El pleno del Congreso de la República aprobó el pasado 28 de abril declarar como feriado nacional el 7 de junio, Día de la Bandera y la Batalla de Arica; sin embargo, este dictamen no se haría efectivo, ya que hasta la fecha no ha sido anunciado por la presidenta Dina Boluarte.
Según la legislación peruana, al aprobarse el feriado del 7 de junio en el Parlamento, es el Ejecutivo quien debe promulgar la ley y publicar su aprobación, pero hasta la actualidad seguimos esperando que la mandataria dé el visto bueno a la norma.
Cabe mencionar que estas festividades son consideradas feriados nacionales y tanto trabajadores estatales como privados tienen descanso libre.
Hasta la fecha, el único feriado confirmado para el mes de junio sería el del jueves 29, día que se conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo.
Una vez que el Congreso aprueba una ley, el Ejecutivo cuenta con 15 días hábiles para promulgarla u observarla; sin embargo, no ha hecho ninguna acción, por lo que el Congreso podría aprobarla por insistencia.
Entonces, ¿tendremos feriado el 7 de junio?
En Caso que ningún poder del Estado, Congreso y Presidencia, promulgue la ley en las Normas Legales, no se considerará feriado el 7 de junio; por lo tanto será considerado como un día laborable normal.
El organismo Amnistía Internacional presentó su informe final “Racismo Letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú” en el que documentaron al detalle un total de 52 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, durante las manifestaciones contra el Gobierno Dina Boluarte llevadas a cabo entre el 7 de diciembre del 2020 al 9 de febrero de 2023, en el que se exigía el adelanto de elecciones. En esa línea, Amnistía Internacional instó al Congreso a “derogar la Ley 31012, Ley de Protección Policial, y asegurar que la legislación vigente se encuentre en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
Esta sugerencia se sitúa en el contexto de las investigaciones de la presunta violación de derechos humanos por parte de las autoriodades peruanas que habrían realizado ataques generalizados en contra los protestantes con un sesgo racista, los cuales consistieron, principalmente, “en ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias a través de un uso generalizado de munición letal para reprimir las protestas”. Esto, “lejos de tratarse de hechos aislados o de funcionarios actuando por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente”, resaltó Amnistía en el documento.
Tras las visitas de investigación en Lima, Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas y Chincheros, Amnistía documentó 25 casos de personas fallecidas, entre ellos seis menores de edad. 20 de estas muertes presentan elementos que configuran una ejecución extrajudicial, “ya sea por el tipo de munición utilizada, la zona de las lesiones, la aparente indefensión de las víctimas en el momento de la muerte y la mecánica de los hechos observada en videos e imágenes y relatada por testigos”, precisa el informe.
¿Qué establece la Ley de Protección Policial?
La Ley de protección policial, ley n.º 31012, fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República en marzo del 2020, pese a las observaciones que realizó el expresidente Martín Vizcarra, cuando aún era el jefe de Estado. La promulgó Manuel Merino de Lama, quien en ese entonces fungía como presidente de la Mesa Directiva del Parlamento.
Esta ley fue duramente criticada y observada por los peligros que se advirtieron en su momento, debido a que derogó el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1186, en el que se apuntaba el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.
El Gobierno declaró, este 24 de mayo, en emergencia sanitaria a Lima y Callao por riesgo de transmisión de polio y sarampión. Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, informó que 12 regiones más fueron declaradas en estado de emergencia. Estas son Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Gutiérrez señaló que trabajarán intensamente para que con el presupuesto, que es más de 27 millones, contraten aproximadamente a 20.000 brigadas que abarcarán las regiones en estado de emergencia. De esta manera, buscan evitar que los niños del país tengan la enfermedad de polio.
A través del decreto supremo N.° 013-2023-SA, publicado en el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se formalizó la medida dispuesta por el Gobierno. En ella se refiere a los departamentos de Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, los cuales se declaran en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días.
Asimismo, se precisa que tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Instituto Nacional de Salud y diversas dependencias regionales ejecutarán acciones inmediatas previstas en el Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria por Riesgo Elevado de Brote de Poliomielitis y Sarampión.
El Ministerio Público citó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que responda por las muertes que se registraron a nivel nacional durante las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La diligencia, que forma parte de la investigación que se le sigue a la mandataria por el presunto delito de genocidio, ha sido programada para el miércoles 31 de mayo, a partir de las 09:00 a.m., en la sede central de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la avenida Abancay (Cercado de Lima).
En declaraciones a RPP Noticias, Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado, saludó la disposición de la Fiscalía y anunció que su patrocinada sí acudirá a la citación.
“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, precisó.
Campos recalcó que el Poder Ejecutivo ha pedido celeridad al Ministerio Público en las investigaciones sobre el saldo de al menos 60 fallecidos que dejó la jornada de protestas en el país, sobre todo en las regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho.
“El Ejecutivo ha exhortado que cada institución haga su tarea para que se establezca quién se está demorando o quién no lo está haciendo. La investigación se debe desarrollar con objetividad y en el marco de las competencias de cada poder”, aseveró.
Si bien insistió en la inocencia de su clienta, el letrado señaló que la investigación preliminar tiene un alto costo político para Boluarte Zegarra a nivel nacional e internacional, en un contexto en que los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) han cuestionado la legitimidad del gobierno peruano.
“Estamos insistiendo en definir este asunto, porque políticamente sí hay un costo adentro y fuera del país, a estos señores que utilizan su condición presidencial [se refiere a AMLO y a Petro] para establecer que en el Perú no hay una democracia o hay un gobierno genocida”, precisó.
La tumba de un jerarca de la cultura precolombina Chancay, con una antigüedad de entre 1.200 y 1.470 años, fue descubierta por un grupo de arqueólogos en la costa norte de Lima, informó este domingo 21 de mayo un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
«Bajo 7 metros de profundidad, hemos encontrado la tumba de un personaje de élite de más de 1.000 años de antigüedad de la cultura preínca Chancay», dijo a la AFP el arqueólogo Pieter Van Dalen, líder de la expedición.
El hallazgo se produjo esta semana en el sitio arqueológico de Cerro Macatón, en la provincia de Huaral, a unos 75 km al norte de Lima.
Un pescador de la cultura Chancay
Los investigadores tuvieron que cavar cuidadosamente la tierra por dos meses para hallar la tumba del importante personaje de la cultura Chancay.
Para Van Dalen, se trataría de un personaje principal o curaca (líder) de la cultura Chancay debido a las grandes dimensiones de la tumba, de 7 metros de profundidad por 7 metros de ancho, siendo el fardo más grande hallado en el sitio arqueológico de aproximadamente 50 hectáreas.
«El curaca de Macatón era un personaje que, según los materiales asociados a su tumba, se habría dedicado a la actividad pesquera», indicó Van Dalen, quien sustenta su suposición en la presencia de un remo de madera al interior de la tumba.
Vida después de la muerte
Junto a la tumba del curaca de Macatón, fueron halladas otras cinco personas, entre niños y adultos.
También se encontraron grandes vasijas de cerámica con figuras de animales y los restos de cuatro llamas. Las vasijas de color marrón y crema contenían restos de peces, maíz y cuyes, que eran ofrendas para los muertos en la antigüedad.
«Los chancay creían mucho en la vida después de la muerte. El difunto, debido a su importancia en la sociedad cuando fallecía, no moría. Ahí no terminaba su existencia, sino que se convertía en ancestro, en mallqui (momia)», manifestó el profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
«El personaje después de muerto se convertía en el guardián y protector de su familia y de su comunidad», agregó.
Cerámicas de animales halladas en el sitio arqueológico. Foto: EFE
Entre enero y mayo, se han encontrado en el sitio arqueológico 35 contextos funerarios o tumbas.
La cultura preincaica Chancay se desarrolló en los valles de Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, en la costa central de Perú, entre 1200 d. C. y 1470 d. C.
En la capital peruana, de 10 millones de habitantes, hay más de 500 sitios arqueológicos, entre los que destacan decenas de «huacas», centros ceremoniales construidos por los antiguos pobladores, principalmente con adobe.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional anuló la acusación fiscal en la que se pidió de 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en el caso Westfield Capital (Odebrecht).
De esta manera, el juzgado a cargo de Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la tutela de derechos planteada por la defensa de PPK (nulo todo lo actuado), motivo por el cual la Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiero contable.
«Declarar fundado el pedido de la defensa técnica de Pedro Pablo Kuczysnki en consecuencia nulo todo lo actuado retrotrayéndose hasta la investigación preliminar para que la Fiscalía y el Equipo Especial culminen la pericia contable y financiera, así como otras diligencias», expuso el juez Jorge Chávez Tamariz.
Al respecto, la Fiscalía presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez. Desde el Equipo Especial de Lava Jato mostraron su descontento porque consideran que hubo un exceso al declarar fundada la tutela de derechos a favor de PPK.
PPK: Fiscalía presentó 144 elementos de convicción para sustentar acusación de lavado de activos
De acuerdo al requerimiento acusatorio del fiscal José Domingo Pérez, compuesto por 29 cuadernos y 5.668 folios, durante la indagación se obtuvieron 144 elementos de convicción que probarían que Kuczynski montó una organización criminal para aprovechar los cargos públicos y obtener beneficios ilícitos mediante supuestas “asesorías” a la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal también acreditó a 128 elementos de convicción contra el exsocio de Kuczynski, el chileno Gerardo Sepúlveda Quezada; 32 contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner; y 121 contra su exchofer José Bernaola Ñufflo.
En el detalle se le atribuye a Sepúlveda, Kisic y Bernaola haber participado del esquema de corrupción que organizó Kuczynski con la finalidad de presuntamente lavar alrededor de US$12 millones, producto de asesorías con Odebrecht para los proyectos IIRSA Sur 2 y 3; Trasvase de Olmos; Rutas de Lima y Transportadora de Gas del Perú.
“En tanto, como líder de la organización, (Kuczynski) manejaba información privilegiada, ocupó cargos públicos en el Perú, e instruía a Gerardo Sepúlveda a suscribir contratos y/u otros documentos vinculados con asesorías financieras en representación de Westfield Capital”, relata el fiscal Pérez en el requerimiento acusatorio. Westfield Capital es una compañía de propiedad de Kuczynski que administraba Sepúlveda cuando este asumía cargos públicos.
ENFOQUE REAL 