El Congreso ha dado este jueves otro nuevo golpe al sistema de justicia. El Pleno aprobó una ley que modifica el Código Procesal Penal para restarle competencias al Ministerio Público y facultar a la Policía Nacional a que esté a cargo de la investigación preliminar de delitos.

Esta ley impulsada desde la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa contó con 72 votos a favor del fujicerronismo, Alianza Para el Progreso y sus aliados. En siete días este dictamen deberá ser ratificado en el Pleno en segunda votación.

Fujicerronismo y sus aliados defendieron propuesta de ley

Durante el debate, los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Alfredo Azurín (Somos Perú), Patricia Chirinos (Avanza País) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) fueron los defensores férreos de esta propuesta.

«La Policía será quien emita un informe técnico que será enviado al fiscal para que este decida formalizar o archivar el proceso. Esta medida permitirá agilizar los procesos al permitir que la Policía actúe de manera independiente», manifestó el congresista Waldemar Cerrón.

«Esto servirá para mejorar la relación entre la Policía y el Ministerio Público«, alegó el fujimorista Fernando Rospigliosi.

«La Policía tiene la formación y experiencia para realizar investigaciones efectivas. Sin embargo, hemos sido indiferentes. No se trata de otorgarles un nuevo poder, sino de restituirles un poder vital», intentó justificar la legisladora Patricia Chirinos.

«Se les va a quitar la mamadera y la gallina de los huevos de oro a aquellos señores que trabajan con los caviares. Eso lo tenemos muy claro. Le quitan las facultades», manifestó la congresista Elizabeth Medina.

Habrían cometido infracción constitucional con esta ley

El congresista del Bloque Magisterial Germán Tacuri no se sumó a esta contrarreforma y cuestionó que se pretenda mediante una ley restarle competencias al Ministerio Público como es la investigación preliminar de delitos.

«Si la norma en la Constitución implica que el Ministerio Público es el encargado y la Policía Nacional del Perú está subordinado a ello, de nada sirve hacer esta discusión en ley. Tendríamos que verlo como cambio a la Constitución», manifestó el parlamentario Tacuri.

Tacuri, por eso, propuso una cuestión previa para que esta propuesta retorne a la Comisión de Justicia. Sin embargo, la coalición del fujicerronismo y sus aliados cerraron filas y rechazaron esa solicitud.

La congresista de Honor y Democracia Gladys Echaiz también cuestionó esta iniciativa. «La norma constitucional solo puede ser modificada por una reforma constitucional y hay que recordar al respecto que el artículo 102 de la Constitución dice que son atribuciones del Congreso velar por el respeto a la Constitución«, recalcó.

«Es función de la Policía Nacional del Perú prevenir, investigar y perseguir la delincuencia. Mientras que al Ministerio Público le corresponde dirigir la investigación del delito. En esa diferencia radica todo el tema. No confundamos una cosa con otra ni incurramos en una infracción», agregó.

Echaiz fue fiscal de la Nación, conoce la dinámica de las investigaciones preliminares. La congresista alegó que esta norma es un retroceso. «Yo quiero recordarles que estamos en un Estado de derecho, no un Estado policiaco. La Policía pertenece al Poder Ejecutivo y hoy nos piden que el Poder Ejecutivo lidere las investigaciones preliminares», protestó.

Pero sus colegas Rospigliosi y Azurín insistieron en que la Policía está capacitada para realizar indagaciones preliminares de delitos. Incluso, el fujimorista Rospigliosi puso de ejemplos Estados Unidos y Alemania para normalizar que sea una institución del Gobierno la que lidere estas pesquisas.

Para el legislador de la Bancada Soclaista, Jaime Quito, otro riesgo con esta ley es la persecución contra quienes protesten. «Aquí no se está pretendiendo luchar contra la delincuencia. Eso es un cuento barato. Porque aquí lo que se va a pretender, peor aún, es criminalizar más las protestas sociales (…). Se va a generar mayor corrupción», lamentó.

Pese a los argumentos en contra, los votos ya estaban definidos para dar luz verde a este nuevo golpe al sistema de justicia. Luego de la semana de representación, el Congreso retomará este tema para realizar la segunda votación.

Mientras eso, en el Ejecutivo, el ministro del Interior, Juan Santivañez, saludó esa norma: «Es un golpe a la realidad, no a la justicia. Estamos de acuerdo, se le ha regresado las facultades a la PNP».

Al cierre de esta nota, las congresistas Sigrid Bazán, Susel Paredes e Isabel Cortéz presentaron un pedido de reconsideración contra esta ley. Sin embargo, el Pleno la rechazó con 63 votos. La suerte estaba echada.

A los 71 votos a favor, se sumó el congresista Ilich López, de Acción Popular. Con él llegaron a los 72 votos.

Otra observación a esta ley

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, alertó que esta ley, en lo que se refiere al desarrollo de la diligencia, plantea que «para no generar indefensión en el imputado, el registro se inicia con participación de un abogado defensor de su elección, o de no llegar este en un tiempo razonable, con la presencia del defensor público que se haya consignado».

Es decir, no se podrán realizar diligencias hasta que el abogado de la persona señalada se apersone.

«El fiscal en la soicitud de allanamiento consigna la asistencia de un defensor público para el desarrollo de la diligencia», dice el dictamen.

La congresista Paredes, debido a eso, demandó un cuarto intermedio para mejorar el texto. Sin embargo, su solicitud fue denegada.