Solicitan la inhabilitación de gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, por mandato judicial

Un escrito presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones solicita que se ejecute de manera inmediata la inhabilitación impuesta a la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, tras la sentencia que la declara responsable de delitos de corrupción vinculados a su gestión en Huarochirí. La petición señala que, al existir una pena de inhabilitación vigente, la gobernadora ya no puede continuar ejerciendo funciones públicas.

El documento advierte que mantener en el cargo a una autoridad sentenciada por delitos dolosos afecta la legalidad y la estabilidad de la gestión regional. También recuerda que el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate ordenó cursar los partes judiciales al JNE para hacer efectiva la inhabilitación.

De concretarse la separación del cargo, el vicegobernador Nicolás Barrera Morán asumiría la gobernación regional conforme a la normativa vigente. El escrito concluye señalando la necesidad de que el JNE actúe con celeridad para garantizar la continuidad institucional y el cumplimiento de la ley.

Ciudadano denuncia retraso de OTASS en instalación de servicios a pesar de haber pagado 8 mil soles

Un vecino del sector de Vizquerra hizo pública una denuncia contra OTASS – Emapa Huaral, a la que acusa de retrasar injustificadamente la instalación de su conexión domiciliaria, pese a haber desembolsado cerca de 8 mil soles desde agosto de este año.

Según narró, desde que inició el trámite ha enfrentado una serie de postergaciones y promesas incumplidas por parte del personal de la entidad. “Están que me pelotean. Me mandan a la ingeniera, al ingeniero. Me dicen regresa a inicios de octubre, a mediados de octubre, a mediados de noviembre… y hasta la fecha nada”, expresó, visiblemente fastidiado por la falta de avances.

El ciudadano precisó que efectuó varios pagos a OTASS:
– S/ 111.80 el 8 de agosto.
– S/ 1 914.10 el 11 de septiembre.
– S/ 3 747 el 4 de septiembre.
A ello se sumarían otros montos que elevarían el total a aproximadamente S/ 8 000.

Pese a ello, afirma que cada consulta que realiza sobre el estado de su trámite termina en respuestas ambiguas o evasivas. “Me dicen que no está el ingeniero, que no ha venido. Me pasean, nadie responde”, relató.

El vecino comentó que, al pedir precisiones sobre la fecha de instalación, solo recibió como respuesta que sería “lo más pronto posible”, algo que —asegura— no se ha cumplido. Además, denunció que una trabajadora identificada como Marleny, quien sería ingeniera de la entidad, le advirtió que los pagos tendrían una “fecha límite”, lo que implicaría que, de vencer, debería volver a pagar.

“Y encima me dicen que si vence la fecha tengo que volver a pagar. Este año probablemente se vence, porque el otro año entra otra gestión. ¿Dónde estamos?”, cuestionó indignado.

El usuario solicita una solución inmediata y pide la intervención de las autoridades para evitar que otros vecinos enfrenten situaciones similares. Hasta el cierre de este informe, la empresa de agua y saneamiento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

José Jerí anuncia cierre del INPE y creación de la nueva Sunir desde enero de 2026

En medio de la grave crisis penitenciaria y el avance sostenido de las mafias que operan desde las cárceles, el presidente José Jerí anunció este martes una decisión histórica: el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejará de funcionar y será reemplazado por una nueva entidad, denominada Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que comenzará a operar desde enero de 2026.

Según explicó el mandatario, esta reforma forma parte de las facultades legislativas que recibió para actuar en materia de seguridad ciudadana y constituye la primera medida estructural dirigida a recuperar el control del sistema penitenciario, considerado uno de los focos más críticos de la criminalidad organizada en el país.

La Sunir asumirá todas las funciones del actual INPE, pero bajo un modelo renovado de gestión, supervisión y resocialización. Jerí afirmó que la superintendencia permitirá “romper con estructuras capturadas por la corrupción” y establecer un control más eficiente en los centros de reclusión.

Uno de los primeros cambios anunciados es la salida del actual jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, quien será relevado en enero. Aunque continúa en el cargo, Jerí explicó que su permanencia responde a una fase de transición operativa necesaria para el traslado ordenado de competencias.

Paredes Yataco, perteneciente a la plana que dirigió el INPE en los últimos años, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, aunque el presidente destacó que ha cumplido con todas las instrucciones inmediatas del Ejecutivo en esta etapa previa al cierre del organismo.

Un sistema heredado “con corrupción y desorden”

En su mensaje, el jefe de Estado indicó que recibió un sistema penitenciario marcado por la corrupción, el abandono y la infraestructura deteriorada, un escenario que facilitó que bandas y cabecillas continúen delinquiendo desde prisión.

Jerí criticó además que en gobiernos anteriores se permitiera el uso de teléfonos públicos dentro de los penales, herramienta que —según advirtió— fue utilizada para organizar extorsiones y otros ilícitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Reveló que, desde el año 2010, todas las llamadas realizadas desde los penales están registradas, pero denunció que esa información no fue aprovechada de manera adecuada por las autoridades predecesoras, pese a que podría haberse utilizado para identificar y desarticular redes criminales.

Policía captura a siete presuntos integrantes de banda que extorsionaba a transportistas

La Policía Nacional anunció este miércoles la captura de siete supuestos trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), adscritos a la Municipalidad de Ate, que supuestamente integrarían la banda criminal ‘Los Elegantes de Lima Este’, dedicada a la extorsión a empresas de transporte público en dicha zona de la capital. Desde la ATU, precisaron que estas personas no pertenecen a la institución.

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, informó en conferencia de prensa que en total son 12 los detenidos por las autoridades y se allanó 13 inmuebles. En ese sentido, señaló que esta banda criminal operaba desde el 2024 amenazando a los choferes de transportes formales e informales con el cobro de cupos para que puedan trabajar. 

«La manera de coaccionar al propietario de la unidad móvil o al conductor era sobre la base de que si eran formales y tenían algún tipo de carencia en la licencia o la pérdida de la autorización de circulación o desvío de la ruta, automáticamente ellos lo tenían mapeado y estos fiscalizadores procedían a intervenirlos o coaccionarlos a fin de que paguen o se iban al depósito, lo mismo hacían con los informales», explicó el coronel Cruz Chamba.

Esta investigación es llevada a cabo por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (2° Despacho), a cargo del Fiscal Provincial Richter Rengifo Ramírez. Según información preliminar, esta banda criminal habría obtenido más de S/ 1 millón en beneficios económicos indebidos durante los años 2024 y 2025.

Los cobros se habrían efectuado directamente o mediante transferencias digitales realizadas a terceras personas, utilizando aplicativos móviles como Yape y Plin. Desde la ATU, precisaron que estas personas no pertenecen a la institución.

Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

La Junta de Fiscales Supremos acordó que la designación del próximo fiscal de la Nación será evaluada a inicios del 2026, lo que supone un adelanto respecto al periodo regular de la gestión de Delia Espinoza, cuyo mandato estaba proyectado hasta el 2027. La sesión realizada este miércoles no incluyó una elección, sino un análisis exclusivo sobre las implicancias de la inhabilitación impuesta a la magistrada por el Congreso.

En declaraciones para La República, el fiscal interino Tomás Gálvez aclaró que nunca estuvo previsto elegir a un nuevo titular en esta reunión y negó que hubiera un proceso inmediato en marcha. Sin embargo, confirmó que la Junta retomará la discusión en enero o febrero del 2026, lo que adelanta un debate sucesorio que, en condiciones normales, recién habría empezado cuando Espinoza se acercara al final de su mandato.

Gálvez explicó que la inhabilitación de Espinoza es temporal y no cancela su título, lo que genera un escenario jurídico complejo para designar a un reemplazo definitivo. Precisó que el colegiado debe revisar jurisprudencia y precedentes antes de decidir si corresponde cubrir la titularidad pese a que la plaza de fiscal suprema de Espinoza continúa formalmente vigente.

El magistrado enfatizó que no adoptarán decisiones apresuradas. Remarcó que la Junta tomará una determinación basándose en jurisprudencia y precedentes internos, con el fin de garantizar que el Ministerio Público mantenga decisiones ajustadas a ley.

Tomás Gálvez seguirá como fiscal interino mientras la Junta pospone la decisión

Tomás Gálvez confirmó que continuará como fiscal de la Nación interino tras la inhabilitación temporal de Delia Espinoza. En el diálogo, señaló que su permanencia se mantiene mientras la Junta de Fiscales Supremos retoma la evaluación del caso en los primeros meses del 2026.

El magistrado indicó que será la propia Junta la que analice la jurisprudencia y los precedentes antes de decidir si corresponde avanzar con una designación. Reiteró que no adoptarán decisiones apresuradas y que el debate continuará el próximo año.

¿Quiénes podrían ocupar el cargo de fiscal de la Nación?

El puesto de fiscal de la Nación puede ser ocupado por cualquiera de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Los fiscales que la conforman actualmente son: Tomás Gálvez, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides. Estos tres últimos ya han ocupado anteriormente el máximo cargo del Ministerio Público.

Quien también llega a ser un posible candidato es Luis Arce, fiscal restituido por la Junta Nacional de Justicia el pasado 5 de diciembre. La restitución se produjo el mismo día en que el Congreso aprobó la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Arce mantiene cuestionamientos vigentes pese a su restitución. Fue destituido por la JNJ en 2021 tras abandonar su cargo en el JNE durante la segunda vuelta, y su nombre apareció en pesquisas del caso Cuellos Blancos. Además, afronta una denuncia por enriquecimiento ilícito, aunque el Congreso archivó una acusación constitucional y el Poder Judicial rechazó suspenderlo.

Tribunal Constitucional falla a favor de la JNJ y suspende resolución que reponía a Delia Espinoza

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la medida cautelar solicitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendiendo los efectos de varias resoluciones del Poder Judicial que buscaban el regreso de Delia Espinoza a su cargo. La decisión frena temporalmente la restitución de la suspendida e inhabilitada fiscal mientras el TC emite su sentencia definitiva, reforzando la postura de la JNJ frente al caso.

Entre las resoluciones suspendidas se incluyen expedientes de amparo emitidos que buscaban revertir la suspensión de Espinoza tras sanciones de la JNJ. Esta medida bloquea de manera efectiva cualquier intento del Poder Judicial por reinstalarla antes de que se resuelva el fondo del proceso.

La decisión del TC mantiene a Tomás Gálvez al frente de la institución, en tanto la Junta de Fiscales Supremos adelante la discusión sobre la designación del próximo fiscal de la Nación, que podría asumir en 2026, un año antes de lo previsto por el mandato de Espinoza.

Congreso oficializó inhabilitación de Delia Espinoza

El Congreso de la República publicó en El Peruano la Resolución Legislativa 008‑2025‑2026‑CR, que inhabilita por 10 años a Delia Espinoza Valenzuela. La medida ha sido tomada como un acto de venganza por parte del Parlamento, ya que varios de los congresistas que votaron a favor de la medida presentan investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

Esto se reflejó en la Denuncia Constitucional 528, presentada en octubre de 2024 por un grupo de legisladores que acusaba a Espinoza de presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó su informe final y el Pleno del Congreso respaldó la sanción.

Junta de Fiscales Supremos elegirá al nuevo Fiscal de la Nación el otro año

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) decidió este miércoles que el nuevo fiscal de la nación, será elegido el otro año, tras la inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años, quien había asumido el cargo en 2024.

El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, convocó a la JFS a una sesión ordinaria para esta mañana para abordar este tema, pero también decidir sobre la incorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular. Sin embargo, al terminar la sesión privada, se tomó la decisión de elegir al titular del Ministerio Público en 2026. 

Como se recuerda, el 3 de diciembre, la Junta Nacional de Justicia habilitó a Arce como fiscal supremo, luego de que el Poder Judicial declaró fundados dos amparos que anularon sus destituciones por presuntas irregularidades cuando fue parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Los convocados a la sesión fueron los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Tomás Gálvez.

El Congreso de la República aprobó la inhabilitación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado 3 de diciembre de 2025. La sanción, que se extiende por diez años, fue respaldada por 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, luego de que una primera votación no alcanzara la mayoría requerida.

Con esta decisión, Espinoza queda impedida de ejercer cualquier cargo público hasta 2035 y se abre la posibilidad de que enfrente procesos penales por presuntos delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones y falsedad genérica.