conexiones clandestinas en penales de Ancón I, Aucallama y Chiclayo

El personal Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) realizó operativos de registro y revisión en los penales de Ancón I, Aucallama y Chiclayo, incautando equipos telefónicos y desmantelando conexiones clandestinas.

Más de 30 efectivos de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Ancón I revisaron exhaustivamente en patios, ductos, techos, áreas conexas de los pabellones 1 al 10, así como tópico, cocina y talleres, encontrando celulares,  handfrees, 1 USB, 1 cargador de celular y 30 metros de cable eléctrico de conexiones clandestinas.

Las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato a la Fiscalía Penal Corporativa de Santa Rosa y a la DEPINCRI de Puente Piedra.

Así también, en el penal de Chiclayo se llevó a cabo un operativo de erradicación de antenas receptoras de televisión y equipos similares en los techos de los diferentes pabellones, con el fin de reforzar la seguridad y la protección del espacio aéreo del recinto.

Además, en el penal de Aucallama, cerca de 20 efectivos de seguridad interna ejecutaron un operativo de revisión y registro inopinado en el jardín del pabellón 6, encontrando armas punzocortantes, parlantes pequeños, encendedores y cigarrillos. 

En cumplimiento a las normativas de seguridad, el INPE informó que mantiene una política de revisión constante en los recintos carcelarios y ratifica su colaboración en la prevención y lucha contra las organizaciones criminales.

Bebé de un año cayó desde un octavo tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

Una menor de apenas un año resbaló y cayó desde un octavo piso de un edificio ubicado en el bloque 3, departamento 104 del condominio Las Acacias 1083, en Comas, durante la noche del lunes 4 de abril. De acuerdo con testigos, la pequeña intentó alcanzar su peluche desde la ventana de su vivienda, lo que ocasionó la tragedia.

La niña habría estado bajo el cuidado de su abuela, quien no se percató de lo sucedido. Asimismo, en el lugar desde donde cayó la pequeña no había mallas de seguridad. Al advertir el hecho, residentes y miembros de Serenazgo del distrito auxiliaron a la bebé.

Menor de un año cae desde octavo piso

Debido a la falta de acceso a la vivienda, se coordinó con el personal de vigilancia para ingresar y brindar ayuda a la menor. Sin embargo, la respuesta fue negativa, lo que dificultó las labores, según el parte policial.

Por este motivo, las autoridades tuvieron que irrumpir en la propiedad privada de un residente para atender la emergencia. «Se procedió a trepar la valla e ingresar al inmueble a través de la ventana de una habitación, logrando abrir la mampara de la sala para facilitar la evacuación de la menor», se lee en el reporte.

Cabe señalar que algunos domicilios de la residencia no cuentan con mallas de seguridad, lo que representaría un peligro para la niñez.

«Apúrate, es una bebé. Llévala, llévala de una vez», sostuvo uno de los vecinos presentes al notar que la menor aún tenía signos vitales. Tras el incidente, la niña fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.