BCR lanza moneda de plata conmemorativa por los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos

El Banco Central de Reserva (BCR) anunció la puesta en circulación de una nueva moneda de plata, diseñada para conmemorar el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos.

El reverso de la pieza destaca por integrar símbolos de ambos países. A la izquierda, se muestra la ciudad de Machu Picchu, reconocida como patrimonio de la humanidad y símbolo de la avanzada ingeniería y conocimiento astronómico de la civilización inca.

Bajo esta imagen figura el año 1826, marcando el inicio del vínculo diplomático. 

A la derecha del reverso se aprecia la Torre de la Libertad (Freedom Tower), ubicada en Miami. Este monumento histórico nacional es un símbolo de esperanza y libertad para quienes buscaron nuevas oportunidades en tierras estadounidenses.

Junto a la torre se registra el año 2026 y, rodeando la parte superior, la inscripción “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” seguida de “PERÚ – USA”.

Por su parte, el anverso mantiene el diseño tradicional con el Escudo de Armas, la denominación “UN SOL” y el nombre de la institución emisora. 

Características técnicas

De acuerdo con el BCR, esta pieza numismática ha sido acuñada en plata de 0,925 y posee un peso fino de una onza troy. Con un diámetro de 37,00 mm y un acabado de calidad Proof. La emisión está limitada a un máximo de 5 000 unidades.

La moneda podrá ser adquirida a través del portal de ventas del BCR (https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/) a un precio inicial de S/338.

Congreso: Fernando Rospigliosi rechaza minuto de silencio por fallecidos en operativo de Colcabamba

Un momento de tensión se vivió en el Palacio Legislativo cuando el congresista Alfredo Pariona solicitó honrar a los cinco fallecidos en Colcabamba. Pese a la solemnidad del pedido, la Mesa Directiva ignoró la propuesta y prosiguió con la agenda programada sin pausa alguna.

Reacción legislativa y silencio administrativo

El rechazo implícito de la Mesa Directiva ha provocado críticas por la falta de empatía ante la pérdida de vidas humanas. Fernando Rospigliosi, quien presidía la sesión en ese instante, decidió otorgar la palabra a otro parlamentario ignorando completamente la solicitud de Pariona.

«Solicito a su representada para que la representación nacional brindemos un minuto de silencio a la memoria de los cinco ciudadanos huancavelicanos asesinados (…) el minuto de silencio no solo es un acto de respeto, sino también un compromiso con la memoria de la dignidad y la defensa de la vida», solicitó el parlamentario.

La Bancada Socialista respaldó el pedido de su integrante, subrayando que el Estado debe reconocer el valor de cada vida ciudadana sin distinciones. La falta de respuesta oficial en el Hemiciclo evidencia las profundas divisiones políticas que persisten actualmente en el Perú.

Investigaciones sobre el operativo en el VRAEM

El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer la muerte de cinco ciudadanos en el distrito de Huancavelica. Mediante el portal del Congreso, explica como estos hechos ocurrieron durante una intervención de las fuerzas del orden en una zona crítica del VRAEM.

Las autoridades buscan determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el despliegue militar en esta región andina. Las familias de los fallecidos exigen transparencia total sobre los eventos que terminaron con la vida de sus parientes en el sector Colcabamba.

La Inspectoría General de la Policía también participa en la recolección de evidencias para deslindar responsabilidades administrativas tras el operativo. Este caso ha generado una fuerte reacción en las organizaciones de derechos humanos que vigilan de cerca las acciones estatales en zonas de conflicto.

Este incidente se suma a una lista de desencuentros entre las regiones y el poder central ubicado en la Lima. Los ciudadanos de Huancavelica esperan que el Gobierno central brinde un informe detallado sobre las víctimas del operativo ejecutado en la zona.

El minuto de silencio por cinco fallecidos en Colcabamba es un acto necesario para reconocer la crisis de seguridad que atraviesa el VRAEM. Ignorar este tipo de pedidos legislativos debilita la confianza institucional y la representación de las regiones ante el Congreso.

Perú puede perder auge del cobre si no destraba proyectos ni controla avance de la minería ilegal, advierte exministro Incháustegui

El Perú enfrenta el riesgo de desaprovechar el auge internacional del cobre si no logra destrabar su cartera de proyectos ni frenar el avance incontenible de la minería ilegal, advirtió el exministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, que remarcó que actividad ilícita ya se expande en varias regiones como Cajamarca y compromete el desarrollo del sector.

“Hay una ventana que se puede cerrar: el mundo demanda cobre y los precios seguirán altos por el déficit global, pero si los proyectos no se ejecutan a tiempo, el mineral puede ser reemplazado, como ocurrió con el salitre o el caucho”, declaró Incháustegui en Red de Comunicación Regional (RCR).

Desde Cajamarca, donde participó en la III Conferencia del Cobre y Feria Minera Internacional Expo Cobre 2026, Inchaustegui sostuvo que el destrabe pasa por medidas concretas: agilizar permisos, implementar una ventanilla única y articular al Estado con el sector privado mediante un diálogo multiactor. “Otro tema clave es la Ley MAPE (que regula la minería artesanal y de pequeña escala) porque la minería ilegal está avanzando de manera sostenida. Para reducirla, no solo hay que combatirla con firmeza, sino también promover y formalizar la actividad minera artesanal”, añadió.

Minería ilegal se incrementa en Cajamarca

Sobre Cajamarca, consideró que el escenario es crítico y validó la declaratoria de emergencia en 13 distritos como una respuesta necesaria frente al crecimiento sostenido de la minería ilegal. “Se ha visto un incremento fuerte de esta actividad y se requiere una articulación efectiva entre Policía, Fuerzas Armadas y autoridades locales para enfrentarla”, indicó.

No obstante, alertó que las intervenciones actuales son insuficientes. “Las interdicciones se realizan, pero a las dos semanas los ilegales regresan. Se necesita una acción sostenida en el territorio, con presencia permanente del Estado para evitar que estas actividades se reinstalen”, remarcó, al señalar zonas como Cajabamba y Hualgayoc, donde la actividad ilegal ya colinda con proyectos formales. “En distritos como Sorochuco, donde se ubican proyectos como Conga y Galeno, resulta preocupante que la minería ilegal siga avanzando sin una respuesta firme del Gobierno”, aseveró.

“Con S/130 millones no se puede combatir la minería ilegal”

En ese contexto, cuestionó la limitada asignación presupuestal por parte del Ejecutivo. “Con S/ 130 millones no se puede combatir la minería ilegal; se requiere un presupuesto similar al que se destina al narcotráfico y, sobre todo, invertir en inteligencia para identificar a los financistas que están detrás de las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal”, expresó tras señalar que incluso se podría gestionar financiamiento internacional de otros países para fortalecer la capacidad de inteligencia contra la criminalidad.

El exministro fue enfático en que el problema ha escalado a un nivel mayor. “La minería ilegal es hoy la principal actividad ilícita del país y está vinculada a estructuras criminales que operan con financistas detrás”, sostuvo, al advertir que no basta con destruir maquinaria si no se desarticulan las redes económicas que la sostienen.

Las ONG deben dialogar

Finalmente, Inchaustegui planteó la necesidad de involucrar a todos los actores, incluidas las organizaciones no gubernamentales, en una estrategia común. Consideró que más que confrontación, se requiere un diálogo que priorice la protección ambiental y el desarrollo territorial, a fin de construir una respuesta unificada frente a una actividad que —advirtió— está destruyendo ecosistemas y economías locales.

“La minería ilegal se ha instalado de manera progresiva y, en los proyectos donde no se aprobaron los permisos, ha terminado infiltrándose. Dejemos de discutir responsabilidades y unamos esfuerzos para impulsar un combate firme contra esta actividad”, aseveró.

Acorralada por la evidencia: Rosa Vásquez y sus contradicciones en audiencia

Rosa Vázquez enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera política. Durante la reciente audiencia de apelación por el caso del Centro Cívico de Matucana, en el que se le procesa por peculado doloso y otros delitos contra la administración pública, su estrategia de defensa basada en el «desconocimiento» y la «delegación de funciones» fue desmantelada pieza por pieza por el Ministerio Público, la Procuraduría y el propio colegiado

LA OFICINA «FRENTE A LA OBRA»

Ante la pregunta de cómo no notó la paralización o los retrasos estando a pocos metros de su oficina, la gobernadora respondió con una evasiva: «una cosa es verlo de lejos y otra cosa es verificar el detalle»

La jueza subrayó que, tras casi cuatro años de gestión con la obra frente a sus ojos, no existen actas ni documentos que respalden formalmente las supuestas demoras por lluvias o falta de transferencias del MEF que la defensa alega

EL LABERINTO DEL PRESUPUESTO

El fiscal Juan Fernández puso en evidencia la inconsistencia de Vázquez respecto al manejo de fondos. La imputada sostuvo que ella no conocía el detalle de los pagos porque estos «no pasaban por alcaldía»

Sin embargo, el fiscal le recordó que ella, como alcaldesa, presidía el Concejo Municipal que aprobaba el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y firmaba las resoluciones que validaban el Presupuesto Inicial Modificado (PIN)

Vázquez admitió finalmente que sabía que el presupuesto se había incrementado, lo que contradice su postura de ajenidad administrativa ante la presunta sobrevaloración de más de 1.3 millones de soles que investiga la fiscalía

LA «COMODIDAD» DE LA DELEGACIÓN

La estrategia de la defensa de centrar la responsabilidad en el fallecido gerente municipal y en el coimputado Walter Tobar (exgerente de Desarrollo Urbano) también fue cuestionada por la Procuraduría

El abogado Rony Caballero increpó a Vázquez por su nula labor de supervisión:

Vázquez afirmó que canceló 1.6 millones de soles hasta su renuncia en 2014, pero admitió que solo se enteró de esa cifra exacta durante la investigación penal

Reconoció explícitamente que no ejercía ningún rol de supervisión sobre los gerentes en quienes delegó funciones, bajo el argumento de que «así es el trabajo»

SITUACIÓN PROCESAL

El interrogatorio dejó la imagen de una autoridad que, según su propio testimonio, firmaba resoluciones de incremento presupuestal y despachaba frente a una obra paralizada durante años, pero alega no haber tenido conocimiento de las irregularidades hasta que la Fiscalía la citó.

La audiencia ha sido reprogramada para el próximo miércoles 6 de mayo, fecha en la que se procederá a la oralización de la abundante prueba documental que, según adelantó la defensa, incluye informes de valorización y peritajes que serán determinantes para el futuro legal de la gobernadora.

La ratificación de la condena contra Rosa Vásquez parece inminente. Saquen sus propias conclusiones.

Fuente: Contra Poder

Cae organización criminal «Los implacables tinieblas» en megaoperativo en Huaral

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, a cargo del Fiscal Luis Salas Ostos en coordinación con la Policía Nacional del Perú de la Región Policial Lima Norte, ejecutó un megaoperativo en la provincia de Huaral que permitió la detención de presuntos integrantes de la organización criminal “Los Implacables Tinieblas”.

De acuerdo con las investigaciones, esta banda estaría implicada en los delitos de extorsión, sicariato, secuestro, robo agravado y receptación agravada, entre otros hechos delictivos cometidos en el sector de Palpa, Chancay y diversos centros poblados de la provincia de Huaral.

Según la tesis fiscal, los investigados tenían como modalidad apropiarse ilegalmente de viviendas y fundos pertenecientes a sus víctimas, generando temor entre los pobladores de la zona.

Las detenciones se realizaron en cumplimiento de una resolución judicial que dispuso siete días de detención preliminar para los investigados, mientras continúan las diligencias y el proceso de investigación.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos equipos que presuntamente eran utilizados para coordinar y ejecutar actividades ilícitas.