Denuncian que existe un derroche de la caja chica del Gobierno para banquetes

Documentos y boletas obtenidas por Cuarto poder darían cuenta de que el Gobierno está usando la caja chica del Despacho Presidencial para comprar verdaderos banquetes de comida que exceden las necesidades básicas de los altos funcionarios de la administración de Dina Boluarte.

Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2024, en medio de la emergencia por los incendios forestales que alertaron a todo el país, Boluarte, el entonces premier Gustavo Adrianzén y más miembros del gabinete ministerial se reunieron en el COEN, ubicado en el distrito de Chorrillos. En la jornada comieron empanadas de carne por 270 soles, empanadas de pollo por 225 soles, así como alfajores y brownies por 146 soles.

Ese mismo día se compraron gaseosas, mayonesa, jamón, tres tipos de panes, verduras y frutas por 688 soles más. Pero eso no fue todo: los funcionarios se quedaron con hambre y, pasadas las 2 de la tarde, pidieron varios tipos de empanadas más con alfajores y brownies, que costaron 1,435 soles adicionales.

VARIAS VECES

Pero el gasto excesivo fue el pan de cada día. Cuarto Poder también demostró que el 27 de noviembre del año pasado, durante una reunión ministerial, Boluarte y sus ministros gastaron 1,600 soles en bocaditos.

Al día siguiente, los integrantes del gabinete se volvieron a reunir para una nueva sesión de consejo. Compraron chifa por casi 1,000 soles, como si no hubiese un servicio de alimentación en Palacio de Gobierno.

En tanto, a través de un comunicado publicado en redes sociales, la PCM señaló que «desde febrero del presente año los almuerzos correspondientes a las sesiones del Consejo de Ministros no son cubiertos por Palacio de Gobierno ni por la Presidencia del Consejo de Ministros».

También mencionaron que los almuerzos fueron adquiridos «respetando los precios estándar del mercado» y rechazaron «de manera categórica cualquier insinuación de mal uso de fondos públicos».

Poder Judicial no adelantará fecha del juicio contra Susana Villarán: rechaza pedido de Domingo Pérez

El Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez de adelantar la fecha de inicio del juicio oral contra Susana Villarán programada para el 23 de septiembre.

La máxima instancia judicial fundamentó su decisión argumentando que requiere de ese periodo para notificar al domicilio real a los 21 acusados que forman parte del proceso, dos de los cuales residen en el extranjero (México y Brasil).

 La fecha de inicio del juicio contra Villarán se mantiene. Foto: Milagros Leiva/X

La fecha de inicio del juicio contra Villarán se mantiene. Foto: Milagros Leiva/X

La fecha de inicio del juicio contra Villarán se mantiene. Foto: Milagros Leiva/X

En ambos casos se necesita de un tiempo prudencial para notificar la citación, indica la resolución. «El trámite de asistencia judicial internacional requiere -en su caso-, la traducción de documentos, revisión por parte de la autoridad extranjera y ejecución de la notificación en el país extranjero», se lee.

Asimismo, toma como referencia casos similares y precisa que siempre cuando «se ha recurrido a la asistencia judicial internacional para notificación de acusados residentes en el extranjero, dicha tramitación ha requerido plazos de entre cinco a seis meses, para su cumplimiento».

En ese sentido, el Poder Judicial considera que la fecha programada se encuentra dentro de los parámetros de un plazo razonable, teniendo en cuenta la «complejidad del proceso para la formación del expediente judicial».

Un juicio con más de 500 testigos

El caso Villarán involucra a más de 500 testigos, incluidos varios brasileños, cuya participación requerirá asistencia judicial internacional. Al respecto, la abogada de la exalcaldesa señaló en RPP que tenía preocupación por el tema de la cooperación internacional. No obstante, según el fiscal, si el juicio se lleva a cabo en sesiones diarias —como ocurrió en el caso de Alejandro Toledo—, podría terminar en menos de un año.

“Ya no es necesario tener interrogatorios de 2, 3 o 4 horas. Hay sesiones en las que pueden ir a declarar 6, 7, 8 testigos”, apuntó Domingo Pérez a este medio. Aunque advirtió que esa celeridad depende de que el Poder Judicial dé el apoyo logístico necesario. “El juicio oral solo podrá avanzar si se asignan recursos y se descargan otros casos a los jueces”, manifestó. “Si hay voluntad, puede empezar en julio. El mes de junio serviría para agotar las notificaciones vía cooperación internacional”.

Fuerza Popular presenta proyecto de ley que permitiría a congresistas hacer campaña política en la semana de representación

Fuerza Popular nuevamente bajo el cuestionamiento público. Arturo Alegría, de la bancada fujimorista, planteó un proyecto de ley a fin de incorporar un artículo al reglamento del Congreso bajo la idea de “optimizar el ejercicio de los derechos políticos”, la cual no sería más que liberarse del deber de imparcialidad y neutralidad al que están sujetos todos los funcionarios.

El documento 11306/2024-CR, ingresado el 23 de mayo, busca que los representantes de la patria puedan “expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción”. Esto los habilitaría de usar recursos públicos —como parte de su función principal— para operar con libertad política.

Como parte de los motivos, el legislador de la bancada naranja argumenta una presunta restricción a su derecho político y que “los congresistas no son meros burócratas, sino representantes políticos por antonomasia, elegidos por sufragio directo y universal, y designados no como portavoces de una burocracia neutral, sino como voceros del debate político nacional”. No obstante, ello permitiría que la semana de representación, que se repite mensualmente y para la que se entrega un bono de S/2.800, sea utilizada para hacer proselitismo.

De esta manera, la figura que brinda a los legisladores la oportunidad de desplazarse a sus regiones o cualquier punto del país, a fin de “recoger demandas ciudadanas” podría ser usada como una ventaja logística relevante para futuros procesos electorales, especialmente considerando que en marzo de 2024 se restableció la posibilidad de reelección inmediata para los parlamentarios.

En esencia, mientras otros funcionarios deben solicitar licencia o renunciar para participar en campañas, este proyecto buscaría formalizar la capacidad de los congresistas para participar activamente en campañas desde sus cargos actuales, lo cual representa un cambio significativo en las normas de neutralidad destinadas a garantizar imparcialidad en los procesos electorales.

“El principio de neutralidad política, cuya finalidad es evitar que funcionarios públicos utilicen recursos del Estado para favorecer intereses partidarios tiene sentido cuando se aplica a servidores públicos cuya función es ejecutiva, técnica o administrativa, y cuya imparcialidad garantiza la equidad del servicio público. Sin embargo, la naturaleza teleológica de la función parlamentaria es distinta. Los congresistas no están llamados a ejercer funciones neutrales, sino a deliberar, legislar y fiscalizar desde sus respectivas posiciones ideológicas“, mencionan.

En diálogo con Canal N, el abogado José Naupari, especialista en derecho electoral, subrayó que la inviolabilidad parlamentaria no es una licencia para todo. Explicó que esta garantía protege a los congresistas respecto a sus votos y opiniones, asegurando que no puedan ser procesados ni sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones debido a sus declaraciones. No obstante, advirtió que sus comentarios no deben estar vinculados a acciones partidarias o a candidatos en competencia.

“Mientras yo estoy haciendo uso del cargo, no puedo hacer campaña política. Ellos no recuerdan el informe de opinión consultiva en donde se cuestionó algunas giran que hacían en semanas de representación y ahí se aclaró que no se puede en horario laboral, sino que pidan licencia. No es lo mismo esta regla para un congresista que no va a la reelección que sí, porque independiente a que no uses recursos públicos, tienes otra exposición”, mencionó.Proyecto es cuestionado por losProyecto es cuestionado por los mismos parlamentarios. | Andina

Además de la bancada fujimorista, el proyecto tiene el respaldo de legisladores pertenecientes a Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País, Bancada Socialista y Honor y Democracia, pero no habría el consenso total.

Milagros Jáuregui, de la bancada celeste, cuestionó la medida e indicó que es distinto hacer política a campaña. “No se le debe permitir a nadie porque es una norma. Yo creo que jamás se debe usar el dinero del pueblo para asuntos personales. Yo no respaldo la medida ni es ética”, mencionó en diálogo con Canal N.

MEF cambiará la regla del déficit fiscal: un aval para mayor endeudamiento y descontrol del gasto público

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes anunció que su cartera cambiará las reglas del déficit fiscal — diferencia entre los ingresos y gastos del Estado — , cuya meta para este año está fijada en 2,2% del producto bruto interno (PBI). Ahora el nuevo «techo», según indicó el ministro, será de 2,8%, lo que impulsaría un mayor descontrol del gasto público y comprometería el objetivo de la consolidación fiscal en detrimento de las finanzas públicas.

«Vamos a plantear una modificación de la regla fiscal. El año pasado tuvimos un déficit de la regla de 3,6%. Queremos llegar de forma intermedia a 2,8%. [En 2025] se planteó una regla de 2,2%, pero es claro que esto implicaría una desaceleración de la economía que no consideramos necesaria», argumentó Pérez-Reyes tras el evento CEOS & Leaders Summit 2025, organizado por el Dorado Investments.

En diálogo con La República, el economista Armando Mendoza advirtió que la falta de control del gasto y la incapacidad de generar ingresos sostenibles está llevando a un mayor endeudamiento del Estado. Además, que se está comprometiendo no solamente para ahora, sino para las futuras administraciones.

«En los últimos tres años se ha abandonado esa disciplina fiscal. Muchos gastos se están generando por decisiones políticas sin mayor análisis técnico ni sustento por parte del Congreso. Y por el lado del ingreso, lamentablemente, el Gobierno tampoco ha tenido la capacidad para recuperar los niveles de recaudación tributaria a niveles mínimamente aceptables», apuntó.

La mayor preocupación radica en que esta falta de responsabilidad viene reflejando la precariedad y pérdida de institucionalidad en la política económica. Si bien la «supercrisis fiscal» no será este año ni el próximo, lo construido durante 20 años, hoy, el Congreso Ejecutivo lo vienen estropeando, sostuvo Mendoza a este diario.

Déficit fiscal de S/40.000 millones

Recordemos que por dos años consecutivos, el Perú ha incumplido sus reglas fiscales, un mal síntoma al sostenimiento de las finanzas públicas. El año pasado se alcanzó un 3,6% cuando el techo exigía un 2,8%.

«El problema es que cuando tus gastos comienzan a sobrepasar de manera sistemática y por montos considerables tus ingresos, como es que está pasando en los últimos años, entonces ahí ya se genera una complicación. Ese 3,6% de déficit fiscal son más de S/40.000 millones que no se cubrieron con ingresos propios”, explicó Armando Mendoza.

«El MEF incumplió con la regla fiscal en 2023 y 2024. Ahora han hecho un truco. Como por sus políticas van a sobrepasar el límite de déficit de 2,2% del PBI, han elevado dicho límite a 2,8 % del PBI, para «cumplir» la regla. ¿Qué le pasa al MEF? Está en su peor momento desde 1989″, criticó el exministro de Economía Waldo Mendoza.

Premier increpa a Delia Espinoza por pedir reconsiderar archivamiento de denuncia contra Boluarte: «Afecta a la democracia»

En una conferencia de prensa brindada este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció enérgicamente contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por su solicitud al Congreso de la República para que se reconsidere el archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso conocido como «Rolex».

Arana calificó la acción como un «exceso sin precedentes» y expresó su preocupación por lo que consideró un intento de vulnerar las competencias del Poder Legislativo. «Se pretende dejar sin efecto, vulnerar definitivamente las competencias propias del Congreso de la República, pero además pretende afectar la investidura presidencial», declaró.

El caso en cuestión fue archivado por la Comisión Permanente del Congreso, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara un informe en ese sentido. La denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación para poder continuar con las investigaciones sobre la adquisición de relojes de lujo por parte de la mandataria.

¿Existe un mecanismo de reconsideración en el Congreso?

Arana subrayó que la figura de un recurso de reconsideración, como el presentado por la fiscal Espinoza, no está contemplado en el Reglamento del Congreso para el tratamiento de denuncias constitucionales. Afirmó que este tipo de acciones no tiene antecedentes en la historia reciente del país.

«En la historia de las denuncias presentadas por los fiscales de la Nación no existe un solo caso en el que se haya presentado un recurso de esta naturaleza», señaló. Asimismo, criticó el «desconocimiento» del procedimiento parlamentario y del marco constitucional que, según indicó, estaría demostrando la titular del Ministerio Público.

¿Afecta esta solicitud la institucionalidad democrática?

El premier consideró que este tipo de acciones representa un riesgo para la democracia y para el respeto entre poderes del Estado. Según indicó, se observa un «asedio inusual» por parte del Ministerio Público al insistir con acusaciones por delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución, norma que delimita las causales por las que puede investigarse a un presidente en funciones.

Además, recordó que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si proceden o no este tipo de investigaciones mientras un jefe de Estado se encuentra en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, Arana exhortó públicamente a la fiscal Espinoza a «revisar sus decisiones» y a actuar dentro de los «cánones democráticos» y con respeto a las instituciones del país. El pedido de reconsideración de la fiscal de la Nación ha generado una fuerte respuesta desde el Ejecutivo. 

El premier Eduardo Arana insiste en que dicha solicitud no tiene respaldo normativo en el Congreso y que podría afectar tanto la investidura presidencial como el equilibrio institucional entre los poderes del Estado, en un contexto donde aún no hay pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional.

“¡Aquí nadie se rinde, cara…!”: Dina Boluarte da mensaje de respaldo a la PNP y cuestiona a la prensa crítica

Durante una ceremonia de reconocimiento a 47 efectivos policiales que participaron en un operativo clave contra el crimen organizado, la presidenta Dina Boluarte se exaltó y dijo: «¡Aquí nadie se rinde, carajo!». 

La última vez que la presidenta Dina Boluarte utilizó públicamente la expresión “¡carajo!” fue el 29 de septiembre de 2024, durante una ceremonia en Piura. En ese evento, realizado para la entrega de 120 camionetas a la Policía Nacional del Perú, la mandataria concluyó su discurso con la frase: “¡Estamos trabajando, carajo, y nadie nos va a derrotar!”, citando al gobernador regional.

Sus airadas palabras de este martes coincidieron con una nueva crítica a la prensa que -para ella- no reconoce sus logros.

Boluarte reiteró que la seguridad ciudadana es un compromiso de todos los peruanos y reafirmó el respaldo total de su gobierno a la Policía Nacional del Perú.  

“La seguridad es una causa nacional que debe mantenernos unidos y jamás dividirnos”, afirmó la presidenta de la República durante la ceremonia de condecoración a los 47 policías que participaron en el exitoso operativo en la Vía Expresa, donde se neutralizó a miembros de la banda criminal ‘Los injertos del norte’. 

La presidenta lamentó que algunos sectores hayan intentado deslegitimar el operativo en la Vía Expresa y llamó a la ciudadanía y a las instituciones a cerrar filas en torno a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. “No es momento para divisiones. La seguridad de nuestros hijos y nuestras familias debe estar por encima de cualquier diferencia política o ideológica”, afirmó. 

Durante su discurso, la mandataria agradeció y felicitó públicamente a los efectivos por su valentía, compromiso y lealtad con el país. 

“Hoy reconocemos a 47 policías, pero este homenaje es para todos los que cumplen su labor con responsabilidad: los que patrullan las calles, investigan, dirigen el tránsito o enfrentan al crimen en silencio”, remarcó.

SOBRE ‘ALIAS CUCHILLO’

Dina Boluarte también destacó recientes logros policiales, como la captura de alias ‘Cuchillo’, implicado en la masacre de 13 personas en Pataz, La Libertad. “Estamos avanzando. Que no queden dudas: el Estado no retrocede ante el crimen”, subrayó.

Asimismo, renovó el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento de la PNP, anunciando mejoras en la formación, equipamiento y condiciones laborales de los efectivos, así como respaldo legal ante el uso de la fuerza en contextos operativos, amparado en una ley reciente.